El Comité reseña que la tarde de ayer el Gobierno Nacional publicó el Decreto No 238, en el que se emiten las disposiciones para dar paso al “incentivo de la inversión privada en las distintas áreas de servicio público de la energía eléctrica (…) Reformular el modelo de desarrollo del sector eléctrico para viabilizar la participación (…) de capital mixto y privado en todas las etapas de la emisión del servicio público de energía eléctrica, alumbrado público general, servicio de carga de vehículos eléctricos y almacenamiento de carga de energía (…) y convocar a los procesos públicos de selección para la concesión del Bloque de 500 MW de (…) Ciclo Combinado Termo Gas Machala, Sistema de Transmisión Nororiental, Bloque de Ciclo Combinado Gas Natural de 400 MW, y la gestión delegada de la Central Sopladora.

Señalan que, con estas disposiciones, se establece que las empresas del sector privado podrán realizar las actividades que le corresponden al sector público. Es decir, consideran al Decreto el paso inicial para que la privatización de este sector vaya en escala.

“A los trabajadores eléctricos y también a la población nos preocupa de sobremanera que estas reglamentaciones se tomen de manera unilateral, sin que exista un análisis previo sobre las condiciones en las que se encuentran las empresas que brindan el servicio eléctrico a nivel nacional. Como parte del sector, conocemos muy bien que la rentabilidad que brindan al Estado las empresas públicas cubre los gastos de operación y además generan ganancias, por tanto aquella desatinada decisión nos causa indignación”, argumentan

Asimismo, reiteran que en el documento consta que se deberá “establecer la metodología de cálculo para los costos variables de producción de las centrales hidroeléctricas y que las empresas eléctricas de distribución remitirán la información de sus costos de operación (…) para ejecutar un estudio para la expedición del pliego tarifario del año 2022.

Advierten que estos literales son preocupantes, pues se interpretan como una elevación de los precios de consumo del servicio eléctrico, una vez que los capitales privados ingresen a la gestión pública.

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La organización advierte que el Decreto 238 implica tarifas y condiciones preferentes para el sector privado, con la finalidad de incrementar la generación eléctrica en el país y cumplir la demanda de energía proyectada en el Plan Maestro Eléctrico.

De igual forma, explica que ocasionaría el incremento de las tarifas eléctricas para los consumidores finales, en todo el Ecuador, a partir del 2022.

Otra de las consecuencias que señala la asociación, es que se incentivará la participación de empresas del sector privado para la generación, transmisión distribución, comercialización y almacenamiento de energía, alumbrado público, entre otros.

«Se establecerían distintos modelos de gestión, como asociaciones público-privadas, alianzas estratégicas y similares para la participación privada. Estas son solo son otras formas para referirse a la privatización de los servicios y bienes públicos del sector eléctrico”, señala en el comunicado.

Para la ANTEP, el Decreto viabilizaría la privatización, a través de procesos públicos de selección, de la Central Térmica Termo Gas Machala, del Sistema de Transmisión Nororiental y la Central Sopladora, infraestructura en la que el Estado invirtió ingentes cantidades de dinero y que pasarían a manos privadas sin la inversión ni el riesgo inicial que implicó su construcción.

De igual forma, previenen sobre formas de precarización laboral y despidos masivos en las empresas de generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica, a escala nacional.

“Como trabajadores de la rama de la energía y el petróleo, la ANTEP rechaza el contenido del decreto, una arista más que evidencia las intenciones del Gobierno de Lasso de privatizar las empresas que son rentables al Estado como: Petroecuador, CNT, CELEC y más de 15 empresas distribuidoras de electricidad a escala nacional. Además, pretende incrementar las tarifas eléctricas a partir del 2022 y golpear aún más el bolsillo de las familias ecuatorianas”, sostiene.

La ANTEP pide que las empresas de generación, transmisión y distribución a escala nacional no sean utilizadas como caja chica del Gobierno de turno y les permita realizar las inversiones que viabilizarán el cumplimiento de los planes maestros de energía, para satisfacer así la demanda nacional.

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