La justicia de ese país la declaró culpable de administración fraudulenta y perjuicio a la administración pública por extracción de fondos del Estado durante los dos periodos en los que fue presidenta (2007-2011; 2011-2015). Según medios internacionales, Fernández habría desviado mil millones de dólares.

La Fiscalía acusó a la vicepresidenta como figura principal de un entramado de corrupción por asociación ilícita. Ella, junto a otros funcionarios, habría dirigido contratos millonarios de obras viales incompletas y con sobreprecios.

Sin embargo, pese a la condena, Fernández no irá a la cárcel porque cuenta con inmunidad debido a su cargo como vicepresidenta. Su dignidad la protege en ámbitos legales y civiles.

Por su parte, la vicepresidenta negó los cargos y enfatizó que se trata de una persecución política. Refirió que el caso «Vialidad» no tiene fundamentos y es pura persecución no solo contra ella, sino contra el proyecto político que integra.

Caso «Vialidad»

El fiscal Diego Luciani solicitó 12 años de prisión e inhabilidad perpetua para ocupar cargos públicos para Fernández. Según él, habrían irregularidades en 51 licitaciones en la provincia de Santa Cruz. Además, se acusa a un socio de los Kirchner (Lázaro Báez) como beneficiario de presunta defraudación. Él habría sido favorecido por las licitaciones y también sus socios.

Báez cuenta con una condena de 12 años de prisión, desde 2021, por los delitos de lavado de dinero entre 2003 y 2015. Su defensa precisó que se trata de persecución política y mediática.

No se lanzará a las presidenciales

Tras conocer la condena, la vicepresidenta negó los cargos, pero precisó que no se postulará a las próximas presidenciales, aunque con todo y sentencia no está impedida de hacerlo.

Esta es una condena histórica para Argentina. Nunca antes un vicepresidente en funciones había sido condenado por la justicia. Sobre todo de la dirigente más influyente de las últimas dos décadas en el país.

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A través de una carta del canciller argentino Santiago Cafiero a su par ecuatoriano, Juan Carlos Holguín, expresó que la “Argentina en ejercicio del derecho que le otorga la Convención sobre Asilo Diplomático de 1954 y de acuerdo a la Convención Americana Sobre Derechos Humanos concede el asilo diplomático a Duarte Pesantes”.

Además, advirtió que el relator especial de la ONU sobre la independencia de los magistrados y abogados “ha expresado su preocupación vinculada a vulneraciones al debido proceso y a otras garantías judiciales”, según publicó el diario argentino Clarín.

Desde agosto del 2020, Duarte se encuentra en una residencia argentina en Quito con carácter de “huésped” por razones humanitarias. En el lugar vive junto a su hijo y su esposo de nacionalidad argentina.

La postura del Gobierno de Lasso

Días atrás, una nota del diario Clarín hizo referencia al posible asilo de Duarte. Ante esto, la Cancillería de Lasso se pronunció. En un comunicado, señalaron que el Gobierno argentino no puede concederle el asilo debido a que Duarte fue condenada por cohecho en el denominado caso “Sobornos 2012-2016”.

“El Gobierno ecuatoriano se ve en el caso de recordar que las convenciones interamericanas que norman el asilo diplomático excluyen la posibilidad de conceder asilo a personas condenadas por la justicia ordinaria por delitos comunes”, reza el comunicado de la cartera de Estado a cargo de Holguín.

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El fallido atentado tuvo lugar fuera de la residencia de la vicepresidenta, donde, por décimo segundo día, ciudadanos se reunieron cómo muestra de apoyo.

Militantes y los custodios de Fernández detuvieron al perpetrador del disparo.

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En una denuncia consta que se armaron grupos especiales al interior esta agencia para planear un “hostigamiento fiscal”, del que ni siquiera estaba consciente la actual vicepresidenta.

Dentro de las consecuencias están que se determinaron obligaciones excesivas e irregulares. Inclusive, se seleccionaron a los funcionarios que iban a accionar contra la expresidenta a través de una coordinación con jueces, secretarios y fiscales. Hasta se puso en marcha un sistema informático concentrado sólo en los Kirchner y dos grupos más.

Se actuó sin ética ni probidad

La denuncia presentada a la Justicia habla de “la existencia de una matriz de persecución política que tuvo como artífice a la Administración Federal de Ingresos Públicos”.

A principios de febrero de 2020, la vicepresidenta presentó una denuncia en la AFIP marcando la forma en la que ella y sus hijos fueron hostigados por el organismo recaudador durante la época de Macri.  

La denuncia es el resultado de dos autorías que se hicieron a lo largo de casi ocho meses.

De acuerdo al artículo, los funcionarios no actuaron con el deber ético de la neutralidad y lesionaron el mandato de actuar de buena fe y trato igualitario.

Cuando se realizaron las primeras determinaciones de las obligaciones tributarias de la familia Kirchner, ni siquiera se la notificó, apenas se le enviaron oficios a domicilios que no tenían vinculación con la expresidenta.

Incluso, en algún momento, se pudo notificarla pero esquivaron hacerlo para seguir las actuaciones a sus espaldas.

Esta investigación deja en claro los procesos de «Macrismo» para perseguir a sus rivales políticos lo que bien puede se considerado, persecución política.

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«El Ministerio de Relaciones Exteriores ha presentado una nota de protesta formal del Gobierno del Ecuador; lamentando las inoportunas declaraciones emitidas por la señora Vicepresidenta», dice parte del comunicado.

Fernández de Kirchner se refirió a las inconsistencias generadas en el proceso de inscripción de binomios presidenciales para elecciones 2021; específicamente del binomio Arauz-Rabascall por Centro Democrático.

El papelón

El pasado 5 de diciembre, el gobierno ecuatoriano anunció que no reconocerá los resultados de las elecciones parlamentarias de Venezuela,

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó que el gobierno de Ecuador «ha sido constante en expresar su firme rechazo y preocupación por el continuo deterioro de la crisis venezolana».

Añade que «Ecuador reafirma su posición de que la única solución para superar la crisis venezolana provocada por el régimen de Nicolás Maduro es una transición política, pacífica y democrática».

Resulta contradictorio que el gobierno ecuatoriano cometa injerencia en el caso de Venezuela, pero rechace los pronunciamientos de la Vicepresidenta Kirchner.

En su corta visita de 24 horas a Buenos Aires, el candidato Andrés Arauz también sostuvo un intercambio con funcionarios y legisladores; asistió a un encuentro en el Centro Cultural Kirchner junto a los ministros de Cultura, Tristán Bauer, y el de Ciencia, Roberto Salvarezza.

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Todos los implicados están acusados de integrar una asociación ilícita y de 175 casos de cohecho entre 2003 y 2015.

La Cámara Federal de Casación Penal, máximo tribunal penal, consideró «inadmisible» un recurso presentado por la defensa de la vicepresidenta.

En la causa están procesados además Julio de Vido, quien fuera ministro de Planificación Federal durante las presidencias de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015). Implica también a poderosos empresarios de la construcción como Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.

Estiman 160 millones de dólares en sobornos

La fiscalía estimó en al menos USD 160 millones el monto de los sobornos pagados entre 2003 y 2007, durante el gobierno de Néstor Kirchner.

El caso es un desprendimiento de la llamada «causa de los cuadernos», elevada a juicio oral, con base en una serie de cuadernos de apuntes que supuestamente llevó durante años un chófer del ministerio de Planificación. En ellos anotaba recorridos, nombres de funcionarios y de empresarios y presuntas cantidades de dinero trasladado.

La parte central de la «causa de los cuadernos» está actualmente bajo revisión de la Cámara de Casación Penal por planteos de las defensas.

Nueve causas contra la vicemandataria

Kirchner, de 67 años, está procesada en nueve causas por supuesta corrupción durante su presidencia (2007-2015). Una de esas causas ya está con el juicio oral en curso desde 2019.

La vicepresidenta sostiene que las causas en su contra estuvieron motivadas por una persecución político-judicial durante el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) y a una enemistad personal del exjuez Claudio Bonadio, quien llevó adelante la mayoría de los casos hasta que falleció de cáncer en febrero.

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