Los pedidos de enjuiciamiento fueron presentadas por los asambleístas Abedrabo García (PSC) y José Chimbo (PK).

La calificación fue aplazada gracias a que la legisladora del oficialismo, Ana Belén Cordero, pidió el cambio del orden del día. Ella mocionó por la suspensión de la calificación para «evitar una posible ilegalidad» porque otros procesos semejantes están en trámite, reportó diario Expreso.

Sin embargo, con cinco votos a favor, la Comisión decidió suspender la calificación de las solicitudes contra el titular de la cartera de Estado.

Los otros juicio

Según el medio, las solicitudes contra Herrera retomarán su curso cuando el Consejo de Administración Legislativa (CAL) resuelva sobre la devolución del expediente de juicio político contra el exministro de Interior, Patricio Carrillo; el secretario de Seguridad, Diego Ordóñez; y la ministra de la Mujer, Paola Flores.

De acuerdo a Cordero, si no se sigue este orden se vulneraría la Ley Orgánica de la Función Legislativa. «Si el CAL remite una nueva solicitud de juicio político, su plazo para avocar conocimiento correrá a partir de la finalización del proceso en curso», reseñó.

Como no ha finalizado ni ha iniciado los procesos de enjuiciamiento de los otros secretarios del Ejecutivo, no podrían proceder con el trámite al ministro de Transporte sin resolución del CAL, enfatizó la parlamentaria del régimen.

Un dato más…

Antes de la suspensión de la calificación, el legislador Fernando Villavicencio anunció que tres miembros de la Comisión retiraron sus firmas de respaldo contra Carrillo, Borja y Flores.

Por su parte, la Función Legislativa precisó que tratará las solicitudes y trámites en el orden en que fueron remitidas. Hasta el cierre de esta nota, se desconoce cuándo se retomará el proceso político contra Herrera.

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El asambleísta por Pachakutik, José Chimbo presentó esta segunda solicitud y la primera la puso el legislador Jorge Abedrabbo por supuestos incumplimientos en las vías en la provincia de Bolívar.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, comentó que las dos solicitudes se unificarán y se presentará a la Comisión la tercera semana de febrero, luego del juicio político al exministro del Interior, Patricio Carillo.

Los procesos contra Herrera se deben al presunto abandono de las vías en la Amazonía, la conexión entre las provincias de Sucumbíos, Napo y Pichincha y los inconvenientes en la variante San Luis – Reventar por más de un año.

También, se denuncia un supuesto perjuicio en la inversión pública en material vial por falta de gestión. “No hay ejecución presupuestaria del 61 % a noviembre de 2022”, según El Universo.

Incumplimientos

Según Chimbo, el ministro incumplió los contratos y asignación de fondos para ejecutar las vías Santa Fe- Caluma y Talahua- Facundo Vela. Además, la promesa institucional de la construcción de la vía Ambato-Guaranda- Babahoyo de cuatro carriles.

En la Costa

El asambleísta mencionó que el 80 % de las vías en Manabí, Guayas, Santa Elena, El Oro y Esmeraldas están en abandono. En el caso de Santa Elena solicitan información del contratista, proceso de selección y cumplimiento de trabajos.

Además, los legisladores piden información de la ejecución del proyecto Santo Domingo-Buena Fe sobre las estaciones de peaje operativas, aporte de concesionarios, reducción de peajes en la obra y el financista del proyecto.

El “quinto puente”

Herrera deberá entregar la documentación sobre el proyecto Viaducto Sur o “quinto puente” sobre el avance, mecanismo de contratación y la resolución del conflicto con la Prefectura del Guayas. (N.J.C)

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Los juicios políticos durante el gobierno de Lasso no pasan de moda. Esta vez, el asambleísta a través de su cuenta de Twitter informó que recabó más de 100 firmas, de todas las bancadas legislativas, que respaldan la solicitud enviada. El documento lo presentó a la ventanilla de la Gestión de la Asamblea Nacional.

Abedrabbo comentó que las vías, en especial la de la provincia de Bolívar, se encuentran en mal estado. “Las vías del país están destruidas; debe ser de manera inmediata la red vial estatal”, dijo.

El legislador alegó que esta solicitud se ampara en el artículo 131 de la Constitución que menciona que “el Legislativo puede enjuiciar a los ministros de Estado durante su ejercicio y un año después de terminar su cargo”. Además, espera que todo el proceso se resuelva en tres meses. Aseguró que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) debe atender a otras solicitudes.

Una vez que el CAL apruebe el informe, debe pasar a la Comisión de Fiscalización y, finalmente, obtener más de 70 votos en el Pleno de la Asamblea para que Herrera pueda ser destituido. (N.J.C)

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La actualización de los acuerdos en la mesa de diálogo se realizó a través de una rueda de prensa a la que asistieron los ministros de Gobierno, Francisco Jiménez; Educación, María Brown;  Energía y Minas, Xavier Vera; Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera; los viceministros de Producción, Alfonso Abdo y de Ambiente, Agua y Transición, José Antonio Dávalos.

Jiménez caracterizó de histórico el proceso que se lleva con los sectores sociales. Afirmó que es la primera vez que se pueden concretar acuerdos entre el Ejecutivo y los sectores sociales. El total de los acuerdos pactados se divide de la siguiente manera.

• Mesa de Banca Pública y Privada: seis acuerdos.
• Mesa de Control de precios: cinco acuerdos
• Mesa de Fomento productivo: 20 acuerdos
• Mesa de Energía y Recursos Naturales: diez acuerdos
• Mesa de Derechos Colectivos: 14 acuerdos, pese a que esta mesa aún se mantiene en debate.

“Hoy les demostramos a los más de 18 millones de habitantes que es posible una mesa de diálogo con transparencia”, aseguró.

Mientras Jiménez asegura que la mesa de diálogo va de viento en popa, los sectores sociales involucrados evidencian un retroceso. Por lo que el dirigente indígena, Leonidas Iza considera lejano el cierre total de los acuerdos y el establecimiento de los acuerdos en los 90 días pactados.

Educación Intercultural Bilingüe

La ministra de Educación, María Brown informó que de acuerdo al Decreto 456, el presidente Lasso duplicó el prepuesto de la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe. Es decir, se destinó un total de USD 133 millones que engloban el manejo de los docentes, mantenimiento de las instituciones, la reapertura de las instituciones, alimentación, entrega de textos y uniformes.

Brown comunicó que para velar el cumplimiento de los acuerdos se establecerá una comisión técnica conformada por 14 miembros. Esta mesa se conformará por:

• Tres delegados de la Confederación de Naciones Indígenas del Ecuador (CONAIE)
• Tres de Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicos del Ecuador (FEINE)
• tres de Federación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (FENOCIN)
• Un delegado del Ministerio de Educación, de la Secretaria de Educación Intercultural Bilingüe y la Etnoeducación, Ministerio de Inclusión Económica y Social, Senecyt, y de la Institución Rectora de Implantación de Políticas Públicas de Pueblos y Nacionalidades, respectivamente.

Esta comisión durará seis meses, en los cuales se presentará un cronograma a detalle de las actividades programadas.

Mesa de Energía y Recursos Renovables

Según Herrera, es importante entender que para el tema de los subsidios es debe considerar tres factores: el qué (ser conscientes que existe un subsidio), quiénes (sectores que deben recibir la focalización) y cómo (mecanismo de reparto de esta focalización).

“La comisión técnica se reunirá mañana y de los 13 puntos en mesa, tenemos acuerdos de unos seis o siete”, manifestó.

También especificó los puntos en los que coincidieron con el sector indígena.

• El subsidio existe, en las primeras reuniones las organizaciones decían que no existe y ya se llegó a un consenso.
• El subsidio no llega a las personas que lo necesitan. Este tiene que ir a personas que lo necesitan.
• La entrega el subsidio se lo hace de una manera ineficiente.

“Se inicia un proceso piloto en el que se implementan ciertos criterios, pero esto debe continuar el Gobierno con un enfoque social, atendiendo a los más vulnerables”, recalcó.

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«Tenemos un presupuesto, donde existe un problema de ejecución. Estamos intentando resolver estos problemas lo antes posible. Nuestro presidente Guillermo Lasso está preocupado por la reactivación económica, se necesita generar empleo y es lo que vamos a hacer», dijo el funcionario a Radio La Calle.

«Cuando uno financia el presupuesto en un ministerio como el de Vivienda o de Transporte, es necesario entender los diferentes programas. En Vivienda teníamos ciertos rubros atados a distintos programas que tienen un financiamiento condicionado. Por ejemplo una vivienda se entrega a ciudadanos específicos, que pertenezcan a los tres quintiles más pobres de la ciudadanía».

En el caso del MTOP, el caso es diferente porque la obra pública es de carácter masivo, donde hay fondos fiscales y de organismos multilaterales para financiar, pero funcionan diferentes criterios. El presupuesto del Ministerio para este año es de USD 337 millones para inversión»

Agregó que se ha ejecutado ya el 27% de ese presupuesto y un 52% se han asignado ya a proyectos. «Los proyectos existen. Para que se puedan comprometer estos recursos a proyectos específicos se deben hacer estudios. Eso necesita ejecutarse en este año. Lo que hemos hecho estas dos semanas es tomar los 122 proyectos y priorizar cuáles se realizarán». MIB

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«245 millones para los diferentes tipos de productos. Las líneas de crédito se ajustarán a ese plan. Esa cifra cubre el 24% del plan que se realizará el primer año. Es un bono de gestión social que no se usó de forma adecuada por parte del Gobierno anterior», dijo en entrevista con Radio La Calle.

Ese primer año, a juicio del funcionario, «se generará 22.000 empleos directos. Nuestra administración será transparente. Mostraremos la inversión, el dinero y el proyecto a la ciudadanía. También haremos uso de los créditos de los multilaterales. Una deuda que hay que utilizar».

El proyecto

«Tenemos un presupuesto. Somos conscientes de la situación y las necesidades de la población. Tendremos 463.000 soluciones de hábitat. Viviendas; 227.000 kits semilla con agua segura, saneamiento, ampliación; títulos de propiedad y rubros», explicó Herrera.

Sobre el crédito para los ciudadanos y los trámites de vivienda, el ministro expresó que «vamos a realizar la simplificación de trámites notariales y de créditos del bies. En el caso del financiamiento buscamos mayores formas y ayuda al acceso de créditos».

El gobierno anterior

Sobre lo que dejó el Gobierno de Moreno en el tema de vivienda, Herrera indicó que «fue una suerte de encontrar un Ministerio alejado de un enfoque de reducir el problema de acceso a vivienda en el país. Una imagen institucional desgastada y apegada a la corrupción con contratos a dedo. Un déficit fiscal enorme que afecta a la planificación de la obra social».

Un nuevo Ministerio

De acuerdo con el funcionario, esta Cartera de Estado dejará de ser el ministerio corrupto. «Este ministerio liderará el trabajo con los GADs y tendremos como puntales valores como la transparencia, honestidad».

«Hay dos diferencias. La primera que se incluye el hábitat, el concepto de que la vivienda no solo es un techo sino una parte importante del hábitat donde nos desarrollamos. En México existen siete millones de viviendas vacías porque no se toman en cuenta los hábitat», agregó.

«Nuestro proyecto traerá empleo y beneficiará a la gente que necesita agua potable y saneamiento. En el anterior gobierno solo existieron iniciativas aisladas», precisó.

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