Bermeo viajaba junto a su hermano en un grúa por el sector de San Pedro de Yumate. Durante el recorrido, fueron interceptados por un vehículo. Un sujeto les pidió remolcar un camión que al parecer contenía material aurífero. Bermeo y su hermano se negaron. De repente salieron hombres armados y dispararon contra la grúa. La defensora recibió un impacto de bala en el pecho, lo que provocó su muerte.

Según denunciaron colectivos, dos vehículos se dirigían a la concesión de la minera china Ecuagoldmining S.A. para sacar oro el 21 de octubre. Un camión fue retenido por la Policía, y por decisión colectiva de la comunidad solicitaron que devuelvan el material extraído a Molleturo. En el camino, por el control Tamarindo vía Naranjal-Cuenca, se encontraron con la grúa de Bermeo y ocurrió el fatídico desenlace.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció los constantes y violentos ataques que sufren las personas defensoras de las comunidades del Azuay. Durante el mes de octubre, todas las víctimas han sido mujeres. Sin embargo, ni la Gobernación de la provincia, ni la Policía o la Fiscalía actuaron oportunamente frente a las agresiones que han recibido las comunidades que rechazan la minería ilegal y legal.

Más ataques…

El 1 de octubre, la casa de otra defensora fue atacada. El GAD de Molleturo habría encargado a Mónica Guarango maquinaria para el mantenimiento de una vía. En la noche, antisociales dispararon contra su hogar mientras ella descansaba junto a su hijo.

El mismo día, se presume que los mismos hombres quemaron la casa de la comuna en la montaña. Allí los moradores realizaban labores de monitoreo y restauración ambiental.

Una semana después, el 8 de octubre, la defensora Dina Chillpi recibió un disparo en su pierna cuando estaba en el Frente de Resistencia de San Pedro de Yumate.

Exigencias

«En 2018 se ordenó que la empresa china suspenda las actividades mineras en el lugar, sin embargo, la mina no ha tenido un cierre técnico definitivo. Los pobladores denuncian que la empresa estaría fomentando estos conflictos», reza la denuncia pública de la Alianza.

Las comunidades exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto. Además, que dejen sin efecto las licencias de la minera china y que el Estado ecuatoriano implemente las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de la naturaleza.

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“Cesar en funciones a la abogada Zaida Rovira  Jurado dela Vicedefensoría del Pueblo y nombrar a la abogada Tania Castillo, actual delegada provincial del Carchi, en calidad de Vicedefensora del Pueblo; quien me subrogará en mis funciones de conformidad con el artículo 15 de la ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, indicó Carrión en una resolución.

Carrión también informó que hará uso de sus derechos a las vacaciones y de ausencia temporal por el tiempo que demande el esclarecimiento de su situación  legal. Sobre el funcionario pesa una investigación por presunto abuso sexual.

Rovira indicó que lo resuelto por Carrión llena de vergüenza a los ecuatoriano. “El Defensor del Pueblo que debe estar revestido de magistratura ética, despachando desde la Cárcel # 4. Ese número de resolución no tiene validez y se expidió en horas de la mañana”.

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