El Decreto Ejecutivo 308, activado a las 00:00 de este martes 12 de agosto, sustituye el modelo de fijación de precios por un esquema de Precio de Paridad de Importación (PPI), trasladando íntegramente los costos internacionales a los consumidores ecuatorianos.

Según documentos oficiales, el cálculo ahora internaliza variables como el riesgo país, márgenes logísticos, seguros y hasta rendimientos de la deuda interna ecuatoriana, una vinculación inédita entre política fiscal y precios de hidrocarburos. La excepción es el diésel, congelado en USD 1.79 por «relevancia productiva», un guiño al sector empresarial que contrasta con el ajuste a gasolinas de uso masivo. Mientras la Súper de 95 octanos escaló de USD 3.48 a USD 3.57%.

Sistema de bandas de precios

La Cámara de Distribuidores (Camddepe), liderada por Oswaldo Erazo, confirmó las alzas en redes sociales, pero recordó que el sistema de bandas de precios limita mensualmente las variaciones con un margen de aumento de hasta el 5% mensual y una disminución de hasta el 10%.

Pese a que el decreto ordena revisar esas tarifas en 60 días, Noboa activó el nuevo cálculo financiero este 12 de agosto. El próximo ajuste, el 11 de septiembre, confirmará si las «bandas» son un dique o una catapulta de precios.

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Quito, 23 jul (La Calle).- La Política Nacional de Integridad Pública al 2030, fue aprobada por el presidente Daniel Noboa con el propósito de promover una cultura de integridad en la gestión de la Función Ejecutiva del Ecuador.

El plan adjunto en lo que es el Decreto Ejecutivo 337, firmado el 22 de julio, cuenta con ocho líneas estratégicas hacia el 2030 y 108 páginas que detallan las bases del plan. Su aplicación estará a cargo de la institución antes conocida como Secretaria Anticorrupción.

Plan en contra de la corrupción

El plan de seis años busca, fundamentalmente, promover el rechazo activo a la corrupción nacional y transnacional por parte de servidores públicos y trabajadores privados.

Además se busca trabajar en la prevención y lucha contra la corrupción con una respuesta institucional integral ante los actos de corrupción. Fortaleciendo el acompañamiento y la cualificación de servidores públicos se tiene como objetivo que los mismos trabajen con vocación, evitando así la prevención de conflictos de interés.

Su monitoreo estaría a cargo de la Policía Nacional de Integridad Pública, la cual realizará el monitoreo de la aplicación y cumplimiento del plan. El  seguimiento será de forma anual con corte el 31 de diciembre de cada año.

Cuales son los 8 objetivos:

El decreto 337 define 8 líneas estratégicas para la implantación de este plan:

1. Concientización de las dimensiones de la corrupción, sus causas y consecuencias.
2. Contratación pública responsable y transparente
3. Transparencia en las etapas del ciclo presupuestario
4. Prevención y trámite efectivo de los conflictos de interés
5. Aplicación de tecnologías en la lucha contra la corrupción.
6. Responsabilidad con competencia compartida entre múltiples actores en la lucha contra la corrupción.
7. Gestión de riesgo y generación de tipologías para la lucha focalizada contra la corrupción en escenarios críticos para la sociedad ecuatoriana.
8. Desarrollo de capacidades institucionales en la prevención y lucha contra la corrupción y su competencias.

Noboa y las ‘red flags’ en su gestión

Caso Olón

En el epicentro de denuncias sobre supuestas irregularidades en un proyecto inmobiliario en Ólon, Santa Elena, se encuentra la primera dama Lavinia Valbonesi.

Como principal accionista de la empresa Vinazin; Valbonesi, su esposo el primer mandatario y algunos ministros del Gobierno de Noboa han sido acusados de tráfico de influencias y de delitos contra la naturaleza.

Cuestionamientos, protestas y finalmente una denuncia de la Unidad Popular ante Fiscalía pusieron en jaque al Gobierno. Las denuncias de supuesto ecocidio y tráfico de influencia por parte de moradores de la zona y grupos ecologistas se hicieron escuchar en  redes sociales, frenando el proyecto.

Daniel Noboa y la primera dama manifestaron su complacencia por la apertura de las investigaciones, recalcando que estas permitirán dar “claridad a los ecuatorianos sobre los hechos”.  Además Noboa aseguró de que se trata de falsas acusaciones por parte de la opción.  La Fiscalía General del Estado y la Asamblea Nacional han abierto investigaciones para aclarar los hechos.

La Cárcel del Encuentro

El presidente Daniel Noboa, también se ha visto en vuelto en polémicas debido a la construcción de la mega cárcel, en Santa Elena.

La denominada “Cárcel del Encuentro” costará 52 millones de dólares y fue adjudicada sin licitación abierta, a una controvertida empresa China. El proyecto se ha visto rodeado de sospechas debido a la opacidad de los documentos de contratación.

A esto se suma las denuncias por parte de habitantes de la zona sobre invasión de tierras ancestrales y el impacto ambiental del proyecto, en un bosque mega diverso que se encuentra en peligro de extinción.  Los comuneros argumentan que el terreno fue adjudicado por el Gobierno de manera ilegal.

Los comuneros han expresado su preocupación por la invasión de terrenos por parte de militares y la inexistencia de carreteras para ingresar al terreno.

Fabricio Tamayo, gobernador de Santa Elena, indicó que las hectáreas donde se construye la cárcel pertenecen al Gobierno debido a que el Ministerio de Agricultura y Ganadería las cedió al Servicio Nacional de Atención a Privados de la Libertad (SNAI).

Sin embargo el Gobierno indico que las hectáreas se revirtieron al Estado por una hipoteca.

Para un gobierno que expide decretos sobre la transparencia y la lucha contra la corrupción, la nombrada Cárcel del Encuentro se ha vuelto un símbolo de polémica y alerta. (N.C)

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Según el decreto, el precio del gas de uso doméstico aumentará 5 centavos en el país.

“Art. 9.- El precio de venta del gas licuado de petróleo a nivel de Terminal y en Depósitos de EP PETROECUADOR sin IVA para usos domésticos será de USD 0,095652 por kilogramo.

Por lo tanto, el precio oficial de venta al público del cilindro de quince kilogramos de gas licuado de petróleo para usos domésticos en Depósitos de Distribución de GLP en cilindros, no excederá de USD 1,65.”

La última vez que en Ecuador aumentó el costo del gas fue en el gobierno de Alfredo Palacio, donde se fijó en USD 1.60.

Cálculo del precio de los combustibles

El artículo 1 coloca los precios de los diferentes combustibles en la EP PetroEcuador.

En eel artículo 2 se ponen los precios de los combustibles en los depósitos privados.

Para el cálculo se realizará la suma de galones más el margen de comercialización y más el IVA que se aplica a cada galón. De manera que, el precio en las gasolineras PetroEcuador y las privadas tendrá una considerable diferencia de acuerdo a ambas tablas.

En el caso de la tabla #2, de no haber margen de comercialización cada depósito lo calculará por su cuenta en relación al mercado. «El margen de comercialización de los productos que no conste en la tabla anterior, será determinado por cada actor de la cadena de comercialización, de acuerdo a las condiciones de mercado, más los impuestos aplicables». (MIB)

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Según el régimen, esto le permitirá ahorrar cerca de USD 750 millones en 2024, que «nutrirá a la caja fiscal». La economía del país es un reto que Noboa y su equipo de trabajo tiene que solventar para darle liquidez a Ecuador.

La intención de reducir el ISD se presentó en el gobierno de Guillermo Lasso. El exmandatario pretendía reducir a 0 % el impuesto hasta finalizar su mandato (2025 antes de que decrete la muerte cruzada), para eso planteó una disminución del 0,25 % al 0,50 % progresiva . Sin embargo, cabe la pregunta ¿a quién beneficia este tipo de medidas?

Los únicos beneficiarios son los grupos acomodados, pues este impuesto se aplica a las personas que realizan transacciones en el exterior, utilicen tarjetas de crédito y débito en otros países y empresas que se encuentran en el exterior.

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«Otorgar la nacionalidad ecuatoriana a la señora Mónica Rosa Irene Palencia Nuñez, quien por sus aportes significativos con sus conocimientos, virtudes, actuaciones, ocupación, labores y esfuerzos a la República del Ecuador y la sociedad ecuatoriana, en el ámbito social; constituye un ejemplo a seguir», reza el decreto.

Inmediatamente en el decreto ejecutivo 5, el presidente la nombró como nueva ministra de gobierno, también estará al frente del Ministerio del Interior. Hasta el momento, el presidente Noboa ha firmado 24 decretos ejecutivos que nombran a las principales autoridades de su gabinete.

¿Qué dice la ley?

La Constitución del Ecuador en su artículo 151 menciona:

Art. 151.- Las ministras y los ministros de Estado serán de libre nombramiento y remoción por la Presidenta o Presidente de la República, y lo representarán en los asuntos propios del ministerio a su cargo. Serán responsables política, civil y penalmente por los actos y contratos que realicen en el ejercicio de sus funciones, con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del Estado.

Para ser titular de un ministerio de Estado se requerirá tener la nacionalidad ecuatoriana, estar en goce de los derechos políticos y no encontrarse en ninguno de los casos de inhabilidad o incompatibilidad previstos en la Constitución. El número de ministras o ministros de Estado, su denominación y las competencias que se les asigne serán establecidos mediante decreto expedido por la Presidencia de la República. (MIB)

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Lasso indicó que el país estadounidense financiará, capacitará en logística soporte de comando, control y comunicaciones a los agentes de control. Además, dotará de equipos para esta operación.

«Necesitamos de este apoyo para fortalecer la seguridad nacional, para que nuestra Fuerza Aérea tenga mejores equipos, destrezas e información», detalla el decreto.

Luego de los escándalos de una supuesta conexión entre Ecuador y la mafia albanesa, Lasso correa a pedir ayuda a EE.UU. Además, el primer mandatario toma como un acierto de su gobierno las toneladas incautadas de droga.

Sin embargo, el informe de la ONU sobre la incautación de droga en 2023, indica que ese problema se debe a la falta de políticas y a la ausencia del Estado en varios sectores del país.

Además, el país se convirtió en el principal exportador de droga a diferentes parte del mundo. El principal método de envío en las frutas que el país exporta.

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El Comité de Seguridad Ciudadana resolvió aplicar esta medida tras un fin de semana violento. Asimismo, se supone que el decreto durará 60 días, es decir, hasta finales de septiembre.

La Policía Nacional junto a las Fuerzas Armadas tienen todo el derecho de hacer uso legítimo de la fuerza en el caso de que sea necesario. El ministro del Interior, Juan Zapata, explicó que las fuerzas del orden deben actuar con contundencia y someter a los delincuentes.

El comandante general de la Policía, Fausto Salinas, explicó que estas operaciones se mantendrán para dar con las personas que causan violencia y delitos. «Juntos vamos a frenar a la delincuencia y vamos a poner a los antisociales detrás de las rejas«, manifestó.

Una decisión que no pone contenta a la ciudadanía

La decisión que tomó el primer mandatario ha sido el blando de críticas de los ciudadanos, pues aseguran que la inseguridad no solo está en las tres zonas que el Gobierno implementó el decreto. Asimismo, sostienen que los delincuentes no están solo en las noches, sino también en el día.

«Un estado de excepción más, el cual al igual que los otros no servirá de nada», «Este gobierno incompetente piensa que un estado de excepción es la solución increíble» y otro comentarios demuestran el descontento de los ecuatorianos.

Actos violentos

• Asesinato de un alcalde

El alcalde de Manta, Agustín Intriago, falleció la tarde del 23 de julio luego de ser víctima de un atentado. El burgomaestre supervisaba una obra deportiva cuando antisociales arremetieron en su contra.

Lasso, en rueda de prensa lamentó el asesinato de Intriago y dio palabras de apoyo a sus familiares. Sin embargo, su hermana exigió dar con los responsables para que el crimen no quede impune. Asimismo, su esposa, Rosa Saldarriaga, exigió justicia.

• Enfrentamientos en cárceles

Desde el sábado 22 de julio, hasta la noche de este lunes 24 de julio, 13 de las 35 cárceles del país han estado en huelgas de hambre o riñas. No obstante, en algunos centros se han registrado conflictos internos.

Según, el SNAI, la penitenciaria del Litoral o «La Peni» es en la que más actos violentos se desarrrollan, pues hasta esta noche los estruendos de balas aún se escuchan. De la misma manera, en redes sociales circulan varios videos en los que se observa como algunos reos son golpeados y torturados por otros.

• Durán en zozobra

El cantón Durán, proveniente de la provincia del Guayas, en los últimos meses ha estado en abandono total. La ciudad ha registrado diversas balaceras y ataques armados a cualquier hora del día.

Solo el 29 de junio, la Policía confirmó  una serie de balaceras en los sectores de El Recreo, Valparaíso, la Quinta Etapa, el Divino Niño y Los Helechos.

Pesé a que estos actos violentos han sido los últimos, el país ya no aguanta más. Guayaquil, Santo Domingo, Huaquillas y varios sectores más del país necesitan políticas se seguridad que garanticen el bienestar de los ciudadanos. (DCJ)

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«Lo discutimos. Y teníamos listo el decreto, solo era cuestión de enviarlo al Registro Oficial. Lo teníamos como última medida. Era prácticamente un botón rojo. Pero primero queríamos estar seguros de cómo iba la votación en la Asamblea. No era un escenario que se buscaba, pero estábamos listos. Lo habíamos discutido y evaluado, dijo en una entrevista con diario Extra.

También mantuvo su posición contra el juicio político a Lasso. «No apruebo el juicio político. Creo que la Asamblea está forzando las circunstancias para llevar al presidente a un estrado que no lo merece. El juicio político no puede ser un concurso de popularidad del presidente, ni saber si les cae bien o mal, si les gusta o no el Gobierno. Pudieron existir muchas equivocaciones, pero las destituciones se producen por razones y causas específicas. En esa diferencia estriba la estabilidad democrática de un país».

Jiménez dejó el Ministerio de Gobierno después de un año de trabajo y a semanas de que en la Consulta Popular ganará el No, lo que fue un duro revés para el Gobierno.

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Esta publicación ocurrió a raíz de algunas especulaciones de que la exministra de Gobierno Alexandra Vela, tras renunciar de su cargo, sería designada a la organización rectora de la educación superior.

¿Qué contendría el decreto?

El documento ordena que se suprima la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, tecnología e Innovación y que se cree el «Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación», como entidad adscrita al Ministerio de Educación. Señala, además, que las competencias serán las estipuladas en la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES). Concretamente, en el artículo 183, literal «G» y en el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos.

Entre las competencias del nuevo instituto están: ejercer la rectoría de las materias reguladas por el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos; formular políticas públicas, mecanismos y otros procedimientos para el funcionamiento del ‘Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales (SNCTISA)’.

También, evaluar resultados de la política pública, gestión de planes, programas y proyectos en el ámbito educativo, así como asesorar y dar acompañamiento a los actores del SNCTISA en políticas, estrategias, normas y mecanismos dentro de su competencia.

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“En su precariedad de interpretación jurídica él cree que puede gobernar con leyes y decretos, pero eso no se puede por ningún motivo”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

El analista recalcó que en el Ecuador se mantiene cierto principio de legalidad en la Constitución controlado por la Corte Constitucional. “Podrá ignorar a la Asamblea, pero no puede ignorar a la Corte”, aseguró Aguilar.

Además, comentó que Guillermo Lasso al no tener los votos en la Asamblea ya no le quedaba ningún escenario legislativo y por esta razón decidió gobernar sin la participación de la Asamblea. “Lasso deja librada a la Asamblea a su suerte. Ya no le interesa llegar a algún tipo de acuerdo con el legislativo”, dijo.

Aguilar sostuvo que Guillermo Lasso descartó la posibilidad de muerte cruzada, porque las estadísticas demuestran las pocas posibilidades que tendría para ir a nuevas elecciones. “Creo que más allá de la voluntad de Lasso me parece que es la voluntad de la derecha que no deja que se lleve a cabo la muerte cruzada”, reiteró el analista.

Por otro lado, Aguilar expresó que es saludable la decisión del gobierno de Lasso de volver al esquema diseñado por el ex presidente Rafael Correa, en donde existía un Ministro del Interior y Ministro de Gobierno.

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«Disponer la movilización de las Fuerzas Armadas en El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Santo Domingo, Pichincha y Sucumbíos para complementar las funciones de la Policía Nacional», dice parte del decreto.

Entre estas funciones están: el control en seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito y desorden público. También realizarán operativos de control, registros, requisa en caso de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización.

En las demás provincias, la Comandancia de Policía Nacional trabajará junto a las demás instituciones públicas para control y prevención del delito. Si es necesario se decretará la movilización de las Fuerzas Armadas.

El estado de excepción aparece cuando el Parlamento de los Pueblos anuncia movilizaciones para el próximo 26 de octubre.

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En diálogo con Radio La Calle, Tandazo compartió su criterio sobre el decreto ejecutivo N.1183. Según el analista, esta medida tiene por objetivo desregularizar los precios de los combustibles y limitar el rol del Estado solo a ofrecer un sistema de bandas que, eventualmente, podría romperse. “Esto es parte de la política del Fondo Monetario”, alertó.

Además, a criterio del analista económico, esta medida es inconstitucional, pues el Estado estaría incumpliendo su rol de gestión en las áreas estratégicas y posibilitando la eventual privatización de un servicio público. 

Consecuencias

Según el analista, los impactos de esta medida no se sentirán inmediatamente, pues los precios del petróleo están bajos. Sin embargo, su eventual aumento desencadenará en un impacto directo en los precios de los combustibles y el consecuente encarecimiento de productos de primera necesidad.

“El precio internacional del petróleo no es definitivo”, aclaró Tandazo. El analista aludió a la existencia de una sobreoferta de petróleo estimada en 4 614 000 para el tercer trimestre del 2020. Tandazo interpretó esta sobreoferta como una manipulación de la oferta y la demanda en beneficio de las potencias industriales. Sin embargo, cuando termine la baja actual en los precios, la ciudadanía podrá percibir la verdadera dimensión de la política económica del régimen.

Como resultado, además de la cooptación de las reservas petroleras, el Ecuador ahondará su condición dependiente dentro de la división internacional del trabajo. A su criterio, el próximo gobierno no solucionará esos problemas estructurales. 

Antecedentes

En abril, René Ortiz, Ministro de Energía, calificó al 2020 como el “momento histórico para focalizarlos subsidios”. Según Tandazo, Ortiz aludió directamente al aprovechamiento de la crisis mundial y la caída de los indicadores de petróleo para desregularizar los precios de los combustibles.

En esa línea, el 24 de septiembre, el ejecutivo firmó el decreto N.1158 para liberalizar los precios de los combustibles y permitir su libre importación por parte de actores del sector privado. Con el nuevo decreto, según Tandazo, se completa un escenario orientado a entregar la administración pública a las trasnacionales. 

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En efecto, no era una noticia falsa ya que estaba en la web de Decretos presidenciales. Los precios de los derivados del petróleo dependerán de la cadena de comercialización y el mercado.

“Los precios de venta desde el terminal hasta el consumidor final, para los productos: GLP para uso comercial e industrial, Diésel, Gasolinas solventes industriales. Absorver oil, Crudo Reducido y Fuel oil para el segmento industrial, serán definidos por cada actor de la cadena de comercialización según corresponda, considerando las condiciones del mercado más los impuestos aplicables”, indica el primer artículo del decreto.

Los derivados para el sector naviero y aéreo también quedarán a merced de cada actor de la cadena de comercialización. Otra de las disposiciones es la carta blanca que da el Ministerio de Energía a la iniciativa privada la libre importación de combustibles que se comercializan en el país.

¿Qué dijo Moreno?

El presidente no se pronunció en sus redes sobre la liberación de los precios. El decreto del que si habló en su cuenta de twitter fue el 1.157.  “¡Nuestra prioridad es cuidar a los más vulnerables! Firmé el Decreto Ejecutivo 1157 que dispone la entrega por una sola ocasión del Bono de Apoyo Nutricional de USD 240 para las familias más afectadas por la pandemia. ¡Aseguramos su alimentación!”, escribió.

Otras voces

El exministro de Finanzas, Fausto Herrera hizo eco del decreto. Específicamente de la cuarta disposición general. “El decreto 1158 libera el precio de los combustibles para importadores privados, obligando a Petroecuador a facilitar su infraestructura de transporte y almacenamiento con tarifas reguladas. Es decir, los nuevos costos de mantener abastecido el mercado los asumiría Petroecuador”.

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El pasado 27 de julio, Moreno emitió un Decreto que concede indulto presidencial a favor de las personas privadas de libertad cuya vida está en riesgo.

El documento dispone: “concédase Indulto Presidencial a favor de personas privadas de la libertad que han cumplido con los requisitos reglamentarios y pertenecen a grupos de atención prioritaria y con doble vulnerabilidad, con excepción de las personas condenadas por delitos sexuales y contra la eficiencia de la administración pública y la inviolabilidad de la vida, delitos violentos y por infracciones dolosas de mayor gravedad”.

La disposición del Ejecutivo otorga induto a personas adultas mayores, mujeres que habitan con niños en los centros de reclusión, personas con discapacidad y personas que padecen de enfermedades catastróficas y crónicas.

María Eulalia Sanipatín es una mujer de 73 años que sufre ceguera, hipertensión, diabetes e insuficiencia renal de segundo grado. A pesar de esta condición, un juez del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil le dictó una sentencia de ocho años de privación de libertad por un presunto faltante de dinero en la caja del Hospital Francisco Icaza Bustamante de Guayaquil.

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