El informe, de carácter no vinculante, irá al pleno del CPCCS para que sus siete consejeros decidan si acogen o rechazan estas recomendaciones técnicas. La designación de los cinco vocales principales y sus suplentes para el período 2025-2031 se prevé concrete en la primera semana de septiembre.

Entre los candidatos impugnados que resultaron avalados por la comisión se encuentran figuras como Mario Godoy, actual presidente de la Judicatura en funciones, quien acumuló cinco objeciones; Fausto Andrade; Ivonne Núñez; Wendy Moncayo; Alfredo Cuadros; Magaly Ruiz; Juan Carlos Benalcázar; y Fabián Fabara.

Godoy, la ficha polémica

Respecto a las objeciones contra Godoy, la más numerosas, la comisión argumentó que no puede pronunciarse sobre investigaciones pendientes, como el conocido «Caso Pendrive«, al estar estos asuntos en conocimiento de un órgano competente y no existir una sentencia ejecutoriada. Asimismo, determinó que no se puede criminalizar el ejercicio de su profesión de abogado por el hecho de haber defendido a personas vinculadas a presuntos casos de corrupción.

La comisión, integrada por asesores de confianza de los vocales del CPCCS, evaluó las impugnaciones presentadas bajo cuatro causales posibles: incumplimiento de requisitos legales, falta de probidad o idoneidad, incurrir en inhabilidades, u omitir o alterar información relevante. Concluyó que ninguna de las objeciones presentadas logró sustentarse válidamente en estas causales.

Si el pleno del CPCCS acepta el informe, se superaría esta fase de impugnaciones. El proceso continuaría con la presentación de los planes de trabajo de los aspirantes, para posteriormente proceder a la designación formal de los integrantes del nuevo Consejo de la Judicatura. Los funcionarios posteriormente serían posesionados en la Asamblea.

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La medida impulsada por el legislador oficialista Henry Bósquez (ADN), tuvo la aprobación del Parlamento bajo el argumento de «vulneración a los principios de legalidad, seguridad jurídica y confianza legítima» en el proceso original, realizado el pasado 13 de mayo.

La resolución, articulada en dos puntos clave, declara «sin efecto» lo resuelto en la sesión 1027 del Legislativo, subrayando que dichas decisiones –según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL)– deben adoptarse exclusivamente mediante «resoluciones o acuerdos», requisito que, a juicio del oficialismo, no se cumplió. Adicionalmente, ordena notificar formalmente al CPCCS sobre esta decisión, dejando sin vigencia la terna integrada por Iván Montero, Yolanda Salgado y Ángel Romero.

El ambiente en el hemiciclo derivó en un enfrentamiento abierto cuando Bósquez insistió en incluir el análisis de la terna en el orden del día. Tras una primera votación fallida donde la abstención de la asambleísta Carmen Tiupul (Pachakutik) bloqueó la iniciativa, una rápida gestión de bancadas oficialistas logró que la legisladora rectificara su posición.

Este giro permitió la reconsideración de la votación, desatando inmediatas protestas de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC). Fernando Cedeño (RC) interpeló al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, acusándolo de violar el artículo 145 de la LOFL: «¡Lea la ley, señor Olsen! Los cambios al orden del día solo pueden resolverse por votación directa, sin rectificaciones posteriores», exclamó. Además presentó una apelación formal a la presidencia de Olsen que posteriormente fue desestimada y se continuó con la sesión.

Reacciones

La reacción de Revolución Ciudadana (RC) fue contundente: en un comunicado titulado «Fuera las manos de Noboa del Consejo de la Judicatura», denunciaron un intento del gobierno de Daniel Noboa de «tomarse ilegalmente el CJ». El texto detalló tres violaciones:

1. La inexistencia de normas que permitan retirar una terna ya enviada.
2. La ilegalidad de «reconsiderar una decisión ya reconsiderada» (Art. 145 LOFL).
3. La vulneración de principios constitucionales (Arts. 61.7, 82 y 226).
   «El CJ no es un botín del Ejecutivo. Seguramente, en esa terna hay alguien que no pueden controlar», concluyó el movimiento.

La crítica trascendió, pues el legislador Otto Vera (PSC) manifestó su perplejidad por «rever decisiones legítimamente tomadas», recordando que la terna «fue aceptada, votada y reconsiderada en el periodo anterior». El CPCCS, ahora notificado, queda a la espera de un nuevo proceso de designación, mientras la sombra de la polarización judicial se extiende sobre Quito.

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En declaraciones a NotiMundo , Goyes detalló que, durante la gestión de Godoy, cinco directores de Talento Humano se han sucedido en el cargo —con un promedio de mes y medio por persona—, mientras que nueve subdirectores fueron designados y removidos en áreas administrativas en pocos meses. «¿Qué concurso puede avanzar en estas condiciones? La responsabilidad recae en el señor Godoy», afirmó.

Concentración de poder

Goyes señaló que Godoy tiene facultades «exageradas» al ser el único que fija la agenda del Pleno, lo que ha derivado en la paralización de más de 15 proyectos presentados por ella, los cuales —denunció— fueron archivados por direcciones «puestas por él». «No puede ser que una persona paralice al Consejo», sostuvo.

Además, criticó el quórum mínimo actual (3 de 5 vocales) para tomar decisiones, calificándolo de «inconstitucional». Esta fragilidad se agravó con la renuncia irrevocable del vocal Merck Benavides, reduciendo el Pleno a tres miembros: Godoy, Goyes y Yolanda Yupanqui, todos en funciones prorrogadas desde enero de 2025.

«Reparto de cargos»

La vocal insistió en que Godoy priorizó la designación de «personas allegadas sin experiencia» sobre perfiles técnicos. «Él se dedicó a entregar cargos. Eso no es la razón de ser de esta institución«, aseveró. Con el CPCCS pendiente de designar nuevos vocales y la Función Ejecutiva sin enviar su terna, Goyes advirtió: «Si otro vocal sale, el Consejo colapsa. Urge debatir un nuevo modelo». El organismo debería estar conformado con 5 titulares y 5 suplentes.

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Según el comunicado emitido por ADN, la bancada asegura que no permitirá que la Asamblea Nacional sea «cómplice de la impunidad y la corrupción». La solicitud de juicio político se basa en los chats revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE), en los que se evidenciaría que los exconsejeros habrían actuado bajo intereses políticos en la designación de autoridades de control, como la Superintendencia de Bancos.

«Los chats del exconsejero Augusto Verduga muestran un claro contubernio que sometió a la República del Ecuador a un impresentable show político, afectando gravemente la institucionalidad del Estado», señaló la bancada en su comunicado.

Contexto

La investigación de Fiscalía inició en enero del 2025 con el allanamiento a las instalaciones del CPCCS, en Quito, en donde una fiscal decomisó a la fuerza el celular de Verduga. A vísperas de las Elecciones 2025, el oficialismo sumó una denuncia al órgano judicial por la misma causa y emprendió acciones de fiscalización en la Comisión de Seguridad, presidida por la legisladora de ADN, Inés Alarcón.

“Hay pruebas contundentes de que han falsificado evidencias para incriminarme. Muchos de los chats que presentan son montajes descarados”, señaló el exconsejero Augusto Verduga ante las acusaciones en su contra.

https://twitter.com/VerdugaAugusto/status/1902888023114780934

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La Fiscalía afirmó que los cuatro acusados están vinculados con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Tres de ellos ejercieron como exconsejeros relacionados con el correísmo, mientras que la cuarta ocupa actualmente el cargo de consejera. De acuerdo con la acusación, su intención era alcanzar, junto a una organización política, el control del sistema financiero y de justicia en Ecuador.

Desde el 15 de marzo, la Fiscalía investiga penalmente a los exconsejeros de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor. También procesa a la actual integrante del CPCCS, Nicole Bonifaz, por el delito de asociación ilícita.

Según la acusación del fiscal general subrogante, Wilson Toainga, el expediente revelaría una planificación y ejecución de estrategias ilícitas. El objetivo de estas acciones habría sido tomar el control de la institucionalidad del Estado.

¿Intento de control del sistema financiero?

Los procesados intentaron influir en el sistema financiero al incumplir la sentencia 372-23-EP-24 de la Corte Constitucional (CC) para designar a un Superintendente de Bancos afín a sus intereses, según señaló la Fiscalía. El exconsejero Augusto Verduga habría promovido este nombramiento, de acuerdo con el fiscal general subrogante, Wilson Toainga.

Durante una sesión del CPCCS el 22 de enero de 2025, Verduga propuso tomar en cuenta una resolución constitucional que declaraba la vulneración de derechos de Raúl González. Este último no pudo asumir el cargo de superintendente de Bancos en 2022. A pesar de que la sentencia no afectaba nuevos procesos de selección, Nicole Bonifaz, Eduardo Franco, Yadira Saltos y Augusto Verduga aprobaron la moción con sus votos.

Como resultado, la posesión de Roberto Romero, designado legalmente para el cargo en 2024, fue postergada. En su lugar, se solicitó a la Asamblea Nacional la posesión inmediata de Raúl González, en abierta contradicción con la decisión de la Corte Constitucional.

Fiscalía investiga presunto intento de control en el Consejo de la Judicatura

Durante la formulación de cargos del caso Liga2, la Fiscalía señaló que el sistema financiero no fue el único ámbito que los procesados intentaron controlar. Según el fiscal subrogante Wilson Toainga, estas personas habrían actuado en coordinación con miembros del movimiento Revolución Ciudadana (RC5) para influir en la designación de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

De acuerdo con la investigación, este presunto control se habría ejecutado mediante gestiones con personal de la Asamblea Nacional y funcionarios de la Defensoría Pública, cuyas posturas ideológicas coincidían con las del correísmo. La Fiscalía sostiene que existen conversaciones en las que el exconsejero Augusto Verduga habría coordinado con miembros del CPCCS y de RC5 para retrasar el concurso del Consejo de la Judicatura con la intención de que, en caso de ganar las elecciones presidenciales, el Gobierno de Luisa González enviara la terna correspondiente.

Para concretar este plan, se habrían planteado medidas cautelares y tráfico de influencias, según Toainga. La Fiscalía indicó que los hechos evidencian la existencia de una asociación ilícita que buscaba el control del Estado, comprometiendo la imparcialidad en la selección de autoridades, responsabilidad del CPCCS.

Evidencias y formulación de cargos

Según la Fiscalía, dentro de la investigación se revelan conversaciones que muestran cómo el exconsejero Augusto Verduga recibía y gestionaba hojas de vida, actos notariales y carpetas de posibles candidatos para las ternas. Estos documentos habrían sido enviados desde la Asamblea Nacional y la Defensoría Pública, con el respaldo de personal del CPCCS y miembros del movimiento Revolución Ciudadana. Para la Fiscalía, esto demuestra una clara intención de actuar en contra de la Constitución y la ley.

Durante la audiencia, el fiscal Toainga presentó los elementos de convicción que sustentan la acusación contra los cuatro implicados, lo que permitió fundamentar el pedido de una instrucción fiscal. Tras casi ocho horas de audiencia, el conjuez Aguirre ordenó el inicio de una instrucción fiscal por 90 días y dictó medidas cautelares contra los procesados, como la presentación periódica ante la autoridad y la prohibición de salida del país.

Los cargos formulados corresponden al artículo 370 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) bajo la figura de asociación ilícita. La Fiscalía recalca que el grado de participación de los acusados es en calidad de autores directos.

¿Qué dice Augusto Verduga?

El exconsejero de Participación Ciudadana y Control Social, Augusto Verduga, procesado en el caso Liga2, se pronunció a través de su cuenta en X con un extenso texto de nueve párrafos, en el que expresó su postura sobre el proceso judicial en su contra y denunció lo que considera una persecución política.

Verduga señaló que «la narración de los poderosos se hace oír sin pudor, sin rubor, mientras que los verdaderos problemas de la gente quedan enterrados en la miseria de la manipulación mediática». Además, aseguró que «mi único ‘delito’ ha sido desafiar al poder más monstruoso que hemos tenido en este país: la banca privada», criticando el rol del sistema financiero en la economía del país.

El exconsejero afirmó que «la persecución que estamos viviendo no es solo política; es un ataque brutal a nuestra esencia, a nuestra lucha, a nuestras ideas. Es una campaña de estigmatización diseñada con un solo fin: silenciar a aquellos que no se someten, a aquellos que cuestionan el orden corrupto que ha caracterizado a este Gobierno y sus dos antecesores».

También mencionó que «este ciclo de destrucción está por llegar a su fin», mostrando su convicción de que la situación actual cambiará. Finalmente, en su mensaje, sostuvo que «ya basta de la continuidad oscura de un proyecto que, bajo las administraciones de Moreno, Lasso y Noboa, ha llevado al Ecuador a la ruina. No cabe duda: el pueblo está despierto, el país está cansado de este juego sucio y pronto veremos el amanecer de una nueva etapa para nuestra sufrida Patria».

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La entidad, a través del fiscal subrogante Wilson Toainga, solicitó al magistrado la prohibición de salida del país y la presentación periódica para los exconsejeros del Cpccs, Augusto Verduga, Yadira Saltos y la consejera Nicole Bonifaz. Para el exvocal Eduardo Franco Loor, quien se conectó a la audiencia desde un centro médico, pidió arresto domiciliario y uso de grillete electrónico.

Según la Fiscalía, los procesados habrían intentado controlar los poderes del Estado desde el Cpccs, favoreciendo a un movimiento político. Durante la audiencia, celebrada el 15 de marzo en Quito, el juez acogió parcialmente las solicitudes de la Fiscalía, dictando la medida de prohibición de salida del país para los cuatro implicados.

Detalles de la audiencia

Los exfuncionarios participaron en la audiencia de manera telemática. Eduardo Franco Loor compareció desde una casa de salud en Guayaquil, donde se lo observó en una camilla y vistiendo una bata médica. Franco Loor permanece bajo custodia policial luego de que Estados Unidos le negara el ingreso al país, según su defensa, por motivos ajenos a su conocimiento.

Todos enfrentan cargos por supuesta asociación ilícita, usurpación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. La investigación se originó tras una denuncia del superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald respecto a su nombramiento.

El caso «Ligados» se remonta a enero de 2024, cuando Verduga, Franco Loor y Saltos fueron destituidos por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por una infracción grave. Durante los allanamientos realizados en enero, Fiscalía decomisó el teléfono de Verduga, lo que generó controversia. Verduga, a través de sus redes sociales, denunció que se estaría planeando un nuevo intento de persecución en su contra.

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La decisión ratifica el fallo dictado el 5 de noviembre de 2024 por una jueza de instancia, tras la denuncia presentada por el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Juan Esteban Guarderas.

El pleno del TCE negó el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Abad, argumentando que no se demostró que la sentencia original presentara deficiencias o vicios procesales. La jueza basó su resolución en el artículo 278, numeral 7, del Código de la Democracia, que tipifica la campaña anticipada como una infracción electoral grave. En su sentencia, la magistrada indicó que la imposición de la multa tiene como objetivo disuadir a otros actores políticos de incurrir en este tipo de infracciones, sin necesidad de sanciones más severas.

Sanción económica

Según el fallo ratificado, la multa impuesta a Abad, equivalente a 20 salarios básicos unificados, busca disuadir a otros actores políticos de incurrir en conductas similares en el futuro. La normativa establece que el pago debe efectuarse en un plazo de 30 días en la cuenta “Infracciones Ley de Elecciones” del Banco BanEcuador. De no cumplirse con la obligación dentro del tiempo estipulado, se procederá con la cobranza por vía coactiva, conforme al artículo 299 del mismo código.

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¿Qué ha pasado en estos 6 años?

Según el artículo 19 de le Ley Orgánica del CPCCS, vigente desde el Referéndum del 4 de febrero de 2018 durante el gobierno de Lenin Moreno, el pleno del Organismo está integrado por siete consejeras y consejeros principales y siete suplentes “elegidos por sufragio universal, directo, libre y secreto”, en paridad de género y con un vocal representante de los pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios y de ecuatorianos en el exterior. Hubo dos procesos electorales, el último fue en febrero de 2023 donde se eligió al actual Consejo. Sin embargo, en menos de dos años fueron destituidos cuatro consejeros principales y dos suplentes, y una consejera renunció a su cargo para participar de las elecciones presidenciales de este año.

Pero durante el primer periodo del CPCCS, de 2019 a 2023, también hubo reemplazos con el juicio político y destitución en el Legislativo de José Carlos Tuarez, Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez en agosto de 2019. Luego, en octubre del 2020, la Asamblea Nacional destituyó y censuró al entonces presidente Christian Cruz. Y, en enero de 2023, la Corte Constitucional destituyó a los siete consejeros de la administración de Hernán Ulloa, por incumplir con la designación del presidente para el Consejo de la Judicatura.

Vea también: Corte Constitucional destituye a los siete consejeros del CPCCS

Durante este tiempo también hubo remociones de dos presidencias. La primera fue el 9 de febrero de 2022, cuando Hernán Ulloa junto a María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo removieron de la presidencia a Sofía Almeida por falta de confianza del pleno del organismo. La historia se repitió el 3 de abril de 2024 con la remoción de Nicole Bonifaz de la presidencia, por la apelación de Mishelle Calvache, Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto y Juan Esteban Guarderas. La estrategia fue la misma, gracias a la asesoría de Xavier Urbina, asesor de Fantoni, quien también asesoró a Hernán Ulloa.

Vea también: ¿Abuso del COA para remover presidentes de órganos colegiados?

En total, del 2019 al 2025, se ha reemplazado a 19 consejeros y consejeras, y aún está por verse el proceso de destitución de dos consejeras. Johanna Verdezoto, quien fue removida de la vicepresidencia en enero de este año, tiene un proceso de juicio político en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea por presunto conflicto de intereses, luego de los videos donde se ve a la vocal junto al entonces postulante a la Defensoría Pública, Rodrigo Frías. Del mismo modo, la expresidenta del Consejo, Nicole Bonifaz, se encuentra en proceso de destitución en la Corte Constitucional por la designación del Superintendente de Bancos, además del examen especial que lleva la Contraloría General del Estado.

¿Cinco nuevos vocales?

Con la salida de Augusto Verduga, Yadira Saltos y Eduardo Franco Loor, asumen la principalización Gonzalo Albán, Piedad Cuarán y David Rosero. Le correspondía asumir el reemplazo de Saltos a Vielka Párraga, en orden de mayor votación, pero también fue parte del caso de la denominada “Liga Azul”, como lo determinó el TCE este 31 de enero, y no podrá ser parte del Organismo. Frente a esta decisión hubo reacciones de los consejeros destituidos. Verduga fue el primero en manifestarse en su cuenta de X, atribuyendo una contradicción en las posturas de los jueces Coloma y Ortega.

Yadira Saltos, quien estuvo en la presidencia menos de una semana, también se refirió a la actuación de los jueces del Contencioso indicando que responden a intereses políticos.

El recién titularizado vocal, Eduardo Franco Loor, en reemplazo del también destituido exconsejero suplente Juan esteban Guarderas, dijo que por varias veces había solicitado ser oído en la audiencia como parte de su derecho a la defensa.

Sin embargo, también hubo reacción del Ejecutivo mediante un comunicado oficial del Ministerio de Gobierno, refiriéndose a las funciones que los tres consejeros habrían ejercido usando artimañas jurídicas para aferrarse al cargo.

Ahora, si Johanna Verdezoto es también destituida por la Asamblea, asume Ángel Chela, como segundo más votado en la lista de pueblos y nacionalidades; mientras que, si Nicole Bonifaz es destituida por la Corte Constitucional, sería reemplazada por Mónica Mosquera. Esto significa que cinco serían los consejeros reemplazados en este año.

Futuro incierto para el Consejo de Participación

Durante el gobierno de Guillermo Lasso se realizó una consulta popular en febrero de 2023 con el objetivo de eliminar la atribución de designar autoridades de control en el CPCCS y de revertir la elección por sufragio universal, que modificó Lenin Moreno en el 2018. Sin embargo, el Referéndum no tuvo los votos suficientes y nada cambió. Hoy, luego de estas últimas destituciones, el presidente-candidato Daniel Noboa propone en su campaña una nueva constituyente con lo que sí se podría eliminar el Consejo de Participación.

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La Asamblea Nacional ha sido convocada para las 16h40 de este lunes con el objetivo de posesionar a Roberto Romero Von Buchwald como superintendente de Bancos, quien fue elegido para este cargo en diciembre de 2024. No obstante, su nombramiento enfrenta cuestionamientos tras la decisión del Cpccs de ratificar a Raúl González como titular en funciones hasta 2027.

El Cpccs sesionará a las 14h30 para analizar un informe jurídico que recomienda anular la resolución emitida el 22 de enero, donde se ratificó a Raúl González como superintendente. Según el informe, la elección de Romero constituye una situación jurídica consolidada, por lo que no debería ser objeto de revisión.

Corte Constitucional activa seguimiento

La Corte Constitucional, en un fallo del 5 de diciembre de 2024, aceptó parcialmente una acción extraordinaria de protección de Raúl González, declarando vulneraciones al derecho a la seguridad jurídica. Sin embargo, dejó claro que su sentencia no afectaba las designaciones realizadas previamente, como la de Romero.

El 24 de enero la Corte activó un mecanismo de seguimiento para garantizar el cumplimiento de su decisión y analizar posibles irregularidades en las actuaciones del Cpccs. De encontrarse incumplimientos, los consejeros podrían enfrentar sanciones, incluidas la destitución de sus cargos.

Acusaciones y allanamientos

El proceso ha escalado con denuncias de irregularidades. Roberto Romero ha presentado denuncias en la Fiscalía por usurpación de funciones, lo que derivó en un allanamiento a las oficinas del Cpccs el pasado 24 de enero. Augusto Verduga, uno de los consejeros, denunció maltrato policial durante la incursión y acusó a la Fiscalía de actuar sin órdenes judiciales claras.

«Hemos cuestionado al poder constituido más grande que tiene este país la banca privada (…) ¿Cuál fue la razón de este agravio a la banca privada? Haber ratificado a Raúl González Carrión como superintendente de bancos, en cumplimiento de nuestras atribuciones como Cpccs, en cumplimiento de lo que establece la ley de la materia y en cumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional que dejó sin efecto esas injustas y arbitrarias sentencias«, dijo Verduga.

La pugna por la Superintendencia de Bancos evidencia una profunda falta de coordinación entre las instituciones ecuatorianas. Este conflicto, que lleva casi tres años, pone en juego la credibilidad del sistema político y jurídico del país.

Consejeros buscan evitar la destitución por parte de la Corte Constitucional

El incumplimiento de una sentencia emitida por la Corte Constitucional puede llevar a la destitución de los funcionarios responsables. En este contexto, la Corte activó una fase de seguimiento y exigió al Cpccs que enviara un informe detallado de todas sus actuaciones hasta las 23:59 de este lunes.

Consciente de este riesgo, la Liga Azul, junto con Nicole Bonifaz, incluyó la reconsideración de su voto entre las acciones remitidas a la Corte para su evaluación. Además, aprobaron una resolución que declaró la «ineficacia jurídica» de lo decidido el 22 de enero, fortaleciendo así su defensa.

Eduardo Franco Loor justificó este cambio señalando que en la fecha inicial no contaban con el pronunciamiento de la Corte Constitucional del 24 de enero, lo que condicionó su criterio en ese momento.

Actualización

Reconsideración en el CPCCS

Los cuatro consejeros del Cpccs afines al correísmo reconsideraron este lunes la votación con la que habían respaldado la designación de Raúl González Carrión como Superintendente de Bancos el pasado 22 de enero, dejando dicha decisión sin efecto.

La sesión inició con una moción de Nicole Bonifaz para apelar la presidencia de Andrés Fantoni, la cual fue aceptada por mayoría. Como resultado, el Pleno fue temporalmente presidido por la vicepresidenta Yadira Saltos.

Sin embargo, la moción presentada por Fantoni, que buscaba reconocer públicamente un supuesto error por parte de Saltos, Augusto Verduga, Eduardo Franco Loor y Bonifaz al apoyar previamente a González Carrión, no obtuvo los apoyos necesarios para ser aprobada.

La Liga Azul ratifica a Roberto Romero como Superintendente de Bancos

Los consejeros de la Liga Azul (Saltos, Verduga y Franco), junto con Nicole Bonifaz, decidieron reconsiderar lo aprobado el pasado 22 de enero, logrando revertir esa decisión con sus cuatro votos. Esto permitió consolidar la designación de Roberto Romero Von Buchwald como Superintendente de Bancos, quien ahora solo espera su posesión oficial en la Asamblea Nacional para asumir el cargo.

Inicialmente, estos consejeros respaldaron a Raúl González Carrión, considerando que debía ocupar el cargo después de que la Corte Constitucional determinara, mediante una acción extraordinaria de protección, que se habían vulnerado sus derechos.

Sin embargo, su posición cambió tras el pronunciamiento del 24 de enero por parte de la Corte Constitucional, que aclaró que su fallo representaba una medida de reparación, pero que no debía interferir con la designación ya efectuada, es decir, la de Roberto Romero Von Buchwald. Esto llevó a los consejeros a modificar su postura y ratificar la elección de Romero.

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La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, cuestionó las acciones legales emprendidas por Guarderas para intentar frenar el proceso. Según Aguirre, el consejero presentó dos acciones de protección contra ella y la presidenta de la Asamblea , Viviana Veloz.

La primera fue rechazada por un juez, mientras que la segunda está en espera de resolución. Aguirre calificó estas medidas como intentos de intimidación y aseguró que no detendrán el desarrollo del juicio. «Rechazamos esa persecución. No le tememos a la Función Judicial. No nos van a intimidar. Continuaremos con este proceso en estricto apego a la ley», afirmó.

Guarderas denuncia falta de notificación y acusa motivaciones políticas

En un comunicado Guarderas sostuvo que no fue notificado oficialmente sobre las sesiones relacionadas con su juicio político. «No fui convocado a través de ninguno de los canales oficiales: ni Quipux, ni Zimbra, ni Lotus, ni al correo personal, ni mediante notificación física», afirmó el consejero.

Además, Guarderas acusó a la RC de buscar su destitución para ganar mayoría en el Cpccs, lo que permitiría al bloque designar a Eduardo Franco Loor, exabogado de Jorge Glas, en su lugar. El consejero señaló que esta maniobra ocurre en un momento clave, dado que el Cpccs está en medio de procesos de renovación de autoridades en entidades como la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura.

«Nos vemos en la Comisión», expresó Guarderas en días anteriores, aunque no acudió a la sesión de este 12 de diciembre.

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Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), planteó la causa en julio de este año, supuestamente en calidad de ciudadano común. Así como otros procesos que ha venido ejecutando en contra de autoridades de gobierno, como Pabel Muñoz, a los que considera amenazas para el gobierno de Noboa. A pesar de haber asumido el cargo como consejero el 6 de octubre de 2023, luego de la destitución de Alembert Vera, se ha mantenido en que su trabajo como denunciólogo lo viene haciendo durante toda su carrera. Pero sus nexos con el gabinete del actual gobierno le han otorgado un poder ad honorem sobre el TCE para hacer y deshacer sobre estos y otros procesos.

El equipo de Guarderas

La denuncia contra el alcalde de Quito, por ejemplo, la realizó el 10 de noviembre – un mes después de ser obtener la titularidad en el CPCCS – junto a Mónica Jaramillo, quien entonces fungía como su asesora. Esta vez, en el proceso contra Abad tuvo como compañía a su reciente exequipo de trabajo. Pues, durante la audiencia de hoy estuvieron presentes Pablo Sempertegui, exasesor y exsecretario técnico de transparencia, y Alicia Celorío Suárez, quien fue asistente administrativa de su despacho y prosecretaria encargada hasta julio de 2024.

Todos contra Abad

Luego de suspenderse la audiencia, Guarderas dijo ante los medios de comunicación que rechaza la decisión de la jueza y aseguró que se notificó a la vicepresidenta “bajo exhorto” desde agosto pasado. La defensa de Abad, por su parte, dijo que apenas hoy pudo acceder al expediente íntegro que contiene 800 páginas y que, por lo tanto, fue imposible leerlo antes de la diligencia ante el TCE. En este objetivo que persigue el Ejecutivo también se solicita la suspensión de sus derechos políticos, petición que llevan adelante la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, y el ministro de Gobierno, Arturo Félix Wong, dentro del proceso de sumario administrativo retomado después de la negativa a la acción de protección planteada por Verónica Abad.

Juan Esteban Guarderas fue funcionario del Consejo Nacional Electoral en 2018, 2020 y 2021, y director de la Fundación Lucha Anticorrupción. Actualmente, en su calidad de consejero, impulsa la renovación total de los vocales del CNE, aunque esto no se encuentre establecido en los reglamentos para el concurso. En mayo de 2024 promovió la denuncia contra el expresidente del CPCCS, Alembert Vera, por haber sido parte de la “Liga Azul” ante lo que el TCE resolvió sancionar con una multa económica y la pérdida de sus derechos políticos por cuatro años, proceso que busca también para los consejeros del CPCCS, Augusto Verduga y Yadira Saltos.

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“Mucho me temo que a este ritmo la abogada Diana Salazar se prorrogue en sus funciones”, dijo en entrevista para La Calle.

Resaltó que por una resolución del pleno del Cpccs presentó un proyecto borrador del reglamento, sin embargo, manifestó que hasta la fecha no existe una retroalimentación formal de los otros consejeros solo críticas a través de medios de comunicación.

Verduga planteó la eliminación de la prueba oral en el concurso por la carga de subjetividad. Puso el ejemplo de la designación de la fiscal Diana Salazar en la época del Trujillato, en donde sacó 10/20 en la evaluación escrita y 20/20 en la oral con la calificación de los mismo consejeros.

Según el presidente del Cpccs, Andrés Fantoni, en dos semanas se debe aprobar el reglamento del concurso. El organismo debe elegir a la autoridad antes de abril del 2025, fecha en la cual Diana Salazar culminaría su ciclo en el cargo.

El tiempo corre

Ante las declaraciones de Verduga, la presidenta de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre, indicó que las autoridades no deben prorrogarse ya que los plazos están establecidos en la ley.

Asimismo, informó que desde la Asamblea están fiscalizando todos los concursos y que la información emitida por la entidad expone retrasos injustificados que desembocarían en una incumplimiento de funciones. Enfatizó que los todos los vocales del Cpccs deberán comparecer a la mesa parlamentaria para definir fechas concretas.

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Entre gritos, reclamos, confusión sobre lo que se votaba y hasta una apelación de la presidencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) se desarrolló la sesión que definió a Mario Fabricio Godoy Naranjo como el nuevo titular de la Judicatura.

La designación ocurrió luego de que el pleno reconsideró la votación del pasado 8 de julio, en donde fue elegida la académica Dunia Martínez. La consejera Nicole Bonifaz solicitó repetir la sesión debido a que no se tomó en cuenta su votación.

El consejero Augusto Verduga consideró que Godoy tiene el “perfil más idóneo”. Mientras que la vicepresidenta del organismo, Mishelle Calvache, calificó lo sucedido como deplorable.

¿Quién es Mario Godoy?

El presidente de la Judicatura electo es abogado de profesión por la Universidad Central del Ecuador (UCE). Asimismo según datos de la Senescyt, Godoy registra cuatro títulos de cuarto nivel:

• Especialista en cumplimiento y anticorrupción (Universidad SEK)
• Magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública (Universidad Andina Simón Bolívar)
• Especialista en Derecho Administrativo (Universidad Andina Simón Bolívar)
• Diploma superior en género, violencia y justicia ( FLACSO)

En cuanto a su experiencia profesional se conoce que desempeño varios cargos en instituciones del Estado:

• Funcionario de la Fiscalía General (2009)
• Funcionario del CPCCS (2009-2011)
• Asesor en Tribunal Contencioso Electoral (2012 – 2014).
• Director del Cultos en el extinto Ministerio de Justicia, al mismo tiempo fue asesor en el Consejo Nacional Electoral (2015 -2018)
• Prosecretario relator en la Asamblea (2017)
• Director de Catastro en el Ministerio de Defensa (2017)
• Director de Investigación de Actos de Corrupción durante el gobierno de Lenín Moreno (2019)
• Jurídico de la Unidad de Análisis Financiero (2020-2021)
• Procurador en Petroecuador (2024)

Durante su carrera profesional Godoy también fue abogado de expresidente del CPCCS, Alembert Vera; del expresidente Rafael Correa; y del exalcalde de Cayambe y actual de coordinador de Pachakutik, Guillermo Churuchumbi.

La postulación de Godoy fue criticada con el argumento de que fue abogado y vocero de juicios asociados a casos de narcotráfico en Estado Unidos. El seleccionado presidente fue el abogado de los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea, vinculados al cartel de Sinaloa.

Plan de trabajo

En la presentación de su plan de trabajo Godoy propuso enfocar su gestión en cuatro líneas de acción: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional, determinación de un proceso de confianza con exámenes periódicos y fortalecimiento de mecanismos de prevención y sanción en casos de violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Para asumir oficialmente la presidencia de la Judicatura, Godoy deberá ser posesionado por la Asamblea Nacional en los próximos días. En este período la tarea más importante que tendrá que realizar es la selección de los nuevos jueces de la Corte Nacional de Justicia y enfrentar la plaga de corrupción en la institución. (NC).

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El pleno del CPCSS eligió a Mario Godoy como presidente de la Judicatura y dejó sin efecto la votación del 8 de julio que colocó a Dunia Martínez al frente de esta institución.

La consejera Calvache calificó a este hecho como vergonzoso y señaló que la denominada Liga Azul afín al »correísmo» vuelve a ser mayoría en el CPCCS con el apoyo disimulado de los vocales Juan Esteban Guarderas y Johanna Verdezoto.

Por su parte la mesa parlamentaria, presidida por la legisladora Pamela Aguirre, aclaró que en ningún momento la comisión pidió a los consejeros que se inclinaran por algún candidato en específico.

Crisis en el Cpccs

«Yo hablé con Calvache y Fantoni y les dije no dejemos que ningún partido político se tome el Consejo de la Judicatura, votemos en abstención», aseguró el consejero Juan Esteban Guarderas, quien exhortó a sus colegas a devolver la terna de candidatos a la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

El funcionario detalló que rechazaron su estrategia, puesto que los vocales temían a la destitución por incumplimiento de funciones y resaltó que la consejera Johanna Verdezoto cambió de opinión a última hora, pues también iba a votar en abstención.

La figura de Verdezoto fue crucial no solo en esta votación sino en otras resoluciones importantes del CPCCS, sin embargo, existen cuestionamientos por su constante cambio de bandos.

Al iniciar su gestión mostraba afinidad por la gestión de Alembert Vera, de hecho su voto definió la designación del exfuncionario y de Nicole Bonifaz como autoridades de la entidad. Tras la destitución de Vera, Verdezoto hizo mayoría con Calvache, Fantoni y Guarderas para retirar de la Presidencia a Bonifaz. Hoy en día la consejera vuelve a cambiar su rumbo.

Estos desacuerdos solo evidenciaron las pugnas de poder al interior del CPCCS, una institución que tiene la facultad de elegir a los líderes de la justicia. Godoy sería el quinto presidente en asumir la riendas de la Judicatura, ahora deberá seguir el tratamiento del Caso Metástasis y el proceso de elección de los nuevos jueces nacionales. (AGM).

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La consejera denunció que le impidieron ingresar a la reunión telemática para la elección de la nueva autoridad que reemplazará a Álvaro Román en el Consejo de la Judicatura (CJ). Bonifaz declaró que estuvo en la sala de espera y que luego la expulsaron, en un segundo intento por ingresar a la reunión tampoco tuvo éxito.

Ante este problema solicitó a la consejera Yadira Saltos que informe a los demás consejeros lo ocurrido, sin embargo, cuando admitieron su acceso la votación ya estaba cerrada.

»Mi voto iba a ser en abstención, muy aparte de cualquier criterio que tenga sobre la candidata Martínez, pero no se tuvo el tiempo necesario para revisar los planes de trabajo», detalló la funcionaria.

¿Un boicot?

Al ingresar a la sesión la consejera Bonifaz pidió que se tome en cuenta su votación y de lejos se escuchó la voz de la consejera Mishelle Calvache, quien dijo que »no hay que permitirle sino Fantoni (presidente del Cpccs) estaría perdido». La evidencia quedó registrada en el minuto 17:16 de la sesión extraordinaria n° 14.

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea pidió la comparecencia de los funcionarios implicados. El titular del Cpccs argumentó que hubo un montaje ya que Calvache habría tenido el micrófono apagado, un perito expuesto por la asambleísta Pamela Aguirre desmintió esta afirmación.

Por otro lado, Fantoni negó conocer el parentesco que tendría Martínez con la exministra de Gobierno, María Paula Romo y anunció que permitirá la reconsideración de la votación. (AGM).

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Según argumentó Guarderas, la funcionaria hizo campaña antes del tiempo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), es decir, del 3 de enero al 2 de febrero del 2023. Este sería el segundo juicio electoral interpuesto por el consejero, luego de la demanda al alcalde de Quito, Pabel Muñoz, por proselitismo político.

Ella no sería la única en la lista, pues el vocal señaló que tomó tres de los casos »más descarados» de los comicios electorales del año pasado para interponer una demanda ante el TCE. La acusación también pesa sobre Guillermo Churuchumbi, actual dirigente de Pachakutik y excandidato a la Alcaldía de Cayambe; y Francisco Suárez, excandidato a la Prefectura de Tungurahua.

La evidencia presentada serán vídeos difundidos en redes sociales y una pericia comunicacional que expondría que »Abad no estaba opinando sobre el futuro de Cuenca sino pidiendo votos».

¿Y Noboa?

El CNE determinó que el período para la campaña para las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023 sea del 13 de julio al 17 de agosto. No obstante, las redes sociales revelan que el presidente Daniel Noboa, la vicepresidenta Verónica Abad y otros legisladores de la bancada oficialista, realizaron campaña antes del plazo determinado.

Asimismo, del 7 al 18 de abril del 2024 era el período de campaña por la Consulta Popular y el Referéndum, sin embargo, el Ejecutivo no respetó el cronograma. El mandatario no desperdició su intervención en diferentes eventos gubernamentales para hacer campaña por el SÍ. En la mayoría de sus discursos el mandatario resaltó el rol de sus opositores y su intento de afectar la Consulta Popular, en ese momento invitaba a la ciudadanía a votar once veces SÍ.

Pese a las claras evidencias, Guarderas señaló en entrevista para Ecuavisa que no demandará al jefe de Estado porque él »no es el CNE y no le compete enjuiciar a todos», en ese sentido admitió que el excandidato presidencial Fernando Villavicencio (+) también hizo precampaña. Más adelante en una rueda de prensa señaló que no descarta una denuncia al presidente Noboa y aclaró que no lo ha hecho porque »las pruebas no son tan fáciles de detectar». (AGM).

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La legisladora señaló que desde su despacho solicitó el flujo migratorio de Bonifaz y detectó presuntas irregularidades. Además, señaló que la funcionaria ha presidido dos sesiones del Cpccs fuera del país sin delegación.

»El artículo 4 de la Ley de Participación Ciudadana dice que la sede matriz es Quito y que con delegación se podrá sesionar dentro de las provincias o fuera del país con la coordinación de los Consulados y las Cancillerías», citó la parlamentaria.

Las evidencias serán entregadas en Contraloría para que tomen las medidas necesarias. Por su parte, resaltó que desde su rol fiscalizador se analizará un eventual juicio político si es necesario.

Los buenos paseos

La Comisión Nacional Anticorrupción (CNA) hizo un llamado a las instituciones de control para que tomen acciones ante las denuncias que exponen que la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y a la titular del Cpccs, Nicole Bonifaz, habrían utilizado recursos públicos »para hacer turismo» con el pretexto de cumplir labores técnicas.

»Este es el caso de la máxima autoridad del CNE que pretenderá blindarse gracias al «periodo electoral» y de quien preside el CPCCS, una institución del Estado que simula representar a la sociedad», dicta el comunicado. (AGM).

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La objeción fue presentada por Juan Esteban Guarderas, actual vocal del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) en el marco de una denuncia por supuesta infracción electoral por parte del burgomaestre.

La complicada trama legal inició con la recusación del primer juez designado, Ángel Torres, quien fue excluido debido a un supuesto vínculo cercano con otra denunciante, Mónica Gabriela Jaramillo. Tras el sorteo de un nuevo juez, la causa recayó en Richard González, quien también fue recusado en esta ocasión por la otra parte demandante.

La juez Ivonne Coloma evaluó la segunda recusación y el pleno del TCE determinó su improcedencia. La decisión se basó en el hecho de que el juez Joaquín Viteri, a quien González estaba subrogando, recuperó sus funciones.

«A la fecha, la recusación presentada por el señor Juan Esteban Guarderas Cisneros deviene en improcedente por cuanto el abogado Richard González Dávila, juez suplente, perdió competencia al haber dejado de subrogar al doctor Joaquín Viteri Llanga, juez de instancia asignado por sorteo en la presente causa», reza el comunicado.

Este cambio implica que el juez Viteri asumirá ahora la responsabilidad de conocer la demanda contra el alcalde Muñoz.

Contexto

La acusación contra Muñoz se centra en el supuesto uso indebido de su cargo para promocionar la candidatura presidencial de Luisa González durante las elecciones pasadas-

La infracción electoral que se imputa a Muñoz conlleva sanciones que van desde multas equivalentes a 11 a 20 salarios básicos unificados, hasta la destitución y/o suspensión de derechos de participación por períodos que oscilan entre seis meses y dos años.

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«Qué valentía para llevar adelante algo infundado que podría ocasionar la destitución. De ser el caso, correrá la misma suerte del exconsejero al que está reemplazando», dijo en Radio La Calle.

Recordó que el expresidente del Cpccs, Alembert Vera fue destituido del cargo por «desacatar una resolución de la Corte Constitucional (CC)» y mencionó que el actual consejero estaría incurriendo en el mismo caso.

Terán alegó que su proceso transcurrió de manera «legal y transparente». Según él, se cumplió con la terna emitida por la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), la comisión ciudadana para verificar el proceso, la presencia de una veeduría ciudadana, la exposición de los planes de trabajo y la resolución de la CC de elegir al presidente del CJ de la cuarta terna.

«El moroso del gobierno»

Además, el presidente del CJ señaló que el Gobierno no ha cumplido con la orden de cancelar USD 250 millones que estaba presupuestado para la entidad. El régimen tenía 15 días para pagar desde que un juez aprobó la acción jurisdiccional que interpuso Terán. Sin embargo, hasta la fecha el Ejecutivo no ha cancelado el monto. «Todo es una mora infame», repitió.

El ministro de Economía, Pablo Arosemena, rechazó esta acusación desde el primer momento y señaló que «no existen los recursos para solventar esta demanda y aseguró que esto es un problema de gestión en la Judicatura».

“Habría que trabajar más duro para mantenerlos a ellos (…) Bien saben que pretender más recursos significa quitarles a otros o subirle los impuestos a los ecuatorianos”, dijo.

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La mañana del 13 de octubre, el consejero Guarderas llegó a las inmediaciones del CJ para recibir el »pedido ciudadano». El funcionario estaba acompañado por escolta policial y equipado con chaleco antibalas y un casco.

Guarderas citó el artículo 55 del Ley Orgánica del Cpccs, en donde se detalla que los concursos públicos de méritos y oposición deben efectuarse a través de una comisión ciudadana, a excepción de que la terna de participantes haya sido enviada por el Ejecutivo.

El vocal argumentó que el nombre de Terán fue enviado por la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y que no existió ninguna comisión ciudadana. Por otro lado, la sentencia de la CorteConstitucional (CC) dictaba que este concurso debía llevarse a cabo »sin la menor dilación».

»Esto no quería decir que podían saltarse los mecanismos y las exigencias legales. Desde mi punto de vista hay una nulidad insubsanable en la designación de Wilman Terán», dijo a los medios de comunicación.

Agregó que durante esta semana gestionará la denuncia ciudadana en el Cpccs para tomar cartas en el asunto. Posteriormente se retiró del lugar acompañado de su escolta policial. (AGM).

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