Durante el proceso, Glas relató que «ya debería estar muerto», pues ingirió 60 pastillas en un intento de suicidio acaecido el pasado abril. Agregó que sufre maltratos en la cárcel ‘La Roca’ en Guayaquil, que cambiaron las esposas por correas plásticas, en su celda hay ratas y – de acuerdo con el exvicepresidente – se han subido a su cama en cinco ocasiones, lo han mordido en las piernas y en su espacio del presidio, hay heces de roedores.

El psiquiatra de Glas, Michael Brune, explicó al juez que es necesario que su paciente tenga una vida fuera de la cárcel para observar mejoras. Agregó que los trastornos del exvicepresidente nunca desaparecerán y no volverá a ser la persona con un estado mental sano.

Su abogado agregó que sufre de varias enfermedades, entre esas, fibromialgia y espondilitis anquilosante, para las que no está consumiendo su tratamiento. El juez suspendió la audiencia y está pendiente el veredicto. (MIB)

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«Exigimos que se impida, desde un juez en un cantón, que en todo el sistema de contratación pública queden eliminadas las figuras de las ferias inclusivas. En representación en alguna medida de las organizaciones de economía popular y solidaria (EPS) que tienen la oportunidad de presentar sus servicios a los distintos municipios, prefecturas y el gobierno nacional», dijo el burgomaestre.

La autoridad municipal apeló al concepto de cooperativismo que permite que las empresas de la EPS, en su mayoría lideradas por mujeres (8 de cada 10) puedan participar en estos espacios de compra oficial. «El debate en el Municipio de Quito es cómo aumentamos el porcentaje de compras públicas de la EPS a través de ferias inclusivas», expresó.

Muñoz también solicitó la intervención de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) en este asunto. «Le digo a AME y a su presidente que si no tiene la capacidad de defender a los municipios del país para no caer presos de esta figura de abuso de derecho, es mejor que la AME se cierre». (MIB)

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En la captura de pantalla, el abogado dice que no le llegan sus mensajes y que se ha dado cuenta que le ha escrito. «Usted es el abogado defensor del señor Leandro Norero», pregunta Ordóñez. El jurista responde que si y «¿En qué le puede servir?».

El secretario indica que «tal vez por su intermedio le puede hacer llegar este número al señor Norero que requiero tratar unos temas con él de mucha importancia. Porfavor».

«Usted sabrá que es un poco delicado y difícil de tratar, pero por su intermedio más en confianza creo que podrá entregarle mi número porfavor», dice la captura.

El periodista Anderson Boscan agregó que Norero tomó contacto con el advirtiendo que sus abogados tenían capturas y conversaciones y que si lo mataban, averigue quién del Gobierno ingresó a la cárcel de Latacunga y cuántas veces.

La respuesta de Ordóñez

La posta contactó a Ordóñez quien les respondió. «Usted no hace una pregunta, hace una afirmación. En sentido lógico, debe exponer las premisas, que deberían ser los hechos.

«Me explico 1) ¿Cuál son los funcionarios de seguridad del Gobierno? 2) ¿Cuáles son los narcotraficantes? 3) ¿En qué circunstancias han tomado contacto unos con otros? Le agradecería anticipar estos hechos».

Al preguntarle otra»Ustedes han rebasado todo límite. Pero aún pueden sorprender. Son capaz de forjar historias sin respeto a la verdad y capaces fraguarlas». (MIB)

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«Es lamentable que figuras políticas pretendan jugar con la honorabilidad de una persona, bajo la intención de favorecer sus intereses personales, efectuando afirmaciones sin argumentos o prueba alguna». En referencia a la denuncia del asambleísta Almeida acerca de una presunta venta de las gasolineras PetroEcuador.

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De acuerdo con el Ejecutivo, cualquier acusación debe hacerse «de manera formal ante los órganos competentes con pruebas y siguiendo los procesos respectivos». No es la única denuncia contra Caicedo, la vocal del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera dijo que el consejero habría impuesto el instructivo para candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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“Señor Pedro Moreira, como representante legal de Jorge Glas cumplo en indicarle que usted NO es parte de la defensa técnica jurídica nacional ni internacional de mi cliente, es más, él asegura no conocerlo”, escribió Sonia Vera, miembro del equipo de abogados del exvicepresidente.

La aclaración apareció tras conocerse una fotografía del Glas, quien acudió a la Corte Provincial de Justicia como dictamina la ley en su caso, donde aparece junto a la presidenta de la Revolución Ciudadana, Marcela Aguiñaga, el asambleísta Ronny Aleaga y el exjuez Pedro Moreira. El exmagistrado aseguró que es su cliente.

¿Abogado de Glas?

En un tuit, Moreira se refirió a la fotografía y respondió que ya no es juez de la República y como abogado en libre ejercicio puede defender a quien quiera.

Gracias a arteros e injustificados zarpazos en mi contra, el Consejo de la Judicatura de manera ilegal y espuria, dio por terminada mi acción de personal temporal; por lo cual, desde 25 Abril no soy juez. Encontrándome desempleado, teniendo derecho al trabajo y mi ejercicio profesional siendo lícito, puedo representar como abogado a quien yo decida, apegado a mi íntima convicción”, expresó Moreira en un tuit.

Agregó que sus decisiones están basadas en su ideología. “Mi ideología política está protegida por la Constitución y la CADH. Soy un ciudadano libre, en goce de mis derechos y con una ideología política que nunca he negado ni he escondido. Mi corazón es rojo y está a la izquierda”. MIB

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Vera explicó que Glas tiene tres procesos en su contra, dos de ellos con sentencia y un tercero en el que han interpuesto una apelación.

Según Vera, a favor de Glas existen unas medidas cautelares que siguen vigentes. También cuenta con un “pronunciamiento obligatorio y de estricto cumplimiento del grupo de detenciones arbitrarias en la que se pedía al Estado, de manera urgente, que le otorgara medidas no privativas de la libertad”.

Vera añadió que la acción de habeas corpus no fue interpuesta por el equipo de defensa, sino que fue una ciudadana preocupada (…) quién interpuso la acción en el cantón de su domicilio, en Manglaralto. “La ciudadanía ecuatoriana, a nivel general, sabe que el país sufre una crisis carcelaria que se le ha escapado de las manos al Gobierno”, explicó.

¿Es posible que Glas denuncié al Estado Ecuatoriano por violación a los derechos humanos?

Sonia Vera explicó que ya existen acciones interpuestas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos con informes médicos, físicos y psicológicos realizados por médicos del Estado. Dichos informes constatan que Glas mantiene un estado de salud delicado.

Sobre una posible reparación económica, Vera dijo que su defensa va más allá de un tema económico, lo que buscan es una reparación integral.

¿Es posible que Glas mantenga estás medidas de nivel humanitario tras recibir sentencia de los casos en los que está sindicado?

Vera explicó que a Glas se le tiene que aplicar el código de ejecución de temas. Es decir, que la pena máxima absorbe a la menor.

Añadió que Glas debió salir en libertad hace un año y medio, pues los implicados en el caso Singue están apelando su defensa en libertad. “Están haciendo pagar a Glas por la demora en la administración de justicia”, dijo.

Al momento. la defensa internacional se encuentra preparando la defensa para la apelación al proceso de habeas corpus interpuesta por el Servicio Nacional de Atención Integral (SNAI).

Vera aclaró que la competencia del juez radica en la ciudad que se realizó el pedido.

La entrada Vera: «Es una decisión que se ha demorado, pero es totalmente constitucional» se publicó primero en La Calle.

«Siempre he sido respetuoso con la institucionalidad del Estado. Yo propicié su recuperación. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Nunca intervine en decisiones que correspondían a ministros coordinadores, a ministros responsables o a directores de obra. No tengo dinero para pagar un ejército de trolls ni abogados para defenderme de las falsas acusaciones, como ellos si lo pueden hacer», dijo el mandatario.

El expresidente añadió que no tuvo intervención en temas de contratación pública y que los empresarios y funcionarios públicos lo saben. «Pueden dar testimonio de aquello. En esos tiempos, mi preocupación fundamental era la misión Manuela Espejo. Ustedes lo recuerdan. Se convirtió en un referente mundial de atención y ayuda a las personas con discapacidad».

Otra Venezuela

Moreno aludió a los miembros de la Revolución Ciudadana. «Señores robolucionarios, entiendalo de una vez. Todo el país lo sabía. Escribí la carta al movimiento, seis meses antes de ser candidato. Entiendan. Cambié el rumbo porque el país iba al despeñadero. Iba a convertirse en otra Venezuela».

Lo hice con el derecho que me asiste como gobernante y el puebl oestuvo de acuerdo conmigo. Siete de cada 10 ecuatoriano aprobaron la consulta popular. Mi cruzada por la lucha contra la corrupción, la democracia y la libertad, la han querido empañar con mentiras totalmente infundadas». El exmandatario dijo que no ytilicen su nombre ni el de su familia para armar pactos políticos o para esconder lo que él define como «la corrupción más grande que ha vivido el Ecuador».

Moreno enfrenta acusaciones por presunto peculado en el caso de los bienes del Museo de Carondelet. Así mismo podría ser culpable de cohecho en el caso INA Papers. También tiene pendiente una denuncia por estar implicado en el envío de armamento utilizado en las protestas de octubre de 2019 en Bolivia.

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Maya Alejandra Fernández Allende será la nueva cabeza del Ministerio de Defensa Nacional. Militante del partido Socialista, Fernández tiene 50 años y es licenciada en ciencias con mención en biología y medicina veterinaria.

En su hoja de vida consta su paso por la presidencia de la Cámara de Diputados entre 2018 y 2019. También fue presidenta de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputado y ha permanecido en este cargo político desde 2014.

Otros nombres en el gabinete de Boric son: Izkia Siches, ministra del Interior; Antonia Urrejola, ministra de Relaciones Exteriores; Mario Marcell, ministro de Hacienda. En la Secretaría Nacional de la Presidencia están Giorgio Jackson y Camila Vallejo. Nicolás Grau en el Ministerio de Economía y Turismo; Marco Ávila como ministro de Educación; Marcela Ríos en el Ministerio de Justicia.

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«Este tema requiere que muchas aristas se revisen antes de presentar la ley. Hay un proceso de socializaciones y reuniones con expertos en el tema y esperamos, en los próximos días, presentar la ley que se llamará de Defensa Pública. Además de esta ley, el presidente ha anunciado la posibilidad de presentar una consulta popular para reformar el sistema de justicia», anunció Bonilla en entrevista con KCH FM.

Pronunciamiento de la Fiscalía

Ante las expresiones de apoyo a Olmedo del presidente Guillermo Lasso; la ministra de Gobierno, Alexandra Vela y la Policía Nacional, la Fiscalía respondió. «Las conductas penales se juzgan y se sancionan con independencia del cargo que pueda ostentar un procesado, sea servidor o funcionario público, o no, siempre y cuando se pruebe -más allá de toda duda razonable- que adecuó su conducta a un delito tipificado como tal en la ley”.

La institución indicó que trabaja con base en la normativa y persiguiendo delitos, no personas.

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“Tracalada de politiqueros angurrientos, cavernícolas, atrasapueblos. Politiqueros que viven del caos, del desorden, del relajo, miserables. No regresaron al poder o que no se mantuvieron en la teta, en el mangoneo. Querían mangonear al presidente. Quieren tumbar al gobierno, quieren incendiar al país ¿Qué les pasa?”, dijo.

El presidente Lasso indicó que existe un “triunvirato de la conspiración” para sacarlo del poder en el que estarían Rafael Correa, Jaime Nebot y Leonidas Iza.

“Así como lo escuchan quieren incendiar al país. Vivimos una crisis económica, política y social. Nadie quiere apoyar a la causa del país. Cuatro energúmenos quieren jalar agua para su molino y los usan a ustedes para sus perversos fines”.

Hasta a la Asamblea

“En apenas cinco meses el presidente Lasso sigue vacunando, luchando con la crisis carcelaria contra la crisis económica. Ha presentado un proyecto que puede mejorarse. Mejórenlo pues, hagan algo ¡¿Para qué fueron elegidos? ¿Para pelearse quién es el más corrupto y quién cobra más diezmos? Hay proyectos presentados, ya tramiten. No hacen nada ni dejan hacer”.

“¿Cuál es la diferencia entre un pillo violento y un político violento? Nada, son la misma cosa. Dejen trabajar al presidente Lasso angurrientos, tragaldabas. Ganen las elecciones. Ya no nos engañen, cobardes. Ya dejen trabajar al presidente Lasso que ni de lejos se parece a ustedes”, sentenció.

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¿Por qué tanto interés y tozudez por parte de este Gobierno -que apenas tiene el 4% de aceptación- para que la Asamblea aprueba esta Ley? ¿Se repite el escenario de 1994 donde el Congreso allanó el camino para el feriado bancario de 1999 en el Gobierno de Jamil Mahuad? ¿Por qué se quiere privatizar el Banco Central?

Estas preguntas deben contestar el presidente Lenín Moreno, el ministro Pozo y los representantes de la banca. Tienen la obligación de transparentar el interés por entregar el manejo de la política monetaria y crediticia del país a los dueños de los bancos.

En plena emergencia económica, sanitaria y política este Gobierno benefició a la banca y a las élites económicas del país con leyes que tienen con nombres rimbombantes pero que en la práctica generaron desempleo, como la denominada Ley Humanitaria que precarizó el trabajo de miles de personas. Asimismo, la Ley de Fomento Productivo condonó millonarias deudas a 25 grupos empresariales y cómo olvidar la Ley que impuso un impuesto del 2% a los microempresarios. Mientras tanto el pueblo ecuatoriano tiene que seguir mendigando por un puesto de trabajo mal remunerado y que no le alcanza para tener una vida digna.

No hay duda que la Ley de Defensa de la Dolarización es una Ley de Defensa y Beneficios para la banca que pone en riesgo la estabilidad del sistema monetario del país. 

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Con cuatro votos en contra, uno a favor y dos abstenciones, el proyecto de ley enviado como urgente en materia económica no obtuvo el respaldo para su tratamiento por considerarse inconstitucional. El proyecto se entregará a la Presidencia de la República.

De qué trata la ley?

Este proyecto de normativa reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero. Uno de los objetivos de esta iniciativa es supuestamente dotar de autonomía técnica al Banco Central del Ecuador. Por otra parte, La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera pasaría a ser la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF). Se encargará de emitir el marco regulatorio prudencial al que deben sujetarse entidades financieras, de valores y seguro. Además de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera.

En una carta enviada por el Observatorio de la Dolarización al Legislativo se cuestiona que este proyecto de ley «ya se rechazó en la Asamblea Nacional en noviembre de 2019 en una inédita confluencia de fuerzas parlamentarias que, con el trasfondo de una fuerte movilización popular, entendió la gravedad de estas reformas para la economía nacional y la dolarización».

Entre los argumentos de este observatorio integrado por académicos e investigadores de la dolarización y la economía, están que la propuesta del Régimen busca precautelar los intereses de la banca privada. Se impedirá que el Gobierno pueda destinar recursos a la economía para su reactivación, entre otros.

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La mañana de este martes, en diálogo con Ecuador Radio, el ministro de Economía y excandidato a la vicepresidencia por el Partido Social Cristiano (PSC) celebró los acuerdos con el FMI heredados por su antecesor, Richard Martínez. A criterio de Pozo, las negociaciones y compromisos con el organismo multilateral deben mantenerse.

El funcionario considera importante que la Asamblea Nacional dé paso a las normativas impuestas por el FMI. La Ley de Extinción de Dominio y la Ley de Corrupción son los proyectos cuya aprobación espera en los próximos meses. Para satisfacer al Fondo Monetario y obedecer sus exigencias, el ministro de Economía considera que deben impulsarse “ciertas acciones que demuestren que era necesario el financiamiento y que el Ecuador está en condiciones de mostrar voluntad para atacar fenómenos transversales como la corrupción”.

Otras “metas”: autonomía del Banco Central y reducción del Estado

Entre las ambiciones del Gobierno está el abrir camino a reformas al Código Monetario y, consecuentemente, a la independencia del Banco Central. Deseoso de privar al Gobierno de sus instrumentos de política económica, el Ministro espera que el Banco Central no sea “un apéndice del Ejecutivo”. El proyecto para darle autonomía a este ente financiero, a decir de Pozo, “tiene que presentarse en diciembre y deberá ser aprobado en enero próximo”.

Otra meta del funcionario es la reducción del Estado y el desfinanciamiento del sector público. Haciendo crítica de una supuesta “obesidad estatal”, Pozo recomendó bajar el Presupuesto General del Estado. “En un número que me atrevo a dar, será un 10% menor”, comentó el Ministro de Economía sobre el futuro recorte presupuestario.

La deuda con el FMI

El 28 de agosto, el presidente Lenin Moreno y las autoridades del FMI anunciaron la firma de un nuevo acuerdo en el que se entregarían USD 6.500 millones al país, cuyo destino es, a decir del Ejecutivo, “de libre disponibilidad”.

Con este acuerdo, como reconoció Pozo, Ecuador termina de endeudarse en seis veces más de su cuota de participación normal.  “Este es un acuerdo de financiamiento excepcional”, mencionó el funcionario.

Pozo aludió a las condiciones de ajuste estructural exigidas por el FMI y ratificó su cumplimiento. “Los compromisos y las metas fueron cubiertas con holgura”, celebró. Con el mismo entusiasmo, Pozo espera cumplir los otros compromisos adquiridos con el organismo multilateral. (JEB).

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