Cámaras de videovigilancia grabaron cuando un sujeto desconocido intentó ingresar -sin éxito- a su domicilio. La persona encapuchada fracasó, pero se quedó por unos momentos merodeando la zona. El hecho se suscitó durante la tarde del miércoles 27 de septiembre de 2023 a las 15:38.

Además, la afectada responsabilizó del crimen a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y a la Policía Nacional. Adicionalmente, refirió que ha puesto nueve denuncias por ataques e intimidaciones, pero las autoridades no ha procedido a investigar.

Vida en peligro

El 5 de junio de este año, Schettini recibió amenazas de muerte a través de redes sociales. Además, anteriormente también fue intimidada de distintas formas, aseguró.

La esposa del exdefensor Carrión atribuye los ataques a una persecución por parte de las autoridades. Según ella, las amenazas surgen a partir de la denuncias contra la fiscal general Diana Salazar por el caso de su cónyuge y el presunto plagio en la tesis de pregrado de la titular de la Institución.

La familia de Carrión (su esposa y tres hijos menores) contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. Sin embargo, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía retiró a los ciudadanos del programa.

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La activista y defensora de derechos humanos busca demandar al Estado ecuatoriano por las irregularidades en el caso de su esposo, quien está preso desde el 16 de mayo de 2021, más de dos años.

Asimismo, exigirá sanciones para las autoridades que no han seguido el debido proceso, como la Fiscalía General del Estado, la Policía Nacional y los jueces que detuvieron y sentenciaron a Carrión.

«Sigo luchando por la inocencia de mi esposo. Nos hemos enfrentado al lado más cruel, inhumano e injusto del poder estatal. En Ecuador no existe justicia, por eso quiero llevar el caso a nivel internacional. Quiero pedirles a ustedes su apoyo económico para continuar con nuestra lucha», dijo en un video en redes sociales.

Schettini señala que el proceso judicial que enfrenta ha mermado sus recursos económicos. De igual modo, precisa que la persecución por parte de Fiscalía la ha dejado sin trabajo y cerró toda posibilidad laboral.

En la página www.libertadparafreddycarrion.com/donaciones.html puede conocer los datos bancarios y demás detalles para contribuir a esta causa.

Caso Carrión

El exdefensor del Pueblo fue una autoridad incómoda para el régimen del Lenín Moreno. En el paro nacional de Octubre de 2019, Carrión acusó al expresidente de crímenes de lesa humanidad y solicitó a la Fiscalía que impida su salida del país.

Sin embargo, los llamados fueron ignorados por la fiscal general Diana Salazar. Ya en 2021, fue acusado del presunto delito de abuso sexual durante una reunión con el exministro de Salud, Mauro Falconí.

El exdefensor fue condenado a tres años de prisión por ese presunto delito. Sin embargo, Radio La Calle tuvo acceso a un documento de Fiscalía que confirmaba que el ADN de Carrión no se encontró ni en la ropa ni cuerpo de la víctima.

Desde entonces, su familia y el colectivo Acción Jurídica Popular (AJP) han denunciado las irregularidades en el caso. El último episodio ocurrió el 6 de junio cuando un tribunal de la Corte Nacional de Justicia negó la sexta petición de hábeas corpus a favor de Carrión.

La defensa de Carrión alegó que su cliente cumplió más del 70 % de la sentencia. Además, detalló que lleva cerca de 25 meses bajo la modalidad de prisión preventiva, cuando la ley estipula un máximo de seis meses.

Schettini señaló que el tribunal no le permitió presentar las pruebas que ratificarían la inocencia de Carrión y no revisaron todo su expediente.

Amenazas de muerte

La lucha de la familia Carrión le ha valido desde intimidaciones hasta amenazas de muerte. Por tal motivo, la Fiscalía ingresó a su esposa y tres hijos al programa de protección de testigos en 2022.

No obstante, los retiró el 19 de mayo de 2023 tras las denuncias de Schettini por el ilegal proceso contra su marido y los presuntos plagios de Salazar en documentos académicos, impulsados por AJP. Actualmente, el linchamiento digital y ataques contra Schettini continúan.

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Schettini atribuye los ataques a una persecución por parte de las autoridades. Según ella, las amenazas surgen a partir de la denuncias contra la fiscal general Diana Salazar por el caso de su cónyuge y el presunto plagio en la tesis de pregrado de la titular de la Institución.

La familia de Carrión (su esposa y tres hijos menores) contaba con el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas, Testigos y Otros Participantes (SPAVT) desde el 2022. Sin embargo, el 19 de mayo de 2023, la Fiscalía retiró a los ciudadanos del programa.

La esposa del exfuncionario ha puesto ocho denuncias por agresión, intimidación, robo y más, que aún no han sido investigadas. Sin embargo, Schettini sostuvo que la medida de sacarlos del Sistema de Protección fue por “represalias de la fiscal, Diana Salazar”.

Acción Jurídica Popular (AJP) denunció a Salazar de supuesto plagio que habría cometido en su tesis de pregrado. El colectivo asegura que plagió al menos 37 páginas en su escrito académico. Además, reveló otro posible caso en un artículo científico que involucra a su círculo familiar.

El caso Carrión

Freddy Carrión fue sentenciado por supuesto abuso sexual y condenado a tres años de prisión. No obstante, el acusado ha manifestado en varias ocasiones que el “proceso es político”.

Asimismo, aseguró que el caso proviene de una fiscal general que pretende mantener presos y secuestrados, a quienes se opusieron a sus gestiones dolosas y fraudulentas.

El 17 de mayo del 2021, Carrión habría forcejeado con la esposa del exministro de Salud, Mauro Falconí. El hecho se registró en el interior de un ascensor del edificio donde realizaban una fiesta.

Durante esa noche circularon los vídeos en los que se observaba a Carrión violentar a una dama. Posteriormente, fue arrastrada contra su voluntad fuera del elevador. Luego de hacerse público el hecho, Carrión fue procesado por abuso sexual y condenado a tres años de prisión. 

No obstante, Radio La Calle tuvo acceso a un documento de Fiscalía que confirmaba que el ADN de Carrión no se encontró ni en la ropa ni cuerpo de la víctima.

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Durante el juicio, la Fiscalía desestimó esta prueba entre sus elementos de convicción y acusó al exfuncionario por el delito de abuso sexual. Para los abogados de Carrión, se forzaron las pruebas en su contra y se creó una falsa flagrancia para que lo detengan.

Radio La Calle accedió a este documento, enviado el 23 de junio del 2021 por el Laboratorio de ADN de la Fiscalía. El informe especifica que el “material genético” de Carrión se excluye de estar en la ropa y el cuerpo de Peñaherrera. Por otro lado, el material genético de Mauro Falconí sí apareció en el cuerpo y vestimenta de su pareja. Sin embargo, no se tomaron en cuenta estas evidencias en la audiencia de Carrión. 

Al no encontrarse indicios del ADN de Freddy Carrión en la supuesta abusada no existen pruebas para armar una acusación.

¿Hubo irregularidades?

Una de las principales irregularidades, para la defensa del exdefensor del Pueblo, es que no existió una denuncia particular por parte de la víctima. La acusación dictada por Fiscalía dice que Carrión habría tocado los pechos y el cuello de Gabriela P. Sin embargo, ella no detalló este hecho en su declaración previa, a la que también tuvo acceso este medio de comunicación.

Carrión debe ser juzgado bajo la atribución judicial del “fuero de corte”. Es decir, la fiscal general, Diana Salazar, asume la responsabilidad de este proceso por tratarse de una dignidad pública con la misma jerarquía. No obstante, el 16 de mayo del 2021, la respectiva autoridad no emitió la orden detención contra Carrión, sino delegó verbalmente a la fiscal de Pichincha, Mayra Soria para que lo haga.

¿Qué consiguieron con esta jugada?

Ganar tiempo para convencer a Mauro Falconí para que cambie su versión y tengan una mínima posibilidad de apresar a Carrión. De eso han transcurrido hace 662 días. Todos ellos Freddy Carrión ha permanecido en prisión. 

La trampa: USD 100 mil por la cabeza de Carrión

Una conversación obtenida por este medio revela que la reunión que origina todo el caso era un espacio fraguado para sacar del cargo de Defensor del Pueblo a Carrión, a través de una transacción económica de USD 100 mil y que incluía a una menor de edad que debía llegar a la reunión en la casa de Falconí.

“Hay algo que ustedes no saben, existe un factor económico que hubo para sacarlo del cargo y todo fue planeado en la reunión. Incluso no llegó allí la chica que iba a ser…una menor de edad”, dice el audio.

Caso Carrión 

El 20 de octubre del 2021, Carrión fue sentenciado a tres años de cárcel por presunto abuso sexual. Todo empezó el 16 de mayo de ese mismo año cuando fue puesto en prisión preventiva con el pretexto de violar el toque de queda por una reunión en la casa de otro funcionario público. Esto, a pesar de que, de acuerdo con su abogada Angélica Porras, no existía prisión por violar el toque de queda sino hasta la tercera reincidencia. 

También se allanó el domicilio del exministro de Salud, Mauro Falconí, donde se encontraron USD 47.000 que el funcionario no supo justificar. Él permaneció en prisión preventiva y en sus tres primeras versiones declaró que hombres ajenos habrían entrado a su casa para golpearlos. Porras aseguró que  una vez que da su cuarta versión, nombra a Freddy Carrión y Fiscalía lo coloca en el programa de protección a testigos, lo que levanta sospechas sobre el accionar de Falconí. 

La acusación de Salazar, a juicio del equipo legal de Carrión, se forjó por la fiscal en conjunto con la Policía. En las declaraciones, previas la víctima no nombró a Carrión como autor de abuso sexual en su contra por lo que no hay elemento para la acusación. El exfuncionario lleva preso desde mayo del 2021 en la cárcel # 4 de Quito. El exdefensor del Pueblo se enfrentará este viernes a la decisión final del juez sobre su libertad. 

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Quito, 21 sep (La Calle).- Sofía Almeida ratificó que no existe una normativa dentro de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, (Cpccs) para elegir a un Defensor del Pueblo encargado.

Almeida, presidenta del Cpccs, se pronunció sobre el nombramiento de César Córdova y dijo que fue «una decisión que tuvo que tomarse en dos días».

La Asamblea Nacional, como dijo Almeida, habría presionado las designaciones en el Cpccs. Almeida declaró para La Ventana que no existiría un conflicto de intereses, pues “en la ley no existe un procedimiento establecido para el encargo: es tan amplio que incluso yo podía misma podía designar a una persona».

La ley no indica cuáles son los requisitos o características que se necesita para nombrar a un encargado.

Para el puesto definitivo, en cambio, sí existen procedimientos establecidos. «Se tomó una decisión con en base en nuestras conciencias y en base a lo que la ciudadanía necesita”

Además, mencionó que desarrollo profesional de Córdova es el adecuado para desempeñarse en el puesto.

Durante el acto de posesión del encargo se señaló que el nuevo designado realiza un doctorado en derechos humanos en Universidad de Buenos Aires.

Según la presidenta del quinto poder del Estado se analizaron varias carpetas antes de tomar la decisión previo a la designación de Córdova.

Conflictos de intereses

Durante el acto de posesión de Córdova la vicedefensora del Pueblo junto a 11 consejeros presentaron su renuncia al no estar de acuerdo con la decisión tomada por el Consejo durante el fin de semana.

En un reportaje de Teleamazonas se especuló que Almeida y Córdova podrían tener un vínculo de intereses al compartir con la presidente la participación de un grupo masónico. Almeida dijo que no pertenecía a la masonería.

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César Córdova tendrá esa responsabilidad hasta que se cumpla el proceso de concurso para designar a un nuevo defensor del Pueblo. «César Córdova es doctor en jurisprudencia, cuenta con estudios de cuarto nivel en criminalística, derecho procesal, derechos humanos, Ciencias políticas y sociales», explica parte del comunicado del CPCCS.

La experiencia

Abogados y ciudadanos relacionados en el tema de Derechos Humanos cuestionaron el pronunciamiento del Consejo de Participación debido a la experiencia de Córdova.

En su experiencia laboral fungió como asesor jurídico de supermercados «Mónika» en Cuenca. También trabajó como vistaforador de la Dirección Nacional de Aduanas. Además, fue jefe de Operaciones en la Aduana de Guayaquil y asesor jurídico en la Aduana de Cuenca.

En su hoja de vida no consta experiencia en el ámbito de los derechos humanos, uno de los requisitos para poder encabezar la Defensoría del Pueblo.

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Quito, 15 de sep, (La Calle). – La censura aprobada en contra de Freddy Carrión evidencia las conflictivas decisiones de los propios funcionarios públicos. 

En una entrevista para Radio La Calle, la parlamentaria andina por el Partido Social Cristiano Cristina Reyes ofreció declaraciones sobre el caso del Defensor y otros temas coyunturales.

Sobre este primer tema sostuvo que se deben separar algunos hechos de las acusaciones. Para Reyes “La afectación en la imagen y el comportamiento que pesaba sobre el Defensor, desencadenó en su censura pues va atada a su deber como empleado público”.

Más casos de corrupción en varios funcionarios

Para Reyes, existen otros casos de asambleístas implicados en actos de corrupción y repartos. Criticó, también, las posturas que tienen otros funcionarios porque no conocen a profundidad el rol que deben cumplir dentro del poder legislativo.

“Es importante establecer códigos de ética y regular la conducta de los legisladores para sancionarlos cuando cometan hechos reprochables” manifestó.

Otros temas a tratar en beneficio del país

Respeto al tema de Pacto Verde Andino, sostuvo que “estamos frente a una crisis climática sin retorno posiblemente y otras prácticas depredadoras”, dijo Reyes.

Para Reyes es importante establecer temas de economía circular, “fijar una mirada para vivir en armonía con la naturaleza que frene un desarrollo de trabajadores que se enfocan a esos campos y generar nuevas políticas públicas en beneficio de la sociedad”.

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“Luego de un análisis profundo de más de cinco horas en la sede de Pachakutik se resolvió, por mayoría de votos, apoyar la censura y destitución de Freddy Carrión. Así se asegura la cantidad necesaria de votos para que se destituya al Defensor del Pueblo”, dijo en una entrevista el legislador interpelante Ricardo Vanegas.

Otras posturas

No obstante, hay algunos asambleístas de Pachakutik que no están de acuerdo con la decisión mayoritaria de la bancada. Así lo manifestó a los medios legislativos el legislador Salvador Quishpe. El funcionario indicó que el juicio político se debe al informe que hizo la Defensoría del Pueblo de Octubre de 2019. Documento que lleva la firma del Defensor Carrión.

Además, señaló que existe un linchamiento al defensor debido a que el informe de Octubre de 2019 señala a exfuncionarios como Lenín Moreno, María Paula Romo u Oswaldo Jarrín como presuntos autores directos de delitos de lesa humanidad.

Aparte de Pachakutik, la bancada de Unión por la Esperanza (UNES) también decidió su postura mayoritaria. En su caso en contra de la destitución y censura de Carrión que está presente en el Pleno con custodia policial para la presentación de sus pruebas de descargo.

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De acuerdo con los abogados, existen “pruebas suficientes de que la Fiscalía General del Estado forjó los hechos para lograr que califique la flagrancia y se dicte prisión preventiva contra el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Al respecto, la Asamblea Nacional pudo verificar aquello durante las comparecencias recibidas durante la etapa de evacuación de la prueba del juicio político que se lleva adelante en contra del Defensor”, indica parte del documento.

En concordancia con estas pruebas, los juristas solicitan “se inicie la investigación previa por el delito de fraude procesal tipificado en el artículo 272 del COIP. El delito se sanciona con una pena privativa de libertad de uno a tres años”.

Sin detención

Entre las pruebas, los abogados indican que no existió detención previa. La versión de la escolta del Defensor, Johnny Lema dice que Freddy Carrión no fue detenido tras los acontecimientos ocurridos en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí. Según la denuncia, Fiscalía indicó en el informe que Carrión estuvo preso desde la madrugada para que pueda aplicar la flagrancia. “Crearon un falso judicial”, añaden.

El defensor del Pueblo guarda prisión preventiva en la cárcel #4 de Quito mientras transcurre el proceso judicial en su contra. La Asamblea nacional espera el informe de la Comisión de Fiscalización para llevar el juicio político al Pleno.

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Quito, 06 Sep (La Calle).-Ricardo Gonzales, abogado del defensor del pueblo Freddy Carrión, expresó que Mauro Falconí, exministro de Salud del Ecuador, acusó al Defensor del Pueblo de abuso sexual. La supuesta víctima nunca habría realizó tal acusación, sino el propio Falconí.

Así lo expresó Gonzales en diálogo con Radio La Calle, en relación a la comparecencia de Freddy Carrión ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, el pasado 4 de septiembre.

El abogado sostuvo que Carrión en su comparecencia habría demostrado que no existen causales para su censura y destitución.

Un falso judicial

“La Fiscalía ha creado un falso judicial y el ejemplo es la denuncia por violación que no puso la víctima sino Falconí”, mencionó el defensor de Carrión.

Recalcó que se generó un fraude procesal en contra de Carrión para dejarlo en prisión y quedarse al mando de la Defensoría del Pueblo.

Para Carrión, el proceso es parte de una persecución por ser un oponente político al gobierno de Moreno.  Aseguró que: se han forjado pruebas en su contra.

Serían “terceras personas” las que habrían realizado la agresión sexual. Incluso mencionó que el propio exministro Falconí manejó tres versiones sobre el hecho.

Sobre lo acontecido el pasado 15 de mayo, también señaló que aquel día “Carrión acudió al departamento de Falconí para recoger datos sobre los vacunados VIP”.

Recalcó que Carrión no era amigo del exministro de Salud, pero que asistió a su domicilio, porque la información debía ser recabada de forma directa debido a su grado de importancia para posterior investigación.

Exceso de confianza

Gonzales expresó que a su defendido le tendieron una trampa. Explicó que Carrión “fue drogado porque él después de beber una copa de vino no se acordaba de nada, volvió en sí cuando ya el escándalo se había desatado”.

En el examen toxicológico que la Fiscalía le realizó a Carrión no se detectó “un gramo de alcohol”, mencionó Gonzales.

Además, mencionó que a Falconí no se le investiga por los 46.570 dólares hallados en su domicilio y en su lugar, lo acogen como testigo protegido.

Se tiene previsto que para el jueves 9 de septiembre se entregará el informe de la Comisión de Fiscalización.

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Carrión se presentó hoy a las 14h00, ante la comisión para presentar sus argumentos de descargo.

Uno de los puntos que planteó es que habría sido intoxicado a través de unas alitas de pollo que Carrión consumió en el departamento de Mauro Falconí.

Según Carrión, en el examen toxicológico aparece que no había consumido «un grado de alcohol», aunque al inicio de la comparecencia reconoció haber tomado “una copa de licor y que a partir de este hecho se encuentra involucrado por un caso grave”.

Lotes de vacunas

Carrión aseguró que visitó el departamento de Falconí para continuar una investigación sobre un lote de vacunas desaparecidas, en la que supuestamente estaría involucrada, la exvicepresidenta María Muñoz.

Falconí también  habría tenido en su poder la lista de la vacunación VIP, y  le habría ofrecido revelar los manejos al interior del Servicio de Contratación Pública, SERCOP, durante el gobierno de Lenín Moreno.

Al inicio de la comparecencia se produjo un momento tenso entre Carrión y Fernando Villavicencio, presidente de la comisión pues el defensor del Pueblo exhibió una declaración de Villavicencio que anticiparía su criterio en relación al caso que se estudia.

Puso también en entredicho el papel de la Fiscalía, que según su testimonio, a partir de las denuncias presentadas en contra del presidente de la República y otros ministros, habría “agilitado” las investigaciones en contra de Carrión.

47.000 que nadie reclama

En cuanto a las 47.000 dólares que se encontró en el departamento de Falconí, corresponderían a recursos para “evitar la prisión preventiva” del exministro Juan Carlos Cevallos y del propio Falconí.

También denunció que la actual subrogante de la Defensoría del Pueblo, Zaida Rovira abría incorporado a exfuncionarios de Lenín Moreno a cargo de instancias de decisión como de la Izquierda Democrática en Cañar, Loja y Galápagos.

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La esposa y abogado del Defensor solicitaban que le permitan a Carrión escuchar las comparecencias para poder preparar su defensa tanto en la Comisión de Fiscalización como cuando el juicio llegue al Pleno de la Asamblea. Sus pedidos fueron ignorados. Para Villavicencio, estos reclamos buscan obstaculizar el proceso.

«El señor Carrión no ha pedido acceder a las comparecencias y tendrá todo el derecho a defenderse […] Nosotros no tenemos la culpa de que Carrión esté preso», dijo a los medios en un nuevo receso para dar explicaciones.

Solicitud de acceso al juicio

La esposa de Carrión explicó a Radio La Calle que el defensor del Pueblo sí solicitó estar presente en las comparecencias que lleva la Comisión. “Dos veces solicitó que le den acceso a ejercer su defensa”, confirmó.

En efecto, en un documento recibido por la Asamblea Nacional, el 26 de agosto del 2021, a las 16:55, y dirigido al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, Carrión solicita:

“Pretendo defenderme personalmente de las acusaciones que se me imputan en el presente proceso político. […] Solicito realizar las gestiones necesarias ante el SNAI para que se me brinden las facilidades del caso”.

Además, requería “estar presente en todas las audiencias y diligencias que lleve a cabo la Comisión de Fiscalización”. Para Schettini, sacarlos del juicio con la escolta legislativa busca “silenciar nuevamente” al Defensor del Pueblo.

En otro documento, Carrión indica: “En razón de que ejerceré mi defensa por mis propios derechos solicito estar presente físicamente en todas las diligencias, audiencias y reuniones que tengan que ver con mi juicio político”.

Los testimonios

Al momento de la redacción de esta nota, tres oficiales de Policía realizaron su comparecencia ante la Comisión.

“Se acercó un ciudadano que dijo que en el edificio Plaza del Bosque se estaba desatando un escándalo al interior de uno de los departamentos. Había un escándalo en el noveno piso apartamento 204. La puerta estaba abierta y había tres personas. Se encontraban botellas de licor y los ciudadanos estaban en estado etílico. Tenían golpes en el rostro. La mujer dijo que la habían abusado de ella, la habían arrastrado del cabello, que la ayuden y revisen las cámaras. […] Pudimos evidenciar de que presumiblemente en estado etílico. Tenía una actitud pacífica y colaboradora y manifestaba que no sabía quiénes lo agredieron”, dijo el oficial Gustavo Lema.

Además, los gendarmes informaron que Carrión estaba en el edificio con dos escoltas. El Teniente Naranjo y oficial segundo Johnny Lema, ambos en servicio activo y que “estaban esperando en el parqueadero”.

Aunque el objetivo es descubrir el mal uso de bienes públicos y la infracción del toque de queda, varias de las preguntas terminaban involucrando los hechos judiciales por los que Carrión tiene un juicio en su contra y que no tienen cabida en el juicio político.

¿Y Falconí?

Freddy Carrión no fue el único en violar la ley. El exministro de Salud Mauro Falconí ofreció esa reunión social en su casa, violando también el pedido de toque de queda que regía en ese entonces. Falconí mantuvo una llamada con el exministro de Gobierno, Gabriel Martínez.

“Me agredieron en mi domicilio ¿Qué hice yo para que me hicieran esto? Recuerda el viaje a Dubai”, habría dicho el exfuncionario según el oficial Franklin Cabrera.

¿A qué viaje se referían? La asambleísta interpelante Yessenia Guamaní preguntó si en la llamada mencionaron algo sobre dinero. ¿Hay dinero de por medio? Las preguntas podrían responderse el 30 de agosto cuando rindan testimonio los exministros Martínez y Falconí.

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El tribunal conformado por los jueces Gustavo Durango Vela (ponente), José Suing y Fernando Cohn no encontró elementos suficientes para otorgarle este beneficio legal.

De acuerdo con los magistrados no existe prueba suficiente que indique que la prisión preventiva se hizo de forma arbitraria. La defensa de Carrión indicó que su arresto forma parte de una trama que busca inculparlo.

Antecedentes

La prisión preventiva contra Carrión se dictaminó el 17 de mayo de 2021. El juez Adrián Rojas la ratificó el 10 de agosto.

Carrión está en proceso de juicio por presunto delito de abusó sexual. La fiscal General, Diana Salazar presentó 36 elementos de prueba para sustentar la acusación.

Carrión continuará al frente de la Defensoría del Pueblo, al menos hasta octubre, cuando se dictamine su ausencia temporal y se ponga en firme una definitiva. Por el momento, continuará en la cárcel 4 de Quito.

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Asimismo, este martes se conoció la resolución de la Corte Nacional, en la que llama a juicio a Carrión por el presunto delito de abuso sexual. Según la insitución de justicia, existen suficientes indicios. De igual forma se ratificó la prisión preventiva y las medidas cautelares en su contra.

Juicio Político

La Comisión de Fiscalización resolvió unificar las solicitudes de juicio presentadas por los asambleístas Ricardo Vanegas, de Pachakutik y Yeseña Guamaní, de la ID.

Ambos legisladores consideran que el defensor del Pueblo, Freddy Carrión incumplió sus funciones, al violar el Estado de excepción y asistir el 15 de mayo a una reunión social que terminó en un incidente violento. Así como al haber solicitado vacaciones desde el 16 de mayo al 17 de junio, mientras se encontraba privado de su libertad.

Además, se señala, el encargo de funciones a la vicedefensora Zaida Rovira, cuando se encontraba detenido. De igual forma, el haber suscrito y enviado, desde la cárcel, una resolución informando la cesación de funciones y la designación, en su reemplazo, de Tania Castillo.

En quince días, Carrión deberá presentar su contestación a las acusaciones políticas y las pruebas de descargo que considere pertinentes. Los asambleístas solicitantes también deberán presentar las pruebas que sustenten sus afirmaciones.

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Los observadores internacionales, miembros de la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL), solicitaron la autorización para presenciar la audiencia preparatoria del juicio contra el defensor Freddy Carrión. La observación judicial está prevista para el lunes 26 de julio, a partir de las 10:00.

El presidente de AGOL, Ismael Rins, pide que “el proceso judicial se apegue a las normas internacionales del debido proceso». Agrega que espera no sea utilizado como una excusa para censurar o deslegitimar el trabajo de Freddy Carrión. Según ellos, «podría resultar incómodo a ciertos actores”.

Situación del Defensor Carrión

El pasado viernes 23 de julio, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el informe en el concluye que Freddy Carrión sigue siendo el Defensor del Pueblo titular y que la resolución emitida el pasado 18 de junio fue legalmente emitida.      

Dicho informe, elaborado por la Coordinación Jurídica del Cpccs, indica que el Defensor Carrión usó legítimamente sus vacaciones. Además, la Defensora Subrogante, Zaida Rovira, no tiene competencias para declarar al Freddy Carrión como impedido para ejercer el cargo por circunstancias de fuerza mayor. En consecuencia, la decisión del titutal de la Defensoría de remover a Zaida Rovira del puesto de vicedefensora es legal.

Finalmente, se insta a Fiscalía a proseguir con la investigación en contra de la Defensora Subrogante por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. (CE)

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La moción del CPCCS indica que a la aprobación del informe se aumenta la presunción de inocencia de Saida Rovira. También se pide celeridad a la Fiscalía con la denuncia de Madeleine Castillo Tejada a Rovira.

Castillo Tejada tiene el nombramiento de nueva Subdefensora del Pueblo y por tanto defensora subrogante, sin embargo, El área administrativa se mantiene fiel a Rovira y desconoce a Castillo.

¿Qué dice el informe?

El informe jurídico indica que Freddy Carrión sigue siendo defensor del Pueblo y sus decisiones tienen validez. Que Saida Rovira terminó sus funciones como defensora subrogante El 17 de junio por lo tanto, el cambio de funcionaria no infringiría la Ley.

La consejera suplente Karina Ponce envió una carta al Pleno dónde cuestionaba la legalidad del informe e indicaba que las acciones de Freddy Carrión manchan el buen nombre de la institución.

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Léase el párrafo anterior con una voz alcoholizada y en medio del cansancio de una mala noche. La voz pertenece al exministro de Salud, Mauro Salinas durante una llamada al exministro de Gobierno, Gabriel Martínez.

Esta es una de las 14 nueva versiones que existen alrededor de los complejos hechos del 16 de mayo pasado cuando Salinas, su esposa y el Defensor del Pueblo, Fredy Carrión, se reunieron en un departamento para una reunión laboral, que terminó en una reunión social y, posterior, en una grave denuncia por presunta agresión sexual en contra del funcionario, ahora preso. Por esta razón en Radio la Calle entrevistamos a Priscila Schettin, esposa del Defensor del Pueblo.

“Está devastado, lo han juzgado en redes sociales y en medios de comunicación, sin conocer la verdad. Es hora que se abran los espacios para tratar este tema”.

En cuanto a los videos que se difundieron en esa oportunidad, Schetini dice que se cortaron varias partes y están incompletos. “Desde las 16h44 en adelante no se conocen los videos completos, solo pusieron los que les convenían”.

Schetini afirma que habría hasta 14 versiones distintas de los hechos, entre ellas:

– “llamen a la policía, me arrastraron de los cabellos”.

-“Me arrastraron, me ultrajaron, vean las cámaras para que vean quien entró”.

-“Soy el ex ministro de Salud, ayúdeme”.

-“Soy el ex ministro que vengan a verificar quién ingresó al departamento y atentó en mi contra y de mi esposa”.

-“Me jalaron de las greñas, me ultrajaron, ¿quién chutcha entró cabrones?: soy hija del general Peñaherrera”.

“Gabriel ayúdame nos agredieron, a mí y a la Gaby, que les hice para que hagan esto, recuerdas cuando nos fuimos a Dubai?”

Según la esposa de Carrión, el abuso sexual no consta dentro de ningún parte policial, tal como se presentó durante la etapa de investigación. Las pericias técnicas se habrían realizado igualmente a destiempo y sin las garantías indispensables.

“Al parecer una prima de la supuesta víctima intentó sacar en la madrugada joyas con más de 31.000 dólares y fajos de billetes por 46.000. ¿Qué hacía ese dinero en manos de dos funcionarios públicos”. De esto en los medios tradicionales no se menciona nada, concluye.

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“Tenemos listo el pedido con el debido proceso. Contamos con 35 firmas, pero he recibido la llamada de algunos legisladores que me pidieron ser parte de este proceso, por lo que serán más de 35. Vamos a entregarlo con los documentos pertinentes, ya que planteamos la solicitud por incumplimiento de funciones”, dijo la legisladora a la prensa

Guamaní indicó que tienen los elementos suficientes para el proceso. “tenemos evidencia de las denuncias, videos que demuestran que el Defensor forcejea contra una mujer y la saca del ascensor impidiendo que pueda irse, la pone contra la pared impidiendo el movimiento de esta ciudadana, enseguida golpea a otra persona y le ‘desfigura’ el rostro. Lo que prueba el trato degradante que tuvo con dos ciudadanos”.

La asambleísta indicó que recibieron apoyo del bloque de la Izquierda Democrática con 16 firmas. Algunos asambleístas de Pachakutik, el Partido Social Cristiano y CREO también firmaron el pedido.

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Revisar las leyes

De acuerdo con la asambleísta, el comportamiento del defensor al terminar las funciones a la subdefensora Zaida Rovira es antiético. “A mi consideración no es correcto lo que hizo Freddy Carrión el fin de semana cuando intentó controlar la Defensoría desde la cárcel. Debemos revisar la Ley de Servicio Público para impedir que estos casos sucedan”.

Sobre los  juicios pendientes en el Legislativo, la legisladora indicó  que “los juicios políticos contra el exministro de Energía, René Ortiz y el contralor subrogante, Pablo Celi se incluirán en la próxima sesión. La presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori indicó que se debe seguir un debido orden.  Faltan dos interpelantes para esos procesos”.

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“Cesar en funciones a la abogada Zaida Rovira  Jurado dela Vicedefensoría del Pueblo y nombrar a la abogada Tania Castillo, actual delegada provincial del Carchi, en calidad de Vicedefensora del Pueblo; quien me subrogará en mis funciones de conformidad con el artículo 15 de la ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, indicó Carrión en una resolución.

Carrión también informó que hará uso de sus derechos a las vacaciones y de ausencia temporal por el tiempo que demande el esclarecimiento de su situación  legal. Sobre el funcionario pesa una investigación por presunto abuso sexual.

Rovira indicó que lo resuelto por Carrión llena de vergüenza a los ecuatoriano. “El Defensor del Pueblo que debe estar revestido de magistratura ética, despachando desde la Cárcel # 4. Ese número de resolución no tiene validez y se expidió en horas de la mañana”.

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““Lo que se intenta hacer es mentir a la Policía. El exministro Falconí con el Defensor, Freddy Carrión intentan crear un escenario distinto al que pasó horas antes de que llegaran. Intentan mentir diciendo que al parecer alguien forzó la puerta y la Policía dice que no existió ningún forcejeo, que las puertas están bien. Revisan las cámaras de seguridad del edificio y allí se evidencia lo que pasó horas antes de la llamada al ECU-911”, explicó en entrevista con Radio La Calle.

Silencio total

“Creemos que es necesario que el exministro Gabriel Martínez pueda aclarar algunos hechos. El Ministerio de Gobierno indicó en un informe que la llamada se realizó por un empleado del edificio al Ecu-911 y la Policía acudió”. Añadió que el mismo defensor del Pueblo no dio respuesta escrita, documental ni comparecencia. “Hay que recordar que se concedió el derecho a la defensa y se ha seguido el debido proceso”. Tampoco el ECU-911 indicó lo orígenes de la llamada del empleado.

La legisladora explicó que no se siguió el debido proceso. “El exministro Gabriel Martínez mediante llamada  telefónica  tuvo conocimiento de los hechos. Debieron llevarlos a un centro de salud pública  y avisar  a la autoridad competente para las investigaciones inmediatas. La detención se da finalmente por orden de la Fiscalía. Hasta el momento, Martínez no ha dado una respuesta”, precisó.

En los próximos días, Guamaní anunciará el inicio del proceso de juicio político al Defensor del Pueblo, quien se encuentra con orden de prisión preventiva en la Cárcel #4 de Quito.

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