Nebraska Montenegro es la presidenta de la organización y a sus 66 años encabeza la lucha de este sector del colectivo trans que solicita la reparación estatal. “Se cumplen tres años de la demanda al Estado ecuatoriano y no hay ninguna respuesta. Estamos exigiendo que se dé trámite a este pedido sino recurriremos a otras instancias”, aseguró.

Añadió que la situación de las sobrevivientes es difícil. Muchas de ellas deben trabajar en la informalidad. “Hay compañeras que tienen más de 70 años y están en la vía pública cuidando carros para sobrevivir”.

En los años 80 y 90 cuando la homosexualidad figuraba como delito en el Código Penal, las calles no eran seguras para el colectivo LGBTIQ+. La discriminación en los hogares hacía que tuvieran que enfrentarse al mundo solas y solos a muy temprana edad. La marginación les impedía llevar una vida digna. Finalmente, la violencia policial ponía en peligro sus vidas. El colectivo trans continúa siendo uno de los más vulnerables de toda la comunidad.

“Se cumplen 3 años de la demanda que las sobrevivientes de Coccinelle al Estado por delitos de lesa humanidad. Hay compañeras que murieron precariamente. Las personas que quedan siguen luchando aunque tienen una edad avanzada. El Gobierno Central no se preocupa, no crea planes para que puedan incluirse y vivir dignamente el resto de su vida”, explica Emilio Cruz, activista y también miembro de la Nueva Coccinelle.

El aporte

Coccinelle fue una organización de extrema importancia para la comunidad GLBTIQ+ en los años 80 y 90. Los miembros del colectivo sufrían no solo la discriminación ciudadana sino también torturas, violaciones y malos tratos por parte de la Policía, especialmente la comunidad trans. “Nosotras empezamos a luchar por la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Fue la primera organización que se volcó a las calles para luchar por la despenalización. Éramos perseguidas, reprimidas y torturadas”, explicó Nebraska.

El 25 de noviembre próximo se cumplirán 24 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Sin embargo, en la actualidad, los miembros del colectivo GLBTIQ+ todavía sufren discriminación y la marginación en varios aspectos sociales. Por lo que urge que el Estado pueda emitir políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de esta comunidad en el Ecuador. MIB

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«Comandante del Ejército pide respaldo legal para evitar «acusaciones de lesa humanidad»

Gravísimas declaraciones públicas del jefe del Ejército ecuatoriano, General Fuel, este 10 de agosto del 2021 en el acto oficial de conmemoración de la Independencia, al pedirle al presidente Lasso semejante barbaridad bolsonariana o uribista, nunca antes vista en 50 años en el país, ni en las tres dictaduras militares de los ’70, ni en democracia durante los gobiernos autoritarios / represivos de León Febres, Noboa, Correa y Moreno.

Solo dos individuos como Bolsonaro y Uribe han intentado esquivar, demoler y despreciar así la normativa mundial y la establecida por sus propios países para salvaguardar los derechos humanos de millones de personas y a sus naciones de genocidios y crímenes de lesa humanidad, que son castigados con máximas sanciones expresas dictaminadas en las leyes nacionales y mundiales, menos Israel y EEUU, que han desacatado la autoridad del Tribunal Penal Internacional.

Ningún diario ni gran medio de comunicación del Ecuador publica la declaración incendiaria. El Universo, El Comercio, Expreso, La Hora y El Telégrafo, la omiten totalmente en sus portadas, como si no existieran. Pero un poderoso medio de comunicación mundial, la Agencia rusa de Noticias Sputnik, lo publica en su portada principal con detalles (leer link).

Los delitos de lesa humanidad no son caprichos locales ni personales de alguien al que se le ocurrió, así como así, tipificar en el planeta Tierra lo que son: Crímenes de Guerra, Crímenes de Estado, Crímenes de Lesa Humanidad, Delitos Imprescriptibles (no prescriben nunca) y Genocidios; pues son expresas disposiciones internacionales y normas constitucionales obligatorias, alcanzadas tras décadas y décadas de luchas y sacrificios de miles de ecuatorianas y ecuatorianos.

¿Para borrar esas figuras de delitos imprescriptibles en el tiempo y prohibidos de ser cometidos en el país so-pena de sanciones graves; será que el curuchupa Simón Espinoza, un día solidario con la atribulada familia de los desaparecidos hermanos Restrepo y hoy devenido en legitimador de la masiva reventazón policial de decenas de ojos de jóvenes en octubre del 2019, pidió desde hace días atrás, que Lasso eche abajo y anule la Constitución entera, sin necesidad de una Constituyente?

Los delitos de lesa humanidad, por si el emocional General Fuel no lo sabe y el culto presidente Lasso no lo recuerda, fueron tipificados y establecidos a partir de los Tribunales de Nuremberg y Tokio, tras el fin de la II Guerra Mundial, para conocer y juzgar las atrocidades nazis, los hornos crematorios y los campos de concentración.

Y fueron, desde entonces, legislados mundialmente por la ONU y luego establecidos de ser juzgados en la Corte Penal Internacional. Y esos DELITOS DE LESA HUMANIDAD, que el General Fuel dice querer evitarlos mediante «respaldos legales», son entre otros: la tortura, la desaparición forzada, masacres, las ejecuciones extrajudiciales, las violaciones, la esclavitud, y la trata de niños y mujeres. Escribiré sobre este tema urgente al presidente y su gabinete en Carondelet, la CIDH, HRW, Amnistía Internacional. Y haré lo mío. ¿Qué harán ustedes?

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En febrero de 2021, se esperaba que se instale la audiencia de juicio del Caso Vaca, Cajas, Jarrín. En 2014, tuvo lugar la audiencia preparatoria de juicio dónde se presentaron las pruebas de descargo. Un total de 11 miembros de las Fuerzas Armadas están entre los sospechosos. Tres de ellos ya fallecieron. Siete años después el juicio aún no se realiza.

¿Que sucedió?

El 10 noviembre de 1985, Luis Vaca, Susana Cajas y Javier Jarrín, miembros de AVC, fueron secuestrados en Esmeraldas por parte miembros del Ejército y llevados a Quito. El 12 de abril llegaron al Batallón Escuela de Inteligencia Militar en Conocoto, donde sufrieron torturas físicas, psicológicas y sexuales.

Después de tres semanas, liberaron a Cajas y Jarrín. Los dejaron maniatados y vendados en Cumbayá. La suerte de Vaca fue distinta

En cautiverio

«Las celdas eran pequeñas… Nos sacaban a unos cuartos para interrogarnos. Ahí nos torturaron, nos sacaron el aire. Estuvimos dos o tres días. Antes no le tenía miedo a la electricidad, ahora no puedo acercarme, te deja secuelas», así narró Vaca su primera detención en una entrevista para El Telégrafo en 2014.

En noviembre de 1985, su detención se volvió cautiverio. Luis no saldría de su pequeña celda hasta 1988.

«Estábamos en el parque infantil esperando a que nos recojan para ir a una casa de seguridad. Mientras tomábamos una cola, unos militares nos subieron a un carro y nos llevaron», continúa el relato.

Llegó a Conocoto por segunda vez. «Tenía iras y no comí por tres días […] Ahora me pregunto ¿Cómo aguante dos años? Caminaba y daba vueltas».

En el encierro se enteró del asesinato del líder de AVC, Arturo Jarrín, intentó colgarse en la celda movido por la desesperación de no saber si saldría. Para 1988, lo dejaron libre en Ibarra.

Delitos de lesa humanidad

Para el sistema de justicia, los delitos de lesa humanidad son de especial gravedad «como el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación o el traslado forzoso de población, la privación grave de libertad o la tortura, que se comete como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”.

El juicio de Vaca y de los demás miembros de Alfaro Vive Carajo estaban en la impunidad hasta que el Gobierno de Rafael Correa decidió crear una Comisión de la Verdad, en mayo de 2007.

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«La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas planificaron desde 2014, graves violaciones a los derechos humanos. Algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura. Los que constituyen crímenes de lesa humanidad», dijo en un comunicado, la presidenta del grupo de expertos, Marta Valiñas.

«Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado. Con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno», añadió Valiñas.

Derechos Humanos

El informe no es el único que critica la situación en Venezuela. La alta comisionada de la ONU en Derechos Humanos, Michelle Bachelet presentó un informe que hablaba de «detenciones arbitrarias y violaciones a las garantías al debido proceso». Además, de casos de «tortura y desapariciones forzadas» en el país llanero.

En julio pasado, la Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos de la ONU sobre Venezuela investigó 223 casos. De los cuales, 48 se examinaron en profundidad en un informe de 443 páginas. Por otro lado, la misión examinó 2.891 casos para «corroborar los patrones de violaciones y crímenes», como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura.

Venezuela vive un clima de tensión política desde 2015. Situación que se ahondó por el bloqueo de Estados Unidos. También una crisis económica que ha dado como resultado un proceso migratorio hacia otros países de Latinoamérica.

El próximo 6 de diciembre se llevarán a cabo las elecciones parlamentarias en ese país.

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