El 29 de marzo los trabajadores interpusieron formalmente su denuncia a la presidenta de la Comisión Legislativa de los Derechos de los Trabajadores, Rina Campain. Su petición es que los asambleístas fiscalicen los procedimientos de la evaluación de desempeño por parte de las autoridades del INPC.

Para los funcionarios estos resultados no están acorde con la realidad puesto que han cumplido con su trabajo por más de 25 años. Por el momento, su denuncia ya ha pasado por un primer filtro en el Ministerio de Trabajo, quienes ya solicitaron la información al INPC.

Acciones y represalias

La denuncia también fue remitida a la Defensoría del Pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) y al Ministerio de Cultura y Patrimonio.

“Hay servidores públicos parte de este proceso de evaluación calificados con CERO, funcionarios que tienen más de 20 años de experiencia en el tema. A lo que debemos indicar que este criterio tampoco se justificó de ninguna manera, ya que en el casillero de comentarios tampoco hay ninguna justificación”, dice la solicitud.

Por otro lado, informaron que la respuesta de Brevi fue denunciar a los trabajadores interpelantes por acoso laboral y violencia de género. No obstante, ellos niegan de manera rotunda estos actos y aseguran que han tenido que aguantar desplantes, gritos y acciones inconsultas por parte de la directora.

Abuso de poder

Los funcionarios ya denunciaron la irregularidades en el manejo del departamento de Talento Humano frente al Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos (CIDHU). Los servidores públicos manifestaron falta de objetividad y veracidad en sus evaluaciones de desempeño por parte de su jefe inmediato.

La denuncia fue interpuesta ante el CIDHU y el 18 de febrero del 2023, el organismo internacional inició el proceso de observancia para analizar e investigar el caso.

“Les encomiendan trabajos de un momento a otro sin planificación alguna y según indican son imposibles de poder cumplir puesto que requieren del apoyo de otras direcciones y hasta de otra institución como es el Ministerio de Cultura”, dice el documento al que accedió Radio La Calle.

También se recalcó que existen malos tratos y un “pésimo” clima organizacional. En consecuencia, declaran como responsable de los hechos denunciados a Brevi.  (A.G.M)

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El exconsejero Edwin Jarrín explicó a Radio La Calle que, en diciembre del 2017, solicitó a la CIDH pedir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos medidas provisionales, en relación a la Consulta Popular de febrero. La demanda solicitaba la suspensión de la pregunta 3, porque al no existir un informe de constitucionalidad y por las competencias extraordinarias otorgadas a un Consejo Transitorio, se configuraba una violación a la Constitución y los derechos humanos.

El 6 de febrero del 2018 la Comisión Interamericana solicitó a la Corte medidas provisionales. Sin embargo, la Corte rechazó el pedido porque la consulta ya fue ejecutada y existían resultados electorales. “Nos dijo que agotemos las medidas nacionales y que ellos no se iban a pronunciar sobre el fondo de la consulta. Tenían la seguridad que eso lo iban a analizar posteriormente”, señaló Jarrín.

En este proceso, hay que resaltar el voto salvado del juez Eugenio Zaffaroni, quien advirtió el desastre institucional y a la democracia que ocurriría si se hacía efectiva la Consulta.

¿Qué implica la resolución de la CIDH?

La Comisión admitió la causa de Edwin Jarrín, Tania Pauker y Sonia Vera, porque se violentaron sus derechos humanos. Además, porque ocurrieron procesos fuera de la norma constitucional, implementados por el Consejo Transitorio.

Ahora, los demandantes disponen de un plazo de 6 meses para allanarse al dictamen o agregar temas de fondo. La notificación de la CIDH le dice al Estado que, para evitar el litigio, tiene 6 meses para establecer un acuerdo reparatorio a las víctimas.

“Lo que viene es un plazo de 6 meses para que nosotros argumentemos cosas en la resolución, en función de lo que están planteando ellos, para llegar a la Corte Interamericana. Después de esos seis meses, la Comisión pasará el expediente completo a la Corte Interamericana.

En términos políticos, para Jarrín, esta resolución confirmaría que la Consulta hecha por el presidente Lenín Moreno fue utilizada para dar un golpe a las Funciones del Estado: a la de Transparencia y Control Social, a la Electoral y a la Función Judicial, además de la Corte Constitucional.

“Moreno justificó la Consulta para poner a sus autoridades y Lasso está volviendo a plantear una Consulta. Lo advertí en 2017, que cada presidente va a llamar a una Consulta para poner sus propias autoridades. Lasso amenazó con una Consulta para este año, lo que esta buscando es hacer exactamente lo mismo. Él quiere ver cómo pone sus autoridades en todas las funciones del Estado”, aseguró.

¿Lasso y la dedocracia en la Consulta?

“Poner su Consejo de la Judicatura, su Corte Nacional, su Corte Constitucional, su Fiscal, su Defensor del Pueblo, su Contralor. Es decir, designar él, con pretexto de una Consulta Popular, para volver a dar un golpe de Estado a las instituciones», sostuvo.

Jarrín también advirtió que la resolución de la Corte Constitucional, emitida la víspera, que desestimó el pedido de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, transformar a la Asamblea en bicameral y una mayor autonomía para la Fiscalía, ha sido fatal para el gobierno de Lasso.

Con este panorama posible que se caiga la Consulta de Lenín Moreno; también es posible que se caiga la Consulta que pretende realizar Lasso.

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