Para el presidente del PSE, Gustavo Vallejo, Lasso mostró el proyecto “en el que algunos morirán, pero ahora ya nos permiten usar armas”.

Sostuvo que el proyecto se da en medio de una ola de violencia, con homicidios y delitos diarios. La población no está preparada para hacerle frente a los grupos delictivos. “Nos enfrentamos a personas que usan rifles, armas de alta gama y más”, manifestó Vallejo.

Según el concejal electo de Quito y miembro del PSE, Andrés Campaña, la medida es inconstitucional porque “el Estado renunció a su competencia exclusiva de garantizar la seguridad ciudadana”. Añadió que Ecuador está incumpliendo con el Convenio Internacional de Ginebra, donde se prohíbe el uso y producción de armas.

“La guerra es entre la delincuencia organizada y ustedes”

Vallejo criticó el decreto ya que “delega el monopolio del uso de la fuerza a los particulares porque no ha podido cumplir con su trabajo”. “Lasso dijo que la guerra es entre la delincuencia y ustedes”, ¿la guerra no debería enfrentarla el gobierno?, cuestiona.

Antes en Ecuador se tenía un promedio de seis muertes violentas cada 100.000 habitantes. Sin embargo, ahora al menos en Esmeraldas hay más de 40, lo que la pone en la ciudad más violenta de América Latina, ejemplificó.

 “Sálvese quien pueda”

La excandidata a la Prefectura de Pichincha, Elsa Guerra sostiene que el decreto es una “irresponsabilidad” del Estado. “Lo único que ha hecho el gobierno es lavarse las manos y decir que la ciudadanía se defienda sola”, dijo.

Además, cuestionó las acciones de la prefecta, Paola Pabón, pues “no se ha sentado con el presidente Lasso para hablar de un plan de seguridad ciudadano”.

En 2022, los homicidios perpetuados con armas de fuego aumentaron en un 80 %, por lo que Guerra cuestiona qué va a pasar con el libre uso de armas. El permiso del porte libre de armas solo incrementará la violencia, es un decreto de “sálvese quien pueda”, explicó.

Los requisitos del Gobierno

El Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

No obstante, el grupo jurídico que acompaña al PSE declaró que los requisitos que pide el gobierno no aseguran nada. “El hecho de que una persona no beba, no significa que no pueda matar”, ilustró uno de los abogados.  (D.C.)

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«La violencia y la criminalidad ha generado una grave situación de incertidumbre en la sociedad ecuatoriana. El problema obedece a algunas causas estructurales que deben ser abordadas con estrategias a corto y mediano plazo«, inicia el comunicado refiriéndose a la raíz de la crisis que vive el país actualmente.

Según se argumenta, la medida implica riesgos imprevisibles y pretende aplicarse sin tomar en cuenta las advertencias sobre estos posibles riesgos. Especialistas sostienen que la medida podría desencadenar aún más violencia en los sectores más vulnerables del país.

Incorporar a personal policial apto es una opción

Para la UCE, la incorporación de nuevos miembros mediante la selección de los postulantes más idóneos para cargos como policías, es indispensable para que la ciudadanía se sienta resguardada por personal capacitado y con vocación de servicio. Asimismo, la institución se ofreció a brindar su ayuda para que estos procesos cumplan con todas las exigencias del caso.

«Las empresas privadas de seguridad también deben contar con apoyo de observatorios de la sociedad civil para mantener estándares apropiados como organizaciones complementarias de seguridad y deben disponer de una dotación mínima de disuasión; pero no se puede vender armas a los ciudadanos«, enfatizó el centro de estudios superiores.

«En el mundo las sociedades menos violentas son las que han alcanzado alto grado de desarrollo humano: salud, educación universal, ingreso familiar y mayor expectativa de vida«, se menciona en el comunicado.

Anaquilar el desempleo e invertir en educación

Una de las alternativas que se proponen para combatir la ola de violencia es generar mayores fuentes de empleo. El objetivo es que las familias del país lleguen a un punto de estabilidad. Asimismo, expresa que promover la educación alejará a los jóvenes y adolescentes del peligro de vincularse al crimen organizado. Para ello, ampliar la oferta académica resulta imprescindible.

«La disminución del desempleo es urgente en esta política contra la violencia, eso exige inversión agresiva en créditos productivos y en obra pública«, expresa la UCE.

Por último, se afirma que el decreto 707 vulnera el principio de legalidad prescrito en el numeral 2 del Art 132 de la Constitucion. «Se aspira a establecer la preminencia de los ciudadanos frente a la delincuencia, es impostergable revisar las leyes pertinentes y las políticas públicas. Es decir, combatir la impunidad», concluye el comunicado.

A la Universidad Central del Ecuador se suman seis centros de educación superior que también rechazaron la autorización del porte de armas para uso civil promovida por el presidente Guillermo Lasso.

JR

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