«Hoy solicitamos públicamente al presidente Daniel Noboa que cumpla con la promesa que sus antecesores olvidaron: desclasificar las actas del Cosepe y todo lo relacionado con el secuestro y asesinato de #NosFaltan3. Exigimos #VerdadYJusticia», escribieron en la cuenta de X, Nos faltan tres.

El gobierno de Lenín Moreno (en el que sucedió el asesinato) y el de Guillermo Lasso prometieron desclasificar las conversaciones y actas del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), cuyas reuniones son de carácter reservado, sin embargo, ninguno de estos gobiernos cumplió su palabra.

La desclasificación

En julio de 2021, los familiares de Javier Ortega, Paúl Rivas y Efraín Segarra presentaron una acción a la Corte Constitucional para desclasificar la información relacionada al secuestro y posterior asesinato de los periodistas.

El expresidente Guillermo Lasso, por su parte, dijo en una entrevista con la CNN que iba a desclasificar la información y que lo haría durante la siguiente reunión del Cosepe. Cuatro años después del hecho lo que único que tienen los familiares, además del dolor por la pérdida de sus seres queridos.

Lo que sabemos

El periodista Javier Ortega, el fotógrafo Paúl Rivas y el conductor Efraín Segarra fueron a Mataje, Esmeraldas, una parroquia rural del cantón San Lorenzo. Buscaban hacer un reportaje sobre la explosión de un tanquero bomba que mató a tres soldados y dejó a heridos. El 26 de marzo del 2018 habían salido del hotel para realizar su trabajo, pero jamás regresaron.

El 27 de marzo, el gobierno nacional confirmó el secuestro de los tres periodistas y la información que le siguió no solo fue contradictoria sino también se tradujo en amenazas por parte del frente Sinesterra y el ultimátum que Moreno les dio para que los liberen. Aunque se habló de una posible liberación, el 13 de abril de 2018, el gobierno confirmó que se habían encontrado los cuerpos sin vida de los tres profesionales. (MIB)

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Los familiares de las víctimas solicitaron que todos estos documentos pasen de la categoría «secreta» para dar nuevas pistas sobre el suceso.

El expresidente Lenín Moreno y Lasso prometieron a los allegados de Efraín Segarra, Javier Ortega y Paúl Rivas desclasificar la información y dar con los responsables. Sin embargo, esta «recomendación» se suma a la lista de promesas incumplidas del primer mandatario.

De acuerdo con el hermano de Paúl Rivas, Ricardo Rivas indicó, para Radio La Calle, que esta promesa fue solo una «letanía» de los gobiernos de turno para desviar la atención, pero que todo queda en el aire.

Además, enfatizó que los últimos gobiernos priorizaron la imagen del Estado sobre la vida de las personas. Recalcó que si se niegan a desclasificar la información es porque afectaría las relaciones entre Ecuador y Colombia.

«El uno (Moreno) anunció siete veces que se iba a desclasificar y el otro lo dijo en prensa internacional, pero solo se ha hecho un show viéndonos las caras a las familias», refirió.

¿Por qué no desclasifican?

El Secretario de Seguridad, Wagner Bravo, señaló para diario La Hora que las actas deberían ser develadas dentro de 10 años, debido a la categoría en la que ubicaron. Apuntó que los documentos no han sido pasado por un proceso de desclasificación.

Según él, los informes guardan estrategias de defensa nacional, protocolos y procesos ante posibles amenazas contra el Estado.

No obstante, Rivas aseguró que esa es la excusa del régimen para no dar paso a esas solicitudes. Aclaró que los documentos no mantiene información sensible como mencionan las autoridades.

Puntualizó que el país tiene un Estado y un Gobierno que se maneja bajo tres aristas en todas las ocasiones: negación, encubrimiento y silencio absoluto. Rivas recalcó que las investigaciones han avanzado gracias a las solitudes de los familiares y no fue una iniciativa de la Fiscalía General del Estado.

«El exsecretario de Seguridad, Diego Ordóñez dijo que estaban ajustando un informe para desclasificar todo y no ha pasado nada. Estamos cercanos a cumplir seis años y todos se mantiene callados», destacó.

De brazos cruzados

Rivas detalló que esperan una respuesta de la FGE en la que aclare porqué se paró la investigación. Aclaró que esa no es un justificación pertinente, pues la entidad guarda más pruebas y otras pistas que podrían utilizar. También, cuestionó que la Corte Constitucional (CC) no se haya pronunciado sobre la solicitud de desclasificación de la información.

«Según ellos se detuvieron porque no hay desclasificación, pero no es así. Aquí hay una omisión indudable y es porque están relacionados allegados al gobierno de ese entonces», expresó. (N.J.C)

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En entrevista para Diario El Universo, el consejero explicó previamente cúal fue la razón por la que no se definió una lista de potenciales organizaciones terroristas. Según el ex alcalde de Quito, esto habría sido poco práctico debido a las forman en las que opera el crimen organizado.

«En el debate en el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) se planteó un tema práctico: si usted califica como terroristas a organizaciones, conociendo que el crimen organizado es muy flexible, cambia, mañana se desaparecen todos lo que ya estuvieron calificados como grupos terroristas y asoman otros«, mencionó Moncayo.

Los terroristas serán definidos como tal por sus acciones

Actualmente, 30.000 integrantes de las Fuerzas Armadas están desplegados en el territorio nacional con el fin de efectuar operaciones para contrarrestar el terrorismo «de las organizaciones delictivas vinculadas con el narcotráfico y el crimen transnacional que atentan contra la soberanía y la integridad territorial«, según se explicó en un comunicado oficial del Ministerio de Defensa.

«Me pareció muy inteligente la idea de que se especifique las acciones terorristas porque terroristas puede ser una persona. Una persona puede cometer un acto de terror. Lo importante es, habiendo definido que el crimen organizado afecta a la estructura básica del Estado, a su soberanía y su integridad territorial, estas acciones serán entendidas, calificadas como acciones terroristas«, afirmó el consejero.

Sobre la prisión preventiva excepcional a uniformados

Anteriormente, el ministro Luis Lara declaró que dentro la Ley Orgánica que Regula el Uso Legítimo de la Fuerza se «garantiza la presunción de inocencia y la garantía del debido proceso para aquellos servidores que en ejercicio de sus funciones se vean expuestos a procesos judiciales de carácter penal».

Moncayo agregó que «el señor Ministro de Defensa (Luis Lara) planteó que para casos excepcionales en que un policía o militar pueda ser llamado a la justicia y recibir una prisión preventiva, sería necesario que el policía o militar tenga un tratamiento especial, de ser posible un sitio o un local distinto». Sin embargo, esta alternativa fue revisada por expertos en la ley.

«El pedido del Ministerio de Defensa fue que existan centros aparte; los juristas hicieron un análisis de que constitucionalmente, legalmente, no se puede crear para determinados grupos, centros de detención específicos», agregó el consejero.

«Por eso se está poniendo que en caso excepcional, de que sucediera esto, de que el juez no tenga en cuenta que se le ha dispuesto que debe aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, en ese caso excepcional, de que queremos estar seguros de que nuestros policías y militares no vayan a ser enviados a sitios en donde va estar en peligro su vida y su integridad», añadió Moncayo.

Según expuso el Ministerio de Defensa, en caso de que algún militar enfrente un proceso penal por uso de la fuerza en sus funciones, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas coordinará, junto a esa cartera del Estado y la Presidencia, la defensa institucional, a través del patrocinio judicial. Sin embargo, la propuesta no ha convencido totalmente a algunos miembros de la milicia.

«El decreto evidencia apresuramiento. No ha sido consultado con quienes están en el terreno dirigiendo operaciones antidelictivas en coordinación con la Policía. Tampoco hay un sustento jurídico sólido ni empírico (experiencias similares sistematizadas en casos similares vividos en el pasado) sobre la intervención de militares en operaciones antiterroristas, bajo los parámetros del Derecho Internacional Humanitario y convenciones de derechos humanos», planteó al respecto el portal Código Vidrio, en declaraciones recogidas por Infobae.

Labor conjunta entre Policía y Fuerzas Armadas, según Moncayo

«Hoy, Fuerzas Armadas y Policía, están integradas para operar coordinadamente, complementariamente, para que todos los recursos que dispone la fuerza pública puedan usarse eficientemente. Entonces ya no vamos hablar de la policía por aquí, las Fuerzas Armadas por allá. Vamos hablar, porque así tiene que ser, de ese viejo término que lo sacaron de la Constitución pero que sigue existiendo en la práctica, que es la fuerza pública», complementó el funcionario.

«Vamos a tener una acción coordinada complementaria perfectamente planificada (…) lo que tenemos que ganar es en seguridad, para que este país sea atractivo a la inversión legítima y absolutamente hostil al crimen organizado«, concluyó Paco Moncayo.

JR

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Así se explica en el decreto ejecutivo 730, expuesto a través de un comunicado oficial en la red Twitter, este miércoles. Esto luego de que el Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) recomendara al primer mandatario aplicar medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales.

El decreto también dispuso que las Fuerzas Armadas lleven a cabo operaciones militares en el territorio nacional. En el proceso se aplicarán las disposiciones de la Constitución, instrumentos internacionales y el ordenamiento jurídico del Estado.

Además se ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) tomar previsiones de seguridad para el personal militar y policial que sea sometido a procesos judiciales penales «con la finalidad de garantizar su integridad en los centros de privación de la libertad«.

Se asignarán los recurso necesarios

Según el decreto emitido, el Ministerio de Economía y Finanzas asignará los recursos necesarios para atender a los requerimientos de las Fuerzas Armadas y la Policía.

Por último se pide a la distintas funciones del Estado que, de forma coordinada, apoyen la lucha contra el terrorismo.

JR

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Entre las recomendaciones planteadas por el Cosepe al presidente Guillermo Lasso figura aplicar medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales. Sin embargo, el decreto aún no ha sido emitido por el primer mandatario, quien afronta un proceso de juicio político en su contra por presunto delito de peculado.

Sólo tras emitirse dicho decreto, las Fuerzas Armadas podrán desplegar sus estrategias y operativos militares para combatir al terrorismo. No obstante, el gobierno no ha específicado qué agrupaciones delictivas serán identificadas como terroristas. Pero. extraoficialmente se sabe que serían ocho.

Luis Lara Jaramillo, ministro de Defensa, afirmó que esto posibilitará a las Fuerzas Armadas el uso legítimo de la fuerza. «No vacilaremos en poner en práctica toda la experiencia, capacidad y práctica, toda la experiencia. Es hora de decir ¡basta!».

¿Qué dicta la ley ecuatoriana respecto a casos de terrorismo?

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), el terrorismo está tipificado en el Art. 366 que menciona: «La persona que individualmente o formando asociaciones armadas, provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella, mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años«.

Adicionalmente, la norma actual describe 10 acciones que también son sancionadas con pena privativa de la libertad (que pueden llegar a condenadas de hasta 26 años), al estar categorizadas como delitos de terrorismo. Se trata de las siguiente:

1. La persona que, respecto de un transporte terrestre, una nave o aeronave, plataformas fijas marinas, se apodere de ella, ejerza control sobre la misma por medios tecnológicos, violentos, amenaza o intimidación; derribe, destruya, cause daños, coloque o haga colocar un artefacto o sustancia capaz de destruirlo o causar daños que le incapaciten para su transportación.
2. La persona que destruya por cualquier medio, edificación pública o privada, plataforma fija marina, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales, así como de las instalaciones o servicios de transportación terrestre, navegación aérea o marítima, si tales actos, por su naturaleza, constituyen un peligro para la seguridad de la transportación terrestre, de las aeronaves o naves, como de la seguridad de las plataformas y demás edificaciones.
3. La persona que realice actos de violencia que por su naturaleza, causen o puedan causar lesiones o constituyan un peligro para la seguridad de estos o sus ocupantes, en un transporte terrestre, a bordo de una aeronave, nave, en una plataforma fija marina, en puertos, aeropuertos, instalaciones de áreas estratégicas, servicios básicos esenciales o ambiente.
4. La persona que comunique, difunda o transmita informes falsos poniendo con ello en peligro la seguridad de un transporte terrestre, de una nave o aeronave.
5. La persona que, irrumpa los locales oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de las personas internacionalmente protegidas.
6. La persona que realice por sí misma o por medio de terceros, operaciones y transacciones financieras económicas, con el objeto de dar apariencia de licitud para desarrollar actividades terroristas tipificadas en este Código.
7. La persona que hurte, robe, malverse, obtenga mediante fraude o extraiga mediante amenazas, uso de la violencia o intimidación materiales nucleares.
8. La persona que reciba, posea, use, transfiera, altere, evacúe o disperse materiales nucleares sin autorización legal, si tal acto causa lesiones graves a una persona o grupo de personas o daños materiales sustanciales.
9. La persona que entregue, coloque, arroje o detone un artefacto o sustancia explosiva u otro artefacto mortífero en o contra un lugar de uso público, una instalación pública o de gobierno, una red de transporte público o una instalación de infraestructura, con el propósito de causar la muerte o graves lesiones corporales a las personas o con el fin de causar una destrucción material significativa.
10. Cuando por la realización de estos actos se produzca la muerte de una o más personas, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años.

JR

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«Los que sueñan con preparar un estallido ‘social’ terrorista tienen que saber que esta vez los van a estar esperando como la ciudadanía espera«, escribió Palacio en su cuenta de Twitter este viernes. Esto en referencia implícita a la recomendación del Cosepe de emplear armas letales como parte de las medidas coercitivas urgentes para frenar el terrorismo.

El tweet generó varias críticas en la red social. Los comentarios de decenas de internautas cuestionaron la declaración de Palacio y la calificaron como «amenaza». Asimismo, periodistas expresaron su opinión respecto de la postura del excolumnista.

«Que la decisión no ha sido en combate al crimen organizado sino por si el pueblo se levanta y sale a las calles, es lo que dice este señor», expresó la periodista Alondra Santiago.

«Yo creí que la decisión del Cosepe apuntaba a tomar decisiones contra el crimen organizado. Estos mensajes no ayudan, de modo alguno, a entender el objetivo que queremos todos… o, al menos, la mayoría», escribió el periodista Fabricio Vela.

«Clarito lo dice, el decreto de seguridad contra el terrorismo no es para combatir el crimen organizado, es para reprimir a la lucha social con el terror de Estado. El plan Ecuador en marcha», publicó una internauta llamada Natalia Sierra.

A estos mensajes se sumaron también otras expresiones por parte de políticos y ex dirigentes de movimientos sociales, quienes respondieron a Emilio Palacio.

El uso de armas letales

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) declaró al terrorismo «como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y a su seguridad integral». El anuncio se hizo durante una reunión en el Palacio de Gobierno en Quito, este jueves.

«La amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución», se amplió a través de un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación.

Adicionalmente, se recomienda al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo, estableciendo «medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».

En la reunión del Cosepe (integrada por diez personas), estuvo Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado junto a Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad.

JR

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«La amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme, con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de conformidad con lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución», se amplió a través de un comunicado publicado por la Secretaría General de Comunicación.

Adicionalmente, se recomienda al presidente Guillermo Lasso expedir un decreto ejecutivo, estableciendo «medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir esta grave amenaza que afecta al pueblo ecuatoriano».

En la reunión del Cosepe (integrada por diez personas), estuvo Wagner Bravo, nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado junto a Paco Moncayo, consejero de Gobierno para la Seguridad.

Las funciones del Cosepe

Según el artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, la Cosepe tiene dos funciones:

• Asesorar y recomendar al presidente las políticas, planes y estrategias de Estado, y sobre sus procedimientos, en materia de seguridad pública
• Recomendar al jefe de Estado la adopción de medidas de prevención e intervención en casos de acontecimientos graves o amenazas que afecten o puedan afectar la integridad de los habitantes y la nación.

JR

El Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), en una reunión mantenida este jueves, 27 de abril, en el Palacio de Carondelet, declaró al terrorismo como amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y _por consiguiente_ a su seguridad integral, como está concebido en la normativa internacional y la legislación ecuatoriana.

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El anunció se hizo oficial este jueves, 26 de enero de 2023, luego de una reunión con dicho Consejo. No obstante, Ordoñez expuso que la decisión se tomó en la sesión del pasado martes, luego de identificar que la minería ilegal tiene vínculos directos con otros delitos: el narcotráfico, lavado de activos y el tráfico de armas.

Sin embargo, Ordoñez aclaró que no es sencillo establecer porcentajes de penetración del crimen organizado en la minería ilegal.

La Cosepe también decidió que otorgará respaldo para las concesiones mineras legalmente establecidas. Asimismo, se refirió a la necesidad de un reordenamiento normativo. Por ello se firmará un decreto y el establecimiento de sanciones.

Policía Nacional y Fuerzas Armadas: actores claves frente a la minería ilegal

Ordóñez, recalcó que Policía Nacional y Fuerzas Armadas actuarán si existen impedimentos para que las empresas mineras desarrollen sus actividades. Pero los proyectos mineros no serán declarados zonas de seguridad. Esto debido a que se pretende generar planes integrales entre esas fuerzas del orden para combatir la minería ilegal.

Se presume que la minería ilegal operaría en el menos 11 provincias: Zamora Chinchipe, Morona Santiago, Sucumbíos, El Oro, Azuay, Imbabura y Loja.

JR

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“Cumplo con informarles a ustedes que el día de hoy se ha llevado a cabo una extensa reunión del Consejo de Seguridad del Estado (…) y se ha informado, además de las irreductible decisión del Gobierno de combatir la amenaza del narcotráfico, del crimen organizado y de recuperar el control interno de los centros carcelarios”, dijo en medio de un mensaje confuso, sin certezas ni información sobre las víctimas del enfrentamientro que aún tiene lugar en la Penitenciaría del Litoral.

El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, convocó para este jueves al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) para evaluar la estrategia implementada tras los hechos violentos ocurridos principalmente en Guayas y Esmeraldas.

Antes de esta nimia intervención pública, en sus redes sociales Diego Ordóñez acusó al expresidente Rafael Correa de estar detrás de estos hechos. 

“Tenía dudas sobre las implicaciones políticas de la intención desestabilizadora de la violencia. Luego de leer tuit de Correa en el que pide adelantar elecciones, no me queda duda”, escribió el ministro. 

La RC reaccionó

Ante esta declaración sin ningpun sustento probatorio, la Revolución Ciudadana reaccionó en rechazo ante la afirmación.

“La Revolución Ciudadana rechaza las irresponsables declaraciones de Diego Ordóñez, quien en lugar de reconocer la inacción de su gobierno que ha permitido que en menos de un año haya más de 3500 muertes violentas, acude a la muletilla: la culpa es de Rafael Correa”, escribieron. 

El contexto

Desde hace casi 48 horas, las provincias de Guayas y Esmeraldas son epicentro de explosiones y ataques en contra de la fuerza pública ecuatoriana, debido al traslado de algunos reos de las bandas criminales que tienen el control de los centros de privación de libertad. 

Hasta el momento, el gobierno ha decretado el estado de Excepción en esas provincias, además del toque de queda en Guayas desde las 21:00. Este jueves las autoridades confirmaron el asesinato de dos reos, y al menos 14 uniformados heridos en los enfrentamientos. 

¿Quién integra el Cosepe?

La entidad está integrada por el presidente y vicepresidente de la República, así como las máximas autoridades de la Asamblea Nacional y la Corte Nacional de Justicia.

Además, pertenecen al Cosepe los directivos de la Secretaría Nacional de Seguridad Pública del Estado y los titulares de los ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Defensa, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía Nacional.

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