¿Qué es el indulto presidencial?

Es una facultad «discrecional y privativa» del Presidente de la República. Consiste en otorgar, de oficio o previa solicitud, la conmutación, rebaja o perdón del cumplimiento de penas para personas privadas de su libertad (PPL) que cuenten con una sentencia ejecutoriada.

Los indultos se otorgaban a PPL que cumplían ciertos requisitos específicos, como padecer enfermedades graves o haber recibido penas ejecutoriadas por delitos menores, como robo, hurto o contravenciones de tránsito.

Decretos derogados y sus alcances

Noboa ordenó derogar los Decretos Ejecutivos 264, 265, 355, 816 y 949. El actual presidente argumenta que dichos decretos “han agotado sus efectos en relación con las personas privadas de libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada que, a la fecha de expedición de los citados decretos ejecutivos, cumplieron con los respectivos requisitos”.

¿En qué consistían cada uno de estos decretos?

Decreto 264 (2021): Contravenciones de tránsito

Otorgaba indultos a personas sentenciadas por contravenciones de tránsito leves, como conducir vehículos con llantas en mal estado o sin licencia.

Decreto 265 (2021): Enfermedades graves

Beneficiaba a PPL con enfermedades terminales, catastróficas o con infección de tuberculosis y VIH.

Ambos decretos, 264 y 265, se emitieron el 22 de noviembre de 2021 como parte del Plan Rescate Ecuador, cuyo objetivo era reducir el hacinamiento en los Centros de Privación de Libertad (CPL).

Decreto 355 (2022): Delitos menores
Dirigida a PPL sentenciadas por delitos como hurto, robo sin violencia, estafa y abuso de confianza, siempre que hubieran cumplido al menos el 40 % de su pena y no tuvieran antecedentes disciplinarios.

Decreto 816 (2023): Mujeres privadas de libertad
Enfocado en mujeres privadas de libertad que cumplían requisitos específicos relacionados con delitos menores y condiciones de salud graves.

Decreto 949 (2023): Diagnósticos médicos graves
Indultaba a PPL con diagnósticos médicos graves validados por el Ministerio de Salud Pública, como cáncer, insuficiencia renal crónica o malformaciones congénitas del corazón.

¿Qué sucederá con las personas que ya recibieron indultos presidenciales?

Entre las nuevas disposiciones, se ratificó que la derogatoria no tendrá efectos retroactivos. Por lo tanto, los PPL con sentencia condenatoria ejecutoriada que hayan sido beneficiadas por los decretos derogados mantendrán los indultos otorgados, siempre y cuando cumplieran con los requisitos establecidos en esos decretos antes de la fecha de expedición del nuevo Decreto Ejecutivo 511.

Nuevas reglas y sanciones bajo el Decreto 511

El Decreto Ejecutivo 511 establece que, en futuros indultos presidenciales, el Presidente analizará cada solicitud de manera individualizada. Este proceso se enmarca en la Constitución y la normativa vigente, lo que garantiza un análisis específico y transparente en cada caso.

Además, el decreto determina que los servidores públicos que hayan facilitado la excarcelación de PPL sin cumplir con los requisitos y la temporalidad de los decretos mencionados serán responsables tanto administrativa como penalmente.

En uno de los considerandos del Decreto 511, se señala explícitamente que ninguna autoridad está facultada para conceder indultos presidenciales sin cumplir con los requisitos constitucionales. Asimismo, se prohíbe interpretar o aplicar extensivamente las condiciones establecidas en los decretos ejecutivos previamente emitidos.

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Lo que en un inicio era la reunión para tratar el incremento salarial, la tomaron para analizar los últimos documentos de Donoso.

El 21 de noviembre, el exministro firmó los acuerdos que ponían en peligro la estabilidad y los derechos de los trabajadores en el país.

Los puntos que estableció el exfuncionario cambiaba el panorama de las ocho horas laborales y se detallan a continuación:

Artículo 3.- De los horarios o jornadas ordinarias o regulares. Se consideran horarios ordinarios o regulares, y por tanto no sujetos a la autorización por parte del Ministerio del Trabajo, aquellos que se encuentren enmarcados en las siguientes circunstancias:

• Jornada ordinaria diurna de ocho horas diarias.
• Jornada ordinaria nocturna de ocho horas diarias.
• Jornada ordinaria mixta de ocho horas diarias, esto es, la que inicia en jornada ordinaria diurna y termina en jornada ordinaria nocturna o viceversa.
• Jornada de cuarenta horas semanales transcurridas en cinco días consecutivos.
• Jornada parcial permanente de menos de cuarenta horas semanales ocurridas en cinco días a la semana.
• Jornada de cuarenta (40) horas semanales distribuidas en hasta cinco (5) días de la semana, sin exceder de diez (10) horas diarias, según acuerdo escrito entre las partes registrado en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto, de acuerdo con lo determinado por el artículo 47.2 del Código del Trabajo.
• Jornada parcial de menos de cuarenta (40) horas semanales distribuidas en cinco (5) días de la semana, sin exceder de diez (10) horas diarias, según acuerdo escrito entre las partes registrado en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto.
• Jornada ordinaria en la que implique un descanso de hasta dos (2) horas en la mitad de la jornada.
• Jornada regular de las diferentes modalidades contractuales emitidas por el ministerio del ramo de conformidad al artículo 23.1 del Código del Trabajo.

Con eso la distribución de 40 horas semanales que se establecieron podrían llegar hasta las 12 horas diarias. Aunque esta decisión deberá ser aprobada y consentida por el empleador y él dividirá las horas como mejor les parezca.

Además, si las actividades requerían una jornada ininterrumpida, las partes laborales podían pactar la ejecución de las jornadas consecutivas. De esta manera, el tiempo laboral se podría tornar hasta de 70 días.

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Las propuestas del mandatario vuelven a la mesa de la CC en carácter de materia económica urgente. Esta vez los empresarios son una prioridad, pues la Ley de Reestructuración Empresarial busca fortalecer al sector privado.

Según el Gobierno, esta propuesta determina los mecanismos normativos para que las empresas que afrontan dificultades financieras puedan alcanzar acuerdos con sus acreedores y reestructurar su organización para así mantener su operación y funcionamiento.

La justificación para que este proyecto sea importante en materia económica la justifican en torno a tres ejes; la inminente llegada del Fenómeno del Niño, junto con sus efectos adversos en la economía nacional; la derogatoria del régimen concursal excepcional, implementado por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19; y el creciente número de compañías que afrontan procesos de disolución.

Empresas al filo de la liquidación

En base a datos del Directorio de compañías elaborado por la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros, en la actualidad existen 189.620 compañías dentro de su
catastro societario.

De aquel número, 40.313 compañías, es decir, el 21.25 % están afrontando un
proceso de disolución, que dará paso a su ulterior liquidación. El fin es dar facilidades a estas empresas (sin distinción) para que no quiebren.

El otro decreto…

El otro decreto enviado a la CC es en beneficio a los ciudadanos que estén en mora con algún crédito realizado por educación. Aunque la medida favorezca a los más pobres, las preguntas son: ¿por qué lo hace? y ¿puede hacerlo?

El economista Marco Flores comentó para Radio La Calle que “Lasso intenta lavarse la cara” para quedar bien a unos días de salir de Carondelet. Asimismo, que no se trata de solo decir se eliminan estas tributaciones, pues es más complejo de lo que suena.

De la misma manera, dijo que espera que con esto el mandatario se de cuenta que es necesario ayudar a los más pobres y no eliminar la inversión pública. “La inversión es la que permite ofrecer seguridad, buenos servicios públicos y posibilidades de progreso”. (A.G.M).

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Lasso entregó a la CC el primer decreto-ley, la reforma tributaria, tras activar la muerte cruzada. Se pretende que la Corte evalúe, analice y acepte la reforma económica.

Según, el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemana, el Gobierno emitirá nuevos decretos ejecutivos que ayuden a mejorar la «situación de las familias ecuatorianas«. De la misma manera, hizo énfasis en que todo lo que tenían planeado hacer en dos años se resolverá en seis meses.

El artículo 148 de la Constitución establece que hasta la instalación de la Asamblea Nacional, el jefe de Estado podrá, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional, puede expedir decretos-ley de urgencia económica.

Reforma Tributaria

La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar (Lefam), fue presentada por el Estado, como un beneficio que recibirán cerca de 340 mil familias. El proyecto supuestamente reduciría el impuesto a la renta de los ecuatorianos y deducirá los gastos personales de USD 15,294.

Lasso y Arosemena, se negaron a dar de baja a la ley porque, según ellos, respondía a aspectos inconstitucionales y demagógicos. Ahora se espera que la ley pase el filtro de la CC para ser ejecutado.

Reforma Laboral

Para el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, «el presidente va a aprobar leyes que no fueron tratadas por la Asamblea«. Una de ellas, es el proyecto laboral que fue entregado al Legislativo en 2021.

El paquete de reformas laborales que se presentó, no contemplaba el respeto a las ocho horas diarias de trabajo, sino que proponía dividir las 40 horas a la semana. Asimismo, se ofrecía un sistema de contratación indefinido.

«Yo también voy a recomendar el decreto, y como todo proyecto tiene que ser revisado, aclaró antes de ingresar a la reunión con todo el Ejecutivo.

¿Reforma en el sector de eléctrico?

El ministro de Energía, Fernando Santos, dijo que los decretos que se van a aprobar es para acelerar los plazos que lamentablemente la «maraña burocrática y la desidia de infiltrados correistas han impedido«. El funcionario acotó que el sector privado debe ser el que impulse a la sociedad.

«El sector privado debe ser el que impulse el sector energético, en el de comunicaciones, el de obras públicas. Se dará mayor cabida al sector privado para sus nobles fines», reiteró. (DCJ)

Video: @patop12

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Ante estas declaraciones, el sociólogo Agustín Burbano de Lara sostiene que la afirmación del presidente es grave para la democracia, porque quienes han minado la institucionalidad son las mismas de élites que, careciendo del capital político y de la legitimidad para ejecutar sus transformaciones neoliberales, han recurrido a mecanismos desinstitucionalizadores.

Burbano de Lara identifica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el reparto, la persecución política vía instituciones como la Contraloría, la Fiscalía y la Corte Nacional de Justicia como los mecanismos utilizados por las élites.

Asimismo, explica que gobernar con decretos es una acción que puede parecer «nueva» si la leemos como que «va a hacer un bypass a la Asamblea Nacional”. Sin embargo, dice que si la leemos a largo plazo, desde el gobierno de Moreno, se esclarece que la Constitución y las leyes son un obstáculo para que, tanto Lasso como las élites en el poder, puedan implementar un régimen de acumulación neoliberal.

“En ese sentido, es una insinuación de irse en contra de la Constitución Política del Ecuador, dentro de las tantas violaciones a la Constitución que hemos tenido: tratados bilaterales de inversión, no sometimiento del acuerdo con el FM a la Asamblea Nacional, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, intentos de privatizar sectores estratégicos, etc.”, señala.

Rechazo a las declaraciones de Lasso

Otros actores políticos también expresaron su rechazo a las declaraciones de Lasso. El Parlamentario Andino, Virgilio Hernández, cuestionó cómo un régimen republicano puede romper con la Asamblea Nacional y gobernar por decreto. “Se ratifica el carácter autoritario y oligárquico del Régimen”, aseguró.

Por su parte, el abogado Ramiro Aguilar, durante una entrevista en este medio, aseguró que Lasso podrá ignorar a la Asamblea, pero no a la Corte Constitucional y que cuando quiera gobernar solo con decretos, la Contraloría le dirá que no tiene facultades para hacer eso.

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Roberto Salas declinó su cargo por razones personales y no llegó a ser posesionado. El mandatario indicó que esta semana nombraría al representante de esta cartera de Estado.

De otro lado, algunos funcionarios del gobierno anterior mantienen cargos en el nuevo régimen.

Los que se quedan

Juan Zapata, exdirector del ECU 911, es el nuevo delegado del Presidente para presidir el Comité del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. Además, se mantiene como delegado del Presidente para liderar el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N).

Días atrás, Marisol Andrade fue confirmada como Directora del Servicio de Rentas Internas (SRI). Ivonne Baki fue ratificada como embajadora de Ecuador en Estados Unidos.  Por otro lado, Oscar Roberto Castillo es el nuevo director ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y Censos, puesto que ocupo como encargado en 2018.

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