Las autoridades reportaron la presencia de varios explosivos en gasolineras, oficinas de la Fiscalía y balaceras en centros educativos y calles de la provincia verde. Un fuerte contingente policial y militar reviste a Esmeraldas para «calmar la situación».

Según los uniformados, los artefactos fueron desmantelados luego de un operativo. A la par, algunos taxis, autos particulares y autobuses fueron incendiados en distintos sectores. Además, en videos difundidos en redes sociales captaron el momento en que un bus de la cooperativa Trans Esmeraldas se incendió en la terminal terrestre.

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Instituciones gubernamentales como: la Fiscalía Provincial de Esmeraldas y la Agencia Santa Vainas de la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL – EP) recibieron ataques durante los disturbios.

CNEL – EP informó a través de su cuenta de twitter que cerrarán sus 12 agencias de servicio al cliente en la provincia. Sin embargo, sus canales virtuales como twitter y call center se encuentran habilitados en lo que dura la medida.

Secuestraron a un policía

En medio de la caótica situación que vive Esmeraldas, un policía fue secuestrado en los exteriores de la Fiscalía. Un antisocial lo apuntaba con un arma, mientras otro grababa el momento. Además, los sujetos le colocaron una supuesta bomba para amedrentarlo. Actualmente, el servidor se encuentra recibiendo atención en una casa de salud.

Escuelas víctimas de la ola de terror

Un padre de familia publicó un video donde se comentó la escalofriante situación en una de las escuelas de Esmeraldas, luego de un supuesto tiroteo. El hombre indicó que lograron refugiarse debajo de los pupitres y lograron salvarse de los proyectiles.

En el metraje se puede observar a varios niños al resguardo de quien grababa y una presunta profesora, mientras están en el suelo.

Ante los hechos, el Ministerio de Educación suspendió las clases en la provincia verde y otros negocios cerraron sus puertas. (S.B.)

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Ya es cuento viejo que en la «Peni» o cualquier otra cárcel del Ecuador se decomisen armas de fuego, cuchillos, machetes, municiones y drogas. Sin embargo, no se esperaría que dentro de los pabellones, los reos tengan mascotas o congeladores de gaseosas y bebidas alcohólicas, según un reportaje de diario Extra.

Todo esto halló uno de los uniformados que fue parte de los operativos los días jueves 3 y viernes 4 de noviembre. En este centro carcelario ocurrieron cinco de las nueve masacres acontecidas desde 2021.

Mucho peligro…

El agente policial comentó que pertenece a una de las unidades tácticas de la Policía Nacional. Añadió que ingresar a la Penitenciaría del Litoral es uno de los procedimientos más peligrosos.

«Sabemos que la gente del interior está armada y que muchos no tienen la intención de recuperarse, que se han acostumbrado a vivir allí. Incluso imponen sus costumbres como grupo de delincuencia organizada. Le mentiría si le dijera que no se tiene miedo, pero a la larga es parte de nuestra función y para lo que nos entrenamos», mencionó el policía al medio.

La peligrosidad es tal que tres unidades tácticas de las fuerzas del orden entran primero: el Grupo de Intervención y Rescate (GIR), el Grupo de Operaciones Especiales (GOE) y el Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). Después de ellos, ingresan los uniformados de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UNO) y por último el personal del servicio preventivo de inteligencia.

«Siempre vamos en número elevado. Los presos no solo están armados con pistolas, sino con armas de grueso calibre. Por el peligro, no distinguimos entre pabellones», dijo el agente.

Las mascotas

La peculiaridad más grande de los allanamientos fue que en los pabellones 2 y 5 se hallaron dos perros de raza pitbull, electrodomésticos, refrigeradoras y neveras con comida y bebida. «Ellos adentro tienen todo. No sufren hambre», recalcó.

Es sabido que todo eso entra con el aval de las autoridades del centro penitenciario. Sin embargo, tras las requisas deben entregar lo decomisado -incluido los perros- a los funcionarios de la cárcel.

La culpa es de…

Finalmente, el gendarme señaló que la Policía no tiene el control de la cárcel, sino los guías penitenciarios son los que manejan todo. «Ellos tienen las llaves de las celdas».

Reprochó que los carcelarios complican el trabajo de la Policía, pues no les entregan las llaves en los operativos. Por esta razón, los uniformados se ha visto obligados a usar distintas tácticas para abrir las puertas de los pabellones y las celdas, contando además que los internos esperan armados.

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El Gobierno Nacional señaló durante el feriado que la situación carcelaria ya estaba controlada. Sin embargo, desde la mañana del lunes 7 de noviembre se registraron disturbios y problemas en tres centros penitenciarios del Ecuador.

Fuga en El Rodeo – Portoviejo

El primero ocurrió aproximadamente a las 9:30 del lunes. Guías penitenciarios de la cárcel de El Rodeo, en Portoviejo, alertaron la fuga de dos presos la noche del 6 de noviembre.

Las autoridades se percataron del escape cuando realizaban el conteo de los PPL. Los reos responderían a los nombres de Julio Wilfrido T., sentenciado a 30 meses de prisión por robo. El otro es Diego Armando G., condenado a 29 años de prisión por tráfico de drogas.

Disturbios en la «Peni»

La Policía Nacional confirmó disparos en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil. Según SNAI, las detonaciones vinieron de los pabellones 6 y 10, mientras que en el pabellón 7 se vio una columna de humo. Los hechos ocurrieron a las 14:50.

Más tarde, a las 15:00, SNAI informó que se registraron enfrentamientos y disparos a la altura del policlínico. Los disturbios correspondían a los pabellones 7 y 10 del mismo centro. Se efectuaron operativos de control y no hubo mayores incidentes.

Finalmente, hoy, el presidente Guillermo Lasso anunció que el pabellón consular de la «Peni» fue demolido. Según expresó, servía como escudo para atacar a las fuerzas del orden cuando realizaban operativos.

Asesinados en El Inca

El SNAI confirmó que se registraron enfrentamientos en la cárcel de El Inca, en Quito. Los disturbios dejaron un saldo de cinco personas fallecidas, tres heridas y un guía penitenciario herido, confirmó el general de la Policía, Víctor Heredia, comandante del Distrito Metropolitano de Quito.

La noche del lunes a las 19:00, las autoridades reportaron disturbios con detonaciones entre grupos del crimen organizado. Sin embargo, recibieron la alerta a las 17:30. Las fuerzas del orden acudieron al lugar y también personal de paramédicos.

Según reportes preliminares, los enfrentamientos se habrían dado entre disputas de las bandas «Los Lobos» y «Los Ñetas«.

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«Hay rumores que se va a dar un nuevo amotinamiento, porque en el amotinamiento anterior no acabaron de «limpiar» a todas las personas (…) estamos a la espera de un motín, no se sabe qué va a pasar», dice uno de los presos.

En el audio, el PPL explica que el último enfrentamiento estalló porque un presunto líder apodado «Madrid» no recibió la jefatura de la etapa de mediana seguridad de la cárcel. En esa disputa, los jefes de cuarentena huyeron y los que «estaban a la cabeza creyeron que se les estaban virando». Desde entonces, los roces han continuado por el control de los pabellones.

Según el audio, el PPL señala que en su pabellón estaría alias «San Andrés» a la cabeza. «Estamos a la espera de un motín, aquí en el centro falta limpiar (…) día a día es una constante lucha».

La Defensoría del Pueblo ya fue advertida.

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La autoridad penitenciaria capacitó a los nuevos funcionarios con perfiles en ámbitos como la Psicología, Derecho, Trabajo Social y áreas administrativas. La formación se enfocó en «ejes de tratamiento, beneficios penitenciarios, uso de dispositivos de geoposicionamiento electrónico y reinserción social», reseñó el medio.

El director general del SNAI, Pablo Ramírez, hizo un llamado al nuevo personal a trabajar con transparencia y honradez en aras del cumplimiento de los objetivos de la institución.

Funciones

Las labores de los nuevos agentes es analizar el número de presos que cuentan con porcentajes de cumplimiento de sus condenas. El objetivo es que los PPL puedan acceder a beneficios penitenciarios o cambios de régimen.

Asimismo, se encargarán de la revisión de expedientes y agilización de procesos y trámites destinados a solicitar indultos.

Según los registros institucionales, actualmente 6.285 presos podrían ser candidatos a beneficios penitenciarios y cambios de régimen a semiabierto.

Sobre la crisis

La crisis carcelaria ha cobrado la vida de más de 300 privados de libertad en los últimos dos años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han alertado de la grave situación de las cárceles en el Ecuador. Sus peticiones son dirigidas a reducir el hacinamiento y ejecutar políticas de prevención del delito, como medidas para que el Estado logre retomar el control de los centros.

Hoy por hoy se registran 33 mil presos distribuidos en los 36 centros carcelarios que tiene el país, cuya capacidad total es un poco más de 30 mil, expresó Ramirez.

Los niveles de hacinamiento varían de una cárcel a otra. Sin embargo, el Gobierno de Lasso reveló a finales de 2021 que en la principal cárcel de Guayaquil alcanzaba el 62 %. Actualmente, el promedio anual carcelario estaría por debajo del 20 %, según el SNAI.

Para enfrentar la crisis, el Gobierno busca contratar este año 1.400 nuevos agentes penitenciarios y conceder un estimado de 5 mil indultos. En consecuencia, estableció una Comisión de Pacificación e intentará implementar «la primera política con enfoque de DD.HH. hacia este tipo de población», reportó EFE.

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Como es de costumbre, el presidente Guillermo Lasso no se hace responsable de la deplorable situación del país en el ámbito de la seguridad y cárceles. Esta vez ya no solo culpó de la grave situación carcelaria al gobierno de Correa y de Moreno, sino incluso al ex alcalde de Guayaquil Jaime Nebot.

Afirmó que en los últimos 15 años los gobiernos anteriores cedieron el control de las cárceles a bandas criminales. “Los dos gobiernos anteriores fueron tremendamente permisivos. Los últimos 20 años de una administración local en Guayaquil también fueron permisivos” dijo refiriéndose a la gestión de Nebot como alcalde de una de las ciudades más violentas del país.

Pero la riña entre el primer mandatario y sus dos opositores no es nueva. Antes de la amenazar de enjuiciar a Correa y Nebot, los bautizó de “mellizos conspiradores” al inicio de este mes.

Paradójicamente, luego de arremeter contra ambos políticos y de mantener el discurso de la “La Culpa es de Correa” durante casi un año de presidencia, cerró el tema diciendo: “No queda más que ver hacia adelante, la leche ya se derramó”.

Una deuda pendiente

“Tenemos que recuperar la soberanía del Estado en las cárceles” manifestó frente la cadena televisiva internacional. La realidad nacional es distinta tras la cámara. Luego de tres meses de ofrecimiento, la Policía Nacional no ve los recursos. Son USD 9 millones necesarios para enfrentar la crisis carcelaria.

Lasso está comprometido con asuntos ajenos a su país

Para Lasso, quien priorizó su viaje a Israel frente a la última masacre carcelaria que dejó 44 muertos en Santo Domingo, la situación del Ecuador es un tema de segundo orden. Opinó sobre las elecciones presidenciales en el vecino país de Colombia “Respetaré la decisión del pueblo colombiano”, dijo en la entrevista. Además, aseguró que trabajará con el presidente elegido sin importar que sea de izquierda o de derecha.

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«Vamos a actualizarlo y vamos a tener una relación Estado-Estado. Con ello esperamos consolidar toda la cooperación de defensa de Israel en el Ecuador después de este viaje», señaló.

Aseguró que esa nación apoya la lucha contra las estructuras criminales que «ya no son solamente locales sino trasnacionales».

El presidente Guillermo Lasso, junto a Holguín y su comitiva, se encuentran actualmente en una visita oficial a Israel para establecer acuerdos comerciales y de defensa con el Gobierno de ese país.

Según Holguín, trataron temas relacionados a ciberseguridad, infraestructura marítima y aérea. Además, de recursos como radares, drones y aviones no tripulados que se incluirían en un posible sistema de defensa para Ecuador. «Con ello se mitigaría el tema penitenciario», ejemplificó el ministro.

Este viaje y acuerdo ocurren en medio de una crisis de inseguridad generalizada en Ecuador. Las muertes violentas no paran en las calles del país y en las cárceles han sido asesinados alrededor de 400 privados de libertad, bajo la responsabilidad del Gobierno de Guillermo Lasso.

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Por ahora, Lasso insiste en su discurso de la guerra entre bandas y sigue sin definir una política pública para superar la crisis carcelaria. Asegura que con este viaje se fortalecerán las relaciones bilaterales de Ecuador con Israel y que también se conseguirá ayuda para contrarrestar la inseguridad que sufre el país.

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El ministro, en una entrevista con EcuadorTV, dijo que estas acciones son parte de las reformas del sistema judicial y penitenciario. Carrillo explicó que trabajan para reducir la tasa de criminalidad y muertes producto de la delincuencia.

«Por primera vez en el año se da un día sin muertes violentas en la ciudad de Guayaquil», expresó Carrillo en referencia a la militarización de algunos sectores de ciudades como esa. También acotó que las medidas de focalización del estado de excepción dan resultados, pero que no pueden sostenerse a largo plazo.

El ministro explicó que necesitan trabajar con un plan local y políticas de prevención. Dijo que trabajan en ‘contener’ los actuales índices criminales para ‘revertirlos’ desde el próximo año. Agregó que van a «sentarse a trabajar» con cada provincia para entregar recursos y optimizar la logística policial.

«Esa tendencia tendrá un mediano plazo. Llegar a los niveles a los que estábamos antes, inclusive traspasará este Gobierno». Aseveró que el presidente Guillermo Lasso viajará a Israel para gestionar recursos de inteligencia penitenciaria. También explica que se pretende institucionalizar el sistema creando una suerte de Gendarmería como en Argentina o Chile.

Actualmente buscan ligar la jurisdicción del sistema penitenciario al Ministerio del Interior, de manera que se ampare en el marco legal vigente, precisó el ministro.

Censo penitenciario con luz verde según secretaria de DD.HH.

Carrillo mencionó que el Ministerio del Interior trabaja para corregir los problemas estructurales del SNAI. Según explica, cada municipio del país es incapaz de gestionar la población penitenciaria respectiva a su jurisdicción. Dijo que revisarán la política criminal para solventar el abuso de medidas jurídicas.

Otras declaraciones del ministro Carrillo

El ministro también explicó que solventarán la falta de personal e institucionalidad del SNAI. Y, siguiendo la misma línea, añadió que evaluarán el proceso del censo penitenciario en cuanto a temas de rehabilitación y valoración psicológica de personas privadas de libertad (ppl). En ello también incluye la dotación de servicios básicos para ppl, refiriéndose a las causas más frecuentes de hábeas corpus.

Además, señaló que el 1 de junio de este año arrancará la Escuela Penitenciaria. Más de 1400 personas van a formarse en las instalaciones de unidades especiales de la Policía Nacional. Entre ellos el Grupo de Operaciones Especial (GOE), Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y Grupo Especial Móvil Antinarcóticos (GEMA). Esto ya que son las principales unidades que interactúan durante los momentos de crisis del sistema penitenciario.

Carrillo indicó que todo ello forma parte del nuevo proyecto del uso progresivo de la fuerza que busca impulsar su aprobación en la Asamblea Nacional. Como último punto mencionó que el tema penitenciario es de gran preocupación para el Gobierno y por ello se realizaron grandes inversiones recientemente en este sector.

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“Esta es una realidad que se fue construyendo en el Gobierno de Correa y en el Gobierno de Moreno, con una actitud permisiva. Recuerde que no se renovó aquel tratado para la Base de Manta, la base de los Estados Unidos, que era un puesto de control, precisamente, para evitar el tráfico de droga, para que no utilicen el territorio ecuatoriano como tráfico de droga», dice.

«Lamentablemente, la actitud fue tan permisiva que esto ha crecido y no solamente en cuanto al tráfico, sino al consumo de droga dentro del Ecuador”, añade el presidente.

Insiste en que el micro-narcotráfico lleva a la violencia, por la disputa de territorios. Afirma que es la realidad que deben enfrentar porque “este Gobierno ha resuelto el dilema de transar con los narcotraficantes o enfrentarlos” y ha escogido el camino de enfrentarlos.

 “Es el camino más duro, pero es el que el camino que la ética exige. No podemos actuar con indiferencia, exponiendo el futuro de los niños y de los jóvenes ecuatorianos. Tenemos que asumir ese trabajo ahora y lo estamos haciendo con entereza, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, con el apoyo de la Policía Nacional. Frente a una acción, hay una reacción”, dice.

¿Que hace el Gobierno de Lasso?

Lasso sigue repitiendo lo que ya sabemos: que dividieron el Ministerio de Gobierno en Gobierno e Interior, que incautaron 210 toneladas de droga en 2021 y 75 toneladas en 2022, pero nada dice de acciones concretas, de soluciones, de política pública y a diario se siguen registrando amotinamientos en las cárceles, crímenes con muertes violentas, sicariatos, en todo el país.

“Esto está funcionando. Lastimosamente, a cada acción hay una reacción. Frente a una acción del Gobierno, que le pone límite a la acción de estas bandas, hay reacciones como las que estamos viendo que pretenden generar terror y temor en la ciudadanía. Pero, tengan la seguridad de que la fuerza pública está trabajando con interés y decisión para proteger a los ciudadanos”, repitió.

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«Como Presidenta del Directorio del Organismo Técnico del SNRS conseguimos el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el censo penitenciario con el que se busca conocer los datos reales de la población penitenciaria», publicó Ordóñez a través de su cuenta de Twitter.

La secretaria Ordóñez dijo que recogieron recomendaciones como la de la Corte Interamericana de Derechos Humano (CIDH) para «mejorar el sistema penitenciario». También precisó que trabajan conjuntamente con Criminalística, el Registro Civil y con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para la obtención de datos de los reos.

A ello sumó que consiguieron financiamiento no reembolsable de cerca de USD 200 mil a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para llevar a cabo este censo y «conocer los datos reales de la población penitenciaria».

Política pública para los PPL

Mencionó que desde octubre del año pasado, la Secretaría de DD.HH. trazó una hoja de ruta, presentó y aprobó la «Primera Política Pública de Rehabilitación Social con enfoque de Derechos Humanos». Se contaría con un presupuesto de USD 27 millones que da luz verde a este censo penitenciario.

Ordóñez detalló que el presupuesto se dividió en 12 ejes, enfocándose en salud, educación y trabajo. Además se destinará una parte para fortalecer al SNAI. La funcionaria indicó que «investigarán» los recientes hechos violentos y que apoyarán a familiares de víctimas de la crisis carcelaria nacional actual.

Detalló que en el último amotinamiento en la cárcel de Turi, en Azuay, atendieron a 200 familiares de personas privadas de libertad (PPL). Según la secretaria, contaron con el apoyo del sector privado y la alcaldía de Cuenca para gestionar entierros y otros servicios respectivos. Dijo que dispondrán al Ministerio de Salud Pública, el Registro Civil y la Fiscalía General del Estado en un solo flujo que facilite la atención de familiares y allegados de los ppls.

El problema penitenciario de hace más de 4 años

En 2018 fue eliminado el Ministerio de Justicia, ente que estaba a cargo del sistema penitenciario, y desde su descuido, negligencia y corrupción hasta la actualidad, se dispararon los hechos violentos en las cárceles del país. Ordóñez mencionó que el Gobierno de Guillermo Lasso recién incorporó a este organismo en octubre del año pasado. Cuando nosotros asumimos no existía esta política pública», añadió la funcionaria, refiriéndose a una resolución de la Corte Constitucional que exigió al Gobierno.

Desde ese entonces trabajan para mejorar el sistema carcelario con los factores ya mencionados. Añadió que realizan monitoreo a la situación desde diciembre de 2021 para ajustar la metodología del censo penitenciario y otras resoluciones. Desde noviembre del año pasado «se percataron de la urgencia de realizar este censo penitenciario», expresó ordóñez.

Censo penitenciario y otras reformas

Por ello, dijo que se han reunido con las respectivas comisiones observadoras (como la de pacificación) que evalúan la crisis carcelaria nacional. Expresó que tienen en cuenta las problemáticas de la violencia al interior de los recintos y la tasa de más del 14% de hacinamiento según cifras oficiales. Y es por esto que, el presidente Lasso emitió el decreto 355 que dispone beneficios penitenciarios a 330 PPL sentenciados por delitos menores. Esta cifra podría aumentar.

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Entre los datos a recolectar está la condición de salud de los reos y la identificación oportuna de cada una de estas personas. También precisó que trabajan con la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Organización de Naciones Unidas (ONU) para diseñar la infraestructura del sistema penitenciario.

Añadió que recibieron informes de que los centros de rehabilitación social ‘son muy grandes’. Aclaró que las recomendaciones como la de la CIDH son de establecer lugares con aforos de máximo 500 personas. Así, la administración y control de estos recintos serían más eficientes de acuerdo a este informe.

Ordóñez rescató que trabajan en reestructurar los centros de privación de libertad como primer paso para poner en marcha esta recomendación.

Otras acciones que toman son los indultos a delitos menores y disposición de detención domiciliaria a quienes hayan cumplido entre el 40% y el 60% de su pena respectiva. La funcionaria mencionó que su objetivo es reducir los índices de violencia en el contexto penitenciario a través de implementar nuevas y distintas medidas administrativas del Gobierno.

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Asimismo, señala que Ecuador vive una grave crisis penitenciaria que se caracteriza por niveles de corrupción y violencia sin precedentes. El informe indica que esta crisis es el resultado del abandono del sistema penitenciario, por parte del Estado, y de la ausencia de una política criminal integral.

Las conclusiones del informe recomiendan y entregan herramientas más detalladas para contrarrestar la crisis.

Las propuestas se enfocan en ocho ejes: condiciones de detención, reducción de población carcelaria, violencia, investigación y medidas de no repetición, institucionalidad del sistema penitenciario, reinserción social, acciones de tipo transversal, aplicación de prisión preventiva y medidas alternativas.

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Las recomendaciones incluyen también el establecimiento de una ruta común entre los tres poderes del Estado. Asimismo, la adopción de perspectivas de género y de tratamiento diferenciado. Otra sugerencia es la participación de personas detenidas, familiares y organizaciones civiles, en la adopción de medidas inmediatas y de tipo estructural en las cárceles del Ecuador.

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Entre el 15 y 22 de diciembre de 2021, el SNAI emitió las resoluciones de las personas privadas de libertad (PPL) en las cárceles de las provincias de Azuay, Cotopaxi, Guayas y Manabí.

Según el comunicado, los objetivos son garantizar el respeto a los derechos humanos y la reducción del hacinamiento en los centros penitenciarios del país.

El boletín también expresa que se brindará seguimiento a los trámites y se generarán procesos ágiles, rápidos y oportunos para reducir de forma progresiva los plazos de entrega de boletas y accesos a beneficios penitenciarios.

Asimismo, menciona que este cometido se realiza «en cumplimiento con lo determinado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que estandariza los procesos para el trámite de accesos a beneficios penitenciarios o cambios de régimen, como una de las principales opciones para reducir el hacinamiento, fortalecer la seguridad, bienestar y protección de las personas privadas de libertad».

Ordenamiento

Las personas privadas de libertad son consideradas un grupo de atención prioritaria y deben recibir atención integral especializada. Toda PPL puede acceder a los beneficios penitenciarios o cambios de régimen al encontrarse en un centro de rehabilitación social, contar con una sentencia condenatoria ejecutoriada, y cumplir con los requisitos establecidos en la normativa legal vigente.

Los requisitos varían según los regímenes: abierto, semiabierto, prelibertad, rebajas de pena por el sistema de méritos, rebajas de pena por la modalidad de Quinquenio y libertad controlada.

También existen requisitos especiales en caso de prelibertad y en caso de libertad controlada.

Por otro lado, SNAI explica que la PPL debe contar con el porcentaje de cumplimiento de la pena requerido por la ley para solicitar el cambio de régimen o beneficio penitenciario.

El trámite no tiene costo, y se inicia de oficio o la PPL puede realizar su solicitud escrita. El centro de privación de libertad será el encargado de recopilar la documentación necesaria y elaborar los certificados requeridos.

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Según los reportes, los reclusos de este centro penitenciario quemaron colchones, para demandar la atención de las autoridades competentes.

Además, esta mañana, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, recorrió la Penitenciaria del Litoral y el viceministro del Interior, Max Campos, recorrió el Centro de Rehabilitación Social Regional Sierra – Cotopaxi.

Vela aseguró que, al término del estado de excepción, el Gobierno puede decir que ha servido para tratar de restablecer el control en todo lado y que este proceso es una acción que se va construyendo día a día.

“El control se va a alcanzar cuando todos los pasos adicionales se concreten. Es decir, cuando se restablezca el sistema de rehabilitación social, se logre la pacificación, se respeten las reglas, se establezca un modelo diferente para el manejo de las cárceles y cuando haya respeto a los derechos de internos y la sociedad en general, en un marco de convivencia pacífica”, manifestó.

Asimismo, señaló que el Estado debe retomar el control total sobre los centros de rehabilitación social. “Ese control que otros gobiernos permitieron que se pierda”, dijo.

La ministra informó que el campamento de las Fuerzas Armadas, instalado en la zona externa de la Penitenciaría del Litoral, se mantendrá.

Por su parte, Campos reiteró que el recorrido es una muestra de que el Estado se está preocupando por los privados de libertad y que está en la capacidad de ingresar a los centros y escucharlos.

“La Comisión de Diálogos Penitenciarios y Pacificación, con su competencia autónoma está dialogando, pero también estamos en las condiciones de entender la lógica de esta naturaleza para aportar al desarrollo de la política pública desde la visión de seguridad ciudadana y prevención del delito”, dijo.

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Las autoridades no han emitido un pronunciamiento al respecto. Sin embargo, varios miembros de la sociedad civil y la academia mostraron su preocupación por la presencia del pastor evangélico Francisco Loor, dentro de la junta de Lasso.

Uno de los principales cuestionamientos es que Loor, al igual que otros de los comisionados, no son expertos en temas penitenciarios ni en derechos humanos. El pastor, por ejemplo, desde hace años, ha demostrado intolerancia con la comunidad LGBTIQ+ y una marcada homofobia.

Diario El Universo recoge que, en 2008, Loor aseguró que rechazarían la nueva Constitución porque incluía los términos “identidad de género” y “orientación sexual”, dentro de los derechos fundamentales. A criterio del pastor, estos términos serían “una puerta abierta a prácticas homosexuales”.

La carta Magna del 2008, en su artículo 11, literal 2 señala: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación”.  

Los representantes de la iglesia católica también se opusieron a la Constitución del 2008, por considerarla una normativa “abortista”.

En las redes sociales de Loor, pueden encontrarse diversas publicaciones con tinte homofóbico. El pastor advierte de los supuestos peligros en la adopción de niños por parejas del mismo sexo, la ilegalidad del matrimonio igualitario y la presunta intención de homosexualizar a los niños, a través de cambios en las leyes de salud y educación.

También catalogó a la Ley para el aborto en casos de violación como «un proyecto de muerte, un genocidio y un crimen de lesa humanidad». Incluso, en los últimos meses se aprecian posturas antivacunas, fundamentadas en teorías conspirativas.

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La institución expresó su preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, los días 12 y 13 de noviembre, en los que resultaron, al menos, 68 personas privadas de libertad asesinadas y 25 heridas.

La misión liderada por el relator de Personas Privadas de Libertad y Combate a la Tortura, Stuardo Ralón, junto con el equipo de la Secretaría Ejecutiva del organismo, Tania Reneaum, se reunió hoy con el presidente Guillermo Lasso, los ministros de Gobierno y Defensa, la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y con representantes de la Defensoría del Pueblo.

Durante el jueves y viernes, los comisionados visitarán centros penitenciarios de Quito, Guayaquil y Latacunga. También se reunirán con organizaciones de la sociedad civil y familiares de las víctimas de las últimas masacres carcelarias.

La organización defensora de los Derechos Humanos, Alianza contra las Presiones anunció que entregaron a la CIDH información relacionada con las masacres carcelarias, la violencia racista, el abuso de la prisión preventiva, la precarización de la vida en prisión, el hacinamiento y la vulneración continua de los derechos humanos.

La CIDH quiere visitar al exvicepresidente Jorge Glas

Aprovechando su presencia en Ecuador, la CIDH solicitó visitar al exvicepresidente de la República, Jorge Glas Espinel, actualmente detenido en la cárcel de Latacunga.

Mediante una carta dirigida al embajador ecuatoriano ante la OEA, Carlos Játiva, la secretaria relatora de la organización señala: “La Comisión Interamericana quisiera aprovechar la oportunidad para dar seguimiento a la implementación de la medida cautelar 1581-18 – Jorge Glas, en el marco de la visita que se va a realizar en el periodo del 1 al 3 de diciembre de 2021 y, de ser posible, visitar y entrevistarse con el beneficiario. Adicionalmente, la CIDH expresa su interés de establecer el diálogo con las autoridades ecuatorianas responsables por la implementación de dicha medida”.

Sin embargo, se desconoce una respuesta del Gobierno de Guillermo Lasso a este requerimiento.

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En un comunicado, señaló que un análisis de los resultados, obtenidos en los 234.804 operativos realizados durante el primer mes del estado de excepción, revela que las medidas tomadas “han servido para afectar las raíces que provocan los hechos delictivos”.

Sin embargo, dice la entidad, es necesario continuar, porque se requiere de mayor tiempo para resolver un problema estructural del país, constituido por la inseguridad y la violencia.

“En los 30 días del estado de excepción se han incautado 16 toneladas de droga y 634 armas de fuego; se desarticularon 76 organizaciones narcodelictivas y se detuvo a 6.894 presuntos delincuentes. Además, se recuperaron 332 motos y 215 carros que habían sido reportados como robados. La tasa de homicidios intencionales muestra una reducción en noviembre a 0.63 por cada 100 mil habitantes; en octubre fue 1.20 y septiembre, 1.84”, informa el documento.

De igual forma, reitera que mantener el estado de excepción, le permitirá al Gobierno reforzar el control operativo y fortalecer la protección interna para la prevención del delito.

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«Ante el secuestro de dos ciudadanas ocurrido en el cantón Manta, provincia de Manabí, la noche de ayer, miércoles 17 de noviembre, la Policía Nacional del Ecuador certifica que una de las víctimas es hija de José Adolfo M.V., alias Fito, Persona Privada de Libertad (PPL) que permanece detenida en el CPL Guayas No 1», señala el comunicado.

Asimismo, informa que personal especializado de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (UNASE) de la Policía Nacional inició las labores de inteligencia e investigación para la búsqueda de las jóvenes, que según testigos, fueron secuestradas cuando salían de un centro estético.

«Frente a este hecho lamentable, solicitamos a la ciudadanía mantener la calma y mantener total sigilo en el manejo de la información en torno al caso, para no entorpecer el proceso investigativo y dar lo antes posible con los antisociales que han incurrido en tan execrable delito», sostiene el documento.

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Según Cobo, en el país no existe el marco legal para afrontar la crisis penitenciaria. Señaló que el cuerpo de guías penitenciarios no sirve y que él no tiene mando sobre la Policía o las Fuerzas Armadas, que a su criterio deberían ser quienes impongan el orden. Asimismo, argumentó que las fuerzas del orden no pueden hacer uso de armas en los pabellones de la penitenciaría.

Por su parte, Ramiro Narváez, de la ID, con quien compartió panel, sostuvo que la Asamblea está trabajando en leyes referentes a seguridad. Sin embargo, dijo, se ha pedido apoyo a los distintos ministerios, pero su aporte ha sido mínimo.

Reiteró que necesitan más proactividad desde el Ejecutivo, para que sus funcionarios, ministros y equipos técnicos hagan mayores aportes a las leyes que están procesando.

Sobre el pedido de Cobo, Narváez argumentó que las leyes no solucionan los problemas. “Las leyes fortalecen a las instituciones, dan el marco legal para poder actuar, pero lo que soluciona los problemas es la voluntad política del Ejecutivo. Las leyes están escritas, pero las acciones vienen desde el Ejecutivo”, puntualizó.

Ante la pregunta de por qué las fuerzas del orden no ingresaron el viernes y posteriormente sí lo hicieron, Cobo dijo que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional no son mercenarios ni están dispuestos a entrar “a bala limpia” para solucionar un problema.

“Tienen que hacer uso proporcional de la fuerza, que no está legalmente clara en la Ley ni en la Constitución. Muchísimos policías y militares están siendo juzgados por cumplir órdenes. Después del 30 de septiembre, hay generales que están siendo procesados por lesa humanidad, cuando recibieron la orden, de quien ahora está prófugo, para sacarle de un supuesto secuestro. Utilizaron la fuerza y hoy están siendo judicializados. Eso hay que cambiar, hay que garantizar que la fuerza pública pueda operar”, dijo Cobo.

Narváez recordó que hubo muertes en julio, agosto, septiembre y noviembre, lo que indicaría que el Ejecutivo está demorando en tomar decisiones. Insistió en que, en vez de actuar, se ha puesto a buscar culpables.

“Primero culpó a la delincuencia organizada, pero no se habla del debilitamiento del sistema penitenciario y hay que tomar acciones para fortalecerlo. Se ha ido en contra de la Corte Constitucional y hoy manifiesta que son las leyes las que no les permiten actuar. Nosotros desde la Asamblea procesaremos todas las leyes que necesiten para fortalecer las instituciones, pero necesitamos mayor acción del Gobierno. Que no improvise para designar las autoridades, que ponga especialistas, que garanticen poner fin a estos lamentables problemas”, dijo.

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La institución expresó su preocupación ante los graves hechos de violencia ocurridos en la Penitenciaría del Litoral, los días 12 y 13 de noviembre, en los resultaron, al menos, 68 personas privadas de libertad asesinadas y 25 heridas.

Asimismo, el documento expresa que «urge al Estado adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia; investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables; y prevenir su repetición». 

La CIDH indicó que «toma nota» de las medidas adoptadas por el Estado para recuperar la Penitenciaría, en particular, el despliegue de casi 1.000 efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, que habrían logrado recuperar el control de todos los pabellones de la cárcel.

Además, la Comisión señala que observa con preocupación la declaración de huelga de hambre, de personas privadas de libertad los días 13 y 14 de noviembre, en las cárceles de Turi y Cotopaxi, en rechazo a los hechos de violencia. Aunque esta acción ya habría concluido, según información del Estado.

La Comisión Interamericana advierte que estas muertes ocurrieron en un contexto de reiterados enfrentamientos. «En lo que va del año 2021 se documentaron 316 personas privadas de libertad fallecidas, como resultado de estos hechos de violencia. Estas cifras multiplican, casi siete veces, las muertes violentas en detención, respecto a los 46 fallecimientos reportados en 2020», señala el comunicado. 

El organismo reitera que es deber del Estado ecuatoriano implementar acciones efectivas para prevenir y controlar los posibles brotes de violencia en centros de privación de la libertad. También es su obligación prevenir el accionar de organizaciones delictivas, imponer controles efectivos, implementar protocolos para prevenir amotinamientos, restablecer las condiciones de seguridad e incrementar el personal destinado a la seguridad y vigilancia interior.

De igual forma, reitera que el Estado debe investigar de oficio, de forma seria, pronta e imparcial los hechos de violencia e identificar y sancionar a los responsables.

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En septiembre pasado, Cobo informó que esta cárcel sería repotenciada tanto en su infraestructura, como tecnológicamente para trasladar a los privados de libertad, considerados de mayor peligrosidad. “Aquí van a caer todos los violentos que intentan someter al Estado ecuatoriano, cuando debe ser al revés”, refirió Cobo, en meses pasados.

Respacto a la reciente masacre carcelaria, Cobo señaló que la situación está controlada y que están interviniendo los pabellones. Enfatizó en que han controlado el “corredor de la muerte”, que es el espacio que utilizan los privados de libertad para pasar de un lado a otro.

Este martes, el director del SNAI, a bordo de una máquina de barrido, ingresó en la Penitenciaría del Litoral, para “limpiar” los espacios físicos destruidos en la masacre del pasado 12 y 13 de noviembre.

“Estamos trabajando coordinadamente. Hay una operación conjunta, las Fuerzas Armadas apoyan a la Policía Nacional. En el borde interno está la presencia de policías y militares en tanquetas, que permite que se hagan las intervenciones en los pabellones”, dijo.

Sin embargo, ante la pregunta de que si con el contingente de uniformados se garantizará que los trágicos sucesos no se repitan, Cobo respondió: “No se garantiza nada. Estamos operando, es un tema complejo, difícil, no somos mercenarios ni tampoco delincuentes, para entrar en operaciones a bala limpia”.

Aseguró que si los atacan tendrán que responder. “Cuando las circunstancias sean de una amenaza tácita hay que intervenir, no hay otra. La vida de las personas, no solamente es garantizar de los delincuentes, al contrario, de todas las personas privadas de libertad que a veces son victimas de estos atropellos, pero también de la fuerza pública que tiene y representa al Estado ecuatoriano, ejerciendo soberanía en su territorio”, señaló.

Por su parte, la Secretaría General de Comunicación afirmó que, con la intervención de 1.000 efectivos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que ingresaron ayer a la Penitenciaría del Litoral, tres personas privadas de la libertad que habrían sido secuestradas por otros internos, «fueron halladas, recuperadas y están en buen estado”.

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