Compensación económica a las fuerzas del orden

Mediante los decretos ejecutivos 584 y585, ambos de caracter extraordinario, el Ministerio de Economía y Finanzas será el responsable de entregar los recursos a las instituciones y el Ministerio de Defensa se encargará de que la disposición presidencial se cumpla. El Gobierno Nacional entregará esta compensación económica denominada «Plan Legado de Honor» como retribución al esfuerzo y riesgo en el marco del
conflicto armado interno, decretado en enero de 2024.

Los ministros del Interior, John Reimberg, y de Defensa, Jean Carlo Loffredo, aparecieron en un video de redes sociales juntos para enaltecer la decisión del presidente-candidato. Reimberg dijo que «aunque no hay forma de compensar ese nivel de sacrificio (…) tanto policías como miliatres merecen estar mejor».

Decisiones electorales de Noboa

La decisión del Ejecutivo respondería a las críticas de la candidata Luisa González en el tercer eje del debate, donde aseguró que el primer mandatario «dice que trayendo mercenarios nos va a traer seguridad». Dijo, además, que es una manera de humillar a las Fuerzas Armadas del país. Asimismo, la candidata se refirió a la reunión que el primer mandatario tuvo con Erik Prince, fundador de la empresa rivada internacional Blackwater, organización paramilitar que ha generado polémica por posibles denuncias de violaciones a derechos humanos.

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Sin embargo, no es la única medida de apoyo económica que el presidente-candidato ha prometido durante su campaña. Mediante el Decreto 576 oficializó el Programa de Incentivo Emprende, que promete la entrega de USD 1.000 a actores de la Economía Popular y Solidaria del IEPS. A su vez, el Ejecutivo impulsó la actualización del Registro Social para el acceso al Bono de Desarrollo Humano (BDH).

Un día antes del inicio de la campaña electoral, el 22 de marzo, Noboa lanzó el plan “Ecuatorianos en Acción” que busca la entrega de 800 dólares en dos pagos a causa de la emergencia por lluvias, a personas de entre 30 y 64 años de las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Guayas, El Oro y Los Ríos, provincias en las que la candidata Luisa Gonzales había generado mayoría en primera vuelta.

Previo a la primera vuelta electoral, también dispuso la entrega de hasta USD 1.410 a ecuatorianos deportados desde los Estados Unidos por las políticas externas de Donald Trump.

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“Proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República, exclusivamente en territorio nacional, por el plazo máximo de 6 meses, contados a partir de la finalización de su mandato. Culminado dicho plazo, la protección y seguridad referidas terminarán automáticamente”, dice el documento.

El pasado 13 de noviembre de 2923 se publicó en el registro oficial, donde la protección para expresidentes y sus cónyuges era de mínimo dos años tanto en el territorio ecuatoriano como en el exterior. Para el exvicepresidente y sus cónyuges era de mínimo un año. (MIB).

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El decreto establece que la seguridad sea brindada por un periodo de dos años para los expresidentes y de un año para los exvicepresidentes. El tiempo será contado a partir de la finalización del mandato. Sin embargo, aclara que los plazos podrán alargarse con base en informes de riesgo elaborados por la Casa Militar Presidencial, de ser necesario el caso.

El documento entró en vigencia el martes 7 de noviembre de 2023 y ya fue notificado a los ministerios de Defensa y del Interior, así como a la Casa Militar Presidencial. La nueva disposición amplía los beneficios que había cambiado para «optimizar el gasto público» en 2021.

Se prevé que Lasso deje Carondelet entre el 30 de noviembre y 1 de diciembre del año en curso, lo que significa que él, su esposa María Lourdes Alcívar, el vicepresidente Alfredo Borrero y su cónyuge tendrán seguridad a costas del erario público hasta 2026.

Amplía beneficios

El 31 de agosto de 2021, Lasso emitió el decreto ejecutivo 179 en el que reformaba la seguridad de los exmandatarios. En ese entonces, había dispuesto que la seguridad sea solo para los expresidentes y exvicepresidentes dentro del Ecuador y solo por un año y seis meses, respectivamente.

La decisión la tomó con el objetivo de «optimizar y garantizar el buen uso de los recursos del Estado». Según él, era necesaria la reforma al decreto expedido por el expresidente Rafael Correa en 2010 y reformulado en 2013.

Además, el primer cambio de Lasso en 2021 fue que no se proporcione seguridad ni a los familiares del presidente ni vicepresidente, así como tampoco a los cónyuges o familiares de expresidentes y exvicepresidente.

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Entre los abogados que presentaron la demanda está el presidente del Centro de Investigación y Estudios de Derechos Humanos (CIEDH), Alexander Barahona, que anunció en redes sociales esta acción legal para dejar sin efecto lo dispuesto por el Ejecutivo.

La demanda argumenta que los artículos que regulan los requisitos para el porte y tenencia de armas de fuego letales y no letales a nivel nacional por parte de civiles tienen reserva de ley por su incidencia en derechos como la vida, la integridad y la libertad.

Asimismo, estos letrados consideran que el Ejecutivo debía haber efectuado una consulta prelegislativa a pueblos indígenas, ya que la normativa modificada ya contemplaba previamente el uso de armas ancestrales en territorios indígenas para usos tradicionales como la caza y la pesca.

«El riesgo a los derechos es evidente», afirmó Barahona, que confió en que la Corte Constitucional admita a trámite la demanda y disponga medidas cautelares urgentes.

Dizque aclaraciones del Gobierno

Antes de emitir los decretos que autorizan que un civil pueda llevar armas de fuego para defenderse de un delincuente, el Gobierno aclaró que no se trata de un libre porte de armas y que para hacerlo hay que lograr el permiso que otorga el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Lo que se modificó en la normativa son los motivos esgrimidos para demandar el permiso de porte de armas e incluir el de defensa personal, para lo que se requieren todos los requisitos previamente dispuestos en la ley.

Entre las exigencias para lograr el permiso está ser mayor de 25 años y presentar una petición donde se justifique la necesidad de adquirir el arma.

También se requiere una certificación de dirección domiciliaria, la factura o contrato de compraventa del arma, un certificado biométrico emitido por la Policía Nacional, un certificado que acredite que no se cuentan con antecedentes penales y otro que demuestre no contar con denuncias o procesos de violencia familiar.

Asimismo, será igualmente necesario un certificado psicológico y toxicológico, así como uno que acredite destreza en el manejo y uso de arma de fuego.

Redacción: EFE

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Las personas que hayan registrado su permanencia migratoria hasta el 17 de agosto de 2022 serán los beneficiarios del decreto. El Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana entregará la Visa de Residencia Temporal de Excepción (VIRTE) que tendrá una duración de dos años y se podrá renovar una vez. Aunque este permiso es gratuito, los extranjeros deberán cancelar el valor del formulario y la orden de cedulación.

Las condiciones

Los migrantes interesados en acceder a esta regularización tendrán que cumplir con tres condiciones.

1. Haber ingresado a Ecuador a través de puntos oficiales de migración hasta el 16 de septiembre de 2022.
2. Tener el registro de permanencia migratoria ante el Ministerio del Interior.
3. No ser considerado como una amenaza o riesgo para la seguridad pública y estructura del país. Es decir, no tener antecedentes penales.
4. Personas que no sean susceptibles a una sanción migratoria
5. Migrantes que no hayan cambiado su condición o categoría migratoria.

Disposiciones transitorias

El Ministerio del Interior tiene un mes, a partir del 22 de marzo de 2023, para expedir una segunda normativa con el alcance de la amnistía migratoria.

Mientras que, para junio de 2023, la Cancillería remitirá otra normativa con los requisitos y procedimientos para la implementación del proceso. A partir de esto, se iniciará con la regulación extraordinaria correspondiente.

Cifras

Hasta el momento hay 4.488 migrantes de 82 países que están registrados en esta regularización migratoria. La lista la encabeza Cuba con 1 611 inscritos, seguido de Colombia con 1 579 y Perú con 225. Según Primicias. (D.C.)

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Los organismo internacionales alertaron que los productos contemplados en el decreto ejecutivo 645 influyen o están relacionados negativamente con enfermedades cardiovasculares, diabetes, cáncer, sobrepeso y enfermedades respiratorias.

El 10 de enero tomó más fuerza el escándalo de corrupción de presuntos sobornos y nombramientos irregulares en empresas públicas del sector eléctrico. Según una investigación periodística, esta supuesta red de corrupción estaría encabezada por el cuñado del presidente Lasso, Danilo Carrera.

Para distraer a la opinión pública, el primer mandatario anunció una serie de medidas económicas, entre ellas, una rebaja en el impuesto a las bebidas no alcohólicas, gaseosas, cervezas y fundas plásticas.

«El consumo de bebidas azucaradas y alcohólicas, entre otros, está directamente relacionado a la epidemia de enfermedades no transmisibles (…) por ello, la OMS y la OPS, expresa una serie de consideraciones sobre el ICE a productos perjudiciales para la salud», reza el comunicado.

Medidas que recomienda la OMS/OPS

• Implementar «impuestos saludables». Gravar los productos relacionados negativamente con enfermedades para desalentar su consumo.
• Cumplir con las medidas impositivas de los instrumentos jurídicos a los que está adscrito Ecuador.
• La gravación impositiva de Ecuador a las bebidas azucaradas y productos de tabaco son inferiores a otros países de la región.
• Revisar la evidencia científica que demuestra que la diabetes e hipertensión están directamente relacionadas al consumo de bebidas azucaradas y productos ultraprocesados.
• Fortalecer los sistemas de seguimiento y localización de los productos gravados con ICE.

Recomendaciones

• Reforzar las políticas tributarias a productos de tabaco, debidas alcohólicas y azucaradas.
• Aplicar el ajuste anual por inflación al ICE.
• Eliminar las actuales diferencias en el tratamiento impositivo del ICE.
• Establecer mecanismos para reforzar la coordinación multisectorial.
• Proponer a la Asamblea Nacional la promulgación de una Ley que incremente los impuestos saludables.

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Asimismo, la institución señaló que su personal es «limitado» para controlar un cuantioso número de entidades financieras. «Al momento posee 200 funcionarios que se limitan a controlar a más de 600 entidades», dice un comunicado emitido por la Superintendencia.

La institución también enfatizó en que la captación no autorizada de dinero es una actividad delictiva. Por ello, está colaborando con la Fiscalía, la Policía Nacional y la Unidad de Análisis Financiero y Económico sobre estos temas.

El Decreto

El Ejecutivo aprobó el Decreto N° 395, el pasado 5 de abril. En el decreto se aclaran las tareas de la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Economía popular y solidaria.

Dentro de las tareas, se encuentran el vigilar a entidades no autorizadas, mediante la aplicación de los artículos 62, 254, 275 y 276 del Código Orgánico Monetario y Financiero; reglamento que dispone que las superintendencias deben supervisar a las entidades autorizadas y a las no autorizadas.

El documento también establece que las superintendencias deben mejorar su coordinación para el control de estas entidades.

Además, las superintendencias deben determinar las personas naturales o jurídicas que realicen actividades en entidades no autorizadas; realizar inspecciones y, cuando el caso lo amerite, deberán coordinar con la Unidad de Análisis Financiero del Ecuador, con la Policía Nacional y la Fiscalía, en caso de que requieran protección o apoyo para actividades de inspección.

Este decreto fue emitido luego de que se conociera la aparición de varias entidades irregulares de captación ilícita de dinero y estafas a ciudadanos.

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En este evento, que se realizó este 8 de marzo, se entregaron también créditos productivos a varias mujeres emprendedoras.

El Decreto

Guillermo Lasso habló de la independencia económica de las mujeres. En este sentido, dijo que «las mujeres son un puntal de la reactivación económica». Detalló que 7 de cada 10 organizaciones financieras del sector popular y solidario son lideradas por mujeres. Asimismo, puntualizó que muchos créditos de BanEcuador son para mujeres microempresarias y del sector agropecuario.

La violación es el séptimo delito más denunciado en Ecuador.

El Decreto Ejecutivo 369 establece que se entregará un bono a niñas, niños y adolescentes desde 0 a 18 años en condición de orfandad por femicidio, homicidio o violación con resultado mortal. Este bono será otorgado apenas inicie la investigación previa a estos delitos. El decreto entrará en vigencia a partir de su publicación en el Registro Oficial

«Hoy también estamos firmando un decreto modificatorio a la entrega de bonos para niños y adolescentes huérfanos por muerte violenta de su madre. No puede ser que sus hijos además de su dolor tengan que padecer una serie de trámites tortuosos para poder vivir con dignidad», manifestó el Presidente.

Lasso mencionó que constantemente están entregando créditos a nivel nacional para fomentar el emprendimiento en el país. Además, destacó la labor de su gabinete femenino en materias de salud y educación en el marco de la conmemoración del día mundial de la mujer. Además, felicitó el accionar de la asambleísta Cordero frente a la coyuntura actual.

Otros temas

El primer mandatario se refirió a distintos ‘avances’ en otros campos, como el penitenciario. Detalló que su gobierno trabaja de forma paralela en un proyecto cuya meta es impulsar capitales semilla para mujeres, con un monto inicial de USD 300 mil.

Además, indicó que destinó un presupuesto de USD 24 millones a la prevención de la violencia de género «a todo nivel y a todos los espacios de la sociedad». Precisó que USD 2 millones se destinarán a emprendimientos de mujeres víctimas de violencia. Afirmó también que crearon más de 350 mil nuevos empleos adecuados y que luchan contra la desnutrición crónica infantil.

Asimismo, según explicaron las autoridades, la Secretaría de Derechos Humanos cuenta con 70 psicólogas, a nivel nacional, para atender a mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Recordó la eliminación del IVA en toallas sanitarias y pañales. «Las mujeres como más alta prioridad del Estado», dijo Bernarda Ordóñez.

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Según explicaron las autoridades esta medida es para reducir el hacinamiento carcelario y agilizar los procesos que demoran por la burocracia y la corrupción.

Para acceder al indulto las PPL deben cumplir el 40% de la pena privativa de libertad impuesta bajo el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal. Y del 60% cuando se trata de personas sentenciadas bajo el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Otras de las condiciones es que la persona no mantenga otras sentencias condenatorias y medidas cautelares vigentes en su contra. Así también, que no tenga un proceso penal de investigación previa y que no haya sido sancionado de forma disciplinaria por la Comisión de Faltas.

Otra de las medidas que anunció el Gobierno de Lasso es la repatriación de privados de libertad en el extranjero.

Jan Jarab, representante para América del Sur de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, señaló que, en los últimos años, se ha hecho un sobreúso de la prisión preventiva, lo que incrementa la población carcelaria.

Además, dijo que los centros de rehabilitación enfrentan condiciones precarias, hacinamiento y los PPL viven en condiciones de violencia.

En la actualidad, los centros de privación de libertad albergan alrededor de 34.821 internos, según cifras oficiales. No obstante, la capacidad máxima de las instalaciones es de 30.169 plazas.

Política Pública para el Sistema de Rehabilitación Social.

En el mismo evento, el Ejecutivo también presentó la política pública para el sistema de rehabilitación social. Entre los ejes que anunció el Gobierno constan proyectos de educación para los privados de libertad y la creación de carreras técnicas.

Además, se habló de convenios de trabajo con empresas para que estas brinden empleo a los reclusos; así como de programas de desintoxicación y atención especial para jóvenes infractores.

Otros de los puntos son mejorar la infraestructura y tecnología de las instalaciones, la capacitación de guías penitenciarios, crear un observatorio de acciones y el censo penitenciario para conocer la situación jurídica, de salud, educativa y de peligrosidad y clasificación de los reclusos.

Según el Ejecutivo, esta política no sólo servirá para los internos en los centros de reclusión, sino para toda la sociedad.

Las autoridades dijeron que alrededor de 21.700 PPL no han terminado sus estudios y que más de 7.000 siguen educándose.

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Según el Gobierno Nacional, el nuevo reglamento busca fortalecer la política de hidrocarburos promulgada mediante decreto ejecutivo 95 en junio de 2021.

“Acabo de promulgar el nuevo Reglamento General de Aplicación a la Ley de Hidrocarburos, que tiene 3 pilares importantes: seguridad jurídica, atracción de inversiones y eficiencia. Esto apuntala la política para fortalecer la inversión en el sector y con ello generar más empleos”, publicó el primer mandatario a través de Twitter.

El reglamento organiza las disposiciones legales reformadas en la Ley de Hidrocarburos. También agrupa en un solo instrumento todos los mecanismos legales sobre la gobernanza y administración de los derechos de este sector.

Sobre la política hidrocarburífera de Lasso

En junio de 2021, el presidente Lasso reorganizó el sector petrolero en un solo decreto.

Una de las medidas que adoptó fue la venta de todas las gasolineras de la red de Petroecuador. Actualmente, 45 gasolineras están en proceso de pasar a manos privadas. Asimismo, ordenó emitir reportes sobre el estado de sus refinerías en Esmeraldas, Shushufindi y la Libertad para posibles procesos de privatización de estas plantas.

También dispuso que Petroecuador identifique campos productivos para delegar a la iniciativa privada para incrementar su rendimiento.

Otras medidas que decretó fueron la reactivación del modelo de Contrato de Participación para promover la explotación y exploración de hidrocarburos. De esta forma, señalan, se reduce la exposición del Estado a posibles riesgos financieros y ambientales. También dispuso el fomento de los procesos de licitación de áreas bajo este modelo.

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El Estado ecuatoriano percibía 4,75% de las importaciones de combustibles, biocombustibles y gas natural. A partir de este lunes 18 de enero de 2022, no recibirá nada.

A través del decreto 327, el primer mandatario derogó las tarifas para “las transferencias, envíos o traslados de divisas al exterior, en efectivo o a través del giro de cheques, transferencias, envíos, retiros o pagos de cualquier naturaleza para las importaciones de combustibles derivados de hidrocarburos, biocombustibles y gas natural”, indica el documento.

Además, la medida incluye las compensaciones realizadas con o sin intermediación de instituciones del sistema financiero.

Compromisos con el FMI

Según el portal Primicias, la reducción gradual del ISD es parte de los compromisos del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el último programa de crédito, suscrito en septiembre de 2020 y renegociado un año después.

En 2021, la recaudación de ese tributo representó USD 1.212 millones, según el Servicio de Rentas Internas (SRI), reseñó el medio.

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El 86% restante se divide entre: condecoraciones, ratificaciones, reasignaciones, cambios de nombre de instituciones,  asignación de comisiones y más. Los decretos que se refieren a la asignación y nombramiento de funcionarios suman 87.

Aparecen también la creación de comisiones (como la que acompañó al presidente a México), derogatorias y planteamiento de objetivos.

Entre los decretos más conocidos está el código de ética, la definición de los lineamiento para informes y la determinación de prioridades del Estado. Un rubro importante lo ocupa la cesación y condecoración de algunos delegados.

Decretos «más paja que grano»

En el 14% mencionado trata sobre reformas a la la «agencia de asistencia», la política de hidrocarburos, el plan de acción del sector minero, la realización de un código orgánico monetario, entre otros.

Consta también la reforma a la Ley de Comunicación y la eliminación del buro de créditos a personas que adeudaban menos de 1.000 dólares.

Las disposiciones relacionadas con la pandemia suman dos. En especial en lo referido al Estado de Excepción en Guayaquil y en la provincia de El Oro, consecuencia de la aparición de la variable Delta.

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Zambrano manifestó que existía mucha expectativa en el sector para recuperarse económicamente este año, sin embargo sus esperanzas se chocaron con la realidad de la aparición de la nueva cepa de COVID-19 y el Decreto de Excepción.

“El año ha sido muy duro teníamos grandes expectativas de superar lo acontecido durante todo este año, sin embargo debemos aceptar que la realidad es vital privilegiar la vida frente a cualquier circunstancia”, sostuvo el viceministro actualmente a cargo de la cartera.

El decreto de excepción enviado por el Presidente de la República, Lenín Moreno, cerró las playas del Ecuador durante los días 24, 25, 31 de diciembre y 1 de enero de 2021. Igualmente, se cierran los centros de diversión nocturna en todo el país entre el 22 de diciembre de 2020 y el 5 de enero de 2021.

El aforo, igualmente, será del 30 por ciento en alojamiento turísticos para las áreas comunes, aunque se pueda utilizar la totalidad de habitaciones y plazas.

 Los eventos sociales o corporativos en establecimientos turístico no podrán superar las 10 personas mientras dure el estado de excepción.

El ejemplo de Santa Elena

La Cámara Provincial de Turismo de Santa Elena cálcula que las pérdidas en su provincia llegan a los 15 millones de dólares, tomando en cuenta las ganancias obtenidas el año pasado.  

Radio la Calle calculó que las pérdidas generales de este año superan los mil millones de dólares. Diario El Comercio reportó que el Municipio de Santa Elena había autorizado la apertura de playas para los festivos apuntando a la reactivación económica de 7 000 familias que dependen del turismo en el cantón, antes de que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional ordenara el cierre de balnearios el pasado lunes.

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La CC, en su documento, deja insubsistente el decreto emitido el 27 de julio pasado. «Por lo que, en caso de haber existido recaudación, los sujetos pasivos de la medida podrán solicitar la devolución del monto pagado», reza el documento.

Las personas que ya cumplieron con la disposición del cobro anticipado de impuestos, podrán utilizar el valor pagado como crédito tributario, de acuerdo a lo prescrito en la normativa. Pero también, pueden acreditar el valor pagado como un anticipo voluntario.

La nueva disposición la aprobaron los jueces Karla Andrade, Ramiro Ávila, Agustín Grijalva, Alí Lozada y Daniela Salazar.

Disposición anulada

La medida que dispuso el presidente Lenín Moreno afectaba a 1.188 grandes contribuyentes. Ellos registraban ventas por más de USD 18.000 millones solo en el lapso de enero y junio de 2020. Así lo comunicó el pasado 27 de julio la directora del Servicio de Rentas Internas (SRI), Marisol Andrade.

Según la directora, el Gobierno esperaba recaudar USD 280 millones para usarlos en programas y proyectos de las áreas sociales de salud, educación, alimentación y para sostener la dolarización.

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Además, ordenó adjuntar lo siguiente después del numeral cuatro: “Desarrollar un ecosistema de docencia, investigación, innovación y producción, enfocado en productos agrícolas tradicionales y no tradicionales para alcanzar el desarrollo humano sostenible en la región norte del país y demás actividades económicas necesarias para su cumplimiento.»

De la misma forma, se sustituirá el artículo 3 por lo siguiente:

«Art. 3.- El Directorio de la Empresa Pública SIEMBRA EP, está constituido de la siguiente forma:

El titular de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, o su delegado permanente, quién lo presidirá;

El Presidente del Directorio de lo Empresa Coordinadora de Empresas Públicas, o su delegado permanente;

El Ministro de Agricultura y Ganadería, quien actuará como delegado del Presidente de la República”

Este decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de su suscripción.

CLL

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