De acuerdo al gobierno, el proyecto prioriza la intervención militar y la flexibilización de controles judiciales como estrategia contra el crimen organizado. Sin embargo, las organizaciones señalan que la propuesta ignora factores clave como la corrupción institucional, la minería ilegal, el lavado de activos y el reclutamiento forzado de menores, problemas que han convertido a Ecuador en el país más violento de la región, según datos de InSight Crime.

Contexto de crisis

Entre 2021 y 2025, los homicidios aumentaron un 90.18%, con 736 muertes violentas registradas solo en febrero de 2025, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior. Los colectivos afirmaron que la militarización de cárceles y territorios, impulsada desde 2024 bajo estados de excepción, no ha frenado el tráfico de armas ni el crecimiento de economías ilegales. Un estudio de Kaleidos reveló que las familias de presos pagan hasta USD 251 mensuales por “protección” en centros penitenciarios, generando ingresos ilegales de hasta USD 114 millones anuales.

Aunque Noboa estima que la economía ilegal mueve USD 30.000 millones anuales, es decir, el 30% del PIB, informes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) indican cifras menores pero alarmantes: USD 4.504 millones por narcotráfico y USD 3.552 millones por corrupción entre 2020-2025. Pese a esto, Ecuador solo emite una sentencia anual por lavado de activos en promedio, dice el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado.

Críticas al proyecto de ley:

Las organizaciones destacan siete puntos conflictivos:

1. Detenciones sin orden judicial: Faculta a fuerzas de seguridad a operar sin supervisión, aumentando riesgos de abusos.
2. Procesos penales exprés: Vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia.
3. Impunidad para agentes del Estado: Excluye prisión preventiva para militares y policías acusados de crímenes.
4. Uso letal de la fuerza: Promueve ejecuciones extrajudiciales bajo el argumento de “combate al enemigo interno”.
5. Concentración de poder en el Ejecutivo: Crea un “Bloque de Seguridad” con atribuciones excepcionales sin controles democráticos.
6. Inconstitucionalidad: Usa la figura de “ley económica urgente” para evadir debate sobre medidas de seguridad.
7. Beneficios tributarios a donantes de Fuerzas Armadas: Reduce recursos para servicios sociales esenciales.

Las organizaciones exigen a la Asamblea Nacional rechazar el proyecto por “inconstitucional e ineficaz”, advierten sobre acciones legales internacionales si se aprueba, y demandan políticas integrales: control financiero, regulación minera, inversión social y depuración de fuerzas corruptas. “Convertir al Estado en un aparato reproductor de terror no combate el crimen; lo alimenta”, concluye el texto.

El llamado incluye un alerta a organismos internacionales y a la Corte Constitucional para frenar lo que califican como un “retroceso histórico en derechos humanos”. Mientras la violencia alcanza récords, el debate sobre seguridad en Ecuador sigue polarizado entre militarización y soluciones estructurales pendientes.

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Quito, 15 de jun (La Calle).- La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos presentó a los delegados de las instituciones del Estado el informe: Situación de personas defensoras de derechos humanos, colectivos y de la naturaleza en ecuador. El informe analiza 22 casos emblemáticos de los últimos 10 años, de los cuales, 18 están vinculados a las industrias extractivistas y energéticas.

Revisa el informe completo aquí

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Entre tanto, el ministro de Defensa anunció una muerte, la Red de Derechos Humanos Francisco Isaías informó de 14 denuncias sobre personas que fueron asesinadas por disparos policiales en el paro nacional. En este marco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) procesa 97 denuncias de violaciones a los DDHH cometidos por la Policía.

De acuerdo a las cifras de Temblores ONG, la represión de cuatro días provocó 851 casos de violencia policial, 655 detenciones arbitrarias y 98 intervenciones violentas por parte de la Policía.

Largas jornadas de protesta

El Comité Nacional del Paro y varias organizaciones sociales protestaron el 28 de abril en diversas ciudades de Colombia contra el proyecto de reforma tributaria que presentó el Ejecutivo al Congreso Nacional. «La responsabilidad del paro es del Gobierno de Duque que se niega a acoger un clamor nacional para retirar ese nefasto proyecto del Congreso de la República», dijo el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Francisco Maltés.

Los ciudadanos marcharon por las calles principales de Medellín, Cali, Popayán, Bogotá, entre otras. En el Valle del Cauca se decretó toque de queda desde las 15h00. La policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes presentes en el palacio de Justicia. En Cali, los manifestantes pararon frente un hospital para agradecer el trabajo del personal sanitario.

La ley tributaria

Aunque la mayoría de países buscan ayuda económica con el financiamiento, el Gobierno de Duque espera que los estratos medios y altos paguen más impuestos. Colombia es, según el Banco Mundial, el segundo país más desigual de América Latina y el séptimo del mundo.

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Alexis Ponce

Fue el 10 de diciembre de 1998: la movilización más numerosa habida en décadas en el movimiento de DDHH del Ecuador, en el día internacional de los DDHH y por los 50 años de la Declaración Universal (10 cuadras en Quito, solo de los nuevos sujetos sociales de derechos, por vez primera -y última- marchando unidos en aquella fecha)

Aquel día participaron, entre otros, el recientemente aparecido y victorioso Movimiento Trans Cocinelle; Las y los Jubilad@s y los gremios de la «Tercera Edad»; y los 16 sindicatos de trabajadoras sexuales del país a los que la APDH y yo ayudamos a organizarse en el país.

¿Por qué las travestis en la marcha DDHH?

Fue al inicio de aquella marcha que me abordaron los principales dirigentes de las ONGs de DDHH en un costado del parque El Arbolito, lugar de la masiva y alegre concentración, para reclamarme por qué había invitado a participar a las Travestis; y, más todavía, el haberles alentado ¡a que vayan primeras! (Antes que los líderes; o sea… ellos: la Cedhu, el Inredh, las Ong’s de VIH y otr@s) / Me abordaron la Hna. Elsie Monge acompañada de otros emblemáticos y reconocidos defensor@s de dh, para decirme, palabras más palabras menos, que era el colmo que la APDH haya organizado este irrespeto (eran por vez primera, y última, bloques de cuadras y cuadras de Nuevos Actores de Derechos que ocupaban la vanguardia de la movilización las Cocinellis; más l@s Jubilados, y los Ancianos y Ancianas y las Reinas de su movimiento y cada barrio en ‘Chivas’ que alquilamos los Apdh’s, y una columna entera de Trabajadoras Sexuales de los sindicatos de la Federación Nacional de Mujeres Autónomas, FEMAE, todas con pasamontañas!)

«Que se cubran las indencencias»

Entonces, me conminaron -Elsie y varias Ong’s del ala conservadora del movimiento de DDHH del Ecuador-, a que yo mismo les diga a las Cocinellis (con quienes luché por la victoriosa despenalización de la homosexualidad en el reciente Nov. 1997) a que «se cubran las indecencias» y que pueden marchar, pero al final, no tan cerca de los dirigentes… O, si no… que ellos se retiraban.

Recuerdo que yo llevaba un megáfono y les dije: «No hay problema. Tengan el megáfono y en el día mundial de los derechos humanos, díganles ustedes mismos directamente ésto que me dicen!»

Ahí se acabó el reclamo. Por eso marcharon las Trans al inicio de la enorme multitud.

Nadie sabe lo de nadie. Todo eso pasó aquel día y el Ecuador no lo sabía.

Fue un 10 de diciembre de 1998.

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“Me siento agradecido porque por fin se hizo justicia con esta lucha. Siento que ya todo llega a su fin. Con la bendición de que hay justicia y que esto no vuelva a suceder con otra niña. Espero que el Estado cumpla con lo que dijo y haya protección para los niños y niñas del sistema educativo”, expresó doña Petita Albarracín, madre de Paola Guzmán, en rueda de prensa.

Una lucha de muchos años

El Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer de Guayaquil (CEPAM) y el Centro de Derechos Reproductivos acompañaron a doña Petita en la extensa lucha de 18 años, que busca justicia por la muerte de Paola.

Lita Martínez, directora de CEPAM Guayaquil asegura que con esta sentencia “se cierra un ciclo, pero se abre uno nuevo para las familiares de Paola. Como organizaciones sociales nos corresponde continuar con el seguimiento a la implementación de la sentencia que ha vencido la impunidad e injustica en contra de Paola”.

La condena de la Corte IDH tiene un impacto a nivel latinoamericano en la implementación de políticas públicas que garanticen los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Catalina Martínez, directora del Centro de Derechos Reproductivos enfatizó en que este caso, lamentablemente, no es un caso aislado. Hay muchas «Paolas» en Ecuador y la región que son víctimas de acoso y abuso escolar.

Este tipo de violencia vulnera a los derechos humanos, por eso la Corte IDH decide atender esta problemática y establecer una ruta que permita a los estados atender y solucionar esta situación.

En Ecuador los niños, niñas y adolescentes están desprotegidos

Según la Comisión Especial Ocasional (AAMPETRA) de la Asamblea Nacional, Entre 2015 y 2017, se registraron 4.584 denuncias de abuso sexual en planteles educativos.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), a diario, 7 niñas menores de 14 años y 158 niñas de entre 15 y 19 años se convierten en madres

Un estudio de UNICEF, World Vision y el Ministerio de Educación del Ecuador reveló que 6 de cada 10 estudiantes han sido víctimas de violencia en la escuela y 16 % de las alumnas han considerado la opción de suicidarse como consecuencia de su situación.

Ecuador debe cumplir con las siguientes medidas

•             Reparar de manera integral a los familiares de Paola Guzmán Albarracín, Doña Petita, su madre y Denisse, su hermana, para que puedan reconstruir sus vidas con dignidad luego de 18 años de impunidad.

•             Restablecer el buen nombre de Paola, reconocer que fue víctima de violencia sexual y que su muerte está relacionada directamente con esa agresión sexual.

•             Reconocer la responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos que se cometieron en este caso a través de un acto público.

•             La Corte IDH, exhorta a realizar un informe de carácter público que determine la verdad de lo sucedido a Paola para limpiar su imagen y memoria. 

•             Establecer políticas públicas para evitar que se repitan casos como este, evitando el acoso y la violencia sexual en los colegios de manera oportuna.

•             Deberá declarar un día oficial de “lucha contra la violencia sexual en las aulas”.

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