Los señalamientos surgen tras un incidente ocurrido la tarde del lunes 18 de agosto en la comunidad de San Ignacio, en Latacunga, donde Iza afirmó que fue víctima de un hostigamiento que escaló hasta un intento de atropello. Según su testimonio, sujetos que se identificaron como agentes policiales realizaban labores de vigilancia y filmación sin autorización frente a su domicilio, en una clara vulneración de la jurisdicción comunitaria reconocida por la Constitución.

“Al increparlos, el vehículo arrancó a alta velocidad directamente hacia mí. De no haber sido por mi reacción, en este momento estaría muerto. Esto no es un accidente, es un intento de eliminación”, declaró Iza con crudeza durante una conferencia de prensa, asegurando que evidencias en los teléfonos intervenidos revelan un seguimiento constante desde inicios de año.

Respaldo del movimiento indígena

El MICC, en un comunicado oficial, elevó la gravedad de la denuncia, calificando los hechos como un “intento de asesinato” y una “persecución política” dirigida a amedrentar no solo a Iza, sino a todo el movimiento indígena. “Responsabilizamos directamente a Daniel Noboa y a su Gobierno por cualquier atentado contra la vida e integridad de nuestros dirigentes”.

La denuncia encontró eco inmediato en la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que emitió un pronunciamiento en solidaridad. La organización matriz denunció el uso del aparato de inteligencia estatal para la “criminalización” de los líderes sociales y alertó que estas prácticas represivas, lejos de aislarse, configuran una “política de Estado” para debilitar la organización popular y silenciar las voces críticas.

El silencio del Palacio de Carondelet pesa sobre la crisis. La falta de un desmentido oficial o de cualquier pronunciamiento por parte de las carteras de Gobierno o del Interior deja flotando una peligrosa incertidumbre.

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Galo Ubidia, presidente del gremio, reveló a Vistazo que esta práctica insostenible se agrava por la saturación de especialidades como medicina interna, pediatría, traumatología, ginecología-obstetricia y cuidados intensivos, ofertadas por universidades «sin estudios de planificación ni priorización de necesidades reales del sistema sanitario».

El 14 de agosto, médicos realizaron un plantón en Quito exigiendo al presidente Daniel Noboa y al ministro de Salud, Jimmy Martin, el reconocimiento de sus derechos constitucionales. Paola Gordillo, portavoz del movimiento, interpeló al mandatario: «Somos profesionales titulados, muchos con maestrías, que sostenemos el sistema de salud. ¿Usted trabajaría gratis?». Gordillo destacó vulneraciones como

«Ustedes sabían a lo que se metían» fue la única respuesta del ministro Martin el pasado 8 de agosto, según relató la doctora posgradista.

El ministro en la Asamblea

Frente a las críticas, el ministro Martín declaró en la Asamblea que conoce de primera manola problemática, pues su esposa fue posgradista. Sin embargo, atribuyó estos problemas a decisiones estatales de hace más de 10 años». También aseguró que está resolviendo estos problema junto al de las becas ofertadas.

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«Eventualmente, una vez que las personas logren ver lo beneficioso que puede ser, se puede reformar para otros sectores», afirmó el primer mandatario durante la presentación de la primera Zona Franca Tecnológica en Cuenca.

La declaración chocan con su postura en campaña, cuando calificó esta modalidad como una «regresión de derechos». Ahora, bajo el argumento de un enfoque gradual, Noboa busca legitimar la medida pese al rechazo del 70% de los votantes en abril de 2024.

Zona Franca: incentivos y contradicciones

El proyecto estrella de Noboa en Cuenca, respaldado por inversión de Emiratos Árabes Unidos, ofrecerá exoneraciones tributarias como el 0% de Impuesto a la Renta por 5 años, 15% fijo posterior y aduaneras. Sin embargo, críticos señalan que la insistencia en flexibilizar derechos laborales, aún con garantías como Seguro Social y décimos, según la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, responde a compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

«El resultado en las urnas es de cumplimiento obligatorio. Pretender lo contrario es violar la Constitución», denunció el abogado constitucionalista Mauro Andino, tildando de «autoritaria» la actitud del Gobierno. Mientras, el Observatorio de la Dolarización alertó que la medida no mejora el empleo adecuado (solo 36% de trabajadores lo tienen) y prioriza «una agenda fracasada de ajuste fiscal».

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El Decreto Ejecutivo 308, activado a las 00:00 de este martes 12 de agosto, sustituye el modelo de fijación de precios por un esquema de Precio de Paridad de Importación (PPI), trasladando íntegramente los costos internacionales a los consumidores ecuatorianos.

Según documentos oficiales, el cálculo ahora internaliza variables como el riesgo país, márgenes logísticos, seguros y hasta rendimientos de la deuda interna ecuatoriana, una vinculación inédita entre política fiscal y precios de hidrocarburos. La excepción es el diésel, congelado en USD 1.79 por «relevancia productiva», un guiño al sector empresarial que contrasta con el ajuste a gasolinas de uso masivo. Mientras la Súper de 95 octanos escaló de USD 3.48 a USD 3.57%.

Sistema de bandas de precios

La Cámara de Distribuidores (Camddepe), liderada por Oswaldo Erazo, confirmó las alzas en redes sociales, pero recordó que el sistema de bandas de precios limita mensualmente las variaciones con un margen de aumento de hasta el 5% mensual y una disminución de hasta el 10%.

Pese a que el decreto ordena revisar esas tarifas en 60 días, Noboa activó el nuevo cálculo financiero este 12 de agosto. El próximo ajuste, el 11 de septiembre, confirmará si las «bandas» son un dique o una catapulta de precios.

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La movilización, denominada «Firmes por Ecuador», profundiza la pugna entre el Ejecutivo y el máximo tribunal tras la suspensión provisional de 17 artículos de tres leyes emblemáticas del gobierno.

Según confirmaron fuentes legislativas, cerca de 69 asambleístas de la bancada oficialista gestionaron permisos por horas ante el Consejo de Administración Legislativa (CAL), evitando ausentarse de la sesión plenaria de las 15h00 donde se evaluará el juicio político contra Solanda Goyes, vocal del Consejo de la Judicatura. La concentración iniciará a las 11h00 en el Puente del Guambra (centro-norte de Quito), avanzando hacia la sede de la Corte, en el sector de La Mariscal.

Crisis jurídica y tensión política

El conflicto se desató tras la decisión de la Corte Constitucional el 4 de agosto de admitir demandas contra las leyes de Solidaridad Nacional, Integridad Pública e Inteligencia – impulsadas por el Ejecutivo como «urgentes»–, paralizando artículos clave. Noboa calificó el fallo como un obstáculo para «derrotar al terrorismo, la corrupción y la pobreza», anunciando la protesta durante un acto en Guayas.

Cuestionamientos a la movilización dorada

La bancada de Revolución Ciudadana (RC) rechazó el carácter de la convocatoria presidencial: «Ninguna causa justa inspira esta movilización», señaló en un comunicado, exigiendo a la Contraloría fiscalizar el uso de recursos públicos y vehículos oficiales. Además, solicitó al Ministerio de Trabajo listas de asistencia para verificar que servidores públicos no abandonen sus funciones.

La protesta se realiza en medio de una crisis hospitalaria que cobró la vida de 12 recién nacidos en el Hospital Universitario de Guayaquil por falta de insumos. Este hecho contrasta con la ausencia de sesiones matutinas en comisiones clave donde ADN tiene mayoría, exceptuando la Comisión de la Niñez que abordará precisamente dicha emergencia a la misma hora de la marcha.

Simbolismo y dobles agendas
Mientras el gobierno moviliza bases oficialistas hacia la Corte, sectores sociales recuerdan que el pasado 7 de agosto miles de ciudadanos –incluyendo personal médico y docentes– marcharon hacia el mismo tribunal para exigir la inconstitucionalidad de leyes que afectan derechos laborales y sociales.

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Masacre en altamar

En El Guabo, provincia de El Oro, 60 sujetos armados en lanchas interceptaron una embarcación civil cerca de La Gabarra este viernes. Sobrevivientes relataron a como los atacantes lanzaron granadas tras acorralar a entre 12 y 15 personas en la bodega del navío, incendiándolo.

La Policía Nacional confirmó 4 muertos y 7 heridos, aunque la cifra podría aumentar ante la desaparición de víctimas. Los heridos fueron derivados a centros de salud en Machala y Puerto Bolívar. Fuentes policiales atribuyen el ataque a una disputa entre los grupos narcocriminales Los Lobos y Sao Box por rutas marítimas.

Inseguridad en las calles de El Oro

Mientras tanto, en Machala, dos sicariatos se ejecutaron en menos de 24 horas: uno en plena vía pública y otro en el barrio Los Algarrobos.

En Huaquillas, un ataque armado dejó dos muertos —uno con antecedentes penales y una comerciante como daño colateral—. En Pasaje, un bombero voluntario previamente amenazado fue ejecutado a balazos.

Matanza en Guayas

La madrugada de este 10 de agosto, ocho personas (7 hombres y 1 mujer) fueron acribilladas frente a una discoteca en Santa Lucía. Agentes hallaron más de 90 restos de bala en la escena. Siete víctimas murieron en el acto; la octava falleció en un hospital.

Entre los identificados figuran Jorge Luis Urquizo Ferruzola (hermano del alcalde de Santa Lucía) y dos hombres con procesos por robo y homicidio. Un día antes, en Daule, dos personas fueron asesinadas en su vivienda de la urbanización Málaga II tras ser localizadas por sicarios que superaron controles de seguridad.

Estado de excepción

El presidente Daniel Noboa justificó el estado de excepción (vigente desde el 6 de agosto) por el «incremento de violencia por grupos armados organizados«. Sin embargo, las masacres ocurridas posteriormente al decreto cuestionan la efectividad de la medida.

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El documento enfatiza que Ecuador es un «Estado Constitucional de Derechos y Justicia», cuya estructura exige respeto a la independencia judicial. Citando a la Relatora Especial de la ONU para la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, recuerda: «La independencia judicial no es opcional; es la base de la democracia. Las amenazas son inaceptables».

Los firmantes acusan al gobierno de buscar anular el sistema de pesos y contrapesos, evidenciado en la «anulación de facto del Legislativo» y su transformación en «brazo político del Ejecutivo».

Despidos masivos en Petroecuador: «Saboteo operativo»

Paralelamente, sindicatos del sector energético rechazaron el despido de cerca de 1.000 trabajadores adicionales en Petroecuador, anunciado anoche y ejecutado hoy. La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petroecuador (SINTEP) desmintieron el argumento gubernamental de un «ahorro de USD 31 millones». Los sindicatos identificaron a esta medida como un «engaño para encubrir el sabotaje a la operatividad de la empresa».

Impacto crítico en operaciones:

• Transporte de crudo: Cuatro de cinco capitanes de amarre en terminales marítimos —figuras clave para la seguridad en carga/descarga de buques— fueron desvinculados.
• Perforación: Se eliminó al 50% del equipo de ingeniería, incluyendo personal con experiencia crítica en bloques operativos.
• Geología: Tras recortes previos, los geólogos restantes cubrían hasta tres campos simultáneamente; nuevos despidos profundizan la crisis técnica.

Los sindicatos destacan que un informe ya alertaba sobre un déficit de 1.200 trabajadores. Ahora, el gobierno habría duplicado ese vacío, poniendo en riesgo la producción, exportación y refinación. ANTEP/SINTEP vinculan esta medida con un «plan de desmantelamiento deliberado» para debilitar la empresa y facilitar la privatización de activos rentables, advirtiendo que constituye un «ataque a la soberanía energética y los derechos laborales de toda la clase trabajadora».

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En un mensaje difundido a través de la red social X, el mandatario sostuvo que esta nueva consulta representa un paso firme “hacia el futuro” y defendió su carácter como “democrática y popular”, en respuesta a quienes han cuestionado el rumbo de su administración. Noboa ya había anticipado esta iniciativa semanas atrás, pero ahora presentó formalmente el contenido de las preguntas.

¿Qué propone esta nueva consulta?

Estas son las siete preguntas oficiales que serán sometidas a votación ciudadana, de aprobarse el mecanismo:

1. Bases militares extranjeras: Propone eliminar la prohibición de instalar o ceder bases militares nacionales a fuerzas extranjeras.

2. Financiamiento a partidos políticos: Plantea eliminar la obligación del Estado de entregar recursos públicos a las organizaciones políticas.

3. Eliminación del CPCCS: Propone suprimir el organismo y transferir sus competencias a la Asamblea, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría.

4. Reducción de asambleístas: Plantea reformar el sistema electoral para disminuir el número de curules en la Asamblea Nacional.

5. Contratación por horas en turismo: permitir esta modalidad solo para jóvenes en su primer empleo, garantizando derechos laborales.

6. Juicio político a jueces constitucionales: Establecer que los jueces de la Corte Constitucional podrán ser destituidos por la Asamblea.

7. Reapertura de casinos: permitir salas de juego en hoteles cinco estrellas, con tributos destinados a combatir la desnutrición infantil.

¿Qué implican estas reformas?

Esta nueva propuesta de referéndum llega meses después de la primera consulta de Noboa, celebrada en abril de 2024, en la que solo algunas preguntas fueron aprobadas. En esta ocasión, el enfoque apunta a cambios estructurales dentro del aparato estatal, incluyendo la disolución de un organismo clave como el CPCCS, la reforma legislativa y la posibilidad de volver a autorizar la presencia de fuerzas extranjeras en suelo nacional.

Aunque el Gobierno ha presentado la consulta como una herramienta de modernización, varias voces en sectores jurídicos y sociales advierten que muchas de las preguntas requieren reformas constitucionales de fondo, y podrían alterar el equilibrio de poderes, los mecanismos de control y la representación política.

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¿Consulta o estrategia política?

El anuncio ocurre en medio de tensiones internas en la Asamblea y un clima electoral anticipado. Noboa busca reposicionarse políticamente con una agenda que combine gobernabilidad y reformas estructurales. Sin embargo, la Corte Constitucional aún debe pronunciarse y determinar si las preguntas cumplen con los requisitos legales para someterlas a consulta.

Preguntas repetidas y observaciones pendientes

Un aspecto clave que no ha pasado desapercibido es que algunos temas ya fueron planteados en la consulta popular anterior de abril de 2024, aunque con redacción diferente. Por ejemplo, el trabajo por horas, el sistema legislativo y los ajustes al CPCCS ya estuvieron entre los ejes sometidos a votación en esa ocasión.

Aunque el presidente no ha mencionado esto directamente, la repetición de temas ya evaluados por la ciudadanía o por la Corte Constitucional podría generar cuestionamientos tanto legales como políticos. Expertos coinciden en que es importante tomar en cuenta las observaciones previas emitidas por el organismo constitucional y los resultados del proceso anterior, para evitar redundancias o conflictos de interpretación.

Por ahora, el Gobierno ha planteado los temas, pero el debate recién comienza, tanto en lo técnico como en lo político.

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La noticia llega en un contexto de crisis fiscal sostenida, retrasos en pagos a proveedores estatales y reclamos por falta de inversión pública en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. Sin embargo, el Ejecutivo insiste en que este nuevo endeudamiento responde a “acuerdos estratégicos” con el país asiático.

Un patrón que se repite

Este no es el primer acuerdo financiero de gran magnitud entre Ecuador y China. Desde hace más de una década, el país ha firmado múltiples convenios de crédito, financiamiento de infraestructura y compromisos bilaterales que han generado tanto inversión como dependencia.

Lo que preocupa, una vez más, es la escasa transparencia sobre las condiciones de este préstamo: ¿cuál es la tasa de interés?, ¿hay garantías involucradas?, ¿qué entidades ejecutarán los proyectos?, ¿se usarán empresas chinas para la obra pública, como ha ocurrido en el pasado?

Ninguna de esas preguntas ha sido respondida aún por la Cancillería ni por el Ministerio de Economía y Finanzas.

Energía… pero ¿para quién?

Aunque el crédito se destinará al sector energético, no se han detallado los proyectos específicos que recibirán los fondos. Se desconoce si se trata de generación eléctrica, mejora de redes de transmisión, inversión en energías renovables o expansión petrolera.

Organizaciones de la sociedad civil y economistas han advertido que sin claridad técnica ni social sobre las obras, este tipo de endeudamiento puede terminar priorizando megaproyectos poco útiles, costosos o sin retorno real para la población.

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Una deuda que sigue creciendo

Con este nuevo crédito, Ecuador suma más de USD 7.000 millones en deuda bilateral con China, según datos del Ministerio de Economía. A eso se suma el peso de la deuda externa total, que ya supera el 60 % del PIB. Mientras tanto, la presión fiscal sigue ahogando al Estado y los desembolsos comprometidos en áreas sociales se postergan.

¿Alivio económico o dependencia política?

En los últimos meses, el gobierno de Daniel Noboa ha intensificado su relación con Beijing, buscando financiamiento, cooperación comercial y respaldo internacional. El crédito actual podría interpretarse como un gesto diplomático. No como una nueva señal de dependencia estructural, bajo la apariencia de inversión estratégica.

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Según la organización, la normativa presentada como herramienta contra el crimen organizado podría convertirse en un mecanismo de «persecución política, financiera y social» que vulnera derechos fundamentales.

En un comunicado, la CONAIE denunció que la iniciativa otorga facultades «desproporcionadas» a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), permitiéndole congelar cuentas sin orden judicial previa y presumir culpabilidad sin pruebas, lo que violaría la presunción de inocencia y el debido proceso.

«Esta ley podría usarse para criminalizar la oposición y silenciar a quienes defendemos la vida y los territorios», sostuvo la confederación, señalando que afectaría especialmente a organizaciones indígenas, juntas de agua y colectivos que manejan fondos comunitarios.

¿Qué dice la ley?

El proyecto, dirigido a ONG, fundaciones y organizaciones sin fines de lucro, exige nuevos estándares de transparencia financiera, auditorías obligatorias y registro en el Sistema Unificado de Información (SUIOS) bajo amenaza de disolución. Además, la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) tendría facultades para intervenir entidades, mientras que la UAFE podría inmovilizar fondos por ocho días sin autorización judicial —con validación posterior— e identificar a sus analistas mediante voz e imagen distorsionadas.

La CONAIE rechazó la iniciativa al considerarla parte de un patrón de «medidas autoritarias» que, bajo discursos de seguridad, limitan derechos. A esto sumó su preocupación por más de cinco mil despidos en el sector público, que calificó como un golpe a familias e instituciones. «La lucha contra el crimen no puede convertirse en persecución de los pueblos», afirmó el texto, exigiendo el archivo del proyecto y llamando a la comunidad internacional a mantenerse vigilante.

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Quito, 31 julio (La Calle).- Este 30 de julio de 2025, grupos de activistas protagonizaron una marcha pacífica pero enérgica en Quito para rechazar el Decreto Ejecutivo Nº 60 emitido por el presidente Daniel Noboa. Esta disposición, que ordena la fusión de seis ministerios y el despido de 5.000 funcionarios públicos, ha generado preocupación por el debilitamiento institucional de carteras clave como la del Ambiente y la de la Mujer y Derechos Humanos.

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DECRETO 60 ELIMINA MINISTERIOS CLAVES

El Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado el 24 de julio de 2025, establece la fusión del Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Gobierno, y del Ministerio del Ambiente con la cartera de Energía y Minas. La medida también contempla una masiva desvinculación de personal público. Organizaciones civiles advierten que estas fusiones invisibilizan agendas fundamentales como la defensa del ambiente y la protección de derechos de mujeres y niñas.

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MUJERES LIDERAN LA MARCHA EN QUITO

La protesta comenzó en los exteriores del Ministerio de la Mujer y culminó frente al Ministerio del Ambiente, en el norte de la capital. Con pancartas, tambores y consignas como “¡Fuera, Noboa, fuera!”, las manifestantes denunciaron que eliminar instituciones orientadas a garantizar derechos es una regresión inaceptable. Algunas portaban cruces negras y nombres de víctimas de femicidio como símbolo de denuncia.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1950707990069227562

FUNDACIÓN ALDEA ALERTA POR VIOLENCIA DE GÉNERO

Datos de la Fundación Aldea revelan que entre el 1 de enero y el 15 de marzo de 2025 se registraron 82 femicidios en Ecuador, de los cuales al menos 12 fueron contra niñas o adolescentes. Estos datos refuerzan la crítica de que eliminar el Ministerio de la Mujer desmantela políticas urgentes frente a la violencia de género.

La movilización ciudadana contra el Decreto 60 evidencia el rechazo a medidas que, según organizaciones sociales, vulneran derechos fundamentales y debilitan la estructura institucional del país. Las protestas continúan y se prevé que más colectivos se sumen en los próximos días en defensa de los derechos humanos y ambientales.

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En entrevista con Radio Centro, el exfuncionario de Daniel Noboa evitó confirmar formalmente su postulación, pero admitió que «la Fiscalía es una de esas instancias donde cree que puede servir». Cuando se le cuestionó sobre su capacidad para investigar a un gobierno del que fue pieza clave hasta este martes, respondió con un discurso de principios: «Mi compromiso es con la verdad […] queremos un país donde la justicia no obedezca al poder». Sin embargo, no detalló mecanismos concretos para garantizar imparcialidad ante eventuales casos que involucren al gobierno.

Antecedentes

Durante el último concurso para Fiscal General en 2019, obtuvo 65/100, ubicándose penúltimo entre 14 aspirantes. Este antecedente contrasta con su actual aspiración al máximo cargo persecutor del Estado, especialmente cuando la Fiscalía deberá investigar a exministros por los contratos fallidos en el Caso Progen y otras investigaciones.

La ambigüedad calculada de De La Gasca —»tomaré la decisión cuando corresponda»— alimenta sospechas de una jugada política coordinada. 

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Quito, 29 julio (La Calle).- Ecuador atraviesa una profunda transformación demográfica. Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en 2024 se registró la tasa de natalidad más baja de los últimos 34 años. Los nacimientos cayeron en 1,4 por cada 1.000 habitantes respecto al año anterior, revelando una tendencia sostenida a la baja desde la década de 1990. Esta disminución, que pone al país en camino hacia el envejecimiento poblacional, ya provoca debates sobre sus posibles impactos económicos y sociales. Es así que la natalidad cae a su punto más bajo en 34 años

Nacimientos en descenso: más de 24.000 menos en un año

De acuerdo con cifras del INEC, Ecuador pasó de registrar 180.272 nacimientos en 2022 a 156.220 en 2023, lo que representa una caída de más de 24.000 alumbramientos en solo 12 meses. En 2024, los nacimientos sumaron 215.714, manteniéndose en niveles históricamente bajos. La tasa global de fecundidad también se redujo a 1,7 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo poblacional de 2,1.

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Adolescentes aún dan a luz, pero el grueso de nacimientos proviene de mujeres de 20 a 34 años

Pese a la baja natalidad, el número de embarazos adolescentes no muestra cambios significativos. En 2024, 1.621 niñas entre 10 y 14 años y 30.580 adolescentes entre 15 y 19 años fueron madres. Sin embargo, los rangos de edad con mayor frecuencia de nacimientos se ubicaron entre los 20 y 34 años, donde se concentra más del 70% de los partos.

La Amazonía lidera en nacimientos; Pichincha, a la cola

Las provincias con mayor número de nacimientos son Napo, Morona Santiago, Orellana, Sucumbíos y Pastaza. En contraste, las tasas más bajas se registran en Pichincha, Azuay, Carchi, Tungurahua y Loja. En cuanto a la salud perinatal, el informe del INEC señala que el 61,8% de las defunciones fetales se deben a causas no especificadas, mientras que el 20,2% corresponde a hipoxia intrauterina.

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¿Está Ecuador preparado para enfrentar su futuro demográfico? Expertos como Jorge García Guerrero, exdirector del INEC, advierten que Ecuador está en medio de una “transición demográfica avanzada”. El envejecimiento de la población ya es una realidad que podría afectar el sistema de salud, la seguridad social y el mercado laboral. Mientras tanto, Eva María Mera, actual directora del INEC, atribuye esta caída de la natalidad a factores como el acceso a la educación, el uso de anticonceptivos y cambios culturales. El desafío está sobre la mesa: el país debe anticiparse y adaptar sus políticas públicas a esta nueva etapa.

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Quito, 28 julio (La Calle).- Desde 2017, la calidad de los servicios públicos en Ecuador ha ido en declive. El despido masivo de funcionarios y la eliminación progresiva de instituciones han reducido la capacidad operativa del Estado, afectando directamente a la ciudadanía. Esta tendencia, marcada por las decisiones de los gobiernos de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa, ha coincidido con el fortalecimiento de los vínculos financieros con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que impone exigencias de ajuste estructural a cambio de préstamos millonarios.

REDUCCIÓN DEL ESTADO IMPACTA EN LA VIDA DIARIA

Los efectos de los recortes estatales ya se sienten en todo el país. En el Registro Civil, la falta de turnos para cédulas y pasaportes genera malestar ciudadano, mientras que hospitales públicos enfrentan escasez de medicamentos e insumos básicos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la percepción de la calidad del servicio público cayó de 6,9 puntos en 2014 a 6,4 en diciembre de 2024, con una tendencia a la baja desde el gobierno de Lenín Moreno.

DE 130 A 101 INSTITUCIONES EN 8 AÑOS

Tras la salida de Rafael Correa en 2017, que dejó 130 instituciones activas, Moreno eliminó 29 entidades y recortó más de 67.000 cargos bajo su “plan de optimización”. Lasso continuó esta política, y ahora Noboa profundiza el recorte: desde el 24 de julio de 2025 inició el despido de 5.000 funcionarios públicos y anunció la fusión de ministerios, reduciendo de 20 a 14 carteras y de nueve a solo tres secretarías. Esta medida representa una disminución del 41% en el tamaño del gabinete ministerial.

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FMI MARCA LA HOJA DE RUTA

La influencia del FMI ha sido determinante en este proceso. Desde 2020, Ecuador firmó múltiples acuerdos con el organismo internacional. El más reciente, firmado el 31 de mayo de 2024, por USD 4.000 millones y ampliado a USD 5.000 millones en julio de 2025, exige una reducción constante del gasto público, incluidos sueldos, inversión y funcionamiento estatal. Noboa, al igual que sus antecesores, ha alineado su política económica con los lineamientos del Fondo, priorizando la “racionalización del gasto” sobre la calidad de vida de la población.

TUIT Secretaría General de Integridad Pública EC: https://x.com/Integridad_EC/status/1949092338602778740

UNA EFICIENCIA QUE EXCLUYE

Mientras el Gobierno central cumple con los indicadores de eficiencia impuestos por organismos multilaterales, miles de ecuatorianos enfrentan un Estado cada vez más ausente. La reducción del gasto y la eliminación de instituciones no solo debilitan la estructura pública, sino que agudizan la crisis social en sectores vulnerables. La pregunta que queda es: ¿quién se beneficia de esta eficiencia si los servicios básicos siguen deteriorándose?

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Según estimaciones preliminares, más de 10.000 funcionarios podrían ser despedidos en las próximas semanas. Las áreas afectadas no serán técnicas ni estratégicas. Serán —otra vez— las de soporte: Administración, Talento Humano, Comunicación Social, Financiero, Compras Públicas y Tecnología.

Aún no hay cifras oficiales, pero en cada institución ya se están levantando listas con nombres de quienes se quedarán y de quienes serán notificados de su desvinculación.

¿Quién se salva?

Solo se mantendrá el personal que, en palabras del Gobierno, “agrega valor”. En la práctica, esto significa técnicos especializados y operativos. Por ejemplo:

• En la Senescyt, que será absorbida por el Ministerio de Educación, no serían despedidos docentes universitarios.
• En el Ministerio del Ambiente, que se fusionará con Energía, se conservaría al personal técnico.

Todo lo demás está en revisión. El mensaje es claro: el peso del ajuste no lo pagarán los asesores de los grandes despachos que ganan de 3.000 para arriba, sino quienes hacen que el Estado funcione en silencio, esos engranajes que hacen que la maquina funcione correctamente por un sueldo que a lo sumo superaría los 1.000 dólares.

Sin embargo, nada está dicho. Como ya fue mencionado días anteriores, pese a que el gobierno fue enfático en decir que no despediría a médicos y docentes, personal sanitario fue desvinculado de la Maternidad Isidro Ayora.

Las fusiones confirmadas

Estas son las instituciones que dejarán de existir como tales y se integrarán a otras:

• Ministerio de Cultura y Ministerio del Deporte → se integran al Ministerio de Educación.
• Ministerio del Ambiente → se fusiona con Energía.
• Ministerio de la Mujer → se disuelve y sus competencias pasan al Ministerio de Gobierno.
• Secretarías como Senescyt, Ecuador Sin Desnutrición, Planificación y Gestión Inmobiliaria → también serán absorbidas.

Más de 200.000 funcionarios trabajan en estas instituciones. Aunque no todos serán despedidos, los recortes ya están en marcha. El exvicepresidente Alberto Dahik anunció con entusiasmo que serían aproximadamente 50.000 nuevos desempleados en Ecuador. ¿El sector privado estará preparado para ofrecer un empleo a todos estos seres humanos que buscan llevar el pan a su casa?

¿Y la eficiencia?

Con cada recorte, se pierde también conocimiento, continuidad y capacidad de respuesta. Desde afuera, parecerá que todo sigue igual. Pero dentro, hay instituciones que se están vaciando de lo que las hacía funcionar.

El Gobierno dice que esto se trata de “modernizar el Estado”. Pero modernizar no debería ser sinónimo de precarizar. Ni de despedir sin evaluación. Ni de debilitar los servicios públicos.

En nombre del ahorro, se está despidiendo a quienes sostienen la salud, la educación, la planificación, la protección social.

Y como siempre, los que sobran nunca son los de arriba.

¿La postura de La Calle? Como siempre, los seres humanos.

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Quito, 26 julio (La Calle).- La molestia ciudadana se desbordó la tarde del viernes 25 de julio, cuando cientos de trabajadores públicos, gestores culturales y gremios sindicales protestaron frente al Ministerio de Cultura. La razón: el Decreto Ejecutivo Nº 60, firmado por el presidente Daniel Noboa, que ordena la fusión de ministerios y la salida inmediata de 5.000 servidores públicos. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una “optimización del Estado”, los afectados denuncian el desmantelamiento institucional y la precarización del empleo público.

La cultura en riesgo: artistas rechazan fusión con Educación

Los gestores culturales alzaron su voz contra la decisión de fusionar el Ministerio de Cultura y Patrimonio con el de Educación. Consideran que esta medida no solo invisibiliza su sector, sino que vulnera el derecho a políticas públicas específicas para las artes. Con pancartas, performances y consignas como «¡Fuera, Noboa, fuera!», exigieron respeto al sector y transparencia sobre el impacto de esta reestructuración.

VIDEO ALFREDO ESPINOSA: https://www.instagram.com/p/DMjIzR7POWK/

Sindicatos convocan marcha nacional y acciones legales

La Confederación Nacional de Servidores Públicos (Conasep), en conjunto con otras organizaciones, convocó una movilización nacional para este miércoles 31 de julio. El objetivo: rechazar los despidos masivos y presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley de Integridad Pública. Además, se anunciaron al menos diez acciones inmediatas para defender la estabilidad laboral y exigir al Gobierno una explicación clara sobre los recortes.

Exfuncionarios deben declarar su patrimonio en 20 días

La Contraloría General del Estado recordó que los funcionarios desvinculados tienen un plazo de 20 días hábiles para presentar su declaración juramentada de fin de gestión. Esta obligación, establecida en la Ley de Presentación y Control de Declaraciones Patrimoniales Juradas, busca prevenir el ocultamiento de bienes y promover la transparencia. El primer grupo separado el 24 de julio deberá entregar el documento hasta el 22 de agosto.

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Entre recortes y rechazo social, el Gobierno se queda sin narrativa

El llamado “Plan de Eficiencia Administrativa” del Ejecutivo no ha convencido a la ciudadanía. Lejos de calmar las aguas, los despidos y fusiones ministeriales han provocado una reacción masiva de rechazo. Mientras el país enfrenta una crisis de empleo y servicios públicos debilitados, crece la presión sobre la Corte Constitucional y sobre el propio presidente Noboa para que rectifique o al menos explique. Ecuador, una vez más, se encuentra en la cuerda floja institucional.

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Quito, 24 julio (La Calle).- El Gobierno ecuatoriano implementa una reestructuración sin precedentes del aparato estatal que elimina 5.000 puestos de trabajo del sector público, como parte de un agresivo plan de eficiencia que transforma radicalmente la administración nacional. La portavoz gubernamental Carolina Jaramillo confirmó esta decisión durante el anuncio oficial de la fusión ministerial, estableciendo un nuevo paradigma en la gestión pública del país.

MINISTERIOS SE REDUCEN DE 20 A 14 EN REORGANIZACIÓN INTEGRAL

El Decreto Ejecutivo N.º 60 oficializa la fusión de ministerios y secretarías de Estado, concentrando las funciones gubernamentales en estructuras más compactas. La Secretaría General de Administración Pública ejecutará esta transformación institucional bajo la dirección del Gabinete de la Presidencia. «La idea es crear partidas que realmente sean necesarias», explicó Jaramillo, aclarando que «la supresión de estas 5.000 partidas no significa que se generarán otras 5.000 nuevas». Esta medida representa la mayor reorganización administrativa en décadas.

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FMI IMPULSA AJUSTE FISCAL QUE DESENCADENA DESPIDOS MASIVOS

El compromiso gubernamental con el Fondo Monetario Internacional (FMI) acelera los despidos masivos en Ecuador tras la ampliación del programa crediticio de USD 4.000 millones a USD 5.000 millones. El acuerdo internacional exige al Gobierno de Daniel Noboa implementar un ajuste fiscal de 1,1 puntos porcentuales del PIB en 2025, escalando a 1,7 puntos en 2026. Esta presión financiera internacional convierte los despidos públicos en una herramienta obligatoria para cumplir las metas fiscales establecidas con el organismo multilateral.

TRANSMISIÓN CAROLINA JARAMILLO: https://www.youtube.com/@PresidenciaEc

FUNCIONARIOS RECIBIRÁN INDEMNIZACIÓN BASADA EN AÑOS DE SERVICIO

El reglamento gubernamental establece compensaciones económicas para los funcionarios de carrera afectados por la cesación laboral. Los empleados públicos recibirán cinco salarios básicos unificados por cada año de servicio, calculados desde el quinto año de trabajo y tomando como referencia el salario básico del 1 de enero de 2015. El monto máximo de indemnización alcanza 150 salarios básicos.

ECUADOR ENTRE LOS 10 PEORES PAÍSES PARA TRABAJADORES SEGÚN ÍNDICE INTERNACIONAL

Por segundo año consecutivo, Ecuador figura entre los 10 peores países del mundo para los trabajadores según el Índice Global de Derechos de la Confederación Sindical Internacional (CSI) 2025. Esta clasificación convierte al país en el único representante sudamericano dentro de este grupo crítico, evidenciando un deterioro sistemático de las condiciones laborales nacionales. El ranking internacional refleja políticas gubernamentales que debilitan progresivamente los derechos sindicales y las garantías laborales, consolidando un entorno hostil para la clase trabajadora ecuatoriana en el contexto regional.

Los despidos masivos de funcionarios públicos marcan un punto de inflexión en la política laboral ecuatoriana, combinando presiones fiscales internacionales con una reestructuración estatal de gran envergadura. Esta medida, respaldada por compromisos con el FMI, transforma definitivamente el panorama del empleo público mientras Ecuador enfrenta cuestionamientos internacionales sobre sus políticas laborales.

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La transferencia, que se suma a un pago anterior realizado en enero, busca cubrir deudas acumuladas con proveedores, clínicas y prestadores de servicios. Sin embargo, a pesar del monto millonario, los problemas en el sistema de salud pública persisten, y las críticas no se han hecho esperar.

TUIT MINISTERIO DE SALUD: https://x.com/Salud_Ec/status/1948382678358581292?t=cISBiWcbJyaKl8wpcsKapA&s=19

No se trata solo de pagar, sino de transformar el sistema

Diversos colectivos del sector salud han salido a las calles en los últimos meses para exigir no solo pagos y abastecimiento, sino también cambios estructurales. Desde sindicatos hasta asociaciones médicas y de pacientes, la crítica es clara: no basta con enviar recursos si no se transforman las condiciones en las que opera el sistema de salud pública en Ecuador.

Parte del malestar apunta también a las fallas dentro de las leyes recientemente aprobadas por la Asamblea Nacional, que supuestamente buscaban reorganizar y modernizar la gestión del sector. En la práctica, aseguran los trabajadores, esas reformas no han solucionado los problemas de fondo y en muchos casos han generado nuevos obstáculos burocráticos sin impacto real en la atención.

¿Y los niños de Taisha?

A esta situación se suma un caso que ha estremecido al país: la muerte de varios niños en Taisha, provincia de Morona Santiago, por causas que pudieron haberse evitado con atención médica oportuna. Las comunidades amazónicas, históricamente olvidadas por el Estado, vuelven a enfrentar las consecuencias más graves del abandono institucional.

La pregunta es inevitable: ¿quién responde por esas vidas perdidas? Mientras en Quito se anuncian pagos millonarios, en el interior del país muchas familias aún caminan horas para llegar a un centro médico sin insumos o se ven obligadas a improvisar soluciones frente a la ausencia del Estado.

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Una crisis que no se resuelve con comunicados

A pesar de los más de 400 millones invertidos, el sistema de salud sigue lejos de garantizar atención digna, equitativa y oportuna. Las cifras pueden llenar comunicados de prensa, pero no salvan vidas si no van acompañadas de reformas estructurales, voluntad política y una gestión pública que priorice a las personas sobre los informes contables.

Los trabajadores de salud, los pacientes y sus familias no piden milagros: piden un sistema que funcione. Porque, como ha quedado claro este año, no se trata solo de pagar. Se trata de reparar un sistema que por demasiado tiempo ha estado roto.

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Quito, 23 julio (La Calle).- En el sur de Quito, la escasez de gasolina Extra ya no es un rumor: transportistas, usuarios y distribuidores confirman restricciones en el Terminal El Beaterio, uno de los principales centros de despacho de combustibles del país. Mientras Petroecuador niega desabastecimiento y asegura mantener niveles históricos de distribución, los testimonios en terreno muestran una realidad opuesta.

TRANSPORTISTAS ALERTAN SOBRE CUPOS REDUCIDOS

A diario, miles de galones de gasolina Extra no llegan a las estaciones de servicio como deberían. Camiones cisterna con capacidad para transportar entre 4.000 y 8.000 galones están saliendo del Terminal El Beaterio con solo el 50% o 60% de su capacidad, según testimonios de transportistas, actualmente únicamente reciben entre 2.000 y 5.000 galones por despacho, pese a que una estación de servicio promedio requiere al menos 4.000 galones diarios para operar con normalidad. La explicación oficial sobre la reducción de cupos no ha sido emitida por Petroecuador, pero los efectos ya se sienten en los surtidores y en la disminución de stock en varias estaciones del país.

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PETROECUADOR DEFIENDE CIFRAS Y NIEGA DESABASTECIMIENTO

Según Petroecuador, El Beaterio despacha alrededor de 850.000 galones diarios, mientras que otros 630.000 galones se distribuyen desde Ambato, Riobamba y Santo Domingo. La empresa pública insiste en que estos volúmenes cumplen con la demanda histórica. Sin embargo, operadores denuncian que el problema radica en la gasolina Extra, que llega en menor cantidad de lo habitual.

TUIT PETROECUADOR: https://x.com/EPPetroecuador/status/1948022893167661134

LA REFINERÍA DE ESMERALDAS, EN EL CENTRO DEL CONFLICTO

El origen del conflicto apunta a la paralización de la Refinería de Esmeraldas, inactiva desde el 26 de mayo tras un incendio. Aunque su reactivación estaba prevista para el 18 de julio, nuevas proyecciones del Gobierno aplazan esa fecha hasta el 25 de julio o incluso hasta el 26 de agosto. Esta situación agrava la dependencia del país respecto a combustibles importados.

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Mientras el país espera la reactivación total de la Refinería, el racionamiento de gasolina Extra podría extenderse por semanas. Lo que empezó como una contingencia técnica hoy amenaza con convertirse en una crisis de movilidad y abastecimiento. La falta de transparencia sobre los cupos y las causas de la restricción solo profundiza la incertidumbre.

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La normativa, cuestionada en la Corte Constitucional por múltiples demandas, reforma al menos seis cuerpos legales, desde la Ley de Servicio Público hasta la Ley de Contratación Pública. Originalmente enfocada en compras estatales, la ley amplió su alcance durante su trámite legislativo. Dejando de lado la unidad materia, el proyecto de ley incorporó ajustes laborales que hoy generan rechazo en sectores de servidores públicos.

Evaluación y destituciones

El reglamento detalla que los funcionarios serán evaluados dos veces al año —frente a una anual anterior— con consecuencias escalonadas: quienes obtengan «insuficiente» en dos ocasiones consecutivas serán destituidos.

Si el servidor obtiene una calificación regular, puede ser evaluado nuevamente en tres meses y si tiene la misma puntuación o menos también será despedido del cargo. Solo las notas «excelentes» o «muy buenas» permitirán acceder a promociones o capacitaciones. Adicionalmente, se reduce el monto de indemnizaciones por despido.

Teletrabajo condicionado

Los empleados con evaluación inferior a «satisfactorio» podrán perder su modalidad de teletrabajo y retornarán a la presencialidad. Las instituciones deberán emitir normativas internas para aplicar este cambio. La decisión también podrá tomarse si el superior jerárquico determina que las funciones requieren asistencia física.

De igual manera, el decreto establece directrices para aplicar reformas en leyes como la de Contraloría, Movilidad Humana y Economía Popular, aunque el grueso de sus disposiciones se concentra en contratación pública.

La asambleísta opositora Gabriela Molina denunció que el gobierno busca «cesar a miles de servidores». Resaltó que la normativa paraliza iniciativas de estabilidad laboral, reflejando la tensión política que rodea a esta normativa.

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