Quito, 20 de ago (La Calle).- La Fiscalía General de Bolivia anunció este viernes que presentó una acusación por «genocidio» y otros delitos contra la expresidenta interina Jeanine Áñez, por la muerte de una veintena de manifestantes opositores en 2019, tras la renuncia de Evo Morales.

El fiscal general, Juan Lanchipa, dijo que presentó ante el Tribunal Supremo de Justicia «un requerimiento acusatorio» contra Áñez» que incluye cargos de «genocidio», un delito sancionado con penas de 10 a 20 años de cárcel, según el Código Penal boliviano.

La conservadora Áñez se proclamó presidenta interina el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que su antecesor, el izquierdista Evo Morales, renunciara tras intensas protestas por su polémica reelección a un cuarto mandato. Morales huyó del país luego de que un informe de la OEA hallara pruebas de fraude.

Después de las elecciones, unas 37 personas fallecieron en enfrentamientos entre seguidores y opositores de Morales, así como entre manifestantes y fuerzas de seguridad.

La acusación contra Áñez se origina en la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz, dijo el fiscal.

En un informe presentado esta semana el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), totalizó 22 fallecidos en los dos incidentes, que calificó de «masacres».

Incidencia de Ecuador

La exministra de Gobierno de Lenín Moreno, María Paula Romo, habría autorizado la entrega de material bélico a la expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Añez. Este material se habría usado para reprimir al pueblo boliviano que, protestaba contra el golpe de Estado a Evo Morales.

“En atención a la solicitud dirigida a esta Cartera de Estado, en relación al préstamo de material antidisturbios y su posterior devolución, informo que, en virtud del principio de reciprocidad internacional, el Ministerio a mi cargo, por medio de la Policía Nacional hará llegar su requerimiento de acuerdo a las especificaciones pertinentes”, dice el oficio del Ministerio de Gobierno, firmado por Romo el 16 de noviembre en 2019.

El mismo 16 de noviembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó sobre la difusión del Decreto Supremo 4078, que eximió de responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas, a cargo de los operativos en Bolivia.

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«Espero que el Gobierno ecuatoriano pueda coadyuvar en la investigación de lo que pasó en estos días tan oscuros en Bolivia», manifestó a los medios el ministro de Gobierno (Interior), Eduardo Del Castillo.

El pasado jueves el Gobierno boliviano informó de la apertura de una investigación para indagar sobre la entrega de gases lacrimógenos y «municiones de guerra» desde Ecuador hacia Bolivia durante el mandato de Jeanine Áñez.

El ministro boliviano estableció el flujo de comunicaciones que se produjo entre funcionarios de ambos países como parte de una «cooperación regional para la represión» que, a su juicio, se asemejaba al Plan Cóndor de los años 1970.

Del Castillo afirmó que el 16 de noviembre de 2019 el Gobierno interino gestionó que una aeronave boliviana transportara desde Ecuador para «proyectiles y granadas» antidisturbios en una operación que «nunca» fue de conocimiento público y que se manejó con «perfil bajo».

«Acá tenemos el acta de entrega y recepción del material de la República de Ecuador al Estado Plurinacional (de Bolivia)», estos elementos «han ingresado a nuestro territorio nacional», aseguró el ministro boliviano.

Esa afirmación se basó en Iván Inchauste documentos y contactos que sostuvieron el excomandante del Ejército de Bolivia y el entonces agregado de Defensa de Bolivia en Ecuador, José Luis Frías, y que fue de conocimiento de los exministros de Defensa y Gobierno, Luis Fernando López, y Arturo Murillo, respectivamente.

Reunión de gabinete

Murillo fue detenido en EE.UU. el pasado 21 de mayo acusado de corrupción y lavado de dinero en el marco del caso en el que se investiga el pago de 5,6 millones de dólares por la compra de gases lacrimógenos en 2019, pero que a la empresa brasileña Cóndor se le canceló solo 3,3 millones de dólares para su adquisición, por lo que hay un sobreprecio de 2,3 millones de dólares.

Del Castillo afirmó que el llamado caso «gases antidisturbios» fue una operación que se hacía «paralelamente», mientras Bolivia recibía una dotación similar de Ecuador.

El ministro boliviano señaló que los contactos para el préstamo de granadas de gas y municiones se hicieron a través del entonces director Nacional de Logística de Ecuador, Fernando Correa Gordillo, que dependía del comandante de la Policía ecuatoriana, Patricio Carrillo Rosero.

El nexo principal para la adquisición de ese material se produjo durante una reunión de gabinete el 15 de noviembre de 2019, en la que, según Del Castillo, una gestión de la entonces ministra boliviana de Comunicación, Roxana Lizárraga, permitió que el Gobierno ecuatoriano accediera a la solicitud para contar con material antidisturbios.

«¿Con quién habló la señora Roxana Lizárraga?», cuestionó el ministro de Gobierno.

Del Castillo manifestó que «Bolivia jamás se ha metido en el conflicto de otros países» y que «jamás ha enviado proyectiles o granadas en los conflictos que ha sufrido Ecuador en la gestión 2019».

Sobre el Gobierno interino de Áñez están abiertas varias investigaciones para determinar su gestión en la crisis política y social de 2019, que según el Ejecutivo de Luis Arce lo que ocurrió en ese año fue un «golpe de Estado».

En los sucesos de 2019 fallecieron 37 personas, de las que una veintena corresponden a las llamadas masacres de Sacaba y Senkata.

Fuente: DW

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En esta entrevista con EL PAÍS de España, realizada por videoconferencia por las restricciones de la pandemia, dice que el principal desafío de su partido es recuperar el apoyo de las clases medias populares que emergieron durante su Gobierno.

Pregunta: ¿Cómo resumiría la situación política en Bolivia?

Respuesta: Hay que ubicar las elecciones en un esfuerzo colectivo por reencauzar la vida política en Bolivia a un año del golpe, de destrucción del Estado y de abandono estatal de la población ante la pandemia.

El ámbito electoral no es el lugar donde se va a definir el regreso pleno a la democracia, pero es el primer paso. Por un lado, tienes el proyecto del MAS, con crecimiento, distribución e inclusión. Por el otro, tienes un modelo de rechazo a la igualdad, de escarmiento y de xenofobia. Y lo dicen ellos: “Nosotros somos anti MAS”. Esto es lo que pasa: la confrontación de un proyecto con un anteproyecto de rechazo y resistencia, muy violento y de revancha.

P. ¿No teme que ese rechazo perdure?

R. Siempre existe la posibilidad de que este revanchismo de las clases sociales medias y tradicionales perduren en el tiempo. Ese es el reto que tiene el MAS para fortalecer su agenda de transformación social. El año pasado tuvimos un golpe de Estado de fuerzas policiales y militares. Pero también hubo un sector social que ha salido a las marchas, una clase media que se ha visto desplazada en sus privilegios por la emergencia de una nueva clase media de origen popular.

P. ¿Toda esta nueva clase media popular a la que se refiere apoya al MAS?

R: Un pedazo de esta clase media emergente popular, durante la última década, logró acceder a distintos puestos de gestión del Estado, que fruto del crecimiento económico tenía recursos. Así se articuló con el crecimiento. Otra parte logró el ascenso social vía educación, negocios o comercio. Una parte defendió el proceso, se mantuvo con nosotros, pero hubo un sector que no se sintió reconocido por nuestro discurso, porque nuestro discurso seguía recogiendo la demanda muy de abajo, como hace 15 años. En esos años, una parte de los que estaban abajo subieron al centro, y para ellos no teníamos un discurso integrador.

P. ¿Lo dice como una autocrítica?

R. El proyecto del MAS ha sido para los más pobres, pero necesitamos ampliar las medidas de integración hacia esos sectores de clase media popular, la clase media que esté con riesgo de caer y la clase media profesional que en el año 2014 votó por nosotros y en 2019 no votó por nosotros.

Debemos recoger sus expectativas y plantearles mecanismos para que ellos puedan mejorar sus condiciones de vida. En parte, esta nueva clase media de origen popular es fruto del proceso del MAS. Tenemos la responsabilidad histórica de su ascenso y ahora debemos evitar que descienda. Debemos además saber sus nuevas expectativas, porque sus expectativas como clase media son distinta.

P. ¿Los sorprendió la revuelta?

R. Ya había señales de malestar entre la clase media tradicional, que en vez de buscar políticas de fusión con las nuevas clases medias populares plantearon una política de exclusión y radicalizaron su discurso racista.

Hablaban de indios que vienen a nuestros shopping, a nuestros barrios, a nuestros cines. En 2016, hubo una movilización de médicos, síntoma de que en un sector de la clase media se estaba gestando algo. Cuando todo estalla en 2019 era modulable, pero dejó de serlo cuando tienes que enfrentarte a aviones y tanques. Esa variable no la habíamos calculado con Evo.

P. Tampoco hubo grandes movilizaciones de apoyo a Morales…

R. La renuncia de Evo fue para evitar que salga la gente. Nosotros no podíamos pedir ‘vamos a enfrentarnos a los tanques’ y a ver qué pasa. La presión social la vimos y habíamos apostado a la neutralidad de la policía y los militares. Frente al cambio de fuerzas estaba la decisión de enfrentarlo, con el riesgo de muertes, o la renuncia.

Después del golpe apostaron por destruir al MAS. Eso es, matar a Evo y si no se podía matar a Evo era provocar una diáspora. La situación de nuestra organización no es normal, hay una persecución estructural y sistemática, marcada por dirigentes detenidos, perseguidos, por juicios abiertos como si se repartiesen volantes. Y habrá más hasta el día viernes previo a la elección. Pese a todo ese proceso de amedrentamiento, la gente va a ir a votar.

P. ¿Por qué el candidato Carlos Mesa aclara que no hará una alianza con el MAS?

R. Es un esfuerzo desesperado del candidato por capturar el voto enojado, el voto duro de los sectores más conservadores. Y, por otro lado, es una confesión de la complicidad de Mesa con todo lo que ha sucedido.

 Mesa es uno de los que aplaudieron cuando [la presidenta Jeanine] Añez llegó con su Biblia al Palacio de Gobierno, cuando los policías quemaron wiphalas, cuando se persiguió dirigentes y se decía que eso era la democracia. Si has apoyado un golpe no puedes después de un año acordar con los que derrocaste.

P. ¿Duda, entonces, de que el Gobierno reconozca un eventual triunfo del MAS?

R. El golpe ya ha sufrido una derrota histórica, que es que el MAS lidera las encuestas. En todos los lugares donde se desplaza a un partido de gobierno, ese partido no se levanta. En nuestra historia hay experiencias de partidos que tardaron 10, 15 años en rearmarse. A eso apuntaron, y más allá del resultado electoral, que confiamos nos será favorable, ahora, ya, hay una derrota de ese proyecto histórico de querer pulverizar la idea de lo nacional y popular en Bolivia. Una victoria del MAS reafirmaría esa derrota, pero creo que ya se ha dado.

P. ¿Regresará Bolivia si su partido gana las elecciones?

R. Eso es secundario. Lo que quiero hacer es formación política. Necesitamos revitalizar los vínculos orgánicos de un pensamiento crítico, de una mística integrista de izquierda en las nuevas generaciones. Me veo, ganemos o no, participando en procesos de formación política e ideológica. En 14 años en el Gobierno he aprendido algunas cosas que quiero transmitir a las nuevas generaciones.

P. ¿Y a Evo Morales dónde lo ve?

R. Lo veo haciendo lo que sabe hacer muy bien, que es una articulación de lo popular. Es un hombre del mundo sindical y comunitario y necesitamos reconstruir los tejidos de lo popular, que están golpeados y debilitado.

P. Si llegan al gobierno, ¿qué pasará con las causas judiciales contra los dirigentes del MAS?

R. Están las acusaciones y hay que dar la cara ante ellas, estén bien hechas o estén mal hechas. No vamos a buscar que se anulen los juicios; nos vamos a defender, pero como corresponde.

P. El escenario regional no es el que acompañó al MAS de sus primeros años. ¿Lo considera ahora más hostil?

R. El escenario latinoamericano está complicado para todos. Para las clases progresistas, porque su presencia mayoritaria ha prácticamente desaparecido. Pero las fuerzas conservadoras la tienen muy complicado también. Estos gobiernos conservadores ¿qué horizonte de largo plazo ofrecen a su sociedad, con el FMI y el Banco Mundial recomendando impuestos a los más ricos para bajar la pobreza? ¿No era que el Estado era inservible? Las fuerzas conservadoras ya no son portadoras de un proyecto capaz de enamorar a largo plazo, con un sentido de la historia que deposite esperanzas. Se les acabó el relato, y lo que tenemos ahora son hegemonías que funcionan exacerbando el resentimiento y el autoritarismo. Las fuerzas progresistas, en cambio, saben lo que hay que hacer, porque ya lo han hecho en el pasado.

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Huelga que durará hasta la aprobación de la Ley de pacificación para derogar el Decreto 4072, que otorga inmunidad a las Fuerzas Armadas del país.

El gobierno de facto, liderado por Jeanin Añéz, aprobó la ley para el llamado a elecciones. Sin embargo, la represión por parte de las fuerzas de control continúa.

Después de más de 30 muertos, miles de heridos y centenares de detenciones de manifestantes, organizaciones sociales crearon un pliego petitorio donde se pide eliminar el decreto antes mencionado.

También demanda la inmediata liberación de los presos y la investigación de los crímenes cometidos para determinar a los responsables.

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«Lamentablemente estamos bajo un acoso terrorista que quiere matar a los bolivianos de hambre y no lo vamos a permitir», dijo Murillo, tras salir de la Fiscalía.

La denuncia aparece después de la difusión de un video donde un supuesto dirigente de la zona de Cochabamba, presuntamente, conversa con Evo Morales sobre el bloqueo de las vías en el marco de las protestas contra la presidenta interna, Jeanine Áñez.

Por otro lado, Evo Morales, asilado en México, se pronunció en twitter sobre la persecución a grupos sociales. “A los movimientos sociales que luchan por la vida y la democracia, la Fiscalía les inicia investigaciones de oficio con montajes, pruebas sembradas y grabaciones manipuladas, pero para 30 hermanos asesinados en #Bolivia a bala, no hay investigación, responsables o detenidos”.

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«Si Dios lo permite, hoy en horas de la mañana vamos a lanzar la convocatoria a elecciones, como todo el país lo está demandando», afirmó a los periodistas.

Áñez convocó al Congreso para abordar los mecanismos necesarios para realizar los nuevos comicios presidenciales y legislativos. El Movimiento al Socialismo (MAS) del expresidente Evo Morales anunció que asistirá a la reunión.

La presidenta interina señaló que la convocatoria tendrá el acompañamiento de organismos internacionales y la iglesia católica. Instituciones que ayudaron a definir el cronograma del proceso.

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“El gremio de productores de la hoja de coca advirtieron que las principales vías del país serán bloqueadas indefinidamente en caso de no atender sus demandas”, informó el diario El Deber.

La reunión de los cocaleros, partidarios del ex presidente Morales, tuvo lugar en la carretera de Sacaba, lugar donde eran velados los cuerpos de nueve personas. Tras su paso por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) se determinó que los decesos fueron a causa de las balas.

Los cocaleros, además de la renuncia, demandan el repliegue inmediato de las Fuerzas Armadas para evitar más muertes en la ciudad de Sacaba, la liberación de los detenidos y que se acabe la persecución a todos sus dirigentes.

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El artículo 3 del decreto menciona que “El personal de las Fuerzas Armadas que participe en los operativos para el establecimiento del orden interno y la estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales actúen en legitima defensa.”

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se manifestó en su twitter oficial. “El grave decreto de #Bolívia desconoce los estándares internacionales de DDHH y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de DDHH”.

Las protestas en Bolivia dejan, hasta el día de hoy, según datos de la Defensoría del Pueblo; 23 muertos, 144 detenidos y más de 500 heridos.

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«El día sábado 9 de este mes de noviembre a uno de mi equipo de seguridad, con mensajes y llamadas telefónicas le pidieron que entregara a Evo a cambio de USD 50 000», señaló Morales.

El exmandatario de la nación andina agradeció la ayuda de México porque, según el político boliviano, el pueblo y el gobierno «salvaron su vida».

Evo Morales dimitió de la presidencia del país andino tras una serie de manifestaciones producidas a raíz de un supuesto fraude. Esto después de ganar en las pasadas elecciones del 20 de octubre.

A estas protestas se sumaron el pedido de los comandantes de las Fuerzas Armadas. Del General Williams Kaliman, y el Comandante General de la Policía, Yuri Calderón, específicamente.

Morales llegó la mañana de martes a México, país que le otorgó el asilo, después de un viaje complicado a través de Latinoamérica.

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“Rechazamos actos como la quema de la Wiphala en Bolivia, clara muestra del carácter fascista de la derecha que ha orquestado el Golpe de Estado en Bolivia”, mencionó la CONFENIAE a través de sus redes sociales.

La presión por las acusaciones de fraude electoral y el informe de la OEA llevaron a Evo Morales a renunciar a la presidencia de Bolivia. De manera que, miles de manifestantes no afines al Gobierno salieron a las calles a protestar y cometer actos vandálicos. Uno de ellos, la deflagración de la Wiphala, considerada símbolo patrio por parte de los pueblos indígenas bolivianos.

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Es la segunda vicepresidenta del Senado boliviano y representante de la alianza opositora Unidad Demócrata. Jeanine Áñez dijo la tarde del 10 de noviembre que ella asumiría la Presidencia del país sudamericano de forma transitoria mientras se convocan a elecciones.

En la línea de sucesión del cargo de Presidente de Estado, después de Evo Morales, debía asumir Álvaro García Linera. Pero él renuncio junto al Primer Mandatario.

El nombre de Jeanine Áñez suena después de la renuncia de la presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, y del primer vicepresidente Rubén Medinaceli, así como del presidente de la Cámara de Diputados Victor Borda. Ellos debían asumir previo a Áñez.

Según la Constitución boliviana, el Senado debe reunirse para aceptar la renuncia de Morales y nombrar un nuevo Presidente. La acción debe aprobarse con los dos tercios de las votaciones y la convocatoria a la sesión recae en la voluntad de Áñez.

Quién es

Áñez es licenciada en ciencias jurídicas y derecho. Fue asambleísta constituyente entre 2006 y 2008.

En 2010 fue elegida senadora por el partido del Plan Progreso para Bolivia-Convergencia Nacional, representando al Departamento del Beni en la Asamblea Nacional.

Comparte el gusto de la política con su esposo, el también político colombiano Héctor Hernando Hincapié Carvajal.

Al momento de la redacción de esta nota, la mujer tomaba un avión rumbo a La Paz. Su intención era convocar al Senado este lunes 11 de noviembre para «asumir formalmente la responsabilidad siguiendo el orden de sucesión, con objeto de convocar a nuevas elecciones».

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Salvatierra es una joven política de 30 años, que se desarrolla actualmente como presidenta del Senado de Bolivia y desde este 10 de noviembre de 2019 ocupa el cargo de Presidenta del Estado Plurinacional de Bolivia por sucesión constitucional.

La joven politóloga asumió su cargo de senadora en 2015 por el Movimiento al Socialismo (MAS), movimiento que lidera el expresidente Evo Morales.

Breve perfil de Adriana Salvatierra

Salvatierra nació el 3 de junio de 1989 en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra y lleva el legado de izquierda y revolucionario de su familia. Su padre, Hugo Salvatierra Gutiérrez, fue dirigente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y también ex viceministro durante el primer gobierno del Presidente Evo Morales Ayma.

Por su parte, la psicóloga chilena Luisa Arriaza Zúñiga, su madre, fue militante de las Juventudes Comunistas (JJCC) de Chile.

La Presidenta Salvatierra se graduó de bachiller en 2006 y pasó a estudiar la carrera de ciencias políticas en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) el año 2007. Se graduó de politóloga en 2012.

En 2005 inicia su carrera política con apenas 16 años. Se afilia como militante en el MAS de Evo Morales Ayma. En 2007, pasó a formar parte de una organización política juvenil denominada Columna Sur con 18 años. Las juventudes de su partido la eligieron como candidata a Senadora en el año 2014.

Para entonces, Salvatierra fue considerada la Presidenta del Senado más joven de la historia de Bolivia, dado que tomó ese cargo a los 29 años y fue la cuarta mujer en presidir el organismo después de Mirtha Quevedo, Ana María Romero de Campero y Gabriela Montaño.

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El anuncio llega un día después de que un grupo de policías bolivianos se sublevara desde el pasado viernes en la ciudad de Cochabamba, y a la que se sumaran unidades de Sucre, Oruro y Santa Cruz.

El sábado, Morales convocó a un diálogo a los partidos que obtuvieron representación parlamentaria con el objetivo de pacificar Bolivia.

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