Las armas serán puestas bajo el amparo de los militares, quienes revisarán las disposiciones sobre la legalidad de las mismas, que en su mayoría se atribuyen al crimen organizado, señaló Ecuavisa.

La destrucción de las armas es necesaria puesto que no existen dueños que las reclamen. Asimismo, serán desbaratadas para evitar que «malos» elementos policiales las revendan.

Los agentes han incautado revólveres, carabinas, escopetas, calibres, entre otros. Se espera que el proceso finalice una vez que los organismos judiciales realicen la situación de evidencias de las incautaciones para que salgan de circulación de las unidades policiales que no poseen causas pendientes.  

Sobre el porte de armas

El 1 de abril, el presidente Lasso firmó el decreto ejecutivo 707 en el que autorizó el porte y tenencia de armas, bajo ciertos requisitos para su disposición.

Entre ellas: ser mayor de 25 años, no haber sido sentenciados o tener antecedentes penales de violencia doméstica, un certificado de evaluación psicológica del Ministerio de Salud y otro de destreza de la cartera de Defensa.

Este último ministerio indicó que de no seguir con los protocolos y autorizaciones del porte de armas, existe una sanción de 3 a 5 años de cárcel. También señaló que continúan trabajando para establecer la regulación de las mismas.

A.F

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