El veto al proyecto de facilidades de pago de créditos educativos, aprobado con 112 votos en abril en abril del 2025, exige incluir «beneficiarios en su totalidad» (deudores, garantes y codeudores) y una tabla de plazos. La norma vetada permitía refinanciar deudas hasta en 240 meses con cuotas accesibles, sin embargo, el Ejecutivo alega «inconveniencias técnicas».

Trabajo doméstico: Derechos postergados

La objeción a la «Ley para Dignificar el Trabajo del Hogar» enmarca las siguientes observaciones:

• – Acceso infantil: Noboa tilda de «discriminatorio» el acceso preferente a guarderías para hijas/os de trabajadoras, ignorando que el 78% de este sector vive en pobreza, según el último registro del INEC.
• – Denuncias anónimas: Califica de «inconstitucional» recibir denuncias sin verificación previa, pese a que el 92% de abusos laborales en el sector no se reportan por miedo a represalias, de acuerdo a la Unión Nacional de Trabajadoras del Hogar y Afines (UNTHA).
• – Ausencia presupuestaria: Rechaza la creación de nuevas estructuras en el Ministerio del Trabajo por una supuesta violación a la separación de poderes y déficit presupuestario.

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Las propuestas del mandatario vuelven a la mesa de la CC en carácter de materia económica urgente. Esta vez los empresarios son una prioridad, pues la Ley de Reestructuración Empresarial busca fortalecer al sector privado.

Según el Gobierno, esta propuesta determina los mecanismos normativos para que las empresas que afrontan dificultades financieras puedan alcanzar acuerdos con sus acreedores y reestructurar su organización para así mantener su operación y funcionamiento.

La justificación para que este proyecto sea importante en materia económica la justifican en torno a tres ejes; la inminente llegada del Fenómeno del Niño, junto con sus efectos adversos en la economía nacional; la derogatoria del régimen concursal excepcional, implementado por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19; y el creciente número de compañías que afrontan procesos de disolución.

Empresas al filo de la liquidación

En base a datos del Directorio de compañías elaborado por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, en la actualidad existen 189.620 compañías dentro de su
catastro societario.

De aquel número, 40.313 compañías, es decir, el 21.25 % están afrontando un
proceso de disolución, que dará paso a su ulterior liquidación. El fin es dar facilidades a estas empresas (sin distinción) para que no quiebren.

El otro decreto…

El otro decreto enviado a la CC es en beneficio a los ciudadanos que estén en mora con algún crédito realizado por educación. Aunque la medida favorezca a los más pobres, las preguntas son: ¿por qué lo hace? y ¿puede hacerlo?

El economista Marco Flores comentó para Radio La Calle que “Lasso intenta lavarse la cara” para quedar bien a unos días de salir de Carondelet. Asimismo, que no se trata de solo decir se eliminan estas tributaciones, pues es más complejo de lo que suena.

De la misma manera, dijo que espera que con esto el mandatario se de cuenta que es necesario ayudar a los más pobres y no eliminar la inversión pública. “La inversión es la que permite ofrecer seguridad, buenos servicios públicos y posibilidades de progreso”. (A.G.M).

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Como solución a esta medida, la Ley de Crecimiento Económico disponía la remisión del 100% de intereses de mora, multas y gastos administrativos de las becas o créditos educativos pendientes de pago hasta el 31 de agosto de 2019.

Sin embargo, con el archivo del proyecto de ley, este beneficio fue eliminado. Aunque algunos asambleístas consideraron que este era uno de los varios aspectos de la ley que sí debían ser considerados.

Por ello, el asambleísta por la bancada de la Revolución Ciudadana, Esteban Melo, pidió al presidente del Legislativo, César Litardo, que disponga el cambio del orden del día de una de las sesiones del pleno. En ella, dijo, los parlamentarios exhortarían al presidente Lenín Moreno para que tome acciones necesarias para la condonación de estas deudas.

La vía que plantea Melo es la expedición de decretos o proyectos de ley por parte del Ejecutivo que perdone las deudas por multas, intereses y gastos administrativos.

Melo pidió también que se perdone la totalidad de la deuda, incluyendo el capital, a aquellos ciudadanos que sufren de enfermedades catastróficas o que fallezcan o hayan fallecido antes de pagar la deuda.

Además, solicitó que el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo contenga únicamente la condonación de estas deudas para que se lo agilice.

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