Según el informe, los policías que supervisan las cárceles son quienes, aparentemente, protegerían a algunos de los líderes de las bandas.

La Comisión buscó la posibilidad de una tregua para frenar los enfrentamientos, sin embargo, reitera que en estos momentos no es posible concretarla porque no confían en las palabras y los compromisos de sus líderes.

Asimismo, sostienen que otro peligro que ven es que se genere dinámicas de amotinamiento para seguir plantando violencia.

Problemas detectados

Según el comunicado, uno de los problemas que se han detectado es la falta de credibilidad del Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI). Además, se ha malinterpretado lo que es la seguridad penitenciaria con rehabilitación social.

Otro conflicto, de mayor recurrencia, es la venta ilegal de droga y armas dentro de la penitenciaría. De acuerdo a los líderes de los privados de libertad, no es posible dejar el negocio por miedo a ser asesinados. “La única manera de retirarse es saliendo del país”, dicen y añeden que temen por las vidas de sus familias.

 Hacinamiento

Sobre el hacinamiento en las cárceles, la Comisión enfatiza en la falta de infraestructura adecuada y que este problema es especialmente precocupante en los recintos carcelarios de Guayaquil, Quito y Esmeraldas.

De igual forma, reiteran que el hacinamiento ha ocasionado problemas de salud graves, pues las condiciones de vida, así como las visitas íntimas se dan en condiciones precarias. También resaltan que en la cárcel de mujeres, incluso, hay dos reclusas por cama y que algunos recintos carcelarios hay madres con sus hijos.

Otro de los conflictos es en los pabellones donde se encuentras privados de libertad de la tercera edad .

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Estas declaraciones las hizo este domingo, luego de que se registrara un nuevo amotinamiento en la cárcel de Turi, en Cuenca. Según Carrillo, hasta el momento hay 20 reos asesinados en la penitenciaría

El funcionario sostuvo que al menos 800 policías y militares tomaron la cárcel y descartó que se declare estado de excepción.También señaló que evacuarán «pabellón por pabellón» a las personas privadas de libertad (PPL) que no participaron en el amotinamiento. Añadió que trabajan conjuntamente con la Fiscalía y la alcaldía para gestionar acciones.

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Además, Carrillo prometió que entregarán la cárcel «libre de armas», pues indicó que se encontraron armas blancas y material bélico. Antes de finalizar la rueda de prensa, el ministro se retiró evadiendo las preguntas de la prensa.

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Al respecto y , casi de forma simultánea, Natalia Cárdenas, exviceministra de Seguridad, sostuvo que de la voluntad política del Estado depende el control de la situación, algo que se complica, pues el gobierno está por terminar. “ Se requiere de apoyo regional para el control de la situación, tomando en cuenta que el tema de las pandillas es un asunto que tiene relación directa tanto con pandillas como con parte de mafias internacionales del narcotráfico”.

 El diágnostico es apremiante: cárceles tomados por presos, estado desertor de sus responsabilidades, falta de institucionalidad, mecanismos de cooperación: esos son los elementos del flagelo.

Institucionalmente, un adecuado punto de entrada, es el apoyo a los guías y policías del país. “Hace falta además de un número adecuado de guías, un proceso de inteligencia carcelaria que no sea permeable a la corrupción y otros aspectos que mejoren la situación, de forma inmediata”.

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La expresión surge ante los incidentes registrados en varias cárceles del país. Los primeros problemas se registraron en la mañana en la Penitenciaría del Litoral donde hay ocho fallecidos. A la par se registraron incidentes en la cárcel El Turi de Cuenca, donde se confirma el fallecimiento de al menos dos reclusos.

Como expresa, el comandante se evalúa la situación en Cotopaxi, donde la situación también “es crítica”, como expresa el Comandante de Policía. Radio La Calle busca comunicarse con él para tener más información de la situación en el resto de cárceles del país.

Un motín registrado la mañana de este martes en la cárcel regional de Guayaquil, deja hasta el momento ocho fallecidos, de acuerdo con información oficial del comandante general de la Policía, Patricio Carrillo.

La víspera, cinco guías penitenciarios fueron retenidos por parte de los reos. Tras una negociación con los internos, los gendarmes están libres. La mañana del martes cerca de 300 policías acudieron al lugar para intentar retomar el control del centro.

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI) informó que la noche anterior se realizó una requisa.

El coronel de Policía Fabricio Silva informó que la causa del amotinamiento puede ser las disputas entre las bandas  delictivas que están en el centro carcelario, reporta diario El Mercurio.

Las autoridades bloquearon las carreteras aledañas a la cárcel regional 8 para controlar la posible fuga de reos.

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Amontonamiento

Cobijados por la noche del martes 18 de agosto, un grupo de internos intentó perpetrar un amotinamiento en el CPL de Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Su afán duro poco, La respuesta: represión por parte de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOE). En la requisa que prosiguió, se confiscaron artículos cuya posesión es ilegal al interior del sistema carcelario. SNAI incautó cartuchos, un arma de fuego, armas blancas y 8 dispositivos móviles.

Pronunciamiento del Gobierno

Mediante un comunicado emitido la tarde de este 19 de agosto, el Gobierno comunicó la decisión de trasladar a los reos a Guayaquil y celebró esta supuesta victoria. “El firme propósito del Gobierno Nacional, a través del SNAI, es restablecer la convivencia pacífica en los centros penitenciarios, y evitar hechos de violencia por parte de las bandas criminales” señaló el ejecutivo.

Antecedentes

El 11 de agosto, el ejecutivo declaró estado de excepción en todo el sistema penitenciario a nivel nacional. Múltiples amotinamientos y riñas se suman al reciente asesinato del ciudadano israelí Shy Dahan, presuntamente implicado en casos de corrupción, para configurar un panorama alarmante en las cárceles del país. Según el gobierno, la declaratoria del estado de excepción facultaría a las Fuerzas Armadas sumarse al combate de las supuestas mafias que crean caos en los centros penitenciarios. Sin embargo, hasta ahora, la gestión del ejecutivo parece ser insuficiente. (JBS)

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