Entre esos legisladores, además de las bancadas de CREO, Partido Social Cristiano e independientes, quienes votaron a favor está la bancada de Alianza PAIS y la Izquierda Democrática. A pesar de que varios de sus miembros dijeron estar en contra del articulado.

Los que dijeron que sí

«Considero que este proyecto no debió ser considerado como económico urgente, ya que la norma vigente del Banco Central no permite financiar al sector público. Para defender la dolarización debemos precautelar la fuga de capitales», dijo José Serrano (AP) en su intervención del debate. No obstante, votó a favor de la ley.

Alianza PAIS al que pertenece Serrano y también el presidente de la Asamblea, César Litardo, presentó un comunicado instando a sus asambleísta a votar en contra, cosa que no sucedió.

Wilma Andrade (ID) dijo estar en contra de la reformas privativas al IESS y la eliminación del impuesto a la salida de divisas que prometió el presidente electo. Sin embargo, su voto fue a favor.
“Continuará en el debate y vamos a ver cómo finaliza la propuesta para desde aprobar o no”, dijo en una entrevista.

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Para la mayoría de legisladores en la Comisión, el proyecto es constitucional y necesario. Así lo indica, por ejemplo, Patricio Donoso, quién cree conveniente que el Pleno lo apruebe.

Por otro lado, la asambleísta Lira Villalba expresó que se reserva el derecho a presentar un informe de minoría del proyecto ya que , a su juicio, hay varios puntos que son contrarios a lo que indica la Constitución.

Por otra parte, Luis Pachala aseguró que con la Ley, la Contraloría General del Estado realizará controles al Banco Central y se evitará, de acuerdo con su parecer, que el gobierno tome recursos de esta institución.

¿Qué sigue con la Ley?

El siguiente paso es esperar a que la Presidencia de la Asamblea convoque a una sesión del Pleno para que decida el destino de este proyecto de ley.

De acuerdo con el cronograma, el Legislativo tiene hasta el próximo 29 de abril para aprobar el proyecto de ley. Caso contrario, pasará por el Ministerio de la Ley y el Ejecutivo lo enviará en su forma original al Registro Oficial.

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«Además de violar la Constitución, este proyecto de ley está muy lejano a defender la dolarización. Por el contrario, la pone en riesgo. La reforma tiene el poder de precautelar los intereses de la banca privada», expresó el asambleísta Franklin Samaniego (RC) en su disertación.

Con su comentario coincide el legislador Rodrigo Collaguazo (AP), quien dijo que «Nueve de cada 10 ciudadanos apoyan la dolarización y hay que trabajar por ello, pero, el proyecto de ley no refleja esa intención».

A favor

Por otro lado, los asambleístas del Partido Social Cristiano y CREO indicaron que la ley impedirá que el gobierno use el dinero del Banco Central.

«Es importante revisar la historia y porqué estamos inmersos en una decisión tan importante para el Ecuador. Es porque el gobierno anterior usó USD 7.000 millones de la reserva monetaria para gasto corriente», indicó César Rohon (PSC).

Su compañero de bancada, Henry Kronfle, también está de acuerdo. «En lo personal estoy convencido que esta ley es necesaria para el país. Hay que hacer pequeños cambios al texto que envió el Ejecutivo».

El Legislativo tiene hasta el 24 de abril para emitir pronunciamiento. En caso contrario, el proyecto entrará por el Ministerio de la Ley y se publicará en el Registro Oficial.

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«No es porque el Fondo Monetario Internacional (FMI) lo dice, pero la ley precautelará una de las patas de la mesa que es la liquidez. En la Junta no se puede sentar cualquiera, debe tener una experiencia. La independencia no quiere decir que no responda a nadie sino que actúe como un tercero confiable», dijo Pozo en una de sus intervenciones para responder a las preguntas de los legisladores de la Comisión.

De acuerdo con el funcionario, las reservas deberían cubrir todas las obligaciones del Banco Central (BCE). «Tiene que haber un respaldo para que me entreguen dólares por dólares. El BCE tiene que cubrir con los activos todos los depósitos», aseguró. A juicio de Pozo, un mejor manejo del Banco Central ocurre si agentes externos al gobierno lo presiden.

«El Banco Central técnicamente independiente con un buen directorio va a manejar las reservas. No los banqueros, ni el gobierno», explicó. No obstante, de acuerdo con el proyecto de Ley, los miembros de la junta deben tener experiencia en el sector financiero y serán nombrados por el presidente para los próximos cinco años.

La ley y la historia

La asambleísta Lira Villalba preguntó a Pozo por qué se encuentran similitudes en el proyecto de ley con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 que fraguó el escenario para el Feriado Bancario de 1999.

El ministro dijo que ambos articulados tienen un contexto diferente y no existen similitudes entre ellos. Sin embargo, la ley de 1994 también formuló la creación de Juntas externas al Estado para manejar el sistema financiero, espacio en el que varios exfuncionarios y funcionarios de la banca privada tuvieron espacio.

Al respecto del manejo de la crisis bancaria de 1999, Pozo indicó que quitarle esa responsabilidad al BCE impedirá que se quiera pagar ese daño económico con los recursos del Banco.

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¿Por qué tanto interés y tozudez por parte de este Gobierno -que apenas tiene el 4% de aceptación- para que la Asamblea aprueba esta Ley? ¿Se repite el escenario de 1994 donde el Congreso allanó el camino para el feriado bancario de 1999 en el Gobierno de Jamil Mahuad? ¿Por qué se quiere privatizar el Banco Central?

Estas preguntas deben contestar el presidente Lenín Moreno, el ministro Pozo y los representantes de la banca. Tienen la obligación de transparentar el interés por entregar el manejo de la política monetaria y crediticia del país a los dueños de los bancos.

En plena emergencia económica, sanitaria y política este Gobierno benefició a la banca y a las élites económicas del país con leyes que tienen con nombres rimbombantes pero que en la práctica generaron desempleo, como la denominada Ley Humanitaria que precarizó el trabajo de miles de personas. Asimismo, la Ley de Fomento Productivo condonó millonarias deudas a 25 grupos empresariales y cómo olvidar la Ley que impuso un impuesto del 2% a los microempresarios. Mientras tanto el pueblo ecuatoriano tiene que seguir mendigando por un puesto de trabajo mal remunerado y que no le alcanza para tener una vida digna.

No hay duda que la Ley de Defensa de la Dolarización es una Ley de Defensa y Beneficios para la banca que pone en riesgo la estabilidad del sistema monetario del país. 

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Para el expresidente del Consejo Directivo del IESS, Hugo Villacrés, la ley no representa una defensa a la dolarización como dice su nombre. “La ley no defiende la dolarización sino que protege el negocio de la banca privada. Este es el primer elemento que cobija toda la discusión”.

Junta Política Monetaria

El segundo elemento es la formación de la Junta Política Monetaria, cuya regulación consta en los artículos 8, 9 y 10 del proyecto de ley. “Pasaría de una conformación de carácter público a través de ministros de Estado a una conformación que privilegia a quienes ocuparon el sistema financiero nacional. Así los regulados pasan a ser los que regulan”, explica Villacrés.

Esta conformación, a criterio del experto, tiene un parecido con la ley de 1994 con la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. “La Junta de Política Monetaria estará formada por exfuncionarios de la Banca Privada del Sistema Financiero Nacional, de acuerdo a una terna que será enviada por el presidente de la República”.

Uso de la liquidez por las finanzas privadas

El tercer punto amplifica el riesgo moral del negocio de las instituciones financieras. “Resulta que cada una de las cuatro cuentas estará en balance, con lo cual existe una mayor posibilidad de que las instituciones financieras privadas puedan hacer un mayor uso de su liquidez a sabiendas de que existe en un colchón suficiente de reservas internacionales en el Banco Central que podría actuar en caso de que sucedan corridas de depósitos (falta de liquidez en un solo banco) o inclusive pánico financiero (falta de liquidez en todo el sistema)”, indica Villacrés.

Como cuarto punto está el pago de intereses por la custodia bancaria. “Quedaría abierta la posibilidad de que cancelen intereses por el encaje bancario. Si se aprueba la ley, este encaje va a depositarse en el Banco Central. No solo va a custodiar ese dinero sino que tendrá que pagar intereses sin que ese dinero se utilice”.

El quinto elemento es la limitación de la economía popular y solidaria “se restringe el funcionamiento de las cooperativas, lo que afectará al negocio de intermediación”, expresa el experto.

Los encargados de fijar los costos administrativos serán las personas con experiencia en el sistema financiero. “Regularán los costos de las comisiones por servicios y las tasas de interés. Esto genera un conflicto de intereses”.

¿Autonomía? del Banco Central

“Los Bancos Centrales no son autónomos, lo dice Joseph Stiglitz, nobel de Economía. Los bancos centrales son dependientes. El tema de fondo está en saber de quién depende. En este caso, lo que se traslada es una dependencia del hacedor de política pública al sistema financiero”, precisa el experto.

La Ley de Defensa de la Dolarización trae cambios que ya aparecían en las leyes de los años 90 y el Feriado Bancario. “Si desempolvamos la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero de 1994 tiene un parecido a este proyecto de ley. No hay tal independencia del Banco Central, lo que hay son diferentes intereses”, sentenció.

¿Cuál es el tratamiento de una ley económica urgente?

Según el artículo 140 de la Constitución, el Presidente de la República puede enviar a la Asamblea un proyecto de ley con carácter de urgente en materia económica. “La  Asamblea  deberá  aprobarlos, modificarlos o negarlos dentro de un plazo máximo de treinta días a partir de su recepción (…). Cuando en el plazo señalado la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente  en  materia  económica,  la  Presidenta  o  Presidente  de  la  República  lo  promulgará  como decreto-ley  y  ordenará  su  publicación  en  el  Registro  Oficial”.

De acuerdo con el artículo 59 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los miembros de la Comisión tendrán 10 días para discutir el proyecto de Ley y presentarlo al Presidente de la Asamblea Nacional. Si existen grupos de ciudadanos interesados en discutir el proyecto, deberán comparecer en esos 10 días. Después el documento pasará al Pleno del Legislativo para los respectivos debates.

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