“En un principio, el monto destinado era de USD 5’408.000, pero este año sólo se contó con USD 876.000 aproximadamente. Antes de la pandemia estábamos en una situación crítica y con la emergencia empeoró. Los canales de denuncia no estaban habilitados y eso tuvo que ver directamente con el presupuesto”, mencionó Mayra Tirira de Surkuna.

La activista señaló que la reducción del presupuesto se vio reflejado en la las estrategias comunicativas para prevenir la violencia. “Las estadísticas de violencia se dispararon y el Estado no es capaz de dar respuestas. Las mujeres no tienen suficientes recursos para accionar. Con ello, las denuncias se vuelven difíciles de presentar. Lo que nos indica la historia es que se recorta el presupuesto a los más vulnerables”, añadió.

Un abandono constante

En el año 2019, la Defensoría del Pueblo solicitó USD 3 millones de dólares para equipar provincias que atienden la violencia de género. El Ejecutivo respondió con USD 1 y USD 1.5 millones del presupuesto total. Para el 2020, el plan de reducción del Estado incluyó la atomización del Servicio de Protección Integral para víctimas de violencia (SPI).

“Aprobar la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer es sin duda un gran mérito, pero desproveer de los fondos y desmovilizar la capacidad de observancia sobre los medios de comunicación revelan que hemos vivido en un momento de decrecimiento al inicio de la gestión de este gobierno”, señaló el especialista en género, Edgar Vega.

El veto del Código Orgánico de Salud, (COS)

El experto ratificó que el abandono de la lucha contra la violencia evidencia un retroceso. Vega afirmó que el veto al COS significó una puesta de las posiciones más retrógradas desde el gobierno. El pasado 25 de septiembre, el Ejecutivo decidió vetar totalmente el Código Orgánico de la Salud (COS).

“En el campo feminista estamos acostumbrados a que el tema de género se mueva entre una retórica y un mínimo anclaje en la política pública. Después de 8 años, negaron una ley que era extremadamente necesaria. Eso es deplorable”, manifestó. (GG)

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“Cada derecho violentado, cada vida cegada, cada insumo en sobreprecio, cada enfermera sin equipo, cada mujer gaseada por protestar y el Código de la Salud vetado en plena pandemia son causa suficiente para lo que he nombrado el tribunal de Núremberg. Es un paso necesario antes de ir a la Corte de la Haya y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, dijo en entrevista con Radio La Calle.

 Ponce señaló que el veto refleja la vulneración de derechos de la mujer y su propia vida. También de los pacientes que usan el cannabis como medicina, de la decisión del paciente cuya vida artificial puede desconectarse por disposición de un familiar. y, principalmente, quebranta la igualdad de derechos entre pacientes y médicos. “Los médicos reaccionan con esta modalidad del metro cuadrado, es decir ven por sus derechos, pero no por los demás”, indicó.

¿Quién está detrás de este veto?

De acuerdo con las declaraciones del articulista, en el Ecuador y en América Latina resurge la extrema derecha como responsable de las decisiones en contra de los derechos humanos con el apoyo de la Iglesia. “Hace algunos años, la Iglesia Católica que ha luchado contra de las iglesias cristianas coincide para limitar los derechos de las mujeres. Este fenómeno que antes era impensable ahora toma postura como una locura multidiversa de integrismos”, añadió.

Ponce afirmó que, en la actualidad, especialmente en el periodo de la pandemia, se recobran las derechas y autollamados de izquierda que se relacionan con el Opus Dei. “Me refiero a los asesores del gobierno. Ellos tienen que responder por el ataque a los derechos de las mujeres. En el caso ecuatoriano están sectores que aparentemente no se veían como las iglesias que se integran entre sí”, denunció.

El defensor emitirá una carta en los próximos días dirigida a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se tomen cartas en el asunto. (GG)

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“Es evidente que la normativa aprobada en la Asamblea Nacional abre espacio para la impunidad del crimen del aborto, que puede ser provocado y llevado en condición de emergencia obstétrica mediante fármacos que, ilegalmente, son ofrecidos en las redes sociales”, dice una parte de la misiva.

Lasso también se refirió al artículo que trata sobre la maternidad subrogada. Para el banquero, la palabra es un eufemismo de los vientres de alquiler. El término no disfraza el atentado a los derechos de los niños para conocer a sus padres y vivir el conflicto de tener una madre legal y otra real.

El candidato de la derecha pide también vetar los artículos 115, 193 y 208 porque responden a “una ideología altamente cuestionada y cuestionable”. Mientras que el artículo 22 atenta contra la potestad de los padres en la educación de sus hijos”.

La Iglesia también pide el veto

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana también le envió un comunicado a Moreno. “Apelamos al sano criterio y a la sensibilidad humana del presidente Lenín Moreno para que vete estos artículos que atentan contra los derechos humanos (…) El Código de Salud contradice o desconoce la cultura, costumbres de nuestro pueblo”.

Este viernes, la Asamblea remitió el proyecto al Ejecutivo que tendrá 30 días para revisarlo y decidir si vetarlo o darle paso. El pasado 25 de agosto, El COS logró el apoyo de 79 asambleístas, 48 abstenciones y ocho votos negativos, después de ocho meses de búsqueda de consenso. El trámite de este código inició hace 8 años.

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