En el documento, la Defensoría indicó 16 observaciones de contenido y cuatro metodológicas. En ellas asegura que el informe presentado por el perito argentino, Roberto Meza «carece de un marco teórico e hilo conductor». Meza fue contratado por el Gobierno de Guillermo Lasso por USD 380 000 para esclarecer este suceso.

Meza debía reconstruir el tercer informe del Caso Gabela. La reconstrucción se basó únicamente en lo que el perito recordaba, de acuerdo con la Defensoría. Esto, debido a que el perito no subsanó la pérdida de registros ni entrevistó a quienes participaron en el levantamiento de información.

Asimismo, alertó que las hipótesis expuestas por Meza debían ser detalladas con base en la teoría del delito. Aquello no sucedió ya que el perito señaló la existencia de indicios suficientes para responsabilizar a exgenerales militares como posibles autores intelectuales del crimen. Se tratan de Rodrigo Bohórquez y Alonso Espinoza, exgenerales de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), ubicados por el informe con ‘motivaciones personales y económicas claras’.

Caso Gabela: Perito Meza entrega el tercer producto del hecho

La Defensoría subrayó que todo ello se expresa en un diagrama de relaciones. Es decir, «este planteamiento no tiene sustento o mayor análisis técnico con relación a las motivaciones personales, profesionales y económicas».

Otras observaciones

Por otro lado, la Defensoría del Pueblo también hizo otras observaciones de forma al tercer informe ‘reconstruido’:

• Quién fue el funcionario responsable de la información suministrada al General Gabela, respecto a las anomalías de los Dhruv.
• Quiénes fueron los funcionarios del Ministerio del Interior que retiraron la computadora de trabajo del perito Roberto Meza, en noviembre del 2013. En ese equipo habían, entre otras cosas, los resultados del polígrafo.
• Quiénes fueron las personas y el rol dentro de las Comisiones de Contratación. Así como el detalle de nombres y roles de quién o quiénes recibieron los helicópteros.
• La ausencia de nombres involucrados: Información incompleta sobre los participantes en los procesos de compra de los Dhruv, que pertenecían a la Honorable Junta de Defensa en esa época.
• Informe final pone en duda el arma con la que se mató al general Gabela

Foto: API

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Desde la organización hay una fuerte preocupación por la falta de control en estos comicios, pues las campañas electorales se llevan en redes sociales y territorios a los que las autoridades «no prestan atención».

La violencia de género es desapércibida entre la mayoría de los comentarios que hay entre y hacia los candidatos. Asimismo, este tipo de contenido se observa en internautas, medios de comunicación, generadores de opinión pública y demás. Sin embargo, en tiempo de campaña electoral, «los ciudadanos emiten todo el tiempo contenido sin control o verificación en apoyo a sus candidaturas o en contraste de sus contrincantes», sostuvo un integrante.

El objetivo de estas solicitudes es que la Defensoría del Pueblo, al Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, al Consejo Nacional Electoral del Ecuador (CNE) y el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) promuevan una contienda electoral política, que no vulnere derechos y libertades.

De la misma manera, se espera que estas entidades emitan órdenes de cumplimiento obligatorio e inmediato en materia de protección de derechos. «Queremos libertades políticas a favor de las mujeres en estas elecciones», explicaron los participantes.

Pero ya hay Paridad Política

Pesé a que la Ley exiga que en el próximo sufragio haya listas de candidatos que fortalezcan la igualdad de género, es decir, que haya una cifra igual de mujeres y hombres postulando, el foro no considera que la paridad política es un requisito. «La paridad es la participación activa y efectiva de las mujeres en la política», dijo la vocera del foro, Manuela Herrera.

El artículo 10 y 28 de la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el Código de la Democracia, respectivamente, definen la violencia política de género como cualquier agresión directa o indirecta a candidatas, militantes, defensoras de derechos humanos, otras.

Un caso de violencia política de género

El 20 de julio, Priscila Schettini, integrante de Acción Jurídica Popular (AJP) y esposa del exdefensor del Pueblo, Freddy Carrión, denunció al comentador Carlos Vera por violencia política de género en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

La disputa surgió desde que la esposa del exdefensor del Pueblo denunció el supuesto plagio de la fiscal Diana Salazar en su tesis de pregrado. Según Vera, con esa denuncia pretenderían que “correístas controlen la justicia”. Aunque, la implicada aclaró en reiteradas ocasiones que no pertenece a ningún partido político.

Schettii inició el proceso legal contra Vera luego de que publicara un video en su cuenta de Twitter en el que enfatizara que la intención de la acusadora, como una “operaria del correísmo”, es la destitución de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, y con eso apropiarse de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Video: Radio Pichincha

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El magistrado indicó que Guamaní debe detallar quién le entregó ese material, con qué fin obtuvo la información y el origen del clip.

«Debe indicar si dispone del video integral o solo la parte que fue proyectada en la Asamblea Nacional. Además, deberá indicar que documentadamente y con precisión qué es lo que obtuvo y cuándo lo obtuvo», reza la notificación.

En caso de que la legisladora incumpla esta nueva disposición, el juzgado dispondrá «medidas coercitivas» para el cumplimiento de la misma.

Participación de Guamaní

La asambleísta fue la segunda interpelante en el juicio político contra Carrión. Guamaní precisó que el exdefensor del Pueblo, incumplió el toque de queda el 16 de mayo 2021 para realizar actividades externas al cargo que ocupaba.

De la misma manera, el presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, presentó extractos de unos videos en los que supuestamente se demostraría la culpabilidad del exfuncionario.

«Con eso queda en evidencia que él (Carrión) usó bienes públicos para quehaceres personales», dijo Guamaní.

Otras medidas de la defensa de Carrión

El 28 de abril de 2023, una de las abogadas de Carrión, Angélica Porras mencionó que impusieron tres acciones por la actuación de los jueces y la Fiscalía General del Estado en el caso.

1.- Habeas Corpus: Porras detalló que con esto pretenden recuperar la libertad del exservidor, pues hasta el momento no han aceptado la audiencia para la sustitución de la presión preventiva.

2.- Queja en contra de los jueces Felipe Córdova, Byron Guillén y Luis Rivera, por haber demorado 50 días en notificar la sentencia.

«Queremos ver si el Consejo de la Judicatura (CJ) sanciona a los jueces de la Corte Nacional de Justicia o si les permite quedarse en la impunidad», refirió Porras.

3.- Una petición, por tercera vez, a la Asamblea Nacional para que inicien el juicio político contra la fiscal General, Diana Salazar, por las inconsistencias en el caso Carrión. (N.J.C)

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Esta iniciativa busca crear una ley que reconozca y refuerce la interrelación humano animal. Señalaron que es importante considerar esta relación por los productos animales que consume el país que ayudan a combatir los problemas de desnutrición crónica.

“Es importante reconocer el cuidado que deben tener los animales, sin que se afecte la producción y a los precios finales de la canasta familiar”, mencionaron.

El proyecto defiende cinco libertades de los animales: “libres de hambre, sed y de desnutrición; libres de temor y angustia; libres molestias físicas y térmicas; libres de dolor, lesión y enfermedad; y, libres de manifestar su comportamiento natural”.

EL proyecto pretende definir de manera clara las funciones y atribuciones de los diferentes niveles de Gobierno e instituciones que participan en la regulación y control de los animales.

Además, pretenden implementar programas de:

• capacitación, formación, educación, sensibilización y difusión en derechos de la naturaleza y de los animales en el ámbito público y privado;
• fortalecer la institucionalidad competente para la regulación y control de animales en todos los niveles de gobierno;
• garantizar la conservación in situ de la fauna silvestre y urbana, reconociendo la clasificación de los animales dentro de la presente ley; y,
• garantizar el cumplimiento del respeto de las libertades del bienestar animal.

Indicaron que es importante reconocer a los animales como sujetos de derechos, “sin dejar de lado los preceptos de la ciencia y la ancestralidad, y procurando no afectar negativamente la producción, el empleo y a las actividades interrelacionadas.

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La abogada de Surkuna comentó que en lo que va de 2022 se ha registrado una muerte violenta cada 23 horas, desde que se tipificó el delito de femicidio. El Estado no solamente evadió su deber de diligencia, si no también la obligación de investigar, sancionar y reparar a los implicados en el caso de María Belén. 

“Es un Estado feminicida porque el feminicidio lo produjo un agente en funciones. No podemos seguir siendo ciudadanas de segundo orden”, aseguró.

Tirira enfatizó que las acciones que el Estado tomó tuvieron el fin de encubrir a los implicados y limitar su responsabilidad. Este tipo de violencia contra las mujeres ya no se considera un tema privado porque es un crimen que comete un agente estatal en un recinto policial.

Omisiones

Según Mayra, una de las negligencias evidenciadas dentro del recinto policial fue ignorar el llamado de ayuda por parte de María B. Asimismo, el descuido en los criterios de reclutamiento y comportamiento en la Escuela. Cuestionó la irresponsabilidad de la organización al no contar con un registro de entrada y salida oficial.

“Cómo es posible que se realicen fiestas dentro de la Institución y que se mantengan relaciones entre tenientes y cadetes”, detalló.

En cuanto a las omisiones del Estado, mencionó que el mayor problema fue la reducción presupuestaria para erradicar la violencia contra la mujer. Además anunció que cerca de mil casos de femicidio se mantienen en la impunidad. «Ni siquiera tenemos presupuesto, y del poco que tenemos no se ha ejecutado ni el 5%”, afirmó.

Señaló que el movimiento feminista y la ciudadanía en general están cansadas de recibir un discurso halagador el 25 de noviembre, mientras tantas muertes se evaden, archivan y olvidan. Destacó la necesidad de canalizar la agenda de las mujeres para atender las exigencias que proponen y evitar que se repitan estos casos de violencia.

Participación de las instituciones en casos de femicidio

Finalmente, Tirira expresó que la Defensoría del Pueblo y el Consejo de Igualdad de Género tienen la responsabilidad de involucrarse y vigilar a este tipo de asuntos. Los movimientos feministas han concentrado sus demandas y han sido plasmadas en normativas como la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

“Las mujeres denunciamos, marchamos y exigimos que el Estado cumpla sus responsabilidades, pero también es asunto de la ciudadanía generar empatía y cambiar los roles”, dijo. (N.J.C)

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A través de un comunicado, señalaron que existen manifiestas violaciones procesales, por parte de agentes estatales, cuya conducta ensombrece el actuar de la Policía Nacional, la Fiscal General del Estado y la Función Judicial.

“Las garantías del debido proceso y del derecho a la defensa son el eje articulador de la validez procesal, que permite a una persona acudir ante una autoridad jurisdiccional teniendo la certeza y la seguridad de que sus otros derechos serán tutelados, evitando todo acto de arbitrariedad del Estado”, dice el texto.

Asimismo, señalan que, ante estas irregularidades, 44 abogados y abogadas a nivel nacional decidieron acompañar la defensa técnica de Carrión, dentro del proceso penal, que se ventila en la Corte Nacional de Justicia.

“Esto lo hacemos en el marco de nuestra responsabilidad profesional, en la defensa del Estado constitucional de derechos, exigiendo imparcialidad e independencia dentro del proceso penal. Así como otras garantías establecidas en los artículos 76 y 77 de la Constitución”, señalan.

De igual forma, hacen un llamado a la Fiscalía General y a su máxima autoridad, Diana Salazar, para que en este proceso se garantice objetividad, imparcialidad y apego estricto a las garantías del debido proceso y al derecho a la defensa.

“En consecuencia, al existir una denuncia por presunción de fraude procesal, en contra de la máxima autoridad de dicha institución, solicitamos a la Fiscal General, se excuse de su participación en este proceso penal. Asimismo, pedimos a los medios de comunicación, promover y respetar el principio de presunción de inocencia de Freddy Carrión, pues este caso aún no ha sido rebatido”, enfatizan.

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La nueva Defensoría del Pueblo así responde un pedido de la querida Rashell Erazo, presidenta de ALFIL y una joven dirigente Trans, GLBTI, para que esa Defensoría en cumplimiento de su mandato, exija a Martín Pallares de los ultra-derechosos «4 Pelagatos», que rectifique una falsedad noticiosa que no quiere rectificar a pesar de pedirles una y otra vez al tuiter y facebook de los 4 Cruzados de la Muerte Cruzada que han llegado a tal extremo de cavernario derechismo que públicamente atacaron en ese blog al que ahora consideran «comunista», al socialcristiano de derechas Jaime Nebot, al que lo llaman «correísta». Es decir, la alcaldesa del PP de Madrid que llamó «nuevo comunismo» a los indígenas de América, se quedó corta frente a estitos…

Mi solidaridad con Rashell, mi hija simbólicamente adoptada, y con ALFIL. Mi adhesión a su protesta legítima por sus derechos a la réplica y la rectificación.

No exhiben nunca mail ni dirección domiciliar los 2 Pelagatos (eran 4 pero ya solo quedan 2) y que pide la nueva Defensoría del Pueblo como requisito. Como si no hubiera red social de twitter o facebook, que incluso agentes fiscales o judiciales los usan para emitir sus notificaciones. Primero los derechos, señores de la DPE, luego las leguleyadas.

Qué mala suerte la nuestra, carajo. Antes, en la DPE presidida por el anterior Defensor del Pueblo que fue ya censurado y está detenido, todas las solicitudes, peticiones, cartas, propuestas y formales denuncias escritas que por los DDHH de pacientes y familias vulnerables les enviamos y entregamos, quedaron y siguen en nada. Lo mismo en el mandato de la Benavides y ni se diga en la era del Rivadeneira.
Y ahora venir a enterarnos de esta respuestita burocrática de la actual y flamante DPE. Esperemos que no sea un asunto político de defensa del derechoso blog dictatorial 4 pelagatos que solo escribe con la mano derecha hacia la derecha sin abrir espacio a nadie de mano izquierda o de mano céntrica. Esperamos no sea una decisión institucional sino solo una leguleyada de la funcionaria que respondió. Esperamos no sea decisión del actual y flamante Defensor del Pueblo Encargado. Sería el colmo.

En todo caso le hemos dicho a Rashell que escriba otra vez a los twitter y facebook de los 2 pelagatos y en la sección COMENTARIOS Y OPINIONES de cada artículo que publican. Que masifique en todos los artículos su reclamo. Y envíe copia a la DPE al Defensor encargado a toda la comunidad GLBT a la CIDH al Relator de Libertad de Expresión y a los medios y periodistas. Como yo lo haré. En solidaridad con Rashell contra la impunidad mediática de los pela-????????‍.

La entrada 4 Pelagatos: ¿Transfóbicos, o arrogantes? / Opinión se publicó primero en La Calle.

Tras las críticas que surgieron por la designación de César Córdova, Dávalos sostuvo que era obvio y entendible, que una decisión de esta naturaleza traiga como consecuencia críticas de cualquier sector y de cualquier persona.

“¿Por qué iba a traer críticas? Porque no se trata de un concurso de oposición y méritos, donde es seleccionada la persona más capaz”, argumentó.

Dijo que, en este caso, no hubo un proceso de selección por falta de tiempo y porque la Ley no establece ese procedimiento. “Hemos decidido iniciar ya el proceso de selección del Defensor del Pueblo titular. Ese proceso toma alrededor de 6 meses”, sostuvo.

También señaló que se han afectado los derechos de Córdova al buen nombre y al trabajo. “Lo que deberíamos hacer es desearle éxito en sus funciones”, expresó.

Durante la comparecencia de los consejeros ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María Fernanda Rivadeneira expuso que, aquellos que votaron a favor de la designación de Córdova, no entregaron su hoja de vida ni los soportes. «Su voto respondió a que conocían a Cesar Córdova», afirmó.

También aseguró que en la Senescyt los títulos registrados, por el nuevo funcionario, son los de doctor en jurisprudencia y un diplomado en criminalística. «No tiene nada referente a derechos humanos”, dijo.

El consejero Francisco Bravo afirmó que, durante la designación del Defensor del Pueblo(e), hubo declaraciones de amistad con César Córdova. «Se ha violado el principio de imparcialidad. Córdova fue secretario del Consejo, por una terna enviada por Sofía Almeida”, señaló.

La entrada Consejero del CPCCS: “cuando se designe al defensor definitivo, ahí sí vendrá la persona más capaz” se publicó primero en La Calle.

Durante una entrevista con el programa Revelaciones, Córdova aseguró que este pedido le llegó a través de un mensaje, enviado a su cuenta de WhatsApp. El funcionario indicó que analizará con sus abogados las acciones legales que tomará.

“Esto yo pienso judicializar (…) De aquí tengo que conversar con los abogados para judicializar. Ahí esta la foto y el nombre de la persona”, aseguró.

Ante la pregunta del periodista de cómo determinó que se trata de un caso de tráfico de influencias, Córdova respondió: “me está pidiendo un cargo”. Además, argumentó que es una persona que trabaja en una institución del Estado.

Al servicio de mensajería, le habría llegado la hoja de vida de una mujer, con el mensaje: “Le agradeceríamos mucho si nos puede ayudar (…) En lo que puedo ayudar, en lo que necesite, cuente con nosotros”.

Respecto a las críticas tras su designación, dijo que pretenden dañar su imagen. “Me están atacando por todo lado. No entiendo por qué quieren hacerme daño”, manifestó.

La entrada Córdova dice que un miembro de la Asamblea le pidió un cargo a cambio de apoyo político se publicó primero en La Calle.

La resolución indica que este medio debe retirar el mencionado material de todas las plataformas que dispone y además deben solicitar disculpas públicas.

Schetini denunció que se hacía una exhibición innecesaria de su vida íntima con intenciones políticas. Junto a su abogada presentó el mencionado recurso que finalmente encontró respuesta legal hoy.

La entrada La Posta sí vulneró los derechos de Priscila Schettini con su «reportaje» se publicó primero en La Calle.

César Córdova tendrá esa responsabilidad hasta que se cumpla el proceso de concurso para designar a un nuevo defensor del Pueblo. «César Córdova es doctor en jurisprudencia, cuenta con estudios de cuarto nivel en criminalística, derecho procesal, derechos humanos, Ciencias políticas y sociales», explica parte del comunicado del CPCCS.

La experiencia

Abogados y ciudadanos relacionados en el tema de Derechos Humanos cuestionaron el pronunciamiento del Consejo de Participación debido a la experiencia de Córdova.

En su experiencia laboral fungió como asesor jurídico de supermercados «Mónika» en Cuenca. También trabajó como vistaforador de la Dirección Nacional de Aduanas. Además, fue jefe de Operaciones en la Aduana de Guayaquil y asesor jurídico en la Aduana de Cuenca.

En su hoja de vida no consta experiencia en el ámbito de los derechos humanos, uno de los requisitos para poder encabezar la Defensoría del Pueblo.

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“El artículo 15 de la Ley de la Defensoría no contempla un procedimiento para el proceso de encargo cuando se configura la ausencia definitiva del defensor/a del Pueblo. Lo único que dice es que el CPCCS es el que debe encargar el cargo hasta que se convoque a concurso. Entendemos que este proceso debe hacerse de forma transparente”, expresó Zaida Rovira en rueda de prensa.

Rovira dijo que no sabe si el proceso será público, pero dio a conocer que hay varias organizaciones sociales que buscan información sobre este encargo. “Le corresponde al CPCCS regular este proceso”, añadió.

Situación de la Defensoría

Rovira se refirió a los servidores de la Defensoría y su trabajo para proteger los intereses de la institución. “Todos los dardos apuntaban al apoderamiento de la Defensoría. Primero para realizar una defensa particular, segundo para finiquitar algunos temas importantes. Los servidores/as no lo permitieron. Es la segunda vez que estos 400 colaboradores se armaron de valor y defendieron a su institución”.

La funcionaria también habló sobre el Informe de Octubre del 2019. “El informe que presentó la Comisión de la Verdad de la Defensoría sobre los hechos de Octubre de 2019 no lo elaboró Freddy Carrión sino un grupo de tres comisionados, 20 personas técnicas y el apoyo de toda la Defensoría del pueblo”, precisó.

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Los jueces del Tribunal Primero de lo Penal de Cañar, Mirian Pulgarín, Diana Naula y René García, ratificaron que los derechos de los 15 galenos fueron vulnerados, en lo referente a lo laboral y su seguridad jurídica.

Asimismo, ordenaron al Ministerio de Salud que, en  90 días, convoque a un concurso de méritos y oposición, y declare ganadores a los profesionales.

La Defensoría sustentó la demanda en la Ley de Apoyo Humanitario. Esta señala que, para combatir la crisis del COVID-19, otorgará estabilidad laboral a los profesionales de la salud, que trabajaron durante pandemia con un contrato ocasional o un nombramiento provisional, en cualquier centro sanitario de la Red Pública.

Los 15 médicos laboraron desde abril del 2020, en el hospital Homero Castanier, atendiendo a pacientes con COVID-19.

La Defensoría, en Cañar, acompañará a los 15 profesionales, hasta que se cumpla la resolución judicial y les otorguen sus nombramientos.

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Quito, 8 de sep (La Calle).- Con 6 votos a favor, la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional recomendó  la aplicación de juicio político en contra del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión.

El informe especifica que hay la suficiente documentación que señala el incumplimiento de funciones por parte de Carrión.

El informe dicta, “se ha corroborado que el funcionario antes mencionado ha incumplido las funciones propias de las cuales estaba investido para ser el representante de velar por los Derechos Humanos y Ciudadanos”.

El 15 de mayo, Carrión formó parte de una afrenta física en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí, durante un evento social.

Investigados

La Comisión remitió el informe a la Fiscalía General para comenzar una investigación en contra de la exvicepresidenta, María Alejandra Muñoz; el exministro de Salud, Mauricio Falconí y el exsecretario de Gabinete, Jorge Wated por vinculación en las Vacunas VIP.

Entre los involucrados está un exfuncionario de la Sercop, que supuestamente tendría relación con el expresidente Lenín Moreno.

Freddy Carrión no presentó ningún documento que relacione a Falconí con la distribución de pruebas VIP.

El informe también especifica que la defensora subrogante, Zaida Rovira tendrá una investigación por usurpación, ya que los abogados encargados por Carrión no tenían la autoridad necesaria para nombrarla.

El Art. 82 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respalda la decisión de la Comisión. El juicio político llegará al Pleno, una vez la Presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori, tenga conocimiento y llame a sesión.

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Quito, 19 de ago, (La Calle). – El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) y 25 instituciones del Estado se reunieron a fin de garantizar los derechos de los adulto mayores a través del Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de Derechos de Personas Adultas Mayores.

En las horas de la mañana, se inauguró el evento “Encontrémonos por la Protección de las Personas Adultas Mayores” en la sala múltiple de la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera.

Intervinieron: Juan Diego Torres, subsecretario de Gestión Intergeneracional, la viceministra de Inclusión Social, Susana Santistevan y delegados de las instituciones del Estado.

Creación de mesas técnicas

Este evento fue un acto inaugural para la conformación de cuatro mesas técnicas: Social, Protección Integral, Derechos, Sanitaria y Económica.

Las mesas tienen por finalidad la interacción interinstitucional del Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de Derechos de Personas Adultas Mayores con el objetivo es la construcción de política pública.

El Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores se trata de un conjunto organizado y articulado de instituciones públicas y privadas que buscan la protección de los derechos de las personas adultas mayores.

En Ecuador las personas mayores de 65 años (adultos mayores) conforman el 9% de la población total, según la OMS para el 2050 está población se encuentra será el 17% de toda la población.

“Para el Gobierno del Encuentro es trascendental la inversión pública en el ámbito social que permita construir para la población adulta mayor un camino de oportunidades”.

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Quito 2 de ago, (La Calle). – Hernán Ulloa, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS,) indicó que la situación actual en la Contraloría General del Estado y la Defensoría del Pueblo es compleja.

«Lastimosamente en este escenario tenemos un Contralor general investigado por actos de corrupción. También Defensor del Pueblo privado de su libertad por un presunto delito sexual son acciones que no se pueden prever», dijo.

En el caso de la Contraloría, el nombramiento de Carlos Riofrío, para Ulloa, es legal. Además, la presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, solicitó una consulta en la Procuraduría General del Estado, por lo cual no existe forma de nombrar un sucesor hasta marzo de 2022.

La Contraloría General del Estado está en el limbo institucional debido a que Pablo Celi, excontralor subrogante, tiene una investigación por hechos de corrupción.

La situación de la Defensoría del Pueblo resulta un poco más complicada de lo que parece. Ulloa indicó que el CPCCS tomó decisiones que provocaron una confusión. La Defensoría del Pueblo se encuentra a cargo de dos personas. No obstante, el CPCCS no puede designar un Defensor hasta que no se configure la ausencia definitiva de Freddy Carrión que tiene una investigación por abuso sexual.

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Los observadores internacionales, miembros de la Alianza Global del Ombudsperson Local (AGOL), solicitaron la autorización para presenciar la audiencia preparatoria del juicio contra el defensor Freddy Carrión. La observación judicial está prevista para el lunes 26 de julio, a partir de las 10:00.

El presidente de AGOL, Ismael Rins, pide que “el proceso judicial se apegue a las normas internacionales del debido proceso». Agrega que espera no sea utilizado como una excusa para censurar o deslegitimar el trabajo de Freddy Carrión. Según ellos, «podría resultar incómodo a ciertos actores”.

Situación del Defensor Carrión

El pasado viernes 23 de julio, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el informe en el concluye que Freddy Carrión sigue siendo el Defensor del Pueblo titular y que la resolución emitida el pasado 18 de junio fue legalmente emitida.      

Dicho informe, elaborado por la Coordinación Jurídica del Cpccs, indica que el Defensor Carrión usó legítimamente sus vacaciones. Además, la Defensora Subrogante, Zaida Rovira, no tiene competencias para declarar al Freddy Carrión como impedido para ejercer el cargo por circunstancias de fuerza mayor. En consecuencia, la decisión del titutal de la Defensoría de remover a Zaida Rovira del puesto de vicedefensora es legal.

Finalmente, se insta a Fiscalía a proseguir con la investigación en contra de la Defensora Subrogante por el delito de usurpación y simulación de funciones públicas. (CE)

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De acuerdo al orden del día que se conoció hoy,  como segundo punto de la agenda se tratará el análisis jurídico respecto a la situación legal del Defensor del Pueblo, Freddy Carrión Intriago. Para tal fin se tomará como referencia el informe elaborado por el coordinador jurídico Freddy Eduardo Viejó González.

Extraoficialmente se conoce que el pleno de este organismo decidirá quién se queda al frente de la Defensoría del Pueblo, que al momento tendría tres titulares: Zaida Rovira, Tania Castillo y el propio Freddy Carrión, en prisión desde el 18 de mayo y con licencia.

Esta institución se encuentra en medio de una grave crisis institucional. Hay que recordar que Zaida Rovira, quien era vicedefensora, asumió la titularidad en mayo, sin embargo en junio, Freddy Carrión decidió removerla desde prisión y colocar en su lugar a Tania Castillo.

El Defensor del Pueblo puede tener una licencia de máximo tres meses.   Ese periodo se cumplirá en agosto. Posterior a este periodo y dependiendo de la decisión que tome hoy el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social abriría el concurso para nombrar al Defensor o Defensora definitivos.

El lunes 26, además, se daría lugar a la audiencia preparatoria de juicio en contra de Carrión.

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El tema central de la comparecencia era conocer los detalles sobre el seguimiento a los hechos de ese momento y la reparación integral de las víctimas.

Al respecto Zaida Rovira afirmó que “no es posible hacer un seguimiento a las reparaciones integrales de víctimas, mientras no exista una sentencia judicial y se determine responsables”.

El asambleísta Ricardo Vanegas solicitó que “se remite los nombre y domicilios de las personas que hayan sido víctimas de la pérdida de ojos o miembros y consulta qué tratamiento reciben”.

El eje de las consultas de la asambleísta Johana Moreira se centró en conocer los mecanismos para conocer la respuesta a organismos internacionales como la misma CIDH.

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La reacción social no se hizo esperar y este sábado la Coordinadora de Organizaciones del Guayas rechazó esas declaraciones. «Manifestamos nuestra permanente resistencia hacia todo acto arbitrario y regresivo en derechos que intente ejecutar el gobierno, en materia de salud, educación, política económica y demás», escribió el colectivo en un comunicado.

El presidente Guillermo Lasso se refirió a los hechos de octubre de 2019, como parte de su discurso durante el cambio de mando militar.

“Ecuador jamás olvidará su desempeño valiente y decidido en los trágicos sucesos de octubre de 2019”. Lasso resaltó en su intervención el accionar de los uniformados para hacer frente a lo que el Mandatario llamó “abuso y violencia irracional”. “Allí estuvieron ustedes para enfrentar los hechos durante esos 12 días, ustedes estuvieron en la acera correcta de la historia”, dijo.

El mismo discurso de Romo

Este discurso coincide con las líneas discursivas del expresidente Moreno y su exministra María Paula Romo en distintos actos castrenses. 

Lasso, al igual que Moreno, jamás reconoció los abusos policiales y militares en esos días. Esa información consta en el informe presentado por la Defensoría del Pueblo entregado a la Fiscalía.

Ante ello, la coordinadora escribió: ”Rechazamos el intento del presidente en deslegitimar la lucha social, que desde octubre se viene potenciando y afirmamos que nos encontramos en permanente movilización (…) Defenderemos los derechos alcanzados por nuestros antepasados, y exigiremos aquellos que siguen invizibilizándose”.

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