Los ocho sospechosos por delincuencia organizada en la presunta red criminal conocida como caso Encuentro serán acusados ya cuando Guillermo Lasso esté fuera del poder.

La Fiscalía expresó su rechazo a la decisión del juez Renán Andrade de reprogramar la audiencia para mediados de diciembre. En contraste, la justicia argumentó que han sido las acciones de Fiscalía las que han postergado el proceso.

Primer diferimiento

Para el pasado 31 de octubre se debió dar la audiencia de formulación de cargos contra Carrera y seis personas más. No obstante, el magistrado aceptó cinco pedidos de diferimiento por parte de los procesados, entre ellos Carrera y Jorge Orbe.

La noche anterior (30 de octubre), la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes.

El juez alegó que este último hecho les permitió a las defensas de los involucrados solicitar los diferimientos debido a la acumulación de procesos, lo que significa tiempo para revisar la documentación de la investigación previa.

«Es necesario dejar constancia que la propia Fiscalía (…) un día antes del 31 de octubre habría dado la acumulación procesal, lo cual generó justamente este primer diferimiento», reseña la causa en el portal web del Consejo de la Judicatura (CJ).

Andrade añadió que para garantizar el derecho a la defensa de los implicados se tuvo que reagendar la audiencia, pero recalcó que «se deja constancia que es exclusiva responsabilidad de la Fiscalía».

Segundo diferimiento

Justo el viernes 10 de noviembre, la Fiscalía solicitó que se haga extensiva la convocatoria a la audiencia de formulación de cargos a una persona más dentro del caso, al ciudadano Gabriel M.

El juez señala que no pudo conocer la extensiva ese día debido a la gran carga laboral que tenía (tres audiencias de acción de protección), por lo que recién hoy, lunes 13 de noviembre, conoce el pedido de Fiscalía y procedió a despachar de inmediato.

Asimismo, aduce que para respetar el debido proceso hacia el acusado adicional se debe reagendar la audiencia y por tercera ocasión se convoca a los implicados el jueves 14 y viernes 15 de diciembre de 2023 desde las 09:00 hasta las 16:00 en la sala de audiencias 207 del segundo piso del Complejo Judicial Norte, en Quito.

«Estas situaciones como se ha dejado constancia se han originado por  las actuaciones de Fiscalía«, enfatiza con negrita el escrito de la justicia.

Caso Encuentro

La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus “influencias” en las contrataciones; y, Gabriel M., reciente involucrado.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal “acordaba” con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para “ubicar” a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

Foto: Fedenador

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La Fiscalía sostiene que Carrera, exfuncionarios del régimen y otras personas estarían presuntamente involucradas en un esquema de corrupción en la administración pública, en específico en las empresas BanEcuador, Cenel, Aduanas, entre otras.

No es todo. La noche del 30 de octubre, la entidad decidió acumular los casos León de Troya y Encuentro en una sola causa, con base en los elementos encontrados en los expedientes. En palabras sencillas, halló hechos relevantes y conexos entre las dos investigaciones.

Entre las otras personas que serán acusadas están: Hernán Luque, exgerente de EMCO y prófugo; Leonardo Cortázar, principal fuente de La Posta; Antonio Icaza, exgerente de CNEL; César León, Jorge Orbe y Roberto Bueno, lobistas de las empresas públicas por sus «influencias» en las contrataciones.

El caso Encuentro -en primera instancia conocido como El Gran Padrino- es una investigación periodística que luego pasó a manos de la Fiscalía y desembocó en un juicio político del que el presidente Guillermo Lasso escapó al disolver la Asamblea Nacional el 17 de mayo de 2023.

Este caso se trata de una supuesta red criminal liderada por Danilo Carrera que parasitaba las empresas públicas del sector eléctrico. Los presuntos delitos que se habrían configurado eran cohecho, delincuencia organizada, tráfico de influencias, entre otros.

Por otro lado, el caso León de Troya es un seguimiento policial a presuntos narcotraficantes relacionado a las mafias de los balcanes, específicamente, a la mafia albanesa. La investigación apunta a que esta banda criminal «acordaba» con figuras allegadas al Estado ecuatoriano para «ubicar» a personas en puestos estratégicos de las empresas públicas.

El caso está relacionado al asesinato de Rubén Chérres, amigo íntimo de Danilo Carrera, y una de las piezas clave que aparece en los informes policiales.

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«Jorge G., prefecto de Cotopaxi, es detenido con fines investigativos por presunta delincuencia organizada en el operativo Depuración 1, que lidera Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional», escribió la institución en un tuit.

La detención del prefecto se realizó en su domicilio durante la madrugada del 28 de julio. Además, la Fiscalía indicó que se detuvieron, por el momento, a 9 personas (funcionarios públicos y contratistas) en el operativo Depuración 1.

También se allanaron las instalaciones de la Prefectura del Cotopaxi en busca de más indicios para la investigación.

¿Qué dicen desde el Gobierno?

El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez reaccionó a esta detención. Expresó que el Gobierno «es enérgico en la lucha contra la corrupción»:

«El Gobierno del presidente Guillermo Lasso ha sido enérgico en la lucha contra la corrupción. El caso del prefecto de Cotopaxi levanta una alerta y un llamado a la Justicia para no dejar estos hechos en la impunidad. Los cargos públicos deben ser honrados», dijo el ministro en su cuenta de Twitter.

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En la entrevista realizada por Teleamazonas, Buitrón señaló que desde 2015 hasta 2020, Esmeraldas registró una tendencia de 70 asesinatos anuales, pero que la primera alerta la recibieron en 2021.

Según el comandante, la violencia criminal se incrementó un 100%, hasta sumar 149 crímenes el año pasado. Asimismo, expreso que las personas que se encuentran inmersos en crímenes son jóvenes de 15 a 18 años.

Además, aseguro que en la provincia no existen escuelas de formación de sicarios, por lo que, señaló que es necesario efectuar un monitoreo de los sitios en donde se encuentran los jóvenes.

“No existe escuela de formación de sicarios. Los delincuentes se aprovechan de los niños para darles una oportunidad económica. En la provincia tenemos una economía basada en el narcotráfico, microtráfico, contrabando de mercadería, minería ilegal, tráfico de armas y contrabando de hidrocarburos”, explicó Buitrón.

Por lo que, manifestó que en la provincia existen ciertos grupos sociales que mantienen esas economías para solventarse. Asimismo, expresó que la ciudadanía también es cómplice de dichas economías porque se benefician de la situación.

Ante esto, Buitrón aseguró que la policía se enfrenta a la ciudadanía por la complicidad y ocultamiento de información.

“No se trata de poner más policías y militares en las calles, tratamos de controlar esas conductas que no son las correctas y adecuadas. Nos toca trabajar más profundamente, atacar al problema”, insistió.

Las leyes

Finalmente, cuestionó que existan “leyes mal estructuradas, mal hechas, que no protegen al policía. Queremos leyes que destruyan a los delincuentes”.

Buitrón también hizo un llamado al sistema judicial, para que los jueces efectúen una aplicación moral por el bien común. Por lo que, es necesario que no dejen en libertad a los detenidos en los operativos.

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Hasta finales de febrero se contabilizaron alrededor de 568 muertes violentas. Y para iniciar la investigación sobre estos decesos, se debe abrir un expediente bajo la presunción de asesinato, ya que es más fácil conseguir pruebas. Sin embargo, dada que la modalidad que predomina es el sicariato, el proceso para conseguir los indicios es muy largo.

El Proceso

En el proceso de investigación de las muertes violentas actúan en tres unidades: la Fiscalía General del Estado (FGE), los policías de investigación de la Dirección de Muertes Violentas (Dinased) y los peritos del laboratorio de Criminalística.

Primero, los policías de la Dinased recopilan información con los familiares del fallecido y presuntos testigos. No obstante, debido a que el delito está relacionado al sicariato, las personas prefieren guardar silencio por miedo a las consecuencias.

Los agentes policiales «buscan los indicios balísticos como el arma que fue utilizada, cuál era la posición del tirador o qué vehículo utilizaron», reseñó el medio. Sin embargo, como menciona el funcionario, solo el 10% de casos llegan a esclarecerse. Una de las causas de estos deficientes resultados es la falta de calidad en las pruebas entregadas.

Una problemática que aqueja es que Fiscalía empieza la investigación con la denuncia de los familiares de la víctima. Sin embargo, ello no implica que la autoridad realice el seguimiento hasta finiquitar el caso con una sentencia.

El 2% de casos logra sentencia

Primicias recoge que de 12.146 causas abiertas por delitos relacionados al crimen organizado, solamente 747 lograron una sentencia. Esto es apenas el 2% de la totalidad de casos.

El 98% casos restantes continúa en una de las 27 etapas procesales del sistema judicial del Ecuador.

Los crímenes por estas causas se tipificaron entre asesinato, delincuencia organizada, homicidio y sicariato entre 2019 y 2022.

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El grupo estaba conformado por diez personas, nueve ecuatorianos y un colombiano. Según informó la Policía, este grupo se encontraba realizando un falso control antidelincuencial en las calles Piedra y Morales, sector del Cumandá, en el Centro Histórico de Quito. 

La institución dijo que durante el operativo, los individuos afirmaron pertenecer a la Organización de Delitos Flagrantes (CDF). Los ciudadanos tenían en su posesión motocicletas con distintivos policiales. Además, portaban uniformes similares al Grupo de Operaciones Motorizadas de la Policía Nacional (GOM). 

Uno de los ciudadanos tenía en su posesión credenciales e insignias policiales. “Al verificar los datos en el sistema SIIPNE, no registraba como servidor policial”, declaró la Policía.  Se trata de Daniel Alejandro Flores Silva, ecuatoriano de 36 años, que portaba una credencial similar a la de la Policía en el grado de Teniente y Capitán. 

“Su objetivo consistía en recorrer en motocicletas con distintivos (similares a los de la Policía Nacional del Ecuador), en diferentes sectores de la ciudad, realizando operativos antidelincuenciales haciendo pasar a uno de los integrantes como funcionario policial en el grado de Capitán de Policía, quien dirigía y daba instrucciones a los demás para la ejecución de los operativos y registro de las personas”, aseguró la Policía en un comunicado. 

Entre los objetos decomisados se encontraron 7 motocicletas, 10 cascos, 2 radios, 7 chalecos antibalas, 18 documentos personales y 8 teléfonos celulares.

Los detenidos

1.- Daniel Alejandro F. S., ecuatoriano de 36 años, registra antecedente por falsedad en la identidad, en 2008.

2.- Jonnicifer Jean Paul D. C., de 42 años, colombiano, registra antecedente por ejercicio de funciones sin promesa legal, en 2012.

3.- Edison Fabián V. V., ecuatoriano 29 años, no registra antecedentes.

4.- Jonathan Fernando C. S., ecuatoriano de 20 años, no registra antecedentes.

5.- Dilan Fabián M. P., ecuatoriano de 22 años, no registra antecedentes.

6.- Daniel Alexander T. T., ecuatoriano de 30 años, no registra antecedentes.

7.- Brando Jesus T. E., ecuatoriano de 24 años, no registra antecedentes.

8.- Estefanía Elizabeth N. T., ecuatoriana de 38 años, no registra antecedentes.

9.- Sandra Leticia G. L., ecuatoriana de 49 años, no registra antecedentes.

10.- Miguel Ángel M. M., ecuatoriano de 30 años, no registra antecedentes.

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El movimiento político dijo que apoya la posibilidad de un indulto al cabo Santiago Olmedo, siempre y cuando haya actuado en defensa de terceros y de sí mismo.

“Desde 2018, bajo pretexto de reducción del Estado, inició el desmantelamiento de las instituciones a cargo de la seguridad. Se eliminó el Ministerio Coordinador de Seguridad y el Ministerio del Interior se convirtió en un espacio de reparto político con graves denuncias de corrupción. Así también, se eliminó el Ministerio de Justicia, dejando el Sistema de Rehabilitación Social a la deriva sin presupuesto ni recursos humano y tecnológico calíficados. Se destruyeron las capacidades de Inteligencia Estratégica de Estado y se pasó nuevamente a una competencia sin
sentido entre inteligencia militar y policial con alta influencia de intereses extranjeros”, argumenta el comunicado.

También enfatiza en que este desmantelamiento ocasionó que el 2021 fuera el más violento de los últimos diez años.

“Un aumento de los homicidios en más del 186.4% en comparación a 2017. Esto quiere decir que, durante el último año, existieron cerca de siete homicidios cada día en el país. La confianza en la institución policial cayó del 53% en 2017 -la segunda policía mejor evaluada en América Latina, después de Uruguay- a solo el 34% en 2021, según el Latinobarómetro”, recoge el documento. 

El movimiento dice que el Gobierno intenta culpar a la "falta de un marco legal” que permita la actuación de la policía. Afirma que esta es otra respuesta mediocre ante las masacres y la crisis de seguridad. 

“La realidad es que el gobierno no tiene rumbo, ni prioridades, ni capacidad de gestión pública. En medio de la crisis social y económica, la policía se encuentra desbordada, sin recursos suficientes para hacer su trabajo y enfrentar adecuadamente la inseguridad que vivimos. Se han retrocedido diez años en los niveles de seguridad alcanzados hasta 2017”, argumenta. 

La Revolución Ciudadana explica que antes del Gobierno de Lenin Moreno, la inversión pública en seguridad se triplicó. “Entre 2006 y 2016, la tasa de homicidios pasó de 17.7 a 5.7 por cada 100 mil habitantes, la más baja en Ecuador durante los últimos 15 años y solo superior a las de Chile y Bolivia en la región”, sostiene.

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El día viernes un grupo de once personas allanó las oficinas de una entidad comercial agrícola en Palenque, provincia de Los Ríos. Los delincuentes se llevaron USD 15.000, dos armas tipo revolver, y seis dispositivos móviles.

Los ahora sospechosos se habrían identificado como servidores policiales de la Unidad de Activos, en principio solicitaron USD 1.000 para supuestamente dejar sin efecto el allanamiento y amenazaron a las víctimas con armas.

El operativo

Luego del supuesto allanamiento los delincuentes abandonaron el lugar. Tras el acto las víctimas denunciaron los hechos a las autoridades, lo que produjo un operativo de control en la vía Palenque Jauneche, donde se pudo identificar a un patrullero de la policía con tres ocupantes, dos hombres y una mujer.

Posteriormente se desarrolló una persecución hasta la vía Mocache, donde se interceptó el vehículo policial con varios agentes policiales.

Los afectados identificaron rápidamente a tres miembros de la Policía Nacional como parte de los supuestos delincuentes que asaltaron su propiedad.

 La investigación

La Policía Nacional anunció, a través de un comunicado, que existe un cuarto miembro de la institución detenido como sospechoso, que estará a la espera de audiencia de calificación de flagrancia. Se inicia una etapa de instrucción fiscal con 30 días de prisión preventiva.

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Los dos hijos del expresidente Abdalá Bucaram, Pazmiño y Sevillano estaban procesados por presunta delincuencia organizada, por una supuesta red de corrupción en los hospitales del IESS.

Por su parte, la jueza Carmen Vásquez salvó su voto y aceptó la apelación presentada por Fiscalía por el sobreseimiento dictado a favor de las cuatro personas, en primera instancia.

La causa judicial se encuentra en etapa de juzgamiento. En el caso son investigados Paúl Granda, Jacobo Bucaram Pulley, Daniel Salcedo, Noé Salcedo, Luis Jairala, Jorge San Lucas, Karina Cadena, Pablo Mendoza, Jorge Henriques, Federico Zenck, Susana Mera y Javier Jordán. Otro de los sobreseídos fue Stefano Adum.

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Esteban Celi asumió su culpabilidad en el delito de delincuencia organizada y el desvanecimiento de millonarias glosas. El acusado dijo que recibió una transferencia por 110 mil dólares. También aseguró haber contactado al socio principal de Nolimit, a través de Raúl De La Torre, para gestionar pagos de la contratista de Petroecuador.

Incluso, afirmó que su hermano, Pablo Celi, no tenía conocimiento sobre estos pagos y que jamás recibió dinero. Sin embargo, Esteban Celi no aceptó todos los hechos narrados por la Fiscalía. Por ello, el juez dictaminó que no cumplía con los requisitos suficientes para acceder a la rebaja de la pena.

La Fiscalía pidió pena de 40 meses de prisión y una reparación al Estado por 648 mil dólares, para Esteban Celi, si confesaba los detalles de la operación. Usualmente, un delito de este tipo se sanciona con 7 a 10 años.

La defensa de Celi solicitó otro procedimiento abreviado. El juez Córdova dispuso el diferimiento de la instalación de la audiencia de preparación y evaluatoria de juicio por delincuencia organizada, programada para este 21 de septiembre, debido a estas diligencias pendientes, solicitadas por las defensas de los procesados .

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“Es injusto lo que me están haciendo. Me parecen bien todos los procesos de investigación que lleva la Fiscalía y me parece muy bien que deben llegar a las ultimas consecuencias. Pero, lo que no me parece bien es el linchaje mediático y las persecuciones de las que estamos siendo objeto”, dice.

Agrega que no sabe a quién recurrir, «pues los medios de comunicación no hacen eco de las verdades procesales, censuran, y emprenden campañas mediáticas en contra de los jueces que actúan en derecho».

“Hago un llamado a la conciencia de las personas (…) La Fiscalía debería preocuparse de que yo comparezca a juicio o es un afán de contentar ciertas consignas, por un afán de verme en la cárcel para satisfacer su ego”, agrega.

LOS ANTECEDENTES

Abdalá y Jacobo Bucaram son procesados por el delito de delincuencia organizada y tráfico de bienes patrimoniales.

Los menores de los Bucaram, Dalo y Michel; Gabriela Pazmiño, y otras doce personas más, también son investigados por los mismos crímenes. Se los acusa de haber participado en una red que vendía y distribuía insumos médicos con sobreprecio a hospitales de Guayaquil.

El 21 de junio, la magistrada Verónica Medina declaró la nulidad de lo actuado por la Fiscalía, en el caso por delincuencia organizada, aludiendo a que se vulneró el debido proceso y el derecho a la defensa de todos los procesados.

Hace pocos días, la Corte Provincial de Pichincha aceptó la apelación que presentó la Fiscalía para revocar el auto de nulidad, en el caso de Pruebas COVID-19. Asimismo, el tribunal declaró negligencia manifiesta de Medina y ordenó revisar las actuaciones de los abogados involucrados en el caso.

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Con la resolución emitida por el Tribunal de Apelación queda en firme la pena reducida de 50 meses de cárcel para el exasambleísta por Manabí, Daniel Mendoza.

El pasado 10 de noviembre, durante audiencia de procedimiento abreviado por el Caso Pedernales, el juez Marco Rodríguez sentenció a una pena de 50 meses al exasambleísta morenista, Daniel Mendoza. En el caso están implicados otras siete personas, todas con sentencia por delincuencia organizada.

De acuerdo con el artículo 369 del Código Orgánica Integral Penal (COIP) quien esté al mando de la red de delincuencia organizada tendrá más de cinco años de prisión, mientras que quien además obtenga beneficio

Jennifer C., Ángel A., José S tendrán 40 meses de prisión. Edmundo T., Jean Carlos B., Franklin C. y José V. estarán 34 meses. Los acusados pagarán una reparación al Estado de USD 8’000.000. De acuerdo con la fiscal general, Diana Salazar, los hechos tuvieron lugar en Manabí y Pichincha entre los años 2019 y 2020.

“Estos ciudadanos, de forma permanente, planificaban y dirigían actividades ilícitas utilizando mecanismos como la contratación pública, la recaudación de dinero por parte de las agencias de tránsito. La utilización del sistema financiero nacional para dar la apariencia de legalidad al dinero obtenido de manera ilícita”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

De la Asamblea a la prisión

El pasado 1 de julio, el asambleísta Mendoza renunció a su curul cuando una Comisión Multipartidista recomendó su destitución al faltar a sus deberes como legislador. Durante el proceso de juicio, Daniel Mendoza dio testimonio de presuntas cuotas políticas entre los asambleístas y el Ejecutivo.

El Caso Pedernales también manchó al exlegislador Eliseo Azuero (BADI), quien fue destituido por la Asamblea Nacional. Azuero y parte de la bancada del BADI recibió sobornos de Mendoza que pertenecían al Hospital de Pedernales que sigue sin construirse.

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“No existe un solo funcionario decente, transparente e independiente en la Contraloría. La tarea del próximo Gobierno es destituir de madera inmediata a Celi. Es evidente que hay una cabeza que da las órdenes, hay un brazo ejecutor que acciona. Además de obsecuentes, no les da ningún sonrojo cometer estás ilegalidades. Hay asesores involucrados por tráfico de influencias», dijo durante una entrevista para Radio La Calle.

El jurista mencionó que incluso la actual contralora subrogante, Valentina Zárate Montalvo, quien reemplazó a Celi, está involucrada. «Hemos tenido una dicotomía entre la legitimidad y la legalidad. De la primera no goza nadie en la Contraloría. Pablo Celi dice que Carlos Polit es un corrupto, pero tenemos pruebas de que la sucesora Valentina Zarate es parte del desaparecimiento de glosas millonarias», añadió.

«Igual de corrupto el que da como el que recibe»

Rodas manifestó que los representantes de las empresas vinculadas al caso también deben ser señalados. «Igual de corrupto es el que da como el que recibe. No termino si me pongo a nombrar cada una porque son demasiadas empresas, pero entre ellas está: Hidalgo e Hidalgo, la empresa de Daniel Salcedo, entre otras, que se han beneficiado de la desaparición de glosas», lamentó.

Por la magnitud de la demanda social, el jurista mencionó que serán el primer Observatorio para la función de transparencia y control social. «El ejercicio de control social es un ejerció ciudadano. Este espacio es inminentemente político y debería ser llamado a concurso público. Si Guillermo Lasso se plantea eliminar esta institución (el Consejo de Participación Ciudadana), no tiene idea de lo que dice porque la Contraloría es una institución de trabajo permanente», concluyó.

Los hechos…

De acuerdo a los hechos investigados por la Fiscalía, Augusto Briones presionó para que el sobrino de Celi, Raúl de la Torre, conserve su cargo en Petroecuador y de esta manera gestione sobornos. A la par, Celi autorizó el desvanecimiento de glosas a cambio de pagos indebidos operados por De la Torre. Celi, Briones y otras cinco personas tienen prisión preventiva hasta que se compruebe su vinculación. La sanción por delincuencia organizada es de 7 a 10 años de cárcel.

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Después de que se conociera una orden Judicial que dictaba congelar sus cuentas bancarias, se registraron más de 5 movimientos bancarios. Documentos obtenidos por Univision indican que estos movimientos tienen un importe de USD 76.871,07.

El excandidato presidencial habría registrado estos movimientos después de ocho horas que se conociera el bloqueo de cuentas.

Entre las transacciones se encuentra un pago a una compañía de remodelación de interiores por 2,900 dólares.

Pagó más del 50% de adelantado por el arrendamiento de una mansión en Florida, según lo confirmó el propietario de la residencia.

También habría girado más de USD 1.000 a la compañía ADT, empresa que vende equipos de seguridad inteligente, sensores, detectores de movimiento, cámaras y cerraduras.

Incluso pagó casi USD 8,000 a una firma que vende perros diminutos (Teacup) bajo pedido por una de estas mascotas.

Fiscalía de Ecuador abrió un proceso por su presunta participación en el delito de asociación ilícita, donde vincula a 15 personas.

En este proceso legal constan varios miembros de la familia Bucaram, por presunta participación en la comercialización y venta de insumos a diferentes hospitales de Guayaquil.

La Superintendecia de Bancos informó que recibió la notificación de las medidas cautelares el 11 de agosto de 2020, pero no precisaron la fecha y la hora exacta cuando esta institución notificó al sistema financiero del Ecuador respecto del congelamiento de las cuentas de Dalo Bucaram.

Los vinculados mantienen prisión preventiva, la prohibición de enajenar mueblen e inmuebles, liberación de pólizas y bloqueo de cuentas. Medidas que fueron dictadas por la jueza de garantías penales Gianella Noritz

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Los tres agentes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Klever Stalin A. H., Jhony Samuel O. T. y Leandro Germán B. R. tienen prisión preventiva y son investigados por el mismo delito que, según Fiscalía, se habría estructurado para el desarrollo de otros delitos en investigación.

Investigación en proceso

Según datos de la Fiscalía, las personas procesadas habrían conformado un grupo con fines delictivos entre noviembre 2019 y agosto 2020. Uno de los delitos es la comercialización de pruebas para Covid-19 y mascarillas.

La investigación de los cuatro detenidos está en proceso por su posible relación con los dos ciudadanos israelíes detenidos en Santa Elena.

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La petición la realizó después de la detención del legislador oficialista por el presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital de Pedernales.

En el documento, la legisladora se fundamenta en las prohibiciones constantes en los numerales 2 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

¿Qué dice la Ley?

Según el numeral 2 del artículo 163, los asambleístas no pueden «ofrecer, tramitar, recibir o administrar recursos del Presupuesto General del Estado, salvo los destinados al funcionamiento administrativo de la Asamblea Nacional». Además, el numeral 4 niega que los legisladores puedan «percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleísta».

Si los parlamentarios incurrieran en las prohibiciones, otro legislador podrá presentar una denuncia juramentada, debidamente motivada, dirigida al presidente del Legislativo, César Litardo.

Posteriormente, Litardo lo pondrá en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa para, en el plazo máximo de cinco días, calificarlo.

Así, el pleno del Legislativo conformará una Comisión Multipartidista de investigación, con un máximo de tres asambleístas que deberá emitir un informe al Pleno en el plazo de hasta diez días. En ningún caso, ésta Comisión Multipartidista presentará su informe sin que el asambleísta haya ejercido su derecho a la defensa durante la investigación, salvo que no se presente en el plazo de tres días.

El pleno escuchará al asambleísta, después de conocer el informe.

Casi a la medianoche del mismo día, el juez Marco Rodríguez ordenó prisión preventiva en contra de Mendoza y cuatro procesados más por la misma investigación.

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Según los argumentos de la fiscal, se trató de una estructura de delincuencia organizada. En la misma, Mendoza coordinaba acciones para obtener contratos de obras públicas en la provincia de Manabí.

La fiscal agregó que en chats materializados encontraron cómo le rendían cuentas. En uno de esos chats dice textualmente “de parte del asambleísta (Daniel) Mendoza”.

Pero no solo los chats fueron constancia, también las computadoras del Consorcio Pedernales-Manabí. En los dispositivos existen registros de pagos a funcionarios públicos donde estaban los nombres de Mendoza y del director general del Servicio de Contratación de Obras, René Tamayo.

Por esos motivos, Salazar solicitó la prisión preventiva en contra de Mendoza por existir un «alto riesgo de fuga». La misma medida pidió para Tamayo, Jennifer C., Tania S. y Ángel A.. Por su parte, para la también procesada Olga M. solicitó arresto domiciliario y prohibición de salida del país. Para los seis requirió la retención de cuentas y prohibición de enajenar bienes por USD 8 millones. Para validar la solicitud, presentó 15 elementos de convicción.

Defensa de los procesados

El asambleísta Daniel Mendoza intervino en la audiencia para defenderse. Dijo que es padre de tres niños pequeños y el sustento de su hogar.

Su abogada María Moreira agregó que el legislador colaboró con la justicia. «A pesar que no se encontraba en su casa, después del allanamiento, acudió por su voluntad a ponerse a disposición y colaborar con la investigación», resaltó.

A las 19:00 arribó hasta la Corte Nacional de Justicia, en Quito, el legislador para la audiencia de formulación de cargos. Minutos después, llegó Tamayo.

La defensa de Tamayo alegó que su defendido no está mencionado ni en la materialización de teléfonos, las escuchas telefónicas o el informe de la Contraloría General del Estado. Agregó que «vive de su sueldo». Dentro de su defensa, también resaltó la afectación médica de Tamayo y su edad. “Mi defendido tiene 64 años, 9 meses y 11 días. Antes de que la instrucción fiscal termine será un adulto mayor», dijo para añadir que dictar prisión preventiva podría ser «una sentencia de muerte». Así solicitó una la medida sustitutiva de arresto domiciliario.

Las esperanzas de la construcción del Hospital de Pedernales se esfuman

La investigación gira en torno al presunto delito de delincuencia organizada en la construcción del Hospital Básico de Pedernales. La ciudad fue el epicentro del terremoto del 16 de abril de 2016. Cuatro años después, el anhelado hospital sigue en espera.

En declaraciones a la prensa, el ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos descartó nuevamente la construcción del Hospital. «Estamos considerando varias opciones, quizás un hospital móvil -que no significa una carpa- que vamos a poner ahí, estamos conversando con varias instancias. Yo creo que hasta fines junio, si yo mismo me pongo esa meta, vamos a trabajar el Ministerio de Salud y las instancias necesarias para que el Hospital de Pedernales sea una realidad», declaró.

El operativo, para este caso, incluyó allanamientos en Quito, Portoviejo y Bahía de Caráquez. Las primeras indagaciones apuntan a Jean Carlos Benavides, asesor del asambleísta Mendoza. El representante del consorcio que construye el hospital, José Véliz Saltos, ya había sido detenido el pasado 14 de mayo.

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