Más de 4.000 especies silvestres de fauna y 3.000 de flora se pretendían traficar desde Ecuador en el 2023.

Hasta diciembre del 2023 en la región amazónica se rescataron 715 especies de fauna silvestre y detuvieron a 18 personas por cometer esta clase de delitos contra la naturaleza, penalizados hasta con 3 años de cárcel y 90.000 dólares de multa.

En 2023, la Policía Ambiental del Ecuador, reportó que 4.911 especies de fauna silvestre pretendían traficarse ilegalmente desde Ecuador, principalmente de la región amazónica hacia otros países ubicados en la India, Oceanía, Norteamérica y Dubái. En la lista constan naciones de Medio Oriente, Asia y Europa, Además, se registraron más de 3.000 casos de tráfico de flora silvestre, en particular de orquídeas. Estos actos delictivos se detectaron en los aeropuertos internacionales de Quito y Guayaquil.

De acuerdo con la (ONU) Organización de las Naciones Unidas, la demanda de pieles o productos de vida silvestre en el mercado ilegal mueve más de 23. 000 millones de dólares anuales. Para la organización ambiental WWFPN (Working to Sustain the Natural World for the benefit of People and Nature), el tráfico y comercialización ilegal de vida silvestre se considera el cuarto negocio ilícito más lucrativo a nivel mundial.

Los ecosistemas amazónicos se destruyen por el tráfico de especies silvestres

La dirección de biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), considera que el tráfico de vida silvestre es una amenaza para la biodiversidad porque afecta gravemente los ecosistemas y ocasiona un daño irreparable en la naturaleza por tratarse de especies nativas y endémicas (propias del lugar). Los tipos de fauna silvestre más traficados en las 6 provincias amazónicas fueron:

Por ejemplo, cuando se extrae en un mayor número los animales, se pueden agotar las poblaciones y se corre el riesgo de sufrir una extinción de las especies, porque se alteran las interacciones de esas con otras, lo que llamamos flujo de materia y energía. El impacto es significativo, si son especies altamente reguladoras que están arriba en la cadena alimenticia, explicó la entidad gubernamental a este medio de comunicación, mediante un comunicado oficial escrito.

Galo Zapata, director científico de la organización de conservación ambiental (WCS) Wildlife Conservation Society-Ecuador, manifiesta “cuando se da el tráfico de especies silvestres se destruye a los ecosistemas amazónicos. En este caso, porque se elimina a los depredadores de la cadena alimenticia, lo que provoca un desequilibrio de la cadena atrófica silvestre. Es así que los caracoles, las rachas, insectos o roedores, pueden reproducirse sin control hasta el punto de convertirse en plagas nocivas, como son los chivos en algunos sectores, zancudos o insectos.

Un delito contra la naturaleza

Además, se pone en peligro a los servicios ecosistémicos como la dispersión de semillas. Por ejemplo, si se captura y trafica ilegalmente un mono araña, 230 mil semillas dejan de esparcirse en un área de 1500 metros a su alrededor; ya que esta especie de mono cumple la función de dispersión de semillas’’ un servicio ecosistémico que permite la subsistencia de distintas clases de árboles dentro de la selva amazónica.

“La Amazonía ecuatoriana es fuente de recursos para el Estado, pero afronta muchas necesidades como falta de calidad vial, servicios básicos y demás. Es una zona donde hay mucha pobreza, por paradójico que suene” Antonio C, activista ambiental y defensor de los Derechos Humanos.

Afectaciones a la biodiversidad

De su parte, Samantha Izurieta, bióloga e investigadora, menciona que el “tráfico de fauna y flora silvestre es un crimen que afecta a la especie víctima del delito y al ecosistema de dónde se la extrae. En muchos casos el animal no soporta el maltrato físico o emocional y muere’’. Es por ello, que esta clase de delitos atentan contra la naturaleza, más aún si se lo comete en ecosistemas frágiles y mega-biodiversos como en el Parque Nacional Yasuní.

Izurieta resalta que “el tráfico de vida silvestre disminuye la biodiversidad al poner en peligro la especie y la vida del animal traficado. Este delito se practica a grandes cantidades en Ecuador y sobre todo, en la Amazonía ecuatoriana, según lo demuestran los datos oficiales del 2023 cuando rescataron entre 300 a 400 especies del tráfico ilegal, cada mes”. Desde su punto de vista técnico-biológico, cuando se capturan y sacan especies de un determinado ecosistema se produce la pérdida de la biodiversidad porque se lo destruye y lo fragmenta; indiscriminadamente, lo que genera desequilibrios ecosistémicos. (I). Este trabajo periodístico es parte del Programa Conservando Juntos de USAID, WCS y USFQ.

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La provincia con más personas en este rango de edad que están unidas es Guayas con 1.447, sigue Manabí con 734, Los Ríos con 516, Pichincha con 495, Esmeraldas con 311, Santo Domingo con 210, El Oro con 195; Azuay con 146; Morona Santiago, 136; Santa Elena 123; Cotopaxi, 133; Orellana con 108; Chimborazo, 93; Loja con 82; Napo con 79; Sucumbíos, 77; Imbabura y Tunguarahua con 72; Bolívar y Pastaza,52; Cañar con 44; Zamora Chinchipe, 36, Carchi con 22 y Galápagos,2.

Cifras a fondo

Las cifras se juntan al informe que Plan International, UNICEF y UNFPA realizaron en octubre del 2023 explicando las causas que llevan a niñas, niños y adolescentes a sufrir matrimonios o uniones de hecho. Incluso al saber que la relación entre mayor de edad y un o una menor es un delito. A pesar que en el Ecuador, esta práctica está prohibida, aún continúa y la sociedad la ha normalizado. ​De acuerdo con datos del registro de nacimientos del INEC, en 1 de cada 5 nacimientos registrados por parte de madres adolescentes, ellas se encontraban en unión libre, de hecho o casadas.

Cerca del 25% de madres menores de 18 años viven en unión temprana y forzada. Entre los factores están los ingresos económicos y la educación. Las niñas, niños y adolescentes que tienen más acceso a educación y estabilidad económica tienen mayores posibilidades de no casarse o llevar una unión de hecho. Según el informe, en Manabí, el 36,7% de las madres de entre 10 y 17 años se casaron a unieron. En Esmeraldas y Guayas, 1 de cada 4 madres menores de 18 años declaró estar casada o unida, en Sucumbíos un 17,3% y en Chimborazo menos del 10%.​ Algo que concuerda con las cifras del Censo 2022.

Violación de derechos

Según la UNICEF, América Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han disminuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de embarazos en adolescentes. 

Si bien en Ecuador hay niños que sufren de esta práctica ilegal, las niñas son mucho más vulnerables ya que en estos casos acarrean embarazo o violencia sexual. «Las niñas y adolescentes unidas o casadas tempranamente tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, que pueden desembocar en muertes maternas que podrían ser evitables. Estas prácticas nocivas son una violación de los derechos humanos que cambian radicalmente la vida de las niñas”, dice el representante de UNFPA en Ecuador, Markus Behrend.

¿Qué debe hacer el Estado?

El cambio debe ser radical y enfocarse en las políticas públicas. «Un trabajo multisectorial que modifique normas sociales, actitudes y prácticas que promueven las uniones tempranas, infantiles y forzadas». Aplicar la ley y controlar que no siga cometiendo este delito.

Todos los ámbitos del Estado deben brinda un enfoque integral dirigido a niñas y adolescentes para propiciar el empoderamiento, también trabajar de la mano con los niños y adolescentes hombres, padres y madres, y líderes y lideresas comunitarias para construir espacios seguros y solidarios.

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Una cámara de seguridad captó los instantes en que se suscitó el supuesto crimen. En el dispositivo se observa al servidor policial llegar en su vehículo hasta un gimnasio. Cuando el uniformado se baja y se acerca a la entrada es interceptado por tres antisociales desconocidos y armados en una camioneta negra. Dos de ellos se encargan de sujetarlo y el tercero se mantiene al lado del carro.

Noticia en desarrollo…

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El video circuló por todas las redes sociales, incluso se hizo eco en medios internacionales. Uno de los temas que más se discutió alrededor del hecho fue si tener relaciones sexuales en un espacio como ese es un delito o alguna contravención a la ley.

Sin embargo, el Código Orgánico Integral Penal (COIP) no contempla este tipo de actos como un delito en la vía pública. En cambio, las Municipalidades de cada ciudad pueden emitir ordenanzas que sancionen y prohíban esta clase de hechos en el espacio público. De igual manera, se debe tomar en cuenta lo que dicta el reglamento de la empresa del transporte público.

Del otro lado de la moneda, el video difundido salió de las cámaras de seguridad de la Aerovía, lo cual sí constituye una penalidad. Según expertos, puede existir delito violación a la intimidad contemplado en el artículo 178 del COIP.

Acciones legales

A través de su cuenta de Tik Tok, el abogado Pavlov Rodríguez señaló que «asumió la defensa técnica» de los jóvenes afectados de la Aerovía por el presunto delito de «violación a la intimidad».

De acuerdo a diario Extra, se tomarán tres acciones legales:

1. Denuncia penal contra la persona o personas que filtraron y publicaron el video sin autorización, que sea procesado y vaya a prisión (Uno o tres años);
2. Una demanda civil contra el Consorcio Aerosuspendido de Guayaquil; y,
3. Una acción de protección en contra de la empresa del joven que fue despedido tras el escándalo.

“Mis clientes no cometieron ningún delito, ninguna infracción o contravención. La constitución y el código orgánico penal entienden que este tipo de actos que podrían llamarse inmorales, pero no son ilegales”, explicó Rodríguez a ese diario.

Además, los jóvenes buscarán una reparación integral por trámites y juicio correspondiente y el reintegro del joven que resultó despedido de su trabajo. Sin embargo, Rodríguez también señaló que analizan una reparación inmaterial, es decir, tratamiento psicológico por el acoso en redes y lugares sociales que han sufrido las víctimas, el cual se hará un cálculo.

No es todo, tanto el hombre como la mujer interpondrán demandas y denuncias por separado por los daños ocasionados.

Hasta el momento, la pareja y su defensa analizan el caso, mientras que la Aerovía de Guayaquil publicó un comunicado en el que ofreció disculpas. Asimismo, aseguró mejorar los sistemas de seguridad y despidió al personal implicado en la difusión del video.

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Los antisociales robaron a la empresa y al intentar escapar habrían secuestrado al policía Ramírez, quien estaba acompañado de otro uniformado. En su fuga, los criminales le quitaron la vida al efectivo y arrojaron su cadáver al río Amarillo, reportó el periodista Jonnathan Carrera.

La Institución policial confirmó el crimen y extendió sus condolencias a los familiares de la víctima. Añadió que agentes especializados realizan las respectivas investigaciones para esclarecer las circunstancias y dar con el paradero e identidad de los sujetos que perpetraron el hecho.

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Arauz demostró con documentos las supuestas empresas offshore de Hervas en Panamá, por lo que el empresario y político -que es impulsado por el movimiento RETO- no podría postularse para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes «tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales». Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

En su cuenta de Twitter, Arauz publicó información sobre la empresa de Hervas en Panamá: Agrigroup Corporation. El poder de Hervas sobre esta sociedad equivale una propiedad indirecta ya que puede disponer de sus ganancias, abrir cuentas y hacer cualquier negocio.

Una investigación de Hoja de Ruta sostiene que esta offshore le permitió mover a Hervas USD 50 millones entre 2017 y 2021. Asimismo, pudo acrecentar su capacidad exportadora y sirve como guardia fiscal.

Tanto Arauz como el reportaje periodístico exponen documentos notarizados, transferencia de acciones y otras escrituras públicas que, presuntamente, confirmarían el funcionamiento de los opacos movimientos de la familia Hervas con sus empresas nacionales y Agrugroup Corporation.

Respuesta de Hervas

La Revolución Ciudadana impugnó la candidatura de Hervas por esta inhabilidad. Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó la objeción del correísmo el 19 de junio de 2023.

Hervas asistió al CNE para presentar sus pruebas de descargo. En sus redes sociales, no explicó las razones para que el organismo electoral haya archivado la impugnación.

Sin embargo, Arauz señaló que el argumento de Hervas fue que Marcelo Xavier Hervas Mora (el candidato) no es Xavier Hervas Mora Bowen (en notarías de Panamá), sino que se trata de un «homónimo», una persona distinto con nombre «similar», según la respuesta del CNE.

Finalmente, Arauz muestra documentos donde Xavier Hervas firma con con apellido Bowen. Asimismo, revela que el apellido del abuelo de Hervas es Mora Bowen y su hermana tiene el apellido MoraBowen (una sola palabra).

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En el operativo participaron agentes de la Unidad Especializada en Ciberdelitos Fiscalía General del Estado (FGE) y del Departamento de Investigaciones de Seguridad de los Estados Unidos (HSI).

Tras el allanamiento, las autoridades levantaron indicios como celulares y laptops con material audiovisual referente al supuesto cometimiento del delito. La Fiscalía informó que se formularán cargos en las próximas horas.

¿Qué dice el COIP?

El artículo 104 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) prohíbe la comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños y adolescentes.

«La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años», determina la ley.

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“difusión roja contra el ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Miño, es culpado por delito de falsedad de información, con este antecedente: me permito informar que la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL (…) ha procedido a publicar la Notificación Roja N de control, en cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad”, reza el oficio de la Policía Nacional.   

“El Mago” Chérrez fue culpado por actuar como asesor financiero para Isspol. Las autoridades lo involucran en el desfalco al Isspol, por más de USD 900 millones. Su nombre es conocido por estar vinculado a varios procesos penales en Ecuador y uno en Estados Unidos.

Además, en sus manos estarían USD 327 millones correspondientes a la operación swap organizada por el Isspol y sus empresas en el 2015.

La difusión roja 

La Interpol dio luz verde al pedido de difusión roja en contra de “El Mago”. Según la organización internacional, la notificación de difusión roja no es una orden de detención internacional, sino una solicitud enviada a 194 países para que los policías localicen y detengan provisionalmente a Chérrez para su extradición, acción judicial o entrega. 

Viajes sin regreso y falsa información

Después de que se conocieran los desfalcos y operaciones irregulares del Isspol, Chérrez abandonó Ecuador el 6 de marzo de 2020. Su primer destino fue Colombia – Cali. Actualmente, está en México donde le otorgaron la nacionalidad. A su vez es prófugo de la justicia al tener una orden de prisión preventiva a causa de falsedad de información en una de las investigaciones.

La sanción por este tipo de hechos consta de tres a cinco años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (J.P)

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Los hechos

“A las 11:40 mi hija salió de casa en Llano Grande, pero este tipo ya la esperaba al frente de la calle. Mi hija dijo que se paró a comprar un jugo. Luego le pidió que se pase al asiento de atrás que quiere hablar con ella. Mi nena me dijo: mami no pensé que esto iba a pasar. Cuando fui para atrás, arrancó y me llevó a un lugar”, narró la madre de la víctima a los medios.

Agregó que el chofer mezcló un líquido con el jugo y le obligó a tomárselo, a pesar de las negativas de la niña. El sujeto la violó y aunque la niña quiso resistirse, no pudo debido al efecto de la droga. El hombre tuvo el descaro de continuar con el recorrido y buscar a los demás compañeros después de ejecutar el crimen.

A la 13:30 llamaron del colegio a la madre de la víctima para decirle que su hija estaba en estado etílico y que acuda al establecimiento. “Llegué al colegio a las 14:30. Mi hija estaba dormida donde la vicerrectora”, expresó. Los compañeros tuvieron que socorrer a la niña que estaba vulnerable.

Negligencia

En el colegio, no tomaron cartas en el asunto desde el jueves pasado cuando ocurrió el hecho. “En el Colegio dijeron que no sabían los datos ni dirección del chofer. No nos proporcionaron ninguna ayuda. Cuando llegó la policía dijeron que había que sacarle a escondidas, que el colegio no debe ser mencionado”, dijo el padre de la niña.

Los padres de la víctima, indignados, piden la destitución de la rectora por la negligencia con su hija. La ministra de Educación, María Brown, todavía no se pronuncia sobre el hecho. Tampoco la Fiscalía General del Estado. MIB

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Las violaciones están por debajo de seis delitos: robo a personas, robo de bienes, accesorios y automóviles, robo de motos, robo de carros, robo a domicilio y robo a unidades económicas. Sin embargo, en términos menos técnicos, el robo de un bien, cualquiera sea su naturaleza, podría considerarse bajo la misma categoría. Esto pondría a las violaciones como el cuarto delito más frecuente en el país.

En los últimos siete años, la Fiscalía receptó un total de 41.652 denuncias por violación a nivel nacional. Las provincias del Guayas, Pichincha, El Oro, Manabí y Los Ríos tienen las cifras más altas por este tipo de delitos. En cambio, las provincias del Napo, Zamora Chinchipe y Galápagos reportan menos denuncias en todo el país.

Una tendencia a la alta

Las cifras reflejan que en el año 2021 la autoridad de control registró el mayor número de denuncias por violación, unas 5.804. En contraste con el año 2020 que tuvo 4.886, es decir, una diferencia de 1.082 denuncias. Esto pudo haberse debido a las restricciones de movilidad del estado de excepción por la pandemia de la Covid-19, lo cual redujo la actividad criminal en el país. En este año, las demás categorías de robo arrojan cifras muy bajas en comparación a los otros años.

En la variación porcentual acumulada existe un descenso del 2014 al 2016 de -8.7%. Sin embargo, el indicador se dispara a partir del 2017 a 9.4%. En 2020, se redujo en -10.8% y finalmente volvió a subir a 14.9% lamentablemente.

Además de la Fiscalía General del Estado, los datos también fueron recogidos por el Grupo de fortalecimiento estadístico de indicadores de seguridad y justicia de la Comisión Especial de Estadística de Seguridad, Crimen, Justicia y Transparencia.

Concepto…

Según la Defensoría del Pueblo, la violación comprende cualquier delito que fuerce a una persona a tener relaciones sexuales mediante violencia, amenazas o cuando la víctima esté privada de la razón, posea una enfermedad o discapacidad o sea menor a 14 años.

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“En el mismo cuerpo legal atacaremos la raíz del problema: los jefes de las mafias. Tipificaremos el nuevo delito de “autoría por dominio de organización”. Es decir: los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices”, explicó Lasso. 

“El problema con la propuesta es que se trata de un tipo de autoría, no de un tipo penal y lo segundo es que ya está legislado en el Art. 42 del COIP, le hacen pasar vergüenza al presidente los ignorantes que tiene a su lado”, indicó el asambleísta Fausto Jarrín. 

La correcciòn

Las criticas sobre si Lasso o sus asesores no manejan la tipificación que existe dentro del COIP llevó al mandatario a retractarse y mostrar una fe de erratas. Solamente ampliarán el tratamiento del delito. 

“Fe de erratas: En el mismo cuerpo legal atacaremos la raíz del problema: los jefes de las mafias. Ampliaremos y aplicaremos la teoría de autoría por dominio de organización. Es decir, los jefes de bandas también pagarán por los delitos que ordenen cometer”, anunció.  

La Ley

El artículo 42 del COIP define varios tipos de autores al momento de cometer un delito. Entre ellos están los de autoría mediata que incluyen:

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre
que tal acción ha determinado su comisión.

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda
calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

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«En el mismo cuerpo legal atacaremos la raíz del problema: los jefes de las mafias. Tipificaremos el nuevo delito de “autoría por dominio de organización”. Es decir: los jefes de las bandas pagarán también por los delitos que ordenen cometer a sus cómplices», explicó el mandatario.

No obstante, este modo de delito ya existe en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).

¿Qué dice la Ley?

El artículo 42 del COIP define varios tipos de autores al momento de cometer un delito. Entre ellos están los de autoría mediata que incluyen:

a) Quienes instiguen o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre
que tal acción ha determinado su comisión.

b) Quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto.

c) Quienes, por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo, obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda
calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin.

d) Quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva.

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De acuerdo con la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTIQ+, este dictamen representa la primera sentencia en la que se condena a una persona por este crimen.

Según las investigaciones, el 28 de marzo de 2020, Javier Viteri conversó vía Facebook con Hilmar Corozo, quien estaba cumpliendo el servicio militar en el Cuartel Militar Batallón de Infantería N1 Constitución, en Arenillas, provincia de El Oro.

El chat revela un acuerdo para encontrarse en el departamento de Javier. Una vez en el lugar, el servidor militar asesinó al joven gay con 89 puñaladas en el tórax, espalda, abdomen y cuello. El cuerpo fue hallado por los moradores del sector junto a tres objetos corto punzantes cubiertos con sangre.

Según un informe de Runa Sipiy de la Asociación Silueta X, un total de siete personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+ han sido asesinadas y una desaparecida en lo que va del año 2021.

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 “Estamos aquí para poder responder a la justicia ecuatoriana, pero también para colaborar con la Fiscalía General del Estado. Estamos aquí y vamos a responder cuántas veces sean necesarias. Hemos sido denunciados por un ciudadano prófugo de la justicia (Alberto Dahik) que durante 20 años no le ha respondido al país”, dijo Jaime Vargas.

El dirigente de Conaie no pudo dar su declaración porque se acogió al derecho de rendir versión en su idioma natal (achuar). “Tenemos el legítimo derecho de comparecer, ya sea en castellano o nuestro idioma. Es nuestro derecho constitucional”, acotó.

“Esta absolutamente claro que es una persecución política porque el señor Dahik es parte de una comisión asesora. En definitiva, es parte del gobierno de Lenín Moreno. No es posible que ahora los delincuentes que pasaron prófugos durante 20 años, que desequilibraron el sistema financiero del país y no han dado respuestas, sigan haciendo denuncias», Leonidas Iza.

Las declaraciones aparecen en el contexto de la investigación por presunto delito de terrorismo. La denuncia la interpuso el 17 de octubre de 2019 por el exvicepresidente de la República, Alberto Dahik.

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“Acogiendo el pedido de la fiscal general del Estado, Diana Salazar. Un Tribunal de la Corte Nacional desecha los recursos de apelación y ratifica la sentencia de 6 y 3 años en contra de Calos P. y John P., como autor y cómplice, respectivamente, del delito de concusión”, escribió la institución en un tuit.

Los Hechos

En 2017, la Fiscalía inició las investigaciones contra Polit y su hijo John por recibir dinero a cambio de desvanecer glosas de la empresa brasileña Odebrecht.

“En el año 2010 el señor doctor Carlos Pólit Faggioni, en su condición de Contralor le solicita al Superintendente de la Compañía Odebrecht del Ecuador, señor José Conceição Santos Filho la entrega de USD seis millones. Esta suma a cambio de desvanecer USD 70 millones en glosas”, indica la institución.

Asimismo, la Procuraduría General del Estado denunció a Carlos Pólit, por el delito de concusión, al encontrarse indicios relacionados al pago de gratificaciones económicas.

Dichas gratificaciones se exigen a cambio del levantamiento de las glosas imputadas a Odebrecht, respecto del Proyecto “San Francisco”. También por la emisión de informes limpios en los demás contratos adjudicados a la constructora.

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José Jahir A. P., Pablo Luis V. A., Wilmer Javier A. Ch. y Yarley Jacinto C. Z fueron hallados culpables por la balacera desencadenada en septiembre de 2019, en una boda en el sector de La Ecuatoriana, al sur de Quito. En el hecho, un hombre de 50 años falleció.

La sentencia determina, además, el pago de USD 10.000 como reparación integral para los familiares del fallecido y USD 1.000 para siete invitados (a cada uno).

En el delito también está implicado un adolescente de 17 años, que recibió una sentencia de seis años de internamiento institucional cuando aceptó su participación en el atraco como conductor del taxi en el que llegaron y huyeron los cuatro sentenciados.

Código Orgánico Integral Penal (COIP)

El delito de homicidio está tipificado en el artículo 144 del (COIP) con una pena de diez a trece años de privación de libertad. Sin embargo, este caso tiene una sentencia mayor porque el Tribunal Penal consideró la participación de dos o más personas y la afectación de varias personas, estas son circunstancias agravantes que constan enl artículo 47, numerales 5 y 14.

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