En la junta están tres representantes de las iglesias católica y evangélica, una experta en delincuencia y justicia, un delegado de la Defensoría del Pueblo, una académica, una coach en cultura de paz, un abogado y una activista por la paz.

«La Comisión para el Diálogo Penitenciario y la Pacificación estará integrada por un equipo de expertos nacionales e internacionales, y entre sus principales objetivos deberá generar estrategias, planes y proyectos para fortalecer el sistema nacional de rehabilitación social», explicó Lasso en su cuenta de Twitter.

Además, aseveró que los comisionados analizarán las causas y efectos de la actual situación para establecer un pacto de convivencia interna con responsabilidad, dignidad y humanidad. «Este gobierno está comprometido con terminar la violencia en los centros penitenciarios a través de un enfoque de DDHH», dijo.

El mandatario indicó que la Comisión empezará a trabajar de inmediato. «La seguridad es la prioridad número uno del despacho presidencial y estamos cumpliendo. Gracias por aceptar esta misión de gran importancia. Cuenten con todo mi respaldo y el del gobierno», sostuvo.

Los religiosos son Jorge Narváez, el padre Luis Barrios y Pruedencio Loor. La experta en justicia es Claudia Garzón, la representante de la academia es Miriam Delgado. Mónica Ingarévalo y Nelsa Curbelo son representantes de la sociedad civil, Christian Nieto es el representante del defensor del Pueblo y Ricardo Morales es abogado.

Una larga crisis

La crisis en las cárceles del país empezaron durante el Gobierno de Lenín Moreno y, en casi sietes meses de gestión, el Gobierno de Lasso no ha logrado solucionar este problema.

La última masacre ocurrió el 13 de noviembre pasado, en la Penitenciaria del Guayas. Más de 300 asesinatos se registraron en las cárceles ecuatorianas, durante 2021.

En el amotinamiento de noviembre, que dejó alrededor de 68 muertos, la crisis se reportó a las 19h00, cuando presos de un pabellón empezaron un ataque por entrar en otro.

La Policía acordonó los exteriores de la prisión, sin embargo, los reos transmitieron en vivo y en directo la masacre, a través de redes sociales. Las imágenes que se difundieron dan cuenta de varios hechos abominables: quema de cuerpos en los patios, sangre como ríos y pánico en el centro de la escena. 

Fue una noche de terror, en medio de las súplicas de los privados de libertad, solicitando acción policial.

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En el dictamen, hubo agravantes por tratarse de «ministros de culto» y «responsables» del instituto donde se cometieron los delitos, además que las víctimas eran menores de edad, según informó RT. Fueron 25 hechos los encontrados en su contra y las denuncias planteadas llegaron por al menos 10 personas.

El juicio concluye después de casi 4 meses con la participación de 42 testigos.

Los antecedentes

El sacerdote Corradi Soliman, que actualmente tiene 83 años, también estuvo implicado en casos de corrupción de menores en La Plata, Argentina, e Italia y ya cumplía prisión domiciliaria.

Por su parte, Corbacho Blanck de 59 años y Gómez Bravo de 49 estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, esperando la sentencia.

Petición de penas

La Fiscalía, Inicialmente, solicitó 45 años de prision para los sacerdotes y 22 para el jardinero.

Este lunes, los sacerdotes Nicola Bruno Corradi Soliman y Horacio Hugo Corbacho Blanck, así como Armando Ramón Gómez Bravo recibieron la sentencia de 42, 45 y 18 años respectivamente, por abusar sexualmente de dos niños sordos en el Instituto Próvolo de la provincia de Mendoza, en Argentina.

En el dictamen, hubo agravantes por tratarse de «ministros de culto» y «responsables» del instituto donde se cometieron los delitos, además que las víctimas eran menores de edad, según informó RT. Fueron 25 hechos los encontrados en su contra y las denuncias planteadas llegaron por al menos 10 personas.

El juicio concluye después de casi 4 meses con la participación de 42 testigos.

Los antecedentes

El sacerdote Corradi Soliman, que actualmente tiene 83 años, también estuvo implicado en casos de corrupción de menores en La Plata, Argentina, e Italia y ya cumplía prisión domiciliaria.

Por su parte, Corbacho Blanck de 59 años y Gómez Bravo de 49 estaban detenidos en el Complejo Penitenciario Boulogne Sur Mer de Mendoza, esperando la sentencia.

Petición de penas

La Fiscalía, Inicialmente, solicitó 45 años de prision para los sacerdotes y 22 para el jardinero.

La ONG Xumek, en cambio, planteó 50 años para Corbacho, implicado en 16 delitos y 15 para los otros dos involucrados.

La ONG Xumek, en cambio, planteó 50 años para Corbacho, implicado en 16 delitos y 15 para los otros dos involucrados.

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