Actualmente el presidente Lasso se encuentra en Nueva York (EE.UU.) para reunirse con legisladores de ese país. En esas reuniones plantea explorar la posibilidad de establecer un tratado de libre comercio. Esa decisión la tomará el país norteamericano de acuerdo con el Primer Mandatario.

Concretamente se trataría de la venta de tierras camaroneras en materia económica. Por otra parte, los nuevos decretos-ley tienen por objetivo principal una reforma al mercado de capitales. Según Lasso, así el sistema sería «más atractivo para los capitales extranjeros».

También mencionó que una de las prioridades de su saliente Gobierno era la creación de empleo. El presidente dijo seguir trabajando en un «gran proyecto» para atraer la inversión de capitales en el Ecuador.

Lasso también explicó que el tratado de libre comercio con China (firmado en abril de 2023) deberá ser ratificado por la Asamblea elegida luego de las elecciones anticipadas de agosto.

El más obstinado: Lasso no descarta regresar al terreno político en 2025

«Esperamos que eso suceda porque es de mucha conveniencia para el Ecuador (…) es un mercado de 1400 millones de habitantes», afirmó el Primer Mandatario (S.B).

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El economista, Marco Flores comentó para Radio La Calle que «Lasso intenta lavarse la cara» para quedar bien a unos días de salir de Carondelet. Asimismo, que no se trata de solo decir se eliminan estas tributaciones, pues es más complejo de lo que suena.

De la misma manera, dijo que espera que con esto el mandatario se de cuenta que es necesario ayudar a los más pobres y no eliminar la inversión pública. «La inversión es la que permite ofrecer seguridad, buenos servicios públicos y posibilidades de progreso.

«Es un error de concepto pensar que se puede eliminar nomás el gasto tributario», respondió. Además, tachó a este nuevo decreto-ley como «absurdo». En la misma línea, expresó que aunque el gasto haya sido de USD 6 300 millones, ahí también están «muchas exoneraciones que son necesarias, como el IVA en artículos de primera necesidad».

«La devolución del IVA a los ancianos, varios rubros relacionados con salud y educación, todos son necesarios», ejemplificó. Además, recomendó la eliminción de las generosas exoneraciones tributarias y tarifarias a grandes empresas que no tienen porque estar exoneradas perjudicando la recaudación tributaria que administra el Gobierno pero que pertenece a todos los ecuatorianos.

¿En qué consiste el decreto-ley?

El documento firmado propone sustituir tres ítems del artículo 32 de la Reforma Orgánica de la economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. En este apartado se habla de las deudas a instituciones financieras, en las que el prestatario debe presentar una garantía personal o real (depende del capital adquirido).

Asimismo, el deudor deberá llegar a un acuerdo en el que presentará el plazo en el que va a cancelar, es decir, sus plazos entre cantidad y meses de pago. El acuerdo entre el involucrado y la entidad financiera deberá basarse en la siguiente tabla.

En el caso de que el deudor, su cónyugue, pareja, hijos, o algún familiar (hasta segundo grado de consanguinidad) padezca alguna discapacidad, la deuda podrá ser condonada de forma parcial o total. El beneficio es explicado en el próximo gráfico.

La firma de Lasso

El jefe de Estado, firmó la tarde del 4 de julio un nuevo decreto-ley que deberá pasar por el filtro de la Corte Constitucional (CC). Según Lasso, esta medida beneficiará a más de 6 mil personas que no han podido cumplir con el pago de su deuda educativa.

Conn el decreto podrán acceder a la remisión, condonación, ampliación de plazos de sus deudas. «Vamos a desbloquear las cuentas de nuestros ciudadanos para que puedan trabajar dignamente», dijo el presidente.

El decreto entrará en vigencia después de 60 días de ser expedido. (DCJ)

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Además, comentó que respeta las competencias de control de constitucionalidad de la Corte. Sin embargo, afirmó que los decretos-ley en materia económica son urgentes y de exclusiva decisión del jefe de Estado.

«Debo señalar que, si bien respeto, no comparto las decisiones de la Corte Constitucional sobre la facultad constitucional del presidente de expedir decretos-ley de urgencia económica», escribió.

Según Lasso, los ecuatorianos deben conocer las razones jurídicas por las que el Gobierno discrepa las decisiones de la Corte. Asimismo, asegura que aunque la CC debe limitar el poder político, también debe ser limitada a cumplir su rol.

«La Corte no debe rebasar sus facultades generando una apariencia de haberse convertido en un súper órgano que inobserva lo establecido en la misma Constitución», expresó. Asimismo, resaltó que el sistema de gobierno en el país es presidencial, por lo que tiene la responsabilidad de la dirección política, administrativa y económica de la Nación.

De la misma manera, agregó que desde que activó la muerte cruzada, el puede expedir decretos-ley de urgencia económica. Sin embargo, la Corte se estaría extralimitando al decidir que los decretos-ley no abordan materias de economía urgente.

¿Por qué el presidente redactó la carta?

El presidente, Guillermo Lasso remitió la carta hacia la Corte Constitucional, porque en los próximos días enviará tres nuevos decretos. Además, porque la iniciativa relacionada con las zonas francas fue rechazado el pasado 16 de junio.

Para el mandatario, la CC está tomando decisiones que no le competen, pues su función no es determinar si las decisiones del presidente en materia económica son o no urgentes. «Hacer eso, supone rebasar se tarea que está limitada a realizar un dictamen previo de constitucionalidad», sostuvo.

Lasso mencionó que este sería un enorme riesgo de convertir al órgano de control constitucional en un actor político-económico de hecho. El funcionario terminó su escrito explicando que aunque el no definió la Constitución, la cumple. Además, que la Corte está violando la ley y que por ello, debe protestar enérgicamente. (DCJ)

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Borja indicó, en entrevista para Radio La Calle, que el esquema legal que propone este segundo decreto respaldará a las empresas existentes. Además, comentó que serían las mismas que tuvieron un beneficio tributario en el gobierno de Lenín Moreno y el de Lasso.

Uno de los temas del decreto es la creación de zonas francas, que son espacios donde rigen regulaciones distintas al resto del país. Una decisión que se encargaba, únicamente, el Estado. Sin embargo, en el proyecto del jefe de Estado le concede esta opción al sector privado con una una inversión de USD 100 mil.

«Lo que pretenden es vendernos humo como el famoso beneficio tributario que también envió Lasso. La inversión nacional se fija primero en la seguridad de los países y aquí no hay eso», precisó.

¿Cuáles son estos beneficios?

Según Borja, las empresas no pagarán por 10 años la extensión del impuesto a la renta, el IVA y tendrán disminución en el pago de aranceles.

El ministro de Producción, Julio José Prado, manifestó que con esto se exportaran cerca de USD 7 mil millones. Sin embargo, el economista argumentó que es una «cifra absurda», pues ese sería el monto de casi toda la oferta no exportable del Ecuador.

«Ellos dicen que los beneficios se verán de inmediato, pero ningún país que implementó esto tuvo resultados de manera inmediata», repitió.

El decreto

Lasso junto al ministro de Economía, Pablo Arosemena, presentó el decreto ley de atracción y fomento de inversiones para el desarrollo productivo, el 23 de mayo. Este documento pasará por la revisión de la Corte Constitucional.

“Este decreto ley es muy claro. Atraer inversión y crear nuevas fuentes de trabajo. Vamos a transformar de manera positiva el comercio local e internacional, la reactivación económica en beneficio de todos los ecuatorianos”, dijo Arosemena sobre la normativa.

Agregó que el Ejecutivo envió el proyecto de ley a la Asamblea hace dos años. “La Asamblea, en ese entonces, fue mezquina con el país y ni siquiera lo analizó. No obstante, los exlegisladores habían advertido que este decreto solo beneficiaría a los grupos privilegiados. (N.J.C)

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Lasso afirmó que la resolución del Legislativo no tiene validez porque el Gobierno no fue quien impartió este decreto. Según Lasso, este proyecto es la recopilación de proyectos-ley propuestos por otros asambleístas.

Además, remarcó que él como Jefe de Estado es el responsable de la administración pública, por lo que “guste o no la Constitución ha asignado la responsabilidad sobre la planificación de las finanzas públicas y su administración al Ejecutivo, dotándolo de herramientas y competencias muy amplias al respecto”, reza el documento.

De la misma manera, se justificó aludiendo que el Decreto-Ley se estableció de manera constitucional, pues al no haber un pronunciamiento por parte de la Asamblea en el límite de 30 días era responsabilidad del Ejecutivo aprobar el decreto.

“El Pleno de la Asamblea Nacional no aprobó, ni modificó ni negó el Proyecto de Ley dentro del plazo fatal de 30 días, mismo que fenecía el 27 de noviembre de 2021 y, por consiguiente, el presidente de la República debía promulgarlo como decreto-ley y ordenar su publicación en el Registro Oficial”, detalla el oficio.

La vigencia de este decreto afecta con una mayor tributación de impuestos a los sectores de la clase media.

Objeción por inconveniencia

El presidente enfatizó que esta derogatoria afectaría al principio de sostenibilidad fiscal, por lo que tachó de irresponsable la decisión del Pleno. “Es irresponsable, cuando, por un lado, la Asamblea, demanda mayores recursos e inversión pública, pero por otro lado elimina los ingresos del Estado”, menciona el documento.

También reiteró que derogar una ley que permite una recaudación estimada de 946,32 millones de dólares anuales incumple con el mandato de conducirse de forma responsable los recursos económicos.

Para el Ejecutivo, esta recaudación se destinaría para educación salud, y demás prestaciones y servicios públicos. Sin embargo, su proforma de 2023 entrará en vigencia con recortes presupuestarios a los sectores sociales.

Finalmente, detalló que su gobierno asumió la economía nacional con un déficit fiscal superior a los USD 7.000 millones obligándolo a tomar medidas para reducir el déficit.

“Mediante una administración prudente se ha logrado reducir dicho déficit a menos de 2.000 millones, además reperfilando y reprogramando la deuda externa con tasas más bajas y plazos más amigables”, menciona el informe.

Más deuda con el FMI

El 14 de diciembre Lasso anunció que adquirió un préstamo de USD 700 millones. Según economistas consultados por diario Expreso, los préstamos del FMI han «ayudado» a mejorar las cuentas fiscales del Ecuador. Sin embargo, reconocen que no ha habido crecimiento económico suficiente para generar plazas de empleo.

También concuerdan con que la reactivación económica anunciada por Lasso es solo cuento. Hasta el día de hoy, el país reactivarse a nivel prepandemia. Es el único en la región que no ha logrado levantar sus índices económicos. (N.J.C)

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