La hasta ayer vicepresidenta hizo su primera aparición en redes sociales con un video en el que «ratificó su compromiso de devolver la institucionalidad del Consejo a los 17 millones de ecuatorianos».

«Hago un llamado a todos los consejeros a trabajar juntos por sacar a la única institución que le permite a los ciudadanos participar de manera activa», expresó.

Según Bonifaz, es momento que el Cpccs se redirija a una verdadera democracia y cuente con las garantías jurídicas necesarias.

Además, Juan Carlos Cárdenas será oficializado como vocal de la entidad en los próximos días. A través de un video en redes sociales mencionó que sus prioridades son:

• Transparentar el concurso a Contralor General del Estado;

• auditar a los GAD’s para que instalen las casas de acogida para las mujeres que han sido violentadas, y;
• comenzar un proceso agresivo de limpieza de las instituciones públicas. «Ahí hay funcionarios que tiene contratos ilegales», dijo.

El inicio del inicio

La noche del 6 de octubre Vera fue separo del Cpccs, mientras que los otros consejeros (Augusto Verduga, Yadira Saltos, Nicole Bonifaz, Johanna Verdezoto, Mishelle Calvachi y Andrés Fantoni) se mantuvieron como vocales. Sin embargo, la Corte Constitucional advirtió que estará vigilante a las acciones de los integrantes del Cpccs.

La resolución se da luego de que Vera diera paso a la creación de una veeduría que revisaría las actuaciones del Cpccs-Transitorio y la designación de jueces de la Corte.

Una de esas acciones fue la designación de Diana Salazar como fiscal general del Estado (FGE). A esto se suma la denuncia del colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) sobre el presunto plagio de Salazar en su tesis y un artículo científico.

El dictamen también incluía el archivo de la veeduría y cualquier acción levantada en contra de la fiscal, todo en un plazo de 10 días.

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«El fallo de la Sala Multicompetente de la Corte Provincial de Santo Domingo da la razón a la Asamblea y ratifica que el Pleno actuó con apego a la ley y la Constitución», dice el comunicado del Legislativo.

Agregaron que la destitución de los cinco exconsejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se realizó bajo el debido proceso y las garantías del legítimo derecho a la defensa.

El expresidente del Consejo de la Judicatura, Álvaro Román destituyó a Lindao por «infracción gravísima de manifiesta negligencia» por su actuación como juez en el pedido de acción de protección de Leandro Norero, quien tenía pendiente un juicio por narcotráfico y al que asesinaron en la cárcel de Latacunga el pasado 3 de octubre. (MIB)

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El corte de agua debido a daños en 7 parroquias de Quito: Pifo, Puembo, Tababela, Yaruquí, Checa, Guayllabamba y El Quinche llevó al Ministerio de Educación en la zona 9 a suspender la presencialidad.

Las 14 unidades educativas son: Hideyo Noguchi, Luis Pasteur, Homero Viteri, Guayllabamba y República de Colombia de Calderón.

En Tumbaco, las escuelas sin atención son: Arturo Freire, Tres de diciembre, Leonardo Maldonado Pérez, Joaquín Sánchez de Orellana, Cleotilde Guillén de Rezano, Mis primeras letras, Colegio Técnico Yaruqui, Pedro Bouguer y escuela Jesús Ordóñez.

La empresa municipal de Agua Potable informó que el servicio se restablecerá en las próximas 48 horas. (MIB)

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Según la sección de Fraude de la División Criminal y la Oficina del Fiscal Federal, Pólit habría formado parte de un esquema que usó el sistema financiero de los Estados Unidos para lavar dinero, promover y encubrir un esquema de sobornos en Ecuador.

Pólit enfrenta un cargo por supuesta conspiración para cometer lavado de activos, tres por presunto encubrimiento de lavado de dinero y dos por una supuesta participación en transacciones de propiedad privada derivada de actividades delictivas.

Con esta respuesta, Pólit irá a juicio en Estados Unidos. La audiencia se realizó el 27 de mayo en la Corte del Distrito Sur de Miami en Florida. El periodista ecuatoriano, residente en EE. UU., Galo Arellano cubrió la audiencia e intentó entrevistar al excontralor. El exfuncionario se negó a contestar la razón por la que se declaró inocente ante la corte.

La acusación

La acusación de la justicia estadounidense informa que, entre el 2010 y el 2016, el entonces contralor habría solicitado sobornos por más de USD 10 millones a Odebrecht a cambio de utilizar su poder al frente de la Contraloría para influir en las acciones oficiales a favor de la construcción brasileña y sus negocios en Ecuador.

Además, se lo indaga por presuntamente solicitar y recibir en 2015 un soborno de cerca de USD 500.000 de un empresario ecuatoriano por la ayuda para obtener ciertos contratos relacionados con la empresa estatal Seguros Sucre.

Al inicio del proceso, Pólit pasó en prisión unas semanas, pero finalmente una jueza aceptó una fianza de USD 14 millones, con lo que pudo defenderse en libertad. MIB

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“El Pleno de la Corte Provincial del Santo Domingo exhorta al SNAI para que cumpla con su obligación de proteger la vida y la integridad física de las personas privadas de la libertad y solicita al señor Gobernador activar de manera urgente el Comité de Crisis para adoptar medidas articuladas entre las autoridades involucradas”, dice el documento.

La Corte también recordó a los funcionarios del Gobierno a cargo del sistema penitenciario que “no es responsabilidad de ningún operador de justicia el control y seguridad que debe existir al interior de los centros carcelarios”.

Nuevo amotinamiento

Este 11 de mayo se reportó otro amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo de los Tsáchilas. Según medios locales, hasta el centro de reclusión llegaron policías y militares para controlar la situación.

El Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad (SNAI) informó que activaron los protocolos de seguridad con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. No se reportaron afectaciones ni pérdidas humanas y el SNAI anunció el traslado de 76 PPL a otros centros de reclusión.

“Cumpliendo con los protocolos establecidos, para precautelar la vida, el orden y seguridad, se realizó el traslado de 76 personas privadas de libertad del CPL Santo Domingo N° 1, a otro Centro, desde donde serán movilizados a distintos CPL”. MIB

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“Hemos pedido a la Corte Provincial de Quito una apelación para hacer respetar los derechos de la Asamblea Nacional como los derechos humanos de la presidenta. Fueron vulnerados, incluso esa sesión se transmitió en vivo. Todos los ciudadanos fueron testigos a la violación al debido proceso y también al pronunciamiento del procurador general del Estado”.

También reaccionó sobre la Comisión Multipartidista. “Para mí la comisión Multipartidista empezó mal y va a terminar mal porque violaron siempre el debido proceso y la seguridad jurídica. También las medidas cautelares que hasta ese momento estaban vigentes”.

El procurador jurídico de la legislatura y defensa de la presidenta, Santiago Salazar, anticipó que Llori agotará todos los mecanismos: legales, políticos y administrativos para que la revocatoria de la acción de protección quede sin efecto.

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La decisión de la jueza

La decisión fue anunciada este 10 de mayo, luego de que la magistrada evaluó y resolvió que no existió una vulneración en contra de los derechos de Llori. Tampoco vulneración al debido proceso ni a la seguridad jurídica, cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó la denuncia del asambleísta Esteban Torres (PSC) en contra de la titular de la Legislatura.

El asambleísta Torres se pronunció sobre la decisión de la jueza y los pasos de la Comisión Multipartidista. “El siguiente momento de la Comisión es, luego de la audiencia a la que debe convocar, producir un informe que tendrá que llegar al Pleno para que tome la decisión sobre destituir o no a la presidenta Llori. El proceso es irreversible en lo político y lo jurídico. Además creo que en este momento lo pertinente sería el archivo inmediato de la investigación sin piso que se quiso abrir contra los legisladores que conforman la Comisión”. MIB

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