Fueron 915 muertes violentas en apenas 31 días. Superamos incluso a octubre de 2023, que ya había sido catastrófico con 831 asesinatos. Si nada cambia, este 2025 terminará con más de 9.500 crímenes, lo que dejaría una tasa de 52,6 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Una cifra de guerra civil. Una cifra de país colapsado.

El Día de la Madre más sangriento

Domingo, 11 de mayo. En un país que celebra a las madres, 49 personas fueron asesinadas. Fue el peor día del mes. ¿El motivo? En un 85% de los casos, microtráfico y amenazas entre bandas criminales. Porque el crimen organizado ya no actúa desde las sombras: ahora reina a plena luz del día.

¿Dónde se mata más?

El 90% de las muertes violentas de este año ocurrieron en solo 70 cantones. Es decir, la violencia no está dispersa: está localizada, identificada, mapeada. Pero el Estado no actúa con la misma precisión.

Entre enero y mayo de 2025, esos 70 cantones pasaron de 1.976 asesinatos en 2024 a 3.578 este año. Un crecimiento del 81%. Y mientras tanto, en solo 44 cantones se ha logrado reducir la violencia.

¿Y el Gobierno?

Las autoridades se llenan la boca de declaraciones, decretos y comunicados. Pero en los barrios, en las calles, en las cárceles y hasta en los hospitales, sigue ganando el crimen. Cada día se abre una nueva fosa. Cada día una nueva familia entierra a alguien.

No hay plan. No hay justicia. Y no hay respuestas.

El presidente Noboa está de gira. Los ministros de seguridad cambian de discurso cada mes. Mientras tanto, los sicarios ya no se esconden: operan con horarios, listas, logística. Como una empresa más.

¿Qué podemos hacer?

La violencia no se resuelve solo con más policías o más armas. Se necesita educación, oportunidades y justicia real. Se necesita un Estado que proteja, no que mire hacia otro lado.

Este mes de mayo no puede ser otro número. Debe ser una señal roja. Una alarma encendida. Un llamado urgente a reconstruir un país que se nos está muriendo a tiros.

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Gjika, de 47 años, había ingresado a Ecuador en 2009 con una visa de visitante temporal.

Desde entonces, construyó una red criminal transnacional vinculada a tráfico de drogas, lavado de activos y delincuencia organizada. Su nombre figuraba en la lista roja de Interpol y era uno de los hombres más buscados del país.

Red criminal con fachada legal

Según el Ministerio del Interior, la organización que lideraba contaba con un nivel directivo, logístico y de colaboradores que operaban en Ecuador y otros países. Empresas legales habrían sido utilizadas para blanquear fondos ilícitos y ocultar actividades comerciales y financieras asociadas al crimen.

Gjika enfrenta un proceso por delincuencia organizada en el marco del caso Pampa, una de las investigaciones más amplias contra redes narcoempresariales en el país. La captura tiene fines de extradición.

La detención de Gjika no solo representa un avance judicial. También expone la magnitud de las redes mafiosas que operan en Ecuador bajo estructuras sofisticadas y con conexiones internacionales. La pregunta ahora es: ¿cuántos más como él siguen operando bajo el radar?

La captura de Gjika llega en un momento clave, cuando Ecuador enfrenta una ola de violencia atribuida precisamente al poder creciente del crimen organizado y sus vínculos con estructuras internacionales. Aunque su extradición podría significar un avance judicial, los analistas advierten que desmontar estas redes exige mucho más que capturas aisladas: se necesita una estrategia sostenida que ataque los flujos financieros, la complicidad institucional y la impunidad con la que han operado por varios años.

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El documento detalla que los principales focos que tiene el país son el origen, tránsito de droga, y el destino de víctimas de trata de personas, que por lo general, suelen ser personas vulnerables. Además del peligro que corren los niños que viven en la frontera con grupos armados colombianos que los reclutarían a la fuerza.

«Pese a que el Gobierno y las fuerzas del orden han acaparado este tema, se ha hecho poco para abordar el problema. Además, los homicidios relacionados al tema de drogas aumentaron en la última década», especifica.

Descontrol en todo lado

Ecuador se convirtió en un país de origen y destino de drogas, sobre todo de cocaína y heroína. De acuerdo con el informe, miembros de la Policía habría sido sorprendidos anticipando a criminales de sus operativos, brindando seguridad y supuestamente planteando asesinatos con jefes criminales locales.

Al punto en el que el país se convirtió en la superautopista de la cocaína a través de sus puertos del Pacífico. Además, del escenario donde los casos de trabajo sexual, tráfico de armas y los tiroteos son reiterativos.

«Los narcotraficantes se benefician de la ausencia de funcionarios gubernamentales sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Sucumbíos», explica la entidad.

Otras bandas se quieren extender

La Iniciativa del Crimen Organizado aclaró que si bien las bandas criminales no controlan todo el territorio ecuatoriano, algunos tienen el poder al interior de los centros penitenciarios. Resaltó que las prisiones se han convertido en el ecosistema criminal perfecto para la proliferación del crimen organizado.

Explicó que el país ya tiene presencia de algunos grupos criminales de Colombia, México, Albania y China. Sin embargo, no descartó la hipótesis de que grupos brasileños pretenderían extenderse a rutas ecuatorianas.

«Esto podría ocasionar un enfrentamiento violento entre los cárteles mexicanos que operan en el país», comenta el informe.

Liderazgo y gobernanza

Según el mismo documento, la falta de liderazgo de los últimos gobiernos provocó un retroceso democrático. Además, causó que el capital político se agote, por lo que los representantes poco a poco se quedaron sin aliados y el rechazo de la población aumentó.

Otro punto por el que las bandas se han dispersado en el país, es la desinstitucionalización del Estado. El reiterativo intento de reducir los sectores, llevó al gobierno a eliminar instituciones importantes y que -de cierta manera- las entidades pierdan su autonomía.

Finalmente, señaló que las aras de corrupción son rampantes en Ecuador, pues actores sociales, políticos o judiciales estarían involucrados en el tráfico ilegal de drogas. «Ecuador es el único país de la región que no cuenta con un Ministerio de Justicia, y la entidad de planificación pública», detalla. (N.J.C)

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En los últimos días, varios atentados sacudieron al país y generaron indignación en los ecuatorianos. Sobre todo el asesinato de cuatro menores de edad la noches del 11 de diciembre en el Guasmo Sur.

Según los primeros reportes, las víctimas habrían recibido al menos 14 disparos, producto del ataque la madre resultó herida y el estado de salud del padre se desconoce.

Los primeros reclamos de la ciudadanía se activaron ante el silencio del Gobierno Nacional y la poca claridad con la que se han manejado en el tema de seguridad. «¿Para cuándo el Plan Fénix? Nos siguen matando y el gobierno se mantiene callado ¿Acaso el Plan Fénix fue otra distracción para llegar a Carondelet?», son algunas de las expresiones de los ciudadanos en la red social X.

Horas más tarde -el 12 de diciembre- el presidente emitió un comunicado escueto en el que «garantizaba que indagarán y tratarán de dar con el paradero de los responsables». No obstante, no enmarcó ninguna acción en concreto o a largo plazo que pretendan empelar.

¿Pero, qué es ese famoso Plan Fénix?

Uno de los puntos del plan era militarizar las fronteras con tecnologías, radares y drones. Además, militarizaría los puertos, controlaría los diferentes puntos y con ello aseguraría la paz a los productores, transportistas, comerciantes y ecuatorianos en general de la inseguridad.

Sobre la inseguridad en los sectores marginados mencionó que contarían con vigilancia ciudadana que trabajaría en conjunto con el gobierno de Israel. De acuerdo con fuentes allegadas a Primicias, el régimen inició con conversaciones con esas autoridades, pero aún no se ha concretado.

En cuanto a los miembros de la Policía Nacional, señaló que dotaría de uniformes de alta resistencia balística, rifles de última generación, equipos de visión termo y nocturna, reconocimiento facial y patrullas blindadas. Sin embargo, la historia es la misma que en todos los aspectos, se desconoce la hoja de ruta que pretende seguir.

El único paso…

La única acción del Plan que ha tomado Noboa fue remover a algunos elementos de la cúpula policial y militar. Su primer eslabón fue designar Mónica Palencia como ministra de Gobierno y del Interior y al ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo.

Días después de su designación, Palencia aseguró que el proyecto se enfocará entres ejes: inteligencia estratégica, táctica y operativa.

Para el cambio de la cúpula, Noboa aseguró que elegiría a «los mejores perfiles y hombres para combatir al narcotráfico». A partir de esta decisión, el jefe de Estado cesó de sus funciones a cinco oficiales del Ejército, dos de la Armada y dos de la Fuerza Aérea con mayor antigüedad.

De la misma manera, pidió la renuncia de 16 oficiales de la Policía y con eso podrá rearmar la cúpula policial de acuerdo a sus objetivos. Realizó otros seis cambios y aceptó la renuncia de cuatro generales.

La realidad del país

Según las autoridades, Ecuador cerrará el 2023 con un récord de más de siete mil muertes violentas por cada 100 mil habitantes. Una cifra que lo ubica entre los primeros puestos de los países más peligrosos de América Latina y el quinto a nivel mundial.

Además de esa cifra, Ecuador se ubica en el puesto 11 de los sectores que han registrado un incremento progresivo del crimen organizado a nivel mundial. Actualmente, se ubica sobre Siria, Rusia e Irán.

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El comandante general de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dijo para diario Expreso que «les acaban de reportar» del crimen y aseguró que han «activado los protocolos» pertinentes.

La víctima es madre del también exalcalde Dalton Narváez.

Noticia en Desarrollo…

Foto: El Ferrodiario

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Asimismo, señaló que aquellos que se oponen a su movimiento político, conocido como correísmo, jugaron un papel en la muerte del candidato Fernando Villavicencio el pasado 9 de agosto. Esta declaración surge en el contexto de la segunda vuelta electoral que se celebrará el próximo 15 de octubre, donde Luisa González, candidata del movimiento de Correa, compite por la Presidencia.

«Íbamos a ganar. Teníamos de 42 a 44%. Asesinaron a un candidato, acérrimo rival nuestro. Nos culparon, nos bajaron nueve puntos y ganamos la primera vuelta, pero con 33%», explicó.

El exmandatario sostiene que la muerte de Villavicencio fue una estrategia para evitar que su movimiento ganara en la primera vuelta electoral del 20 de agosto. «Villavicencio les era más útil muerto que vivo», dijo Correa, quien atendió a los medios en el Museo Internacional del Barroco durante el último foro del Grupo de Puebla.

A pesar de la ventaja que las encuestas otorgan al oponente de González, Daniel Noboa, Correa se muestra confiado en las posibilidades de su candidata en la segunda vuelta. Sin embargo, advierte que quienes se oponen a su movimiento emplearán todos los medios a su alcance para obstaculizar su victoria.

En relación con el asesinato de Villavicencio, Correa mencionó que, aunque ya se detuvo a los supuestos autores materiales del hecho, persisten interrogantes sobre los motivos detrás del crimen, ocurrido poco antes de las elecciones. Este incidente, afirma, ha alterado el clima político del país, asemejándolo a situaciones vividas en otros países de la región en décadas anteriores.

Correa, quien ha residido fuera de Ecuador tras su mandato, aludió a la categorización política conocida como «correísmo», reconociendo que, a pesar de los desafíos y las críticas, su movimiento sigue siendo una fuerza política relevante en el país. A su vez, manifestó su disposición a colaborar en un posible gobierno de Luisa González, quien ha mencionado que Correa sería su principal asesor.

Por último, ante la pregunta sobre sus planes si su movimiento no resultara victorioso en las próximas elecciones, Correa expresó que su objetivo sería prepararse para las elecciones de 2025.

Foto: EFE

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El informe señala que Ecuador se encuentra en el último puesto con un índice global de crimen organizado de 6.25. A la cabeza está Colombia (7.67), seguido de México (7.57) y Honduras (6.98).

Las redes criminales son el tipo de actor criminal que más aumentó en el continente. Sobresale la expansión de grupos delincuenciales provenientes de Colombia, México y Perú, pero también tienen participación los grupos de los balcanes en el Ecuador.

En cuanto a resiliencia, la capacidad para superar una situación adversa, ha reducido en la transparencia gubernamental y otras instituciones del Estado. También han perdido puntuación actores en defensa de los derechos humanos y ambientales y el periodismo que denuncia y cubre al crimen organizado.

En Ecuador, todos los tipos de actores criminales aumentaron: grupos de tipos mafiosos, redes criminales, actores integrados en el Estado, actores extranjeros y del sector privado con un promedio de 7,40.

Estudio de caracterización del crimen organizado

Renato Rivera, coordinador del OECO, explicó que el narcotráfico es la máxima expresión del crimen organizado con un 23 % de participación en los mercados ilícitos. Depués le sigue la corrupción, el lavado de activos, el tráfico ilícito de armas y el tráfico de hidrocarburos.

Añadió que otro problema es que el narcotráfico no es investigado ni combatido de forma correcta desde el Estado. Además, cada provincia cumple un rol diferenciado en la cadena de valor.

El estudio (abril 2022-febrero2023) apunta que tras la pandemia de la Covid-19 se profundizaron las disputas entre bandas criminales en el país por el control de los sectores estratégicos como rutas y sitios de almacenamiento.

La investigación señala que, tras la pandemia se agudizaron las disputas entre bandas criminales por controlar las rutas y lugares de almacenamiento de drogas y las zonas para extorsionar a la gente, traficar combustible y armas, especialmente en ciudades fronterizas.

El lavado de activos se concentra en actividades económicas vinculadas a la construcción, inmuebles, vehículos, farmacias, cooperativas de ahorro y crédito, y centros de apuestas online.

Foto: RTS

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«A las 4:30 nos comunicaron de la presencia de este artefacto. La unidad de explosivos de la Policía Nacional realizó. Antes manejábamos delincuencia común, ahora es el crimen organizado. No podemos romper la trilogía: comunidad, autoridad y policía. Deben vernos unidos», dijo el ministro en entrevista con Radio Municipal.

Una amenaza grave

Zapata explicó que la relación bandas delincuenciales / carteles transnacionales torna mucho más grave la situación. «Antes el destino de la droga era EE.UU., ahora son los mercados europeos porque cuesta más, está a USD 50.000 el kilo. Incautamos 506 toneladas de cocaína con un valor de USD 36.000 millones de afectación. Ecuador se convirtió en un país tránsito acopio y consumo», expresó.

Para el ministro, la seguridad integral es «un tema de Estado y el Estado somos todos. La norma no nos ayuda para nada, la Asamblea debe hacer reformas a la ley para que enfrentemos la compleja situación. No tuvimos fase de contención durante los períodos anteriores».

Como ejemplo, refirió a la Ley del uso progresivo de la fuerza. «En 54 enfrentamientos con el uso de la fuerza se neutralizaron a los 54 sospechosos porque tenemos una norma que nos protege y permite trabajar».

Sobre esta trilogía de lucha por la seguridad, explicó que ya se está trabajando con los gobiernos locales. El Municipio de Quito está entregando equipos y dando mantenimiento a las UPC, al igual que la empresa privada. Se reunirá con el Municipio de Cuenca para firmar un convenio de seguridad y la Prefectura del Azuay entregará motocicletas y equipos de reconocimiento facial.

Presupuestos

Sobre el tratamiento de los presupuestos, Zapata enfatizó que la ejecución se refleja una vez se realice la entrega de las herramientas, lo que sucederá entre octubre y diciembre de este año antes de dejar el cargo.

«No soy un improvisado de la función pública y sé cómo funciona la contratación. Llevo 11 meses de ministro y los presupuestos de ejecución son anuales. (…) En el caso del Ministerio y la Policía, las herramientas se adquieren en el extranjero porque no hay fabricación nacional. Ya están firmados los chalecos del eje preventivo. A finales de este mes nos entregarán esa herramienta. Los chalecos constituyen el 43% de la ejecución del presupuesto y a eso se suman herramientas como armas, balas, entre otros. A principios de diciembre superaremos el 94% de la ejecución presupuestaria».

El funcionario expresó que dejará la función pública cuando este gobierno termine su período en diciembre. «Cuando uno da alma, corazón y vida a su trabajo, a su país, yo me voy tranquilo. Siempre estaremos al servicio del que venga, pero ya no en la función pública. Mi familia ha dicho ya que no más trabajo en el sector público, pero si puedo transmitir mi experiencia a quienes lo necesitan. Será mi último cargo público en mucho tiempo». (MIB)

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El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) reveló que -entre enero y junio de 2023- los homicidios intencionales se han incrementado un 69,13 % en comparación con el mismo periodo del 2022. La proyección reporta que -de continuar así- Ecuador cerraría el año con más de 7 mil homicidios (+35 por cada 100 mil habitantes).

Durante el primer semestre de 2023 se registraron 3.599 muertes violentas (19,72 casos diarios). Más del 60 % de los casos responden a la Costa ecuatoriana. Allí se encuentran cinco de las nueve cantones donde más penetró la violencia en Latinoamérica.

El Piedrero (recinto entre Guayas y Cañar) es el más sangriento en toda la región. Su tasa es de 128 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando al más violento de México. Luego está Pedernales (Manabí) con 110, seguido de Puebloviejo (Los Ríos) con 89; Huaquillas (El Oro) con 84 y la ciudad de Esmeraldas con 81 por cada 100 mil.

Los jóvenes son carne de cañón

Una de las prácticas de los grupos de crimen organizado (GDO), en su necesidad de expandirse, es el reclutamiento de menores de edad a las economías criminales.

Los homicidios a jóvenes entre 15 a 19 años han aumentado un 500 % desde 2019, de 41 muertes se dispararon a 246. Ellos representan el 6,84 % del total de homicidios en el país. Una tendencia preocupante que va al alza cada año.

El 94,31 % de adolescentes fueron ultimados con armas de fuego. Un indicio que vincula el avance de las organizaciones delictivas, principalmente, en Guayas, Los Ríos, El Oro, Esmeraldas y Manabí.

Sin embargo, si se habla de crímenes mortales intencionales, la población más afectada son las personas entre 25 y 29 años. Son el 20 % de total de homicidios en el primer semestre del año en curso. Después están los adultos de 30 y 34 años (17,09 %), los de 35 y 39 años (11,23 %) y, finalmente, los de 40 y 44 años (9,34 %).

Un infierno llamado Zona 8

La violencia en la zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón) merece un análisis particular, pues en promedio una de cada tres personas a nivel nacional es asesinada allí.

El OECO considera que atender solamente Guayaquil – en cuanto a política criminal- ya tendría de por sí un impacto significativo en los índices de criminalidad de todo el Ecuador. Si la ciudad es separada del análisis podría existir una reducción de al menos 5 puntos en la tasa a nivel nacional.

La zona 8 presenta la mayor tasa de homicidios con 40,84 por cada 100 mil habitantes, lo que preocupa debido a que triplica el promedio latinoamericano de 13. No obstante, todas las demás zonas del país sufren este exceso. La más baja es la zona 1 con 19,32.

La zona 8 y sus diferencias

Los contextos de violencia son distintos para cada provincia, zona o cantón. No es lo mismo la criminalidad en ciudades como Guayaquil o Esmeraldas a la que ocurre en Quito u otro cantón de la Sierra o el Oriente.

Un policía -que prefirió el anonimato- explicó a Radio La Calle que el patrullaje en los diferentes puntos del país se manejan con un cuadro de mando integral.

El cuadro hace referencia a todos los delitos que pueden generarse en un distrito, zona o subzona. El esquema en Quito apunta con mayor frecuencia a asaltos y robos, mientras que en Guayaquil el esquema arroja asaltos, robos y asesinatos.

«En Guayaquil, por ejemplo, fallecieron 10 personas, pero en Quito se registran asaltos a 15 locales comerciales. ¿Ve la diferencia?», expuso.

Alertas de violencia en crecimiento

Las provincias fronterizas de El Oro, Loja y Zamora Chinchipe -las dos últimas que no eran consideradas puntos críticos- han sido azotadas por los homicidios en el primer semestre de 2023.

La razón estaría en las disputas de grupos criminales por el control y el acceso del Puerto Bolívar en El Oro. Asimismo, por la zona 7 (conocida así) circula un fuerte flujo de armas ilegales y nuevos focos de conflicto alrededor de actividades de minería ilegal.

Los delitos ambientales podrían explicar la expansión de la criminalidad en zonas pacíficas como Pastaza, Chimborazo y Morona Santiago, a pesar de no tener una ubicación estratégica para el narcotráfico.

Por su parte, la provincia del Guayas sigue en constante crecimiento criminal. Solo entre enero y junio se reportaron 1.673 asesinados, siendo un aumento del 85,68 % en relación al año anterior. La provincia costeña concentra el 46 % de todos los homicidios a nivel nacional, es decir, casi la mitad.

El Oro también merece su análisis particular, ya que registró la tasa de homicidios más alta en el primer semestre de 2023 con 41,36 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Disputas por la ruta Machala-Guayaquil

Aunque Guayaquil, Esmeraldas y Quito -en ese orden- son las ciudades con más homicidios, se debe a que son altamente pobladas. El sesgo poblacional no permite dimensionar la problemática en otros cantones más pequeños. Por ello, el análisis requiere una diferenciación, es decir, ajustar el número de homicidios a población de cada cantón, pues algunos no llegan a los 100 mil habitantes.

De esta forma se logra entender el impacto criminal en El Piedrero que registra una tasa de 128,25 homicidios por cada 100 mil habitantes. La presencia de grupos al margen de la ley en este cantón ha posibilitado que sus vecinos -como La Troncal y El Triunfo– también se vean afectados.

«La importancia estratégica de este sector para el crimen organizado reside en que es un punto de conexión entre la ruta de entrada de droga de la sierra con Guayaquil o Machala, puertos claves para el narcotráfico internacional», sostiene el boletín.

La ruta Machala-Guayaquil es una jugosa conexión para el crimen, por lo que los cantones aledaños como Balao, El Naranjal, Pasaje y Camilo Ponce Enríquez han incrementado sus tasas de homicidios y en ellos se refleja con fuerza la batalla que ha perdido el Estado en controlarlos.

La misma suerte sufren cantones como Puebloviejo, Urdaneta y Babahoyo que están en medio del área para el transporte y protección de los envíos de droga hacia Manabí y Guayas.

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Según el ministro del Interior, Juan Zapata, el grupo de delincuencia organizada (GDO) desarticulado se dedicaba a los delitos de extorsión, sicariato y secuestro en la ciudad porteña.

Según fotografías que publica el comandante general de la Policía, Fausto Salinas, se realizaron los allanamientos en dos inmuebles ubicados en esta zona semiurbana. Un edificio de dos pisos y otro de tres pisos. En el primero se habrían aprehendido a ocho sospechosos y en el segundo a los miembros restantes.

También se localizó un vehículo negro reportado como robado con placa GTG-7683 y una motocicleta con placa JQ 424k.

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Ernesto Toledo, presidente de la organización, dijo para diario El Universo que las «vacunas» se están volviendo frecuentes en algunos sectores comerciales y en los alrededores de Guayaquil.

Los extorsionadores arrebatan desde USD 10 semanales a bazares de barrio hasta USD 5 mil en grandes importadoras. Según el representante, los criminales hacen seguimiento del negocio, las ventas, la vida de los dueños y su familia.

Familias han decidido cerrar sus negocios definitivamente, mientras otras realizan las ventas por entrega. La situación de los «vacunadores» llega a tal extremo que los dueños de negocios sienten que ya se trata de un «impuesto nuevo» que debe ser tomado en cuenta al finalizar el mes o la semana.

Testimonios

Toledo relató para el medio que uno de los grandes comerciantes de la Bahía huyó de la localidad y dejó encargado de su negocio a una persona. Los delincuentes «pedían USD 5 mil de entrada y USD 5 mil mensuales» y si no pagaba su familia sería asesinada.

Otra familia que era dueña de una ferretería de años tuvo que cerrar debido a la llegada de los «vacunadores». Al principio los montos eran pequeños, pero fueron aumentando con el tiempo.

La dueña de un bazar atiende de forma interrumpida ya que trata de esquivar a los antisociales. Cada semana sujetos desconocidos le exigen una cuota.

La situación ha causado un desabastecimiento en ciertas localidades donde las distribuidoras han decidido no operar por precaución.

Los últimos atentados a locales comerciales el 14 de abril dejaron con mucho pánico a los ciudadanos. Aquellos locales que fueron víctimas no han abierto desde entonces.

Existen muchísimos testimonios. Las víctimas no saben qué hacer: si deciden abrir sus negocios, los «vacunan»; si no lo hacen pierden su sustento de cada día. Algunos se mudan del sector, otros huyen.

Decisiones

La Federación se encuentra en reuniones para solicitar al Gobierno Nacional que tome acciones frente a la ola de inseguridad en las calles, puertos y barrios del Guayas.

El 12 de abril hubo una marcha de pequeños comerciantes por la calle Ayacuhco, en la Bahía. Los manifestantes exigían al Gobierno -a través del la Gobernación del Guayas- el control de la situación.

La Gobernación del Guayas informó que tomaría medidas frente al pedido de la ciudadanía. Se ofreció gestión para que exista mayor patrullaje y presencia policial, aplicación de botones de pánico y coordinación con la empresa privada para la reactivación y potenciación de una UPC en la zona que actualmente está en desuso.

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El secretario de Estado volvió a repetir el discurso que el régimen de Lasso posesiona cada vez que ocurre algún hecho violento.

Zapata sugirió en Ecuavisa que –ante la nula protección del Estado– los pescadores asesinados «prefirieron» la seguridad de una organización criminal. En represalia, otra organización criminal –que también los extorsionaba– decidió arribar el puerto y abrir fuego indiscriminadamente.

Añadió que la Policía Nacional nunca fue alertada de las extorsiones para tomar acciones. Finalmente, argumentó que «es lo que hemos venido diciendo»: enfrentamientos delincuenciales entre bandas y por territorios.

Sobre la matanza

La mañana del 11 de abril, 30 sujetos armados arribaron a un puerto artesanal de pesca en Esmeraldas y asesinaron a nueve personas y cuatro quedaron heridas, según dijo Zapata a Primicias.

En videos que circulan en redes sociales se observa el desespero de los pescadores por huir de los criminales. Las víctimas se esconden entre la infraestructura del puerto y otros incluso se lanzan al agua para ocultarse.

Acciones

Las autoridades han realizado 60 allanamientos, pero hasta el momento no hay un solo detenido. Las Fuerzas Armadas también están apoyando en los operativos. Además, después de horas de haber ocurrido la tragedia, el presidente Guillermo Lasso se pronunció. Prometió que capturarían a los responsables.

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Los uniformados fueron emboscados por sujetos armados en las instalaciones de la jefatura en las calles Guayaquil y Juan Pío Montufar, reporta el portal digital Noticias RU.

Las autoridades señalaron que los criminales llegaron hasta la entidad y descargaron sus armas. Como resultado del ataque se registraron vehículos policiales destruidos.

Sin embargo, la Policía informó que detuvo a tres personas que supuestamente estarían vinculadas en el crimen contra la dependencia. El operativo se realizó la mañana de este 6 de abril, así lo publicó la institución en redes sociales.

Noticia en desarrollo…

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Quito, 14 mar (La Calle).- Los hospitales de Ecuador están bajo amenaza de las organizaciones criminales. En los últimos tres meses se han activado 92 alertas de atentados en diferentes casas de salud.

El último episodio ocurrió en el hospital Abel Gilbert Pontón, ubicado al sur de la ciudad costera de Guayaquil. Dos sicarios vestidos de doctores entraron hasta el cuarto piso del hospital, y asesinaron a tiros a un hombre con heridas de bala en la habitación 433.

“Dos policías que estaban en un cuarto conjunto reaccionaron al escuchar los disparos y se produjo un intercambio de balas”, detalló Edwin Noguera, comandante de la Policía de Guayaquil.

La balacera se dio en el área de recuperación de cirugías de uno de los hospitales más grandes de la ciudad. La escena que describen las autoridades parece de ficción, los sicarios incluso sometieron a un policía, le arrebataron el arma y dispararon contra uno de los uniformados que estaba en el cuarto piso custodiando a un privado de libertad que se recuperaba de una cirugía. El policía resultó gravemente herido en el estómago y tiene pronóstico reservado. Los sicarios huyeron y las imágenes de seguridad muestran a uno de ellos vestido de médico con dos pistolas, una en cada mano, cuando salía caminando del hospital.

No es un caso aislado

Desde el 2022, Ecuador ha superado cualquier techo de cifras de homicidios por la guerra entre las narcobandas, la violencia ha cruzado los límites de las cárceles y los barrios a los hospitales y ambulancias en por lo menos diez ciudades, que en cualquier conflicto son considerados como zonas de paz.

Por eso el pasado diciembre, el Ministerio de Salud en conjunto con el del Interior y la Policía instauraron un protocolo de reacción ante amenazas y atentados que han denominado Código Plata.

El Código Plata es la ruta de acciones que han fijado distintas instituciones del Estado para asegurar los servicios de salud en un contexto de violencia en todos los hospitales del país, sean públicos y privados.

La principal amenaza que han detectado las autoridades son de aquellos pacientes que están relacionados con un grupo delictivo y “que podría generar una amenaza interna para el establecimiento de salud o que se pueda convertir en blanco de un ataque”, explica Diego Vallejo, director de Riesgos del Ministerio de Salud. Todas estas variables ya han sucedido en los últimos tres meses.

En noviembre de 2022, siete hombres tomaron el hospital de la ciudad de Chone, en la provincia de Manabí. Durante tres horas los criminales sembraron el terror, capturaron como rehenes a enfermeras y médicos. Su objetivo era asesinar a un adolescente conocido en el mundo criminal con el alias de «Cara sucia», un temido sicario. No lograron ejecutarlo por la intervención de la Policía.

Unos días después, en el hospital de Monte Sinaí en Guayaquil, mientras se atendía a un paciente que había sufrido un intento de sicariato, afuera del establecimiento alrededor de 40 motociclistas causaron un revuelo en un intento de amedrentamiento. “El Código Plata estaba activado y debido a lo grave de la situación se pidió el apoyo de unidades de élite de la Policía para que tomen el control y dispersen a esas personas, esa actuación evitó que escalara a más”, explica Vallejo.

¿Cuándo se activa el «Código Plata»?

Las variables se evalúan desde el momento que se envía una ambulancia o llega un paciente a un establecimiento de salud para analizar qué tipo de resguardo policial se requiere.

Aún así, hay 18 centros de salud públicos que deben ser intervenidos para reforzar la seguridad, y aunque este anuncio se hizo hace tres meses, solo en un hospital, el de la provincia de Santo Domingo, se han empezado las obras para reducir las vulnerabilidades. Para ese plan, el Gobierno ecuatoriano incluso ha recibido el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud.

De las 92 alertas emitidas por los hospitales en las que se ha activado el Código Plata, en tres ocasiones la situación no pudo prevenirse y los criminales se tomaron los centros de salud. En uno lograron el objetivo de ejecutar al paciente, el último caso en el hospital de Guayaquil. En este momento en el país, tres hospitales están bajo amenaza y tienen activado el protocolo ante cualquier intento de secuestro del establecimiento o sicariato.

Redacción: El País

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El operativo «Júpiter 11» desarticuló parte de la organización criminal en Loja, Catamayo, Macará y Machala, la madrugada de este jueves 16 de febrero.

Los aprehendidos estarían relacionados a delitos como delincuencia organizada, sicariato, extorsión, expendio de drogas y robo de vehículos. Las autoridades decomisaron un fusil, una pistola semi automática, 435 cartuchos, 14 celulares, drogas y dinero en efectivo, precisó el ministro del Interior, Juan Zapata.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, felicitó el trabajo de los uniformados a través de redes sociales.

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Según el secretario de Estado, 22 son hombres y seis mujeres. Un total de 21 son postulantes a alcaldías, tres a prefecturas y cuatro a concejalías.

Los implicados pertenecen a las provincias del Guayas, Pichincha, Manabí, Orellana, Esmeraldas, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos, El Oro, Bolívar, Azuay y Sucumbíos.

«La información que entregamos ahora es valiosa porque alimenta ocho investigaciones previas que ya realiza la Fiscalía, la Policía Nacional brindará la colaboración necesaria», dijo Zapata.

El ministro señaló que la investigación contiene nombres, dignidad a la que postulan y el partido al que pertenecen.

Por su parte, el comandante General de la Policía, Fausto Salinas, mencionó recabaron información de otras investigaciones que ya estaban en curso. También expresó que se utilizaron fuentes humanas y abiertas. “Nuestra obligación es poner a orden de la justicia la información recabada”, finalizó.

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Los antisociales tienen como rehenes al personal médicos y pacientes. La Policía Nacional acudió al lugar y mantiene el perímetro.

Los moradores del lugar envían videos sobre la situación. Se desconocen las exigencias de los asaltantes o si hay víctimas mortales o heridos.

Actualización a las 20:35

El ministro del Interior, Juan Zapata, confirmó la toma de rehenes por parte de los delincuentes. Señaló que la Policía está aplicando los protocolos de negociación a través de UNASE, reportó diario Expreso.

Los sujetos habrían ingresado al centro de salud con el fin de atacar a un hombre que habría sido herido en un atentado, según TC Televisión.

Actualización a las 20:45

Según Radio Pichincha, miembros de la Policía Nacional evacuaron al personal médico y a varios ciudadanos. Los uniformados ya controlaron la situación y sometieron a los antisociales.

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Las organizaciones ilícitas rechazaron que la ola de violencia del 1 al 4 de noviembre haya sido perpetrada por sus miembros. Acusaron a otras bandas enemigas de haber realizado los atentados con explosivos y coches bomba, y los asesinatos a policías.

Ruedas de prensa en las cárceles

Las cinco agrupaciones hicieron ruedas de prensa, mientras el Gobierno de Lasso pavonea tener el control de los centros y las autoridades no dicen nada al respecto. De hecho el SNAI respondió que desconoce de la existencia de los videos a continuación.

«En la institución no se ha recibido ninguna comunicación al respecto. Solamente lo que circula en redes sociales», respondió la autoridad rectora penitenciaria.

Algo anda muy mal…

Las bandas del acuerdo acusan al Gobierno del Encuentro de presuntamente pactar con otras agrupaciones. De hecho, de la «unión de paz» quedaron fuera: Los Choneros, Los Águilas, Los Fatales, Los Gángters y los Chone Killers, ¿por qué?

Los Lobos

«Nos unimos por una sola causa que es retomar la paz y tranquilidad en todo el territorio ecuatoriano y los centros de privación de libertad del país, como son: Cuenca, Latacunga, Ambato, Machala, Riobamba, Loja, Tena, Ibarra, El Inca y demás CPL del país. Estamos unidos para neutralizar este tipo de actos violentos contra la ciudadanía y el Estado. Sr. Presidente no estamos en guerra con usted y no somos autores de extorsiones y de atentados de los últimos días», señala uno de los reos.

Los Lagartos

«Hemos llegado a un acuerdo de paz con las organizaciones Mafia 18 Tiburones. Con esto nos sumamos a la pacificación con otras bandas como Los Lobos, Tiguerones y Latin King. Por el bienestar de nuestras familias y ciudadanos. Todos esos comunicados que dicen que nosotros somos responsables que todo lo que pasa en el país es falso», dice un miembro de Los Lagartos de la cárcel de Guayaquil.

Otra banda más pequeña como Los Duendes también sería parte de la unión.

Los Tiguerones

Desde Esmeraldas, un miembro de Los Tiguerones ratifica que las bandas antes mencionadas han pactado por la paz. Añade que la guerra desatada no es contra el Estado y que no son responsables de las «vacunas» o atentados en días pasados. Además, denuncia que todos esos actos violentos fueron realizados por las bandas «Las Águilas» y «Los Gángster» (aliados Choneros).

Finalmente, apuntaron que no reclutan a menores de edad bajo amenaza y que «colaborarán con las autoridades ante cualquier tipo de investigación».

Mafia 18 Tiburones

Mafia 18 Tiburones dice que llegó a un acuerdo de paz con Los Lagartos. Refieren que no son partidarios y colaboradores de los asesinatos, motines, vacunas y explosivos que ocurrieron en el Ecuador. «Repudiamos todos estos actos bochornosos y señalamos que vivimos en armonía con los demás pabellones (…) nos sumamos al proceso de paz», apunta un tiburón.

Los Latin King

«Por la igualdad y la paz, creemos que es necesario regresarle esos a los jóvenes y sus familias. El apoyo educacional, salud, generación de oportunidades laborales. Exhortamos al presidente Lasso a hacerlo», pronuncia un integrante de los Latin King.

Todas las bandas señalaron que necesitan una rehabilitación de calidad, cursos y capacitaciones con terapias psicológicas para las PPL. El SNAI precisó que desconoce de la existencia de los siguientes videos.

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Más de la mitad de las personas siente inseguridad por los altos índices de delincuencia y violencia, sobre todo por los últimos atentados en la Costa y la desconfianza en las fuerzas del orden.

El estudio compara la percepción de 127 mil personas en 122 países. Ecuador tiene el peor porcentaje; incluso países centroamericanos y africanos tienen mejores cifras.

Robos y asaltos

No es para menos. Durante el primer semestre de 2022, Ecuador se ubicó en el tercer lugar de países con mayor tasa de robo y asaltos. Estas cifras las ratifica la Fiscalía. Entre enero y abril, se receptaron 2.205 denuncias por robo. También la Policía refleja estos datos. Los uniformados detuvieron a más de 500 personas por delito de robo solo en Quito.

Repunte en asesinatos

La violencia también ha desencadenado en asesinatos. Desde 2017 se ve un repunte en el número de muertes violentas, según datos del Ministerio del Interior. En el gobierno de Moreno, la tasa de muertes violentas por cada 100 mil habitantes pasó 5.8 a 13.7. Ya en el mandato de Lasso, esta cifra ha crecido sin detenerse. De 13.7 aumentó a octubre de 2022 a 19.7 muertes violentas por cada 100 mil habitantes.

Las provincias del Guayas, Esmeraldas y Manabí concentran el mayor número de muertes por sicariato. Las autoridades sostienen que la penetración del narcotráfico es producto de esta ola de violencia e inseguridad. En cambio, en Quito y otras localidades de la Sierra, el problema es la delincuencia común, según al Policía. Sin embargo, la criminalidad se enfoca más en las periferias, sobre todo sur y norte.

¿Y la Policía?

Lo peor de todo es que la ciudadanía no tiene cobijo, o al menos así lo siente. El 93 % de los ecuatorianos desconfía de la Policía Nacional, institución encargada de velar por la paz y el orden.

Según la firma Perfiles de Opinión, apenas un 7 % de las personas cree en el trabajo de los uniformados. La mayoría los consideran corruptos, vagos, deshonestos, delincuentes y cómplices de los criminales.

«La confianza en la Policía este mes (octubre) es del 7 %. El mes pasado (septiembre) era del 23 %, es decir, una baja de 16 puntos porcentuales en un solo mes. Es la cifra más baja que hemos registrado en la Policía Nacional», señaló Paulina Recalde, directora de la encuestadora, para NotiMundo.

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La CIDH condenó los hechos violentos que se registraron en el país los últimos días y pidió al Estado garantizar la seguridad de los ciudadanos con respeto y según los estándares interamericanos de derechos humanos.

La organización rechazó los acontecimientos y disturbios del 01 de noviembre en Guayaquil, Esmeraldas y Santo Domingo. Además, solicitó al Gobierno continuar con las investigaciones correspondientes y la debida diligencia.

También, la Corte Interamericana de Derechos Humanos reconoció los peligros que representa para la democracia el crimen organizado. Por lo que enfatizó que el Estado debe actuar “dentro de los límites y conforme a los procedimientos que permitan preservar tanto la seguridad pública como los derechos humanos”.

Reiteró que la participación de las Fuerzas Armadas para resguardar la seguridad de los ecuatorianos debe ser extraordinaria. Es decir, deben «justificar excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario según requiera cada caso; subordinada y complementaria a las fuerzas policiales civiles, regulada y fiscalizada”.

Finalmente, mencionó que el deber del Estado es adoptar medidas adecuadas que garanticen los derechos a la vida e integridad de la ciudadanía y los PPL. “La CIDH reafirma su compromiso de continuar apoyando los esfuerzos del Estado ecuatoriano relativa a la situación de las personas privadas de libertad en el país mediante el acuerdo de cooperación técnica recientemente suscrito”, reza el comunicado.

Días de terror...

Durante los primeros días de noviembre, en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo, se registraron disturbios con explosivos, coches bomba, ataques a UPC y contra policías. Además de los enfrentamientos entre reclusos en la Penitenciaria del Litoral, Cotopaxi y El Inca. Como resultado de estos acontecimientos, se reportaron más de 30 atentados, cinco policías asesinados, varios heridos y balaceras con PPL muertos. (N.J.C)

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