Hasta enero de 2024, Salcedo acumula cinco procesos y sentencias judiciales por fraude procesal, ingreso de artículos prohibidos a una cárcel, lavado de activos, delincuencia organizada y peculado.

En noviembre de 2020, Daniel y su hermano Noé Salcedo tuvieron un proceso por presunta delincuencia organizada en la venta de medicamentos con sobreprecio a los hospitales del IESS.

Durante diciembre de 2020, por fraude procesal, un Tribunal de Guayaquil le impuso una pena de cuatro años de prisión. Salcedo quiso escapar en una avioneta que se estrelló en Tumbes, frontera con Perú. En este mismo proceso, un Tribunal de la Corte del Guayas redujo la condena a pena cumplida.

En julio de 2021 fue declarado culpable de vender bolsas de cadáveres y otros insumos médicos con sobreprecio al Hospital de los Ceibos, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), en Guayaquil. Un Tribunal lo sentenció a 13 años de prisión por peculado.

Reicibió tres años de cárcel, en agosto de 2021, por el delito de ingreso de artículos prohibidos a un centro de privación de la libertad. El 5 de enero de 2024, la Corte Nacional de Justicia declaró culpables a Daniel y su hermano Noé Salcedo por el delito de lavado de activos. Recibieron una condena de 13 años. Es uno del os 39 acusados por el caso metástasis.

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«El Gobierno Nacional informa a la ciudadanía que no existe ni consta en los archivos del CIES, ni en los de algún otro organismo del Estado, un documento que de forma o de fondo, tenga relación alguna con el «CASO RE-AN-S2021-014″FISCALIZADOR»», dice el comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia.

El Ejecutivo sostuvo que el documento filtrado fue producido por un ente externo de su Gobierno. Además, explicó que se hizo uso de los logotipos de su administración y del CIES para difundir la información como oficial.

Finalmente, el oficialismo informó que se reserva el derecho de presentar alguna acción penal en contra de los posibles responsables.

Presuntos delitos de Villavicencio

Tras la publicación del portal El Venezolano News, de Miami, EE.UU., en la que Villavicencio y su familia estarían involucrados en un entramado de corrupción de insumos médicos, su homólogo por UNES, Fernando Cedeño lo denunció en la Fiscalía el 14 de septiembre.

Según Cedeño, el presidente de la Comisión de Fiscalización habría cometido tráfico de influencias, testaferrismo y asociación ilícita.

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“difusión roja contra el ciudadano Jorge Oswaldo Chérrez Miño, es culpado por delito de falsedad de información, con este antecedente: me permito informar que la Organización Internacional de Policía Criminal INTERPOL (…) ha procedido a publicar la Notificación Roja N de control, en cumplimiento a lo dispuesto por su autoridad”, reza el oficio de la Policía Nacional.   

“El Mago” Chérrez fue culpado por actuar como asesor financiero para Isspol. Las autoridades lo involucran en el desfalco al Isspol, por más de USD 900 millones. Su nombre es conocido por estar vinculado a varios procesos penales en Ecuador y uno en Estados Unidos.

Además, en sus manos estarían USD 327 millones correspondientes a la operación swap organizada por el Isspol y sus empresas en el 2015.

La difusión roja 

La Interpol dio luz verde al pedido de difusión roja en contra de “El Mago”. Según la organización internacional, la notificación de difusión roja no es una orden de detención internacional, sino una solicitud enviada a 194 países para que los policías localicen y detengan provisionalmente a Chérrez para su extradición, acción judicial o entrega. 

Viajes sin regreso y falsa información

Después de que se conocieran los desfalcos y operaciones irregulares del Isspol, Chérrez abandonó Ecuador el 6 de marzo de 2020. Su primer destino fue Colombia – Cali. Actualmente, está en México donde le otorgaron la nacionalidad. A su vez es prófugo de la justicia al tener una orden de prisión preventiva a causa de falsedad de información en una de las investigaciones.

La sanción por este tipo de hechos consta de tres a cinco años de cárcel, según el Código Orgánico Integral Penal (COIP). (J.P)

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El excomandante Santiago Omar Riveros y otros nueve imputados recibieron la pena máxima. Los demás recibieron penas de entre cuatro y 22 años en la sentencia de uno de los mayores juicios por delitos de lesa humanidad de la historia argentina.

Campo de Mayo, a menos de 30 kilómetros de Buenos Aires, es el mayor complejo del Ejército de Argentina, con 5. 000 hectáreas. Durante el régimen militar que estuvo en el poder entre 1976 y 1983, funcionó allí de clandestina un centro de detención y torturas y una maternidad en la que mujeres dieron a luz bebés que después se entregaron a apropiadores bajo otra identidad. 

La lectura de la sentencia duró dos horas. El tribunal encontró a Riveros culpable de los 200 delitos, entre ellos privación ilegal de la libertad e imposición de tormentos agravados.

Delitos de lesa humanidad

Riveros ya había recibido la pena máxima en más de una docena de juicios, entre ellos en el histórico veredicto del pasado lunes, que consideró real la existencia de ‘vuelos de la muerte’ que partieron desde Campo de Mayo con detenidos a los que arrojaron vivos desde el aire al Río de la Plata. El exjefe militar, de 98 años, escuchó el veredicto desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria debido a problemas de salud.

La sentencia del 6 de julio llega después de tres años de audiencias. La mayoría fueron de forma virtual debido a la pandemia de coronavirus. Los jueces escucharon a más de 700 testigos.

Entre las 323 víctimas hubo 14 mujeres embarazadas cuyos hijos e hijas fueron apropiados. Entre ellos está Juana Colayago, con un embarazo de seis meses cuando la secuestraron junto a su marido, Egidio Battistiol, y Leonor Landaburu, quien cursaba la última etapa de su embarazo. El secuestro de ambas mujeres sucedió en agosto de 1977 y a sus hijos aún los buscan las Abuelas de Plaza de Mayo.

Los organismos de derechos humanos estiman que al menos 4.000 detenidos pasaron por Campo de Mayo, de los que sobrevivió menos del 1%. El pasado 4 de julio, otro tribunal federal de San Martín consideró probada la existencia de los vuelos de la muerte como método de exterminio y condenó a cuatro exmiembros del Batallón de Aviación 601 a cadena perpetua por su responsabilidad y participación en estos vuelos.

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“Los actos vandálicos del 12 de octubre encabezados por el presidente del MICC, Leonidas Iza Salazar son la más clara ratificación del menosprecio que tienen ciertos dirigentes indígenas con la capital ecuatoriana. Nuestras autoridades municipales no han sabido gestionar la defensa y el cuidado del ornato capitalino como corresponde. ¡Los habitantes de Quito estamos en la completa indefensión!”, dice parte de la misiva pública.

Entre los delitos por los que Castillo acusa a Iza están el daño al bien ajeno (artículo 204 del COIP), destrucción de bienes del patrimonio cultural (artículo 237), como incitación a la discordia entre los ciudadanos (artículo 348) y actos de odio (artículo 177).

12 de octubre

Miembros de la Policía Nacional reprimieron a manifestantes de CONAIE, pueblos, nacionalidades indígenas y ciudadanía que lanzaron pintura roja al monumento de Isabel La Católica. El objetivo era derribar la estatua.

La Policía lanzó gases lacrimógenos a los manifestantes. Entre los que se encontraban el presidente del Movimiento Indígena y Campesino del Cotopaxi (MICC), Leonidas Iza y el presidente de CONAIE, Jaime Vargas.

Los dirigentes indicaron estos monumentos representan el genocidio español.

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