Salcedo —presente el 17 de julio ante la comisión— había autoimpuesto 10 días para documentar sus señalamientos, entre ellos:

• – Presunta vinculación de Xavier Jordán (procesado por Caso Metástasis) con financiamiento ilegal a campañas, incluida la Revolución Ciudadana;
• – Declaraciones sobre el asesinato del candidato Fernando Villavicencio («Lo mejor era silenciarlo«);
• – Mecanismos de adjudicación fraudulenta de contratos médicos con empresarios y exfuncionarios.

Falta de respaldos y credibilidad en entredicho

La asambleísta Ana Herrera confirmó hoy que no se recibió ningún documento en los correos institucionales. Argumentó que su silencio erosiona la seriedad de sus denuncias». El presidente de la Comisión, Ferdinan Álvarez (ADN), había calificado previamente la comparecencia como «una ironía sin sustento», subrayando que un sentenciado por corrupción acusaba «sin presentar un solo papel».

Contraste con contrapruebas

Mientras Salcedo incumple, Xavier Jordán —acusado por él— presentó 12 contratos del Hospital de Manta que expondrían desvíos por USD 1.600 millones (2020-2025).

Según Jordán, estos vinculan a «familiares y operadores de Ferdinan Álvarez, Salcedo y Publio Vázquez». Álvarez rechazó las imputaciones y criticó la ausencia de Jordán en su citación del 21 de julio, aunque aceptó analizar los documentos.

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En un video difundido la noche del 9 de julio, el burgomaestre calificó las imputaciones como «totalmente falsas» y denunció una estrategia de persecución política. «Hoy vemos cómo inventan otro tema, saben que el primer tema de persecución lo tienen prácticamente perdido porque no es real y es falso», declaró. Álvarez negó cualquier contacto con personas bajo proceso legal y desmintió una supuesta videollamada con Salcedo, señalando que la foto presentada lo mostraba viendo un partido de fútbol en un estadio

Álvarez asegura su inocencia

El alcalde aseguró que la revelación coincide con la proximidad de su audiencia de defensa en el Caso AAA, que consideró «prácticamente cerrado» por falta de pruebas. Criticó duramente la cobertura del canal TC Televisión: «Justificar lo que pasó hoy en TC Televisión (…) buscando posicionar una mentira con una foto ridícula (…) es sinceramente ridículo».

Álvarez enfatizó su trayectoria transparente: «Mi vida es transparente niego rotundamente cualquier conversación con cualquier personaje que esté en algún proceso judicial». Además, responsabilizó a grupos de oposición de orquestar campañas de difamación y advirtió: «Si tanto quieren estar en Guayaquil, en dos años son las elecciones pero dejen de perseguir a familias».

El mandatario anunció que su abogado asumirá las declaraciones futuras y se mostró dispuesto a someterse a pericias. Finalmente, expresó su preocupación por la situación del país: «Me duele en el alma el rumbo que ha cogido el país: cero gestión, mucho show, pan y circo para el pueblo«.

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Abogados de Glas y Serrano reaccionan

La tarde del viernes 27 de junio, el condenado Daniel Salcedo llegó al Complejo Judicial Norte de Quito acompañado de un fuerte resguardo policial para rendir su testimonio sobre el asesinado de Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023. Dos años después, la Fiscalía General del Estado retoma las investigaciones para dar con el o los autores intelectuales del magnicidio, en cooperación eficaz. Salcedo habría mencionado montos y nombres ante un juez y un fiscal, desde la cámara Gesell. Después de la diligencia, los abogados de Jorge Glas y José Serrano dijeron ante los medios de comunicación que sus clientes no tienen ningún rol de participación. Dámaris Cáceres, abogada del exvicepresidente, aseguró que su defendido no habría sido mencionado de manera directa en el testimonio y que los señalamientos a exautoridades de gobiernos pasado han sido muy escuetos, según las declaraciones publicadas en el medio El Dato.

Por su parte, el abogado del exministro del Interior indicó que no existen pruebas de que su defendido esté involucrado en el caso a pesar de que se ha dicho que se presentarían en la diligencia. Esta versión se encontró en el medio digital El Portal.

Diligencia reservada

Ante estas declaraciones, la Fiscalía General del Estado emitió un comunicado oficial donde advirtió el inicio de acciones legales contra las personas que hayan difundido información catalogada como reservada, puesto que el testimonio constituye una diligencia a la que únicamente tienen acceso los sujetos procesales.

Sin embargo, cuatro meses después del crimen, la exfiscal ya anunciaba sus sospechas de Javier Jordán como uno de los involucrados. En una entrevista en el medio Teleamazonas, de diciembre de 2023, la exfiscal Diana Salazar dijo que en conversaciones de chats, de mayo hasta octubre de 2022, se revelaba una con Jordán en la que presuntamente solicitó fotografías, documentos, contactos y nombres de personas cercanas a Villavicencio.

También señaló que la información que se filtró del político provenía de bases de datos de la función pública, como ubicación desde el ECU 911, coordenadas, tarjetas de filiación, fichas y otras, que solo tenían acceso determinadas personas. “Imagínese que tenían a la mano todo lo necesario para cuando Fernando se les perdiera”, aseguraba la titular de la Fiscalía cuando aún estaba en funciones.

¿Hubo financiamiento y un financista?

Las declaraciones de ambos abogados coinciden en que Salcedo habría señalado que el asesinato de Villavicencio fue financiado con sumas de 20.000, 30.000 y 200.000 dólares pero que, ninguno de estos recursos representaría necesariamente momentos de pagos. Los periodistas mencionaron el nombre de Javier Jordán como el presunto financista, sin embargo, ninguna de las partes confirmó el nombre e indicaron que esta información está en la investigación de la Fiscalía.

Entre los nombres que se habrían mencionado de forma indirecta en el testimonio de Salcedo, estarían el del empresario Javier Jordán, así como el de un exministro identificado como “Pepe”, que algunos relacionan con José Serrano. También se habría afirmado la participación de actores cercanos a un movimiento político, aunque sin acusaciones directas ni documentación verificable. Estas menciones han generado una nueva ola de tensiones políticas y mediáticas.

¿Rumores, especulaciones o verdad a voces?

Desde los espacios virtuales, tanto actores políticos como ciudadanos han cuestionado que este proceso podría estar siendo manipulado con fines políticos, especialmente por figuras públicas que buscan vincular a un movimiento político sin pruebas sólidas.

Sin embargo, el testimonio de Daniel Salcedo deja en evidencia las tensiones entre justicia, poder y verdad. Mientras se mencionan o rumoran nombres que generan ruido político y mediático, las defensas insisten que se trata de acusaciones infundadas y esperan que la investigación sea transparente.

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Este caso que conmocionó a todo el Ecuador dejó a 37 personas detenidas en el primer proceso. De acuerdo a las declaraciones de la fiscal General del Estado, Diana Salazar, todo el caso se habría desatado luego de explotar el teléfono del reconocido narcotraficante Leandro Norero, alias El Patrón.

Otro lío para Terán

El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Álvaro Román, denunció que el personal del extitular de la entidad, Wilman Terán habría intentado acceder al sistema encriptado de las preguntas para el concurso de jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

Según Román, el sistema sí fue entregado a los sujetos, pero comentó que el hecho es investigado por la Unidad de Transparencia.

El Pleno del (CJ) declaró nulo el proceso de renovación de jueces de la CNJ, el 18 de enero de 2024. El comunicado de la entidad aseguró que el proceso tenía anomalías e inconsistencias que traerían sanciones penales o administrativas.

Un intento por salir de prisión

El nombre de Daniel Salcedo es conocido en la Función Judicial por los casos de corrupción en los que ha participado. Sin embargo, el implicado interpuso una medida de habeas corpus contra el juez Felipe Córdova y el SNAI.

La audiencia se llevó a acabo el 1 de febrero de 2024, los abogados del implicado mencionaron que su defendido sufre de supuestas torturas en la Cárcel de Cotopaxi. Salcedo fue recluido el 21 de enero de 2024, luego de ser deportado desde Panamá.

El recluso, en su intervención, mencionó que no le proporcionan ni agua para tomar o un pluma. Según él, su vida corre peligro en en ese centro. «El SNAI sabe que todo lo que digo es real», comentó.

No obstante, la entidad a cargo de los presos mencionó que a Salcedo lo trasladaron de la cárcel 4 de Quito a la de Cotopaxi por supuestas amenazas. Además, fue enfático en que el recluso no debería recibir este beneficio.

Luego del largo proceso, el juez negó el habeas corpus a Salcedo y alegó que sus derechos no fueron vulnerados en ningún momento. También, expresó que esto se trataría de una «mera inconformidad por parte del detenido».

¿Norero vivo?

Se supone que Norero falleció en un motín carcelario en la Cárcel de Latacunga el 3 de octubre de 2022. Sin embargo, la justicia, nuevamente, activó sus alertas ante la posibilidad de que haya fingido o no su muerte. A estas sospechas se suma el excandidato presidencial Cristian Zurita, quien solicitó que se exhumen los supuestos restos del narcotraficante y confirmen su identidad.

Según diario La Hora, fuentes judiciales pidieron un examen de ADN de Norero, pero nunca fue otorgado. El día de su muerte, las autoridades encargadas trasladaron su cuerpo a la morgue de Ambato y posterior a eso a Guayaquil. Como el cuerpo de Norero llegó degollado y baleado, la familia reconoció el cuerpo por los tatuajes.

Ya fingió su muerte dos veces

La primera muerte de Norero fue en Perú, cuando lo detuvieron por ofrecerle USD 4.000 a dos jóvenes para ser «mulas». Cuando encontraron a Norero, un juez pidió prisión preventiva, pero ‘el Patrón’ se fugó. En 2019 fue herido en Guayaquil y las autoridades peruanas pidieron su extradición. Volvió a evadirse fingiendo su muerte.

Segunda muerte

La resurrección de Norero se da el 25 de mayo de 2022 cuando la Policía ecuatoriana allanó su casa y lo detuvo. El criminal pasó cuatro meses en prisión hasta el 3 de octubre cuando una balacera en la cárcel de Latacunga se cobra la vida de 15 privados de libertad (PPL), él entre los occisos.

“De lo que podemos conocer preliminarmente, el ciudadano Leandro Norero estaría entre las víctimas”, dijo a los medios el subdirector del Servicio Nacional de Protección a Privados de Libertad (SNAI), Jorge Flores. No obstante, nunca hubo información fehaciente que pruebe que Norero estaba muerto.

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Este cambio se produce después de que Salcedo sea detenido en la cárcel 4 de Quito desde el 18 de enero, fecha en la que fue deportado de Panamá por presunta participación en delincuencia organizada.

El traslado, llevado a cabo en un operativo que involucró al Grupo de Intervención y Rescate (GIR) y al Grupo de Operaciones Especiales (GOE), inició el sábado a las 19:40, según informó el SNAI a las 14:30 de este domingo.

Según información oficial, al llegar al nuevo centro, se llevó a cabo una evaluación médica de Salcedo en colaboración con el Ministerio de Salud, cumpliendo con medidas cautelares y asegurando su integridad física y psicológica.

El SNAI destacó su compromiso de facilitar todas las medidas necesarias para las investigaciones de las autoridades judiciales.

El historial de Salcedo

La historia legal de Daniel Salcedo incluye una liberación a finales de 2022, dispuesta por un juez en la provincia de Manabí. Sin embargo, ahora enfrenta una serie de cargos que incluyen lavado de activos, peculado, fraude procesal e ingreso de artículos prohibidos a un centro de rehabilitación social.

El traslado de Salcedo añade un nuevo capítulo a su historia legal, manteniendo el interés y la intriga en torno a los eventos que rodean su figura.

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Hasta enero de 2024, Salcedo acumula cinco procesos y sentencias judiciales por fraude procesal, ingreso de artículos prohibidos a una cárcel, lavado de activos, delincuencia organizada y peculado.

En noviembre de 2020, Daniel y su hermano Noé Salcedo tuvieron un proceso por presunta delincuencia organizada en la venta de medicamentos con sobreprecio a los hospitales del IESS.

Durante diciembre de 2020, por fraude procesal, un Tribunal de Guayaquil le impuso una pena de cuatro años de prisión. Salcedo quiso escapar en una avioneta que se estrelló en Tumbes, frontera con Perú. En este mismo proceso, un Tribunal de la Corte del Guayas redujo la condena a pena cumplida.

En julio de 2021 fue declarado culpable de vender bolsas de cadáveres y otros insumos médicos con sobreprecio al Hospital de los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil. Un Tribunal lo sentenció a 13 años de prisión por peculado.

Reicibió tres años de cárcel, en agosto de 2021, por el delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro de privación de la libertad. El 5 de enero de 2024, la Corte Nacional de Justicia declaró culpables a Daniel y su hermano Noé Salcedo por el delito de lavado de activos. Recibieron una condena de 13 años. Es uno del os 39 acusados por el caso metástasis.

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La Policía Nacional dio detalles respecto al asesinato del fiscal Suárez. Según el comandante Herrera, el hecho ocurrió el 17 de enero a alrededor de las 13h00 después de que el funcionario acudiera a las instalaciones de la Policía Judicial. Días antes habría pedido protección especial por los casos relevantes que tenía a cargo.

La víctima fue interceptada por un vehículo, en la Av del Bombero. El conductor portaba una chaqueta similar a la del uniforme de los agentes de la Autoridad de Tránsito Muncipal (ATM). En el auto iban dos pasajeros armados.

La Policía levantó 18 indicios balísticos y detuvo a dos personas: el presunto sicario y el conductor del vehículo identificados como Ángel A., de 22 años, quien no tiene antecedentes penales y Christian P,. de 30 años, con antecedentes por tenencia de armas, asociación ilícita robo y secuestro.

De acuerdo a las investigaciones realizadas se tiene la hipótesis de que tras el crimen estaría el grupo criminal de los Chone Killers. La institución sigue atrás de la pista de los responsables. El fiscal estuvo a cargo de los siguientes procesos:

Caso Isspol

El fiscal lideró el operativo que dejó en evidencia la millonaria estafa en el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL). En este proceso se realizó once allanamientos y se detuvo a siete personas.

Suárez declaró como figuras principales de este desfalco al principal exasesor del Isspol, Jorge Chérrez conocido como ‘El Mago’ y al exdirectivo del Departamento de Operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Ecuador (Decevale), Gonzalo Navarro.

Corrupción en hospitales del IESS

Suárez también estuvo detrás de los casos de corrupción en los hospitales públicos por sobreprecios y otras irregularidades. El principal protagonista de estos escándalos fue Daniel Salcedo, quien fue procesado por peculado y delincuencia organizada. Por este último delito fue condenado a 13 años de cárcel, sin embargo, un año después fue puesto en libertad por un juez de Paján.

Actualmente está vinculado en el caso Metástasis por presunta participación de delincuencia organizada. Cabe mencionar, que el asesinato de Suárez se produjo un día después de la retención de Salcedo en Panamá.

Atentado a TC Televisión

Tras el ataque que sufrió el medio de comunicación de TC Televisión, la Policía detuvo a 11 implicados en el atentado terrorista. El fiscal Suárez estaba encargado de investigar qué grupo criminal estuvo detrás del suceso que desencadenó pánico en la población. (AGM).

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El hecho ocurrió la tarde de este 17 de enero a alrdedor de las 14h00, un día después de la detención de Salcedo en Panamá. Según datos preliminares, Suárez se dirigía desde la policía judicial hacia la unidad de justicia del Albán Borja para una audiencia.

El funcionario también estuvo a cargo de otro caso importante como fue la millonaria estafa al ISSPOL y estaba postulando al cargo de juez anticorrupción.

Noticia en desarrollo…

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La fiscal Diana Salazar acudió a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para la vinculación de ocho procesados más en este polémico caso.En total ya serían 39 implicados. «El mismo grupo que asesinó a Fernando Villavicencio ha sido contratado para acallar la voz de esta fiscal», dijo la titular del organismo en su intervención.

Según el informe de la entidad, el implicado operaba como planificador de estrategias ilegítimas destinadas a obtener la libertad de Leandro Norero por medio de ofrecimientos de sobornos a operadores de justicia.

También habría estado involucrado en la administración pública de empresas estratégicas como Petroecuador, CNEL, Celec, lESS. De acuerdo a Fiscalía, compraba espacios públicos para gestionar contratos y recuperar lo invertido.

Los otros siete

Durante la audiencia, la fiscal señaló a Xavier J. como jefe y líder de una organización criminal. A los demás procesados los catalogó como autores del delito de delincuencia organizada. Este sería el rol de cada uno, según la institución:

• Víctor Hugo A: Agente fiscal encargado de filtrar toda la información de operativos que la institución encargada del impulso de la acción penal emprendida. Ayudó a que los brazos armados de Leandro Norero no sean puestos a órdenes de la autoridad competente. Sus miembros ya se encontraban anticipados de dichos actos de lucha contra el crimen por parte del Estado.
• Jairo V: Facilitador para la entrega de sobornos, específicamente al juez Emerson C., a cambio de la liberación de alias «Cuyuyuy» y «Madrid», brazos armados de Norero.
• Fabián C: Brazo operacional del económico financiero de la organización, a través de la comercialización y envío de paquetes de droga para financiar los gastos judiciales de Leandro Norero (+) y sus familiares. También el pago de sobornos a funcionarios judiciales, policiales y abogados particulares.
• Carlos Z: Habría colaborado con la organización desde el ámbito administrativo haciendo uso de sus funciones como presidente de la Corte Provincial de Manabí, ya que propiciaba escenarios idóneos para favorecer los sorteos a los jueces afines. Asimismo, gestionaba los pedidos efectuados por Leandro Norero (+) a Helive A., con la finalidad de proteger a las personas que colaboraban con la organización delictiva. Entre ellos, el alcalde de Manta, Agustín Intriago (+).
• Fernando G: Cabo Primero de Policía. Su rol de colaboración estaba ligado directamente con Leandro Norero (+) y consistía en desarrollar actividades operativas a favor de la organización, como simular operativos policiales a fin de salvaguardar los bienes muebles que se encontraban al interior de una propiedad incautada de Norero.
• Xavier J: Miembro de la cúpula criminal, quien ponía a disposición todos sus recursos materiales y humanos para cumplir con el plan criminal de Norero. Ponía a disposición sus empresas para justificar el movimiento de dinero ilícito que estaba siendo auditado dentro del proceso por lavado de activos. También habría participado en la instigación para cometer delitos en contra de varias personas, entre funcionarios públicos y periodistas, como Fernando Villavicencio (+).

Por su parte, Xavier J. interpuso una demanda en EE.UU. contra la fiscal Salazar por difamación. Anteriormente, su defensa alegó su inocencia y manifestó que tenía pruebas que invalidarían la acusación, sin embargo, no la expondrían hasta el momento. (AGM).

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A través de una serie de chats descubiertos en el expediente del caso, se destapa una conexión poco convencional entre ambos actores durante su estancia en la prisión de Cotopaxi en 2022, revelando una red de complicidades.

Una conexión basada en la influencia mutua

Estos chats, fechados a partir del 29 de junio de 2022, exponen un intrigante intercambio de favores y diálogos que oscilan entre la fe (ambos conversaban sobre sus oraciones y su relación con Dios) y los oscuros negocios. La relación se fundamentó en la influencia mutua, donde Norero busca empleo para familiares en el sector público mientras Salcedo presume de conexiones y sugiere la posibilidad de «comprar entidades».

La dualidad de estos diálogos revela una trama de relaciones turbias y favores clandestinos que se desenvuelven en un contexto de corrupción y narcotráfico.

En medio de oraciones y expresiones de fe, Norero y Salcedo discuten tratos poco éticos. Salcedo busca la colaboración de Norero para localizar a su hermano (Noé) liberado por una apendicitis y, también, resolver problemas legales, mientras ‘el patrón’ presiona para colocar a familiares en puestos públicos.

En uno de esos diálogos, Salcedo propone la idea de «comprar entidades«, introduciendo Norero al mundo de operaciones poco convencionales en el sector público. Este intercambio de mensajes revela una conexión basada en la conveniencia y la disposición a transgredir límites éticos y legales.

Norero habría conseguido favores de parte de Salcedo

Durante su estadía en la cárcel, Norero presionó a Salcedo para que dos de sus familiares: su cuñada y su sobrina, puedan obtener empleo en el sector público. El intermediario, Salcedo, le aseguró al narcotraficante que no tendría mayores dificultades para lograrlo.

Al parecer, dicha gestión fue exitosa para la sobrina de Norero, contratada como auxiliar de carga en Celec, según registros de la Contraloría. Sin embargo, su cuñada no figura en los archivos de funcionarios públicos.

Las últimas conversaciones entre ambos personajes están ligada a las intenciones de Norero de extender su poder y conexiones hasta el Servicio Nacional de Aduanas (Senae). Sin embargo, estas no fueron concretadas, debido al fallecimiento del narcotraficante en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022.

Los chats entre ambos personajes exponen a la luz una red de influencias y corrupción que alcanza niveles sorprendentes, evidenciando la complejidad del caso Metástasis.

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Este intrigante episodio es objeto de una minuciosa investigación por parte de la Fiscalía, que apunta hacia una red de delincuencia organizada. Jueces, fiscales, servidores judiciales, guías penitenciarios, policías y abogados particulares, todos señalados de recibir sobornos con el propósito de favorecer a Norero y sus familiares mediante resoluciones judiciales y beneficios penitenciarios.

Las comunicaciones, expuestas en una abrumadora cantidad de 14,000 páginas durante una extensa audiencia de formulación de cargos presidida por la fiscal general, Diana Salazar, arrojan luz sobre una serie de eventos perturbadores.

Desde presuntas actividades ilegales relacionadas con el asesinato del alcalde Agustín Intriago hasta la orden directa de Norero para la ejecución del abogado Harrison Salcedo. Incluso se desentraña un inquietante seguimiento al periodista Fernando Villavicencio, quien, de manera trágica, fue posteriormente asesinado.

Las supuestas vínculos entre Leandro Norero con Agustín Intriago

En este caso en desarrollo, Agustín Intriago, mencionado de manera breve pero impactante, se vincula a través de la teoría fiscal con Helive A., uno de los principales operadores de Norero.

Ambos habrían coordinado supuestos delitos contra la administración pública, utilizando el Gobierno Autónomo Descentralizado de Manta como telón de fondo. Intriago, asesinado en junio de 2023, añade un misterioso giro a la trama.

El contexto de la muerte de Harrison Salcedo

Harrison Salcedo, abogado de figuras como Jorge Glas y alias ‘Rasquiña’, también encuentra su lugar en este entramado. La revelación de una conversación donde Norero ordena su asesinato arroja luz sobre las conexiones oscuras y la violencia que rodean a este caso.

Los chats revelarían que Norero dijo a Daniel Salcedo (otro de los implicados) que ordenó el ataque al jurista porque planeaba «hacerlo visible públicamente y para no hacerlo le pedían dinero«. Pero también porque Harrison Salcedo habría insultado a su familia.

Salcedo, asesinado en abril de 2021, se convierte en una pieza clave de este rompecabezas criminal.

¿Qué pedía Fernando Villavicencio?

La sombra de la intriga se alarga sobre el periodista Fernando Villavicencio, cuya denuncia provoca un seguimiento meticuloso por parte de Norero y Helive A. Este último reveló, en una conversación, que Villavicencio estaba involucrando a Leandro Norero en irregularidades con contratos con el IESS. Luego, aparentemente, Helive A. tomó contacto con un asesor de Villavicencio, quien dijo que le «deja sano» a Norero «si le regalan 200».

Luego se ordenaron seguimientos hacia el ex candidato presidencial, incluso utilizando vendedores de caramelos para mantenerlo vigilado. Esta fue la antesala al trágico asesinato de Villavicencio en agosto de 2023, diez meses después del fallecimiento de Norero.

El caso Metástasis apenas está dando sus primeros pasos, con 16 personas bajo prisión preventiva, una con arresto domiciliario y 14 más enfrentando diversas medidas alternativas.

Esta trama de corrupción judicial, crímenes violentos y conspiraciones presenta un panorama desconcertante que promete más descubrimientos. La sociedad, ahora espera el desenlace de uno de los casos judiciales más complejos y escalofriantes de la historia reciente.

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Los jueces suspendidos son Carlos Bowen del cantón Quevedo, que dictó la devolución parcial de bienes a Daniel Salcedo; Byron Orejuela del cantón Flavio Alfaro, en Manabí, que ordenó la liberación de Luis Alfredo A., alias “Gordo Lucho”, cabecilla de “Los Lobos”; y Urvano R. del cantón Bucay en Guayas, que estaría involucrado en la investigación por un delito sexual.

La suspensión preventiva comprende un plazo de tres meses, incluyendo la remuneración económica y regirá desde el día siguiente a la notificación.

El Consejo de Judicatura anunció que “en el marco del debido proceso, (…) aplicará con rigor las sanciones disciplinarias que correspondan en los casos en los que se compruebe que los operadores de justicia actúan contra la ley y abusan de sus competencias”. (B.D.T.)

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Pero algunas dos dudas: ¿se puede votar con la cédula caducada o de menor de edad siendo adulto? La respuesta para ambas interrogantes es sí.

Cédula caducada

El artículo 11 del Código de la Democracia señala que no importa la fecha de caducidad de la cédula.

Menores de edad

En Ecuador, el voto para los menores de edad desde los 16 años es facultativo, es decir, el joven decide si se acerca o no a sufragar. Sin embargo, el ciudadano con esta particularidad en su cédula debe tener en cuenta dos observaciones:

1. Debe verse con claridad los dos nombres y dos apellidos del votante.
2. El aspecto físico de su rostro no debe cambiar demasiado con el paso del tiempo (de menor de edad a mayor de edad).

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El SNAI confirmó que Noé Salcedo incurrió en «actos indebidos» fuera del CPL El Oro N°1. La Institución señaló que ya fue detenido y que se iniciaron acciones administrativas y una investigación sobre el hecho. Sin embargo, no respondió si el reo volvió en estado de embriaguez.

«Ante la alerta recibida por actos indebidos por parte de la PPL Noé S., se coordinaron acciones con la Policía Nacional. Fue detenido y a nivel interno de la cárcel se han iniciado las acciones administrativas e investigativas para esclarecer las responsabilidades del caso», comunicó la autoridad a través de redes.

El reo salió del CPL custiodiado por dos guías penitenciarios mujeres en la tarde del viernes 6 de enero por una cita oftalmológica. Sin embargo, fue aprehendido por otros guías en las afueras del centro penitenciario al bajar de un vehículo. La Policía también detuvo a tres sujetos más, según reporta el medio digital Machala Móvil.

Los detenidos tienen antecedentes penales por tenencia de armas, asociación ilícita, robo y posesión de drogas.

Los delitos de Noé

Noé Salcedo es hermano de Daniel Salcedo, uno de los protagonistas de la corrupción hospitalaria en la pandemia durante el Gobierno de Lenín Moreno. En junio de 2020, Noé fue detenido con USD 47 mil que no pudo justificar cuando intentaba cruzar la frontera con Perú.

También le hallaron celulares, tarjetas de crédito y una credencial falsa con el nombre de Abraham Muñoz y la foto de su hermano Daniel Salcedo.

Fiscalía denunció a Noé Salcedo por fraude procesal y fue condenado a cuatro años de cárcel. Además, la autoridad lo acusó de lavado de activos. Sostuvo que USD 1.9 millones fueron lavados entre seis empresa, junto a su hermano y ocho sujetos más.

Actualmente, Noé cumple una pena de siete años por delincuencia organizada por la venta irregular de insumos médicos en la pandemia por Covid-19.

Los delitos de Daniel

Durante el Gobierno de Lenín Moreno estallaron numerosos casos de corrupción hospitalaria por la crisis sanitaria de la Covid-19. Daniel Salcedo saltó a la luz pública entre estos casos.

En diciembre de 2021, fue detenido y procesado por peculado en la compra de medicamentos en el hospital Los Ceibos, del IESS.

Sobre él pesaba una sentencia de 13 años de privación de libertad por peculado; cuatro años por el delito de fraude procesal y tres años por el ingreso de artículos prohibidos al centro de privación de libertad.

El 9 de diciembre, un juez de Paján, en Manabí, ordenó su liberación de la Cárcel 4 de Quito. Sin embargo, el SNAI aseguró que presentaría una revocatoria sobre esa decisión judicial.

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Esta resolución la otorgaron los jueces Hugo Velasco, Teddy Ponce y Celia García, miembros de la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial de la Justicia de Manabí, quienes de manera unánime declararon “error inexcusable” las acciones de Molina.

“No se puede ofrecer motivo alguno para justificar la violación al derecho constitucional, a la garantía de ser juzgado por autoridad competente, incurriendo en error inexcusable que provoca daños efectivos y graves a la administración de justicia, que ha visto un proceso indebidamente frustrado por una acción de habeas corpus que debió haber sido inadmitida en primera providencia”, señalaron los jueces.

Suspensión de funciones

Molina fue suspendido de sus funciones el pasado 5 de agosto de 2022 y fue notificado un sobreseimiento a su favor y llamado a juicio por prevaricato.

Además, el 9 de agosto se abrió otro proceso penal en su contra por el delito de usurpación y simulación de funciones. En esta ocasión, se le dictaminó arresto domiciliario, prohibición de salida del país y uso del grillete electrónico.

Aunque el proceso cerró su etapa de instrucción fiscal, el juez está a la espera de una fecha para la audiencia de evaluación y preparatorio de juicio.

La caída de Molina

La Policía Nacional aprehendió a Molina el pasado 09 de agosto, en San Jacinto, cantón Sucre, en Manabí. Mientras tanto, la Fiscalía continúa sus investigaciones por el presunto delito de prevaricato. Según el COIP, este crimen se castiga con tres a cinco años de prisión.

Algunas de las inconsistencias emitidas en la boleta por Molina:

• No cumple con el formato emitido y aprobado en la resolución 037 del 2015.
• La boleta electrónica al ponerla tras la luz, no coinciden con el reto de boletas emitidas.
• La firma del juez se plasma de manera manual. No la registra de manera digital y con el código QR establecido.
• No posee la fecha de registro.
• En el caso de Glas, el último dígito de su cédula es erróneo.

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Salazar recordó que el 18 de abril de 2018, la CC aprobó la sentencia que da impunidad a los jueces sobre el delito de prevaricato. Es decir, los magistrados están eximidos de las responsabilidades que conllevan sus decisiones aunque se contraponen a la ley.

“El Ecuador ha sido testigo de un grotesco abuso del derecho por parte de los jueces cuyas decisiones reflejan una pesada carga de tintes políticos y económicos”, reza el documento.

Resaltó que los jueces que cometen este tipo de delitos se ven amparados en la laguna de la impunidad por esta decisión. En el artículo N°233 de la Constitución establece que en caso de encontrarse responsabilidad serán acusados por la Fiscal o el Fiscal de la Nación y juzgados en el Pleno de la CC. Además, para la certificación de esta sentencia se necesitará el voto de las dos terceras partes de sus integrantes.

“Es necesario que la ciudadanía conozca mi posición respecto a estas decisiones que ponen en peligro la acción eficaz de la justicia a favor de la impunidad para sentenciados por graves delitos”, comentó a través de su cuenta de Twitter.

El mes de los regalos

A inicios de diciembre, tres jueces concedieron boletas de libertad a dos líderes de las bandas criminales y a un presunto implicado en el entramado de corrupción por el reparto de hospitales en el mandato de Lenín Moreno.

El 2 de diciembre, el juez de la Unidad Judicial Multicompetente de Yaguachi, Jhon Rodríguez emitió la boleta de excarcelación para Alexander Quezada, Alias “Ariel”, líder de “Los Lobos”.

De la misma manera, Junior Roldán (JR), líder de la banda “Los Choneros”, salió en libertad el 15 de diciembre. El juez de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias de Guayaquil, Jorge Aldás Macías le concedió la prelibertad.

Finalmente, el juez de Paján, en Manabí, Simón García ordenó la liberación de Daniel Salcedo, uno de los peces gordos de la presunta corrupción hospitalaria durante la pandemia del Covid-19. (N.J.C)

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Simón García es juez de la Unidad Multicompetente No Penal de Paján. El 9 de diciembre emitió la boleta de excarcelación de la Cárcel 4 de Quito a Daniel Salcedo. Él es uno de los peces gordos de la corrupción hospitalaria durante la crisis sanitaria en el Gobierno de Lenín Moreno. Tiene cinco proceso penales, uno por peculado.

El CJ no especificó por cuánto tiempo estará suspendido García ni señaló si el SNAI presentó una demanda contra el juez por haber dictado la liberación de Daniel Salcedo, publicó diario El Universo.

La decisión del juez generó polémica días atrás, pues Salcedo fue identificado como una de las cabecillas de la corrupción de insumos médicos en la pandemia por Covid-19.

En diciembre de 2021, Salcedo fue detenido y procesado por peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Los Ceibos, del IESS. Sobre él pesa una sentencia de 13 años de privación de libertad por peculado; 4 años por el delito de fraude procesal y 3 años por el ingreso de artículos prohibidos al centro de privación de libertad.

Todo fresco que no es Glas

El 10 de diciembre de 2022, el ministro del Interior, Juan Zapata, aceptó el fallo del juez García respecto a la libertad de Salcedo aunque no está de acuerdo con la decisión. Sin embargo, a través del SNAI se intentará revocar esta resolución.

“Estamos en un Estado de derechos y tenemos que respetar las decisiones judiciales nos guste o nos guste”, dijo Zapata.

En sus declaraciones, el titular de la cartera de Estado recalcó que el SNAI presentará una queja al Consejo de la Judicatura sobre esta resolución. El proceso fue llevado por el Juez Simón García Tello de la Unidad Judicial Multicompetente en Materias No Penales y Adolescentes Infractores, en Manabí.

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“Estamos en un Estado de derechos y tenemos que respetar las decisiones judiciales nos guste o nos guste”, dijo Zapata.

En sus declaraciones, el titular de la cartera de Estado recalcó que el SNAI presentará una queja al Consejo de la Judicatura sobre esta resolución. El proceso fue llevado por el Juez Simón García Tello de la Unidad Judicial Multicompetente en Materias No Penales y Adolescentes Infractores, en Manabí.

Por otro lado, Zapata recalcó que la justicia debe ser un complemento para la Policía Nacional. El funcioanrio espera que el nombramiento de los 14 nuevos  jueces anticorrupción evite que sucedan estos casos.

La visión de Fiscalía

Por su parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) rechazó la decisión del Juez Simón García. Según la insititución todo se traduce a “una mala interpretación de la normativa legal vigente”. También hicieron un llamado a los administradores de la justicia para que apliquen de forma objetiva la ley.

Penas

En diciembre de 2021, Salcedo fue detenido y procesado por peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Los Ceibos, del IESS. Sobre él pesa una sentencia de 13 años de privación de libertad por peculado; 4 años por el delito de fraude procesal y 3 años por el ingreso de artículos prohibidos al centro de privación de libertad. (A.G.M)

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El SNAI determinó que la boleta de excarcelación contó con todos los requisitos legales, por tanto, la prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito, caducó. No obstante, el SNAI agregó que «presentará la revocatoria al auto que concede la libertad, por considerarlo contrario a derecho», reza el comunicado.

Penas

En diciembre de 2021, Salcedo fue detenido y procesado por peculado en la compra de insumos médicos en el hospital Los Ceibos, del IESS. Sobre él pesa una sentencia de 13 años de privación de libertad por peculado; 4 años por el delito de fraude procesal y 3 años por el ingreso de artículos prohibidos al centro de privación de libertad.

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«El 5 de agosto, la Sala de lo Penal de la Corte provincial de Manabí había revocado un auto de sobreseimiento a favor del juez Molina y dictó un auto de llamamiento a juicio por el supuesto delito de prevaricato», dice parte del comunicado.

Este llamado a juicio se debe a que en 2018, Molina ordenó que una sentencia por el delito de peculado cumpla la pena de prisión en su domicilio. Según el Código Orgánico de la Función Judicial, cuando se llama a juici a un juez se suspende la jurisdicción del mismo, por lo que su sentencia no tendría validez.

«En este escenario y en estricto apego a la Constitución y la Ley, el CJ anuncia a la opinión pública que actuará con absoluta firmeza en el ámbito de sus competencias«, anunció el organismo.

De acuerdo con la sentencia de Molina se aceptó un pedido de hábeas corpus pedido por Eduardo Araujo, en el que también salieron beneficiados Glas y Salcedo por encontrarse vulneraciones a sus derechos de salud e integridad física.

Desde presidencia

El presidente Guillermo Lasso también emitió un pronunciamiento sobre la sentencia. «Las instituciones del Estado ecuatoriano interpondrán los recursos legales correspondientes y no tomarán ninguna decisión de excarcelación a ciudadano que atente contra el ordenamiento jurídico y permita la anarquía a la que intentan llevarnos algunos jueces».

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