La reunión, convocada por el Frente de Defensa Petrolero, la Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (Antep), el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), contó con la presencia de representantes de diversos sectores. Los asistentes criticaron la falta de transparencia en la adjudicación del campo a un consorcio internacional, señalando que el Gobierno negoció «a espaldas de la ciudadanía» y favoreció intereses extranjeros.

David Almeida, secretario de ANTEP, alertó sobre inconsistencias en las cifras oficiales de renta petrolera y advirtió que la privatización afectará la producción nacional y la capacidad de refinación del país. «Este es el peor atraco petrolero de la época moderna», afirmó, comparando el caso con la entrega del campo Auca en 2015.

Acciones legales y pedido de juicio político

El abogado Washington Andrade anunció acciones legales contra el proceso de adjudicación, denunciando presuntos delitos como peculado, traición a la patria, corrupción y fraude procesal. Además, las organizaciones sindicales respaldaron un pedido de juicio político contra la ministra de Energía, Inés Manzano, y solicitaron a la Contraloría General del Estado (CGE) una auditoría urgente del contrato.

José Villavicencio, presidente del FUT, calificó la adjudicación como un «atraco» y advirtió que recurrirán al «derecho a la resistencia» si el gobierno no revierte la decisión. «Los beneficiarios de esta entrega son el presidente Daniel Noboa y su familia», afirmó, acusando al Ejecutivo de violar la Constitución.

Movilización nacional y acciones futuras

Como medida de presión, los asistentes convocaron un «tuitazo» nacional para el 10 de marzo y un plantón en varias ciudades del país el 11 de marzo, fecha límite establecida por el presidente Noboa para recibir la prima por la adjudicación. Leonidas Iza, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), respaldó la iniciativa y anunció que el 12 de marzo se realizará una nueva convocatoria para sumar a otros sectores.

Almeida también denunció que, tras las primeras críticas al proceso de adjudicación, el gobierno despidió a 28 trabajadores de Petroecuador, incluido el jefe del Campo Sacha. «En lugar de aclarar las dudas, nos persiguieron», afirmó, señalando que los despidos fueron una represalia por las denuncias públicas.

Aunque el Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador (Cetrapep) se mostró a favor de la concesión, Almeida aseguró que esta postura responde a un «chantaje» del gobierno, que habría utilizado la negociación del contrato colectivo y la entrega de beneficios sociales para presionar a los trabajadores.

Llamado a la unidad

El Frente de Defensa Petrolero hizo un llamado a la unidad de los trabajadores y la ciudadanía para impedir la privatización del Campo Sacha. «No podemos permitir que se firme un contrato que incluye una cláusula de arbitraje internacional, lo que sería una entrega total de nuestra soberanía», concluyó Andrade.

La movilización del 11 de marzo marca el inicio de una serie de acciones que buscan revertir lo que las organizaciones sociales consideran un atentado contra los intereses del país y sus recursos estratégicos.

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El acuerdo, emitido sin un anuncio público previo, instruye a Petroecuador a transferir el campo a un consorcio liderado por Petrolia Ecuador S.A., Amodaimi Oil Company S.L., y Sinopec. Este hecho ha sido calificado como un acto de “interés particular” que pone en riesgo el patrimonio nacional.

Según un informe de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), el acuerdo carece de fundamentos legales y técnicos. La normativa establece que cualquier delegación de operaciones debe estar respaldada por informes que justifiquen la incapacidad técnica o económica de Petroecuador para operar el campo. No obstante, el acuerdo no presenta tal justificación.

Datos recientes revelan que Petroecuador ha incrementado significativamente la producción del Campo Sacha en los últimos años, demostrando su capacidad operativa. En 2024, el campo produjo un promedio de 77.000 barriles diarios por encima del límite de 4.700 barriles diarios.

El texto del acuerdo también establece que la concesión será “excepcional por convenir a los intereses del Estado ecuatoriano” y menciona como destinatarias a empresas estatales o sus subsidiarias. Sin embargo, investigaciones revelaron irregularidades en los registros de las empresas oferentes. Por ejemplo, Amodaimi Oil Company S.L. está registrada como una sucursal extranjera española con límites legales para operar fuera del Bloque 16 de la región amazónica. Asimismo, Sinopec, cuya sucursal extranjera fue cancelada, opera en Ecuador como una sociedad anónima nacional, lo que la descalifica como subsidiaria estatal.

Impacto económico proyectado

El modelo propuesto por el consorcio incluye un pago anticipado de USD 1.500 millones, inversiones por USD 1.761 millones en 20 años y costos de mantenimiento por USD 160 millones. Sin embargo, el análisis de la ANTEP basado en datos de los últimos seis años indica que el Estado ecuatoriano perdería USD 2.544 millones en renta petrolera si se aplicara el esquema privado, en comparación con los ingresos obtenidos bajo operación estatal.

Incluso considerando el pago anticipado, la pérdida neta ascendería a USD 1,044 millones. Esta cifra podría aumentar si el precio del crudo sube en el mercado internacional. Por ejemplo, con un precio promedio de USD 71.93 por barril, similar al registrado en 2024, la pérdida alcanzaría los USD 1.641 millones.

Historial de oposición y denuncias

El Campo Sacha ya había sido objeto de intentos de privatización en gobiernos anteriores, pero ninguno logró concretarse debido a la resistencia de trabajadores y sectores sociales. En 2019, el entonces ministro de Energía, Carlos Pérez García, renunció a su cargo tras oponerse a un modelo similar por considerarlo contrario a los intereses nacionales.

La oposición a esta medida también ha resultado en represalias laborales. David Almeida, dirigente de Petroecuador, denunció irregularidades en el proceso que derivó en su desvinculación de la estatal tras manifestarse contra la privatización del campo.

Reacciones y exigencias sobre acuerdo de Sacha

Organizaciones sindicales y expertos en hidrocarburos han exigido explicaciones al gobierno de Noboa sobre las irregularidades del acuerdo. “Esto es una traición al país. Priorizar intereses particulares sobre el interés nacional es inaceptable”, afirmó un portavoz del sindicato petrolero.

En el ámbito legislativo, varios asambleístas han solicitado la comparecencia de la ministra de Energía, Inés Manzano, para que explique los fundamentos del acuerdo. Además, han instado a Contraloría a investigar posibles irregularidades en el proceso de adjudicación.

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El anuncio fue oficializado el pasado 23 de diciembre a través de la publicación de un acuerdo ministerial en el Registro Oficial.

El campo Sacha, ubicado en la región amazónica y operado actualmente por Petroecuador, es considerado «la joya de la corona» de la producción petrolera nacional. Este campo reporta una extracción diaria de 77.000 barriles. Ahora, la operación del bloque 60 será delegada a «empresas estatales internacionales o sus subsidiarias», decisión justificada bajo el concepto de excepcionalidad.

La propuesta presentada al Comité de Licitaciones Hidrocarburíferas (COLH) proviene de las compañías Amodaimi Oil Company, filial de la china Sinopec, y Petrolia Ecuador, subsidiaria de la canadiense New Stratus Energy. Ambas buscan desarrollar actividades de exploración y explotación en el bloque. Esta iniciativa se formalizó a través de la validación técnica de la Subsecretaría de Administración de Contratos de Hidrocarburos, que argumentó que Petroecuador enfrenta limitaciones presupuestarias para llevar a cabo inversiones necesarias en el campo.

Argumentos oficiales y desafíos legales

En declaraciones recientes, la ministra Manzano respaldó la decisión basándose en informes técnicos que destacan la necesidad de inyectar nuevos capitales para proyectos como perforaciones, recuperación secundaria y mantenimiento de infraestructura. Además, la Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un pronunciamiento en octubre avalando la excepcionalidad de la delegación, siempre que se cumpla con las normativas del Reglamento Codificado de la Ley de Hidrocarburos.

Críticas a la decisión del gobierno

La Asociación Nacional de Trabajadores de la Energía y el Petróleo (ANTEP) calificó la decisión como un acto de privatización encubierta, alegando que el Acuerdo Ministerial contiene irregularidades y contradice la normativa vigente. Según ANTEP, Petroecuador ha demostrado eficiencia operativa, aumentando la producción del campo en 16.000 barriles diarios durante los últimos tres años, con un costo promedio de 7 dólares por barril, el más bajo del país.

Las críticas también se centran en la capacidad de las empresas involucradas. Según la ANTEP, Petrolia Ecuador enfrenta cuestionamientos por su historial en la gestión del Bloque 16, donde informes previos señalaron limitaciones técnicas y económicas. Además, el gremio denuncia que ninguna de las firmas proponentes califica como estatal, lo que contraviene los términos del propio Acuerdo Ministerial.

En entrevistas recientes, el presidente Daniel Noboa aseguró que la concesión de campos petroleros busca generar ingresos adicionales para el Estado en 2025, pero evitó especificar qué otros bloques podrían ser incluidos en estas iniciativas. Mientras tanto, ANTEP ha convocado a la ciudadanía y organizaciones sociales a movilizarse para detener lo que consideran una «entrega ilegal» de un activo estratégico nacional.

El proceso de delegación será evaluado en las próximas semanas por el COLH, encargado de revisar y adjudicar las propuestas. La ANTEP solicitó a Contraloría la realización de una auditoria y examen especial de todo el proceso para determinar irregularidades y posibles responsables.

Persecución sindical

ANTEP anticipó la intencionalidad del gobierno de privatizar el Campo Sacha con una campaña mediática liderada por David Almeida, secretario general del sindicato, quien a su vez fue sancionado por Petroecuador a través de un sumario administrativo.

En noviembre, el inspector del trabajo, Luis Rengel, dio paso al proceso disciplinario contra el sindicalista para desvincularlo de Petroecuador con «visto bueno». La ANTEP calificó de arbitraria esta decisión.

Según el texto de la resolución, la medida se justifica bajo el argumento de que un trabajador «no puede referirse a una institución propia del Estado, en especial cuando pertenece a un sector estratégico, más aún cuando conforme a su declaración expresa acerca de la concesión de empresas extranjeras al campo Sacha».

Para la ANTEP fue claro el motivo de persecución política y argumentó que la resolución constituye un acto de censura, vulnera la libertad de expresión e intenta limitar el derecho de la clase obrera.

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Según el texto de la resolución, la medida se justifica bajo el argumento de que un trabajador «no puede referirse a una institución propia del Estado, en especial cuando pertenece a un sector estratégico, más aún cuando conforme a su declaración expresa acerca de la concesión de empresas extranjeras al campo Sacha».

Para la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP) es claro el motivo de persecución política. Argumentó que la resolución constituye un acto de censura, vulnera la libertad de expresión e intenta limitar el derecho de la clase obrera.

«David Almeida ha defendido a Petroecuador como la empresa de todos los ecuatorianos, mientras las autoridades aplican políticas de autosabotaje mediante recortes presupuestarios y cancelación de proyectos que habrían permitido incrementar la producción, con el objetivo de hacer ineficiente a la empresa y así justificar su privatización», dijo el gremio en un comunicado.

Por defender Sacha

A inicios de septiembre Almeida, quien es secretario general de la ANTEP, denunció que las autoridades de la estatal petrolera iniciaron un proceso disciplinario en su contra por estar al frente de la defensa de los campos Amistad y Sacha, zonas a punto de ser privatizadas.

El sindicalista alertó la recepción de un memorando por parte del departamento de Talento Humano, informando el inicio de un proceso disciplinario con el objetivo de desvincularlo de la empresa con ”visto bueno”.

Asimismo reportó que la decisión surgió tras unas declaraciones que hizo en entrevista para Radio Pichincha, en donde criticó la acciones del gobierno al tener la intención de concesionar los campos petroleros con mayor productividad. Denunció que en un acto de intimidación miembros de la Policía llegaron a su domicilio.

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Quito, 17 sept (La Calle).- Ante las irregularidades en el sector petrolero y minero del país, las organizaciones sociales y sindicales han cuestionado públicamente a las autoridades de las empresas públicas sobre las cifras de producción y recursos financieros, poniéndolos en la mirada del gobierno nacional. Este es el caso de David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo (ANTEP), quien ha denunciado que las medidas del Ejecutivo pretenden privatizar la estatal petrolera. Sus declaraciones no han sido del agrado del gobierno, por lo que, incluso, en días pasados efectivos policiales llegaron hasta su domicilio sin orden judicial alguna que avale esto que el representante de los trabajadores considera una persecución política.

Durante su entrevista en este medio, Almeida indicó que no existen las causales administrativas que le permitan a Petroecuador EP ejecutar una sanción en su contra. Señala que el mismo día en que se calificó su postulación, encabezando la lista, como secretario general en las próximas elecciones del Comité de Empresas de los trabajadores de Petroecuador, le abrieron un proceso disciplinario por sus declaraciones dadas en el medio Pichincha Universal donde defendió los recursos petroleros del país y a la misma empresa. Para el representante de ANTEP este acto intimidatorio busca callar su voz y la de los trabajadores, además de poner en riesgo su integridad. Tampoco cuenta con seguridad.

Lo acusan de revelar información confidencial y de una supuesta concesión al campo Sacha, cuando este proceso de privatización de los campos se estaría dando sin mostrar documento alguno que lo justifique por parte de la estatal. Petroecuador registra aproximadamente ingresos de 14 mil millones de dólares anuales. Además, el presupuesto estatal asignado es de alrededor de 4,5 mil millones, lo que le deja un margen de ganancias de 9,5 mil millones, de los cuales se destinan cerca de 6 mil millones al pago de importación de combustible. Es decir que Petroecuador por sí solo tiene la capacidad de asumir las importaciones que el gobierno dijo es insostenible, lo que ha justificado el alza al precio de las gasolinas extra y ecopaís en meses pasados.

Este cálculo realizado por Almeida muestra que se deja una utilidad de 3.5 mil millones extra para el Estado. Sin embargo, el Ministerio de Finanzas retira este monto de Petroecuador sin decir a dónde se destina este presupuesto. Hasta el momento, y luego que ANTEP ha venido solicitando cerca de un año a la Cartera de Estado se indique en qué se invierte este capital, aún no existen respuestas. A pesar de saber los riesgos que su representación implicaría, Almeida sostiene que esta lucha es por la eficiencia de lo público y por el respeto a los derechos del movimiento de los trabajadores.

Sin duda, estos actos de persecución al secretario de Asociación buscan sentar un precedente para que ningún otro representante gremial evidencie ante la opinión pública el autosabotaje que actualmente se están cometiendo contra las empresas públicas del sector petrolero, en complicidad del Ejecutivo. Por lo tanto, decir que Petroecuador no sea económicamente viable es una mentira más del gobierno, pues se contradice con la información pública que la misma gerente de la EP ha manifestado en medios de comunicación y que, además, consta en su portal web como información de carácter público.

Entrevista completa en La Ventana Podcast

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El pasado 12 de septiembre el dirigente sindical alertó la recepción de un memorando por parte del departamento de Talento Humano, informando el inicio de un proceso disciplinario con el objetivo de desvincularlo de la empresa con »visto bueno».

Asimismo reportó que la decisión surgió tras unas declaraciones que hizo en entrevista para Radio Pichincha, en donde criticó la acciones del gobierno al tener la intención de concesionar los campos petroleros con mayor productividad. Denunció que en un acto de intimidación miembros de la Policía llegaron a su domicilio.

»Estas acciones ocurren en medio de las elecciones del Comité de Empresa de Petroecuador, en las que Almeida es uno de los posibles ganadores», dijo la ANTEP en un comunicado.

El gremio hizo un llamado a los trabajadores, campesinos y a toda la ciudadanía a alzar su voz en defensa de los recursos del Ecuador y a no permitir que se silencien las voces que luchan por el bienestar general.

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El pasado 28 de agosto el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves, junto al gerente general (S) de Petroecuador, Diego Guerrero, efectuaron el apagado de primer pozo productor de Ishpingo en el Bloque 56 en cumplimiento al mandato popular de la Consulta Popular de agosto del 2023.

La cartera de Estado informó que se realizarán labores de limpieza y se colocarán tapones de cemento para el abandono definitivo de la estructura.

Asimismo el cronograma establecido para el cierre de los 247 pozos determina un cierre progresivo que durará más de cinco años para que las intervenciones »no afecten al medio ambiente y a las comunidades aledañas». El bloque está conformado por las áreas de Ishpingo, Tiputini y Tambococha.

Cuestionamientos sobre la mesa

Para el colectivo Yasunidos todo se trató de un ‘show’ montado por el gobierno, pues argumentó que el pozo de Ishpingo ya cerró en junio. Según las conclusiones del documento entregado por el Gobierno a la Corte Constitucional, hasta el 30 de junio existían 247 pozos perforados de los cuales uno ya estaba abandonado.

»Lo que hizo el ministro es irse al Bloque 43 para tomarse la foto en un pozo que ya estaba abandonado», dijo el colectivo en sus redes sociales y advirtió que si existe un incumplimiento al mandato popular tomará medidas legales.

¿Pérdidas millonarias?

Según David Almeida, secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) implicaría aproximadamente una disminución de 55 mil barriles diarios, es decir, USD 1.200 millones por año. Asimismo, alrededor de mil trabajadores de las comunidades aledañas perderían su empleo.

Almeida aclaró que es viable el apagado de los pozos petroleros en cinco años, sin embargo, la disolución total junto a la restauración de la zona implicaría más tiempo.

»El desmantelamiento de bloques es algo que no se ha hecho en ninguna parte del mundo ni siquiera existe una normativa», dijo en entrevista para La Calle.

Desde la ANTEP estiman que la inversión para apagar el Bloque del ITT sería alrededor de USD 4.500 millones y dejan sobre la mesa la interrogante de »¿Quién va asumir ese gasto?» y temen que el presupuesto salga de Petroecuador.

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La convocatoria fue realizada el pasado 19 de agosto desde las 11h30 en los diversos centro petroleros a nivel nacional.

La Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de Energía y Petróleo (ANTEP) denunció que el Ejecutivo está privando de fondos a Petroecuador para frenar sus inversiones y a su vez disminuir la producción de crudo y sus derivados. La intención sería plantar a la opinión pública el argumento de que existe »ineficiencia» por parte de la empresa pública.

»¡No a los intereses privados sobre los recursos de todos los ecuatorianos! (…) El campo Sacha no se vende», gritaron al unísono los trabajadores del Bloque 60.

Según David Almeida, secretario general de ANTEP, la justificación del Gobierno sobre una supuesta incapacidad de operatividad está disfrazada de una política de »autosabotaje» para privatizar algunos campos petroleros, sobre todo la zona Sacha que se posiciona como la más productiva a nivel nacional.

»Lo que vamos a exigir es que el Ministerio de Finanzas garantice las rentas que le corresponden a Petroecuador para su operación y que cese la política de privatización de campos. Sabemos que debajo de la mesa están negociando la posible entrega del campo Sacha», dijo en entrevista para La Calle.

La protesta pacífica es la primera medida una serie de acciones que tienen planificadas. Almeida señaló que prevén movilizarse a Quito para exigir sus demandas, pero aún no se concreta una fecha.

Privatización de Sacha

A inicios de agosto el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, indicó que los campos importantes de Petroecuador podrían pasar a manos de empresas extranjeras para incrementar la producción de barriles y enfatizó este interés en el campo Sacha.

»El Ecuador tiene un potencial de producir un millón de barriles por día y estamos convencidos que esa senda es la inversión privada”, dijo el funcionario en entrevista para Visionarias.

Sacha podría ser entregado este año al sector privado. También manifestó que se deben realizar acuerdos a través de consorcios liderados por empresas públicas internacionales para que el proceso sea inmediato, puso de ejemplo a la compañía árabe Saudi Aramco. (AGM).

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El 20 de agosto la ciudadanía no solo elegirá binomios presidenciales y asambleístas, sino también decidirán si continúa la explotación del bloque ITT en el Yasuní. Esta zona cuenta con más de 100 mil especies de flora y fauna, entre ellas:

• 141 especies de anfibios
• 121 de reptiles
• 382 de peces
• 596 de aves
• 169 de mamíferos
• 2.700 especies de plantas vasculares

Para la vocera del colectivo Yasunidos, Manaí Prado, el Yasuní tiene un ciclo muy importante porque de ahí nacen las nubes que provocan las lluvias en los Andes y genera el agua que se consume en el país. »No podemos sacrificar el lugar más biodiverso del mundo por »beneficios económicos» que realmente no benefician al país», dijo en entrevista para Radio La Calle.

Según Prado, el petróleo del Yasuní es de mala calidad de cada 100 barriles solo siete son de petróleo, todo lo demás es brea, es decir, agua formación tóxica, además de que se vende a muy bajo precio a nivel internacional. »Se perdieron 15.000 millones de dólares en casos de corrupción», resaltó.

»El petróleo no se vende muy barato»

Por otra lado, el secretario general de la Asociación Nacional de Trabajadores de las Empresas de la Energía y el Petróleo de Ecuador (ANTEP), David Almeida, señaló que en 2022 el precio promedio del crudo en el ITT fue de USD 82.17 por barril, puntualizó que por ese valor se dejaron utilidades por USD 1.211 millones en el país.

»Si el petróleo fuera brea no se podrían producir 58 mil barriles de petróleo por día. Efectivamente el contenido de agua es alto como ocurre en todos los reservorios de petróleo a nivel mundial», puntualizó.

Además, señaló que sí es posible realizar la explotación petrolera teniendo una armonía con el ambiente, es por eso que resaltó que los ingenieros a cargo de este proceso en los pozos del Yasuní han realizado su trabajo con las medidas adecuadas para una explotación responsable.

»De ganar el «sí» en la consulta, el pueblo ecuatoriano perdería los 1742 millones de dólares invertidos; además se dejaría de recibir cerca de 1200 millones de dólares anuales en ingresos», dijo en un comunicado la ANTEP.

¿Repetir la historia de Chevron Texaco?

»Texaco era una empresa extranjera que vino acá con la intención de sacar la mayor cantidad de crudo posible sin importarle lo que hacía para reducir costos», dijo Almeida.

En contraste con la actualidad, manifestó que en ese tiempo el Ecuador no contaba con una política ambiental y se devastó la selva con piscinas de desechos y otras actividades perjudiciales para la naturaleza.

Hoy en día, indicó que esta situación es diferente, pues en las dos hectáreas están 200 pozos sin piscinas de desechos y no se riega crudo en el asfalto. De igual manera, enfatizó que el bloque petrolero no está en el corazón del Yasuní, sino que se encuentra apartado de esta zona.

Contaminación auditiva

Si bien los mecanismos de explotación petrolera han cambiado, Prado mencionó que aún hay problemas por los cuales trabajar. Por ejemplo, se refirió a la contaminación auditiva que afecta a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

»Imaginémonos vivir con un motor y un generador de electricidad sonando todo el tiempo a lado de nuestras casas, a pueblos que además viven de la caza y en este caso los animales se alejan», dijo.

No obstante, Almeida destacó que para este problema se instalaron pantallas de ruido, porque si el sonido fuese muy fuerte, los mismos trabajadores no estarían en la condición de trabajar en ese lugar.

¿Qué pasaría con el bloque desalojado?

Un problema que visualiza Almeida en el desalojo del bloque petrolero es que puede ser reemplazado por actividades ilícitas como la minería ilegal y la tala de árboles. Resaltó que inclusive hay comunidades indígenas a favor del »NO» porque para ellos significaría la pérdida de empleo.

También destacó que el desalojo de los pozos petroleros no podrían ocurrir en un año porque sería imposible, para esto se necesitarían aproximadamente nueve años, lo cual significaría un gasto más para el Estado.

Sin embargo, Prado señaló que ese es un trabajo que les espera como colectivo si es que gana en la urnas el »SÍ» en la Consulta Popular, es decir, exigir la presencia del Estado y el cumplimiento de los derechos humanos.

»¿Porqué las comunidades son dependientes de las empresas petroleras? Porque han sido las únicas que han podido solucionar los problemas de pobreza que ellos mismo causan», enfatizó. (A.G.M).

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