Después de 23 años, recoge diario El Universo, continúan la discusión técnico-política sobre «quiénes quebraron Filanbanco». Un problema que desencadenó múltiples litigios penales, civiles y administrativos, tanto en el Ecuador como en cortes internacionales.

El último en conocerse fue una demanda al Estado por parte de los exaccionistas privados de Filanbanco, Roberto y William Isaías. Ellos exigen reparaciones por las incautaciones de sus bienes en 2008. El proceso se lleva a cabo en un tribunal de la Corte del Guayas desde diciembre de 2021.

La historia

Los hermanos Isaías afirman que entregaron el banco «saneado» y con bienes en garantía. «Que la entidad quebró a causa de la fusión con La Previsora, que sí tenía pérdidas». Sin embargo, las autoridades económicas determinaron que el «hueco» que estos omitieron en el banco por los presuntos manejos dolosos eran imposibles de suplantar aun con la inyección de fondos públicos.

Según Ceclilio Moreno, editor de investigación en revista Vistazo, la historia de Filanbanco inicia algunos mese antes de diciembre de 1998. Explica que la transitoria 42 de la Constitución de 1998 aprobaba que «el Banco Central del Ecuador (BCE) entregue préstamos de liquidez a las instituciones financieras en problemas. Y en septiembre de ese año, el BCE hizo el primer desembolso al Filanbanco», reseñó el medio.

En el mismo periodo, el extinto Congreso discutía la Ley de Reordenamiento en Materia Económica. Con esta ley, se creo la AGD para precautelar los dineros de los clientes de los bancos que presentaron problemas de liquidez y demás. La Ley se publicó en el Registro Oficial el 1 de diciembre de 1998. Al día siguientes, los hermanos Isaías entregaron el banco y el 3 de diciembre recibió más dinero del BCE.

El diario señala que el exsuperintendente de Bancos, Juan Falconí Puig, calculó el dinero que recibió Filanbanco hasta 2002. «Entre agosto y diciembre de 1998, cuando aú era de los Isaías, el BCE le dio USD 309 millones; y bajo el control estatal, el 3 de diciembre, USD 140 millones; el 28 de diciembre, USD 400 millones; el 2 de febrero de 1999, USD 100 millones y USD 176 millones, en dos momentos del día; y en junio del 2002, USD 300 millones. En total, Filanbanco recibió USD 1.116 millones».

Falconí Puig explica estos montos sin contar el hueco de USD 654 millones que ya tenía la entidad bancaria. Hueco calculado por una auditoría de Deloitte & Touche hasta el 31 de diciembre de 1998. Dicha auditoría se entregó a la Superintendencia en 2001 y se hizo pública en 2008; junto a otras operaciones entre Roberto Isaías y Filanbanco Trust & Banking Corp., la sucursal en Panamá; y unas reestructuraciones de créditos.

El exsuperintendente asegura que las pérdidas para el Estado estarían entre los USD 3 mil y 5 mil millones. No obstante, el abogado de los Isaías, Jorge Zavala Egas, niega estas incriminaciones. Subraya que cuando los hermanos Isaías dieron el banco, este estaba solvente y sin pérdidas. El problema, según él, nace con la fusión de La Previsora el 5 de julio de 2000, que sí tenía deudas y acreedores, por lo cual cierra.

La fusión

En 1999 el Ecuador sufrió el feriado bancario. La peor crisis financiera de la hisoria del país al mando del gobierno de Jamil Mahuad y la caída de 16 bancos. Uno de ellos fue La Previsora que contaba con una situación crítica.

El banco fusionado cerró en julio de 2001. Óscar Ayerve, quien presidía la Junta de Acreedores de Filanbanco, «calcula que esta tenía unos 750 mil clientes con depósitos e inversiones por USD 1.400 millones», recoge El Universo. Según él, gran parte de esas acreencias se cubrió con un bono del Estado por USD 300 millones hallado en la bóveda del banco.

Hasta el 2013, expone Ayerve, la AGD atendió a unos 500 mil clientes. No obstante, a unos 300 mil «no se les pagó ni un centavo».

Orden de prisión

Gracias a un informe de las irregularidades hecho por Falconí, la entonces fiscal general Mariana Yépez, formuló el 16 de junio de 2000 una excitativa fiscal para investigar el uso de préstamos del BCE. Una semana después, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Galo Pico Mantilla, anunció el auto cabeza de proceso contra los Isaías y otros funcionarios por el presunto manejo fraudulento de los créditos del BCE y dictó una orden de prisión preventiva.

En septiembre del mismo año, Pico Mantilla suscribió el pedido de extradición para los hermanos, que para entonces se hallaban en Miami, EE.UU.

En 2003, el expresidente de la CSJ, Armando Bermeo, dictó auto de llamamiento a juicio plenario por peculado con los Isaías y otros. Finalmente, confirmó la prisión preventiva.

«La sentencia en primera instancia por peculado (malversación de fondos) llegó el 10 de abril de 2012. se los declaró culpables y se los condenó a ocho años de prisión», expone el medio.

Por su parte, los hermanos presentaron una apelación, que fue negada el 13 de marzo de 2014. Después pidieron una revisión del fallo mediante una casación que ratificó la sentencia el 31 de octubre de 2014. No obstante, la figura penal cambió a peculado bancario. «Y quedó en firme».

El proceso se cayó (?)

En 2018, ya en el gobierno de Lenín Moreno, el abogado de los Isaías planteó un recurso de revisión que finalizó el 19 de mayo de 2021 declarando la inocencia de los acusados.

Durante el gobierno de Rafael Correa se incautaron los bienes de los Isaías basados en el informe de Deloitte aprobado por la Superintendencia en marzo de 2008.

El exministro de Economía, Fausto Ortiz, dijo a El Universo que «el 4 de julio de ese año se realizó una reunión del directorio de la AGD en la que se designó a Carlos Bravo como gerente. El 7 de julio, él firmo el acta de la reunión y viajó de Quito a Guayaquil. Por la tarde, Correa lo convocó al Palacio. Al llegar se enteró de que en reunión se estaban definiendo detalles del operativo de incautación que se ejecutó la madrugada del 8 de julio».

No obstante, en un receso le pidieron a Ortiz que «vuelva a firmar el acta de la reunión del 4, pero su contenido estaba cambiado pues decía que en ella se habían resuelto las incautaciones, lo cual era falso. No la firmó». Entonces, el expresidente Correa le dijo: «firmas o te vas». Ortiz renunció.

Según el medio, la AGD incautó a los Isaías 195 empresas. Pero tiempo después continuaron emitiéndose, al parecer, cien resoluciones de incautaciones, expresa la defensa de los Ísaías.

El 9 de julio, la Asamblea Constituyente pronunció el Mandato 13 para blindar la acción de la AGD y se les prohibió a los hermanos Isaías ejecutar causas constitucionales.

Debido a todo este proceso, los exbanqueros consideran que fueron ilegales las incautaciones. Por tanto, procedieron a poner una demanda en el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. El 30 de marzo de 2016, el organismo internacional declaró que los «derechos de los Isaías fueron vulnerados» y que por ende, «todo es nulo», apunta su defensa. En el dictamen se muestra, además, que el Estado ecuatoriano debe disponer medidas de reparación.

Actualmente, la demanda de los Isaías es de USD 2 mil millones consecuencia de una serie de procesos civiles sobre las incautaciones durante estos 23 años.

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Granja explica que estos perjuicios causados por acción u omisión de funcionarios del Estado, debe ser tratado en un tribunal contencioso administrativo y no en la Corte Nacional (CN), como fue el caso. Además de que la demanda debía presentarse en un plazo de 90 días, lo cual no ocurrió.

El Código Orgánico General de Procesos indica este plazo para la demanda, misma que fue presentada en diciembre de 2021. Sin embargo, la declaratoria de lesividad otorgada por la ONU a los hermanos Isaías, fue en marzo de 2016.

Este recurso resolvía que los hermanos habrían sido perjudicados por el Estado ecuatoriano al incautar sus bienes. A esto se sumó su prohibición del derecho a la defensa durante el gobierno de Rafael Correa. En mayo de 2021, un tribunal CN restituyó el estado constitucional de inocencia de Roberto Isaías Dassum y William Isaías Dassum al no probar el delito de peculado que cometieron en el Feriado Bancario.

De árbitro de la CIADI a procurador judicial de los hermanos Isaías

«Más de 5 años después de la declaratoria de lesividad. Si tenían tiempo de 90 días para presentar la demanda, esta ya está prescrita. Ningún tribunal contencioso administrativo (…) debería aceptarles, ni siquiera darles trámite a su demanda. Está prescrita», expresó.

Debido a que superaron el plazo de presentar esta demanda de ‘reparación’ de los hermanos Isaías, sería improcedente. Es decir, los hermanos Isaías no podrían continuar el proceso porque habría prescrito de acuerdo al abogado Granja.

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El 18 de marzo de 2022 se conoció que Roberto y William Isaías iniciarán una demanda en contra del Estado ecuatoriano por supuestos daños causados.

«A consecuencia de errores en las incautaciones, falta de inventario y otros abusos de poder. Esta demanda es consecuencia de esos juicios y de arbitrariedades que ningún Estado de derecho admite. Así lo determinó la ONU, condenando al Ecuador por el Mandato 13, expedido por sus Asamblea Constituyente que negó el derecho a la defensa de los Isaías», respondió Noboa en su cuenta de Twitter.

Así también, a través de unos trinos, el abogado Noboa dijo al expresidente Rafael Correa que «asuma su responsabilidad», ya que una de las causas de la demanda fue el juicio de insolvencia contra los Isaías ejecutado en 2014, «donde no se pudo probar nada».

«Le recuerdo que en 2014, su gobierno inició juicios de insolvencia contra los Isaías. Los perdieron sus propios funcionarios del BCE Y UGEDEP el 2018. La responsabilidad objetiva del Estado y de su Gobierno es consecuencia natural de un sinnúmero de abusos que tarde o temprano, habría que resarcir». expuso.

Asignación de árbitros y cancilleres para el CIADI

El oficio para designar árbitros fue dirigido el pasado 11 de agosto de 2021 al Canciller en ese entonces, Manuel Montalvo, donde constaban los nombres de los árbitros y conciliadores designados por Lasso.

«Por instrucción del Señor Presidente de la República, Guerrillero Lasso Mendoza, solicito a Usted que de conformidad con el Art 13(1) del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Naciones de Otros Estados, se realicen y comuniquen los instrumentos necesarios por lo que la República del Ecuador designe a las siguientes personas para la conformación de la lista de árbitros y conciliadores del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones (CIADI)», dice el oficio.

¿Conflicto de intereses? Noboa responde: «Ninguno señor. Si algún día me toca ser árbitro e algún caso, el Ecuador no formará parte del mismo. Los árbitro internacionales no podemos ser jueces en casos que involucren a nuestros países».

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Quito, 19 mar (La Calle).- Tras la sentencia de la Corte Constitucional que dictaminó la inocencia de los hermanos Isaías Dassum, ex propietarios de Filanbanco e implicados en el Feriado Bancario, ahora demandan al Estado por “las ilegales incautaciones”.

En mayo del año pasado, la Corte Nacional de justicia declaró inocentes a William y Roberto Isaías. Según la sentencia, no se hallaron pruebas del delito de peculado en el Feriado Bancario. Sin embargo, la sentencia no significó que los bienes entregados por Filanbanco en la crisis bancaria, sean devueltos, debido a que fueron decomisados por el cumplimiento de obligaciones de carácter civil y administrativo.

Según la defensa de los Isaías, las instituciones demandadas son el Banco Central del Ecuador, la Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Técnica Inmobiliar. 

La Procuraduría General del Estado tiene treinta días para responder a la demanda.

El delito de los Isaías

Entre 1998 y 1999 el gobierno de Jamil Mahuad inyectó USD 8 mil millones a 30 entidades bancarias. Una de ellas fue Filanbanco, propiedad de los Isaías. Los bancos debían devolver a sus clientes el dinero invertido en las instituciones y evitar que pierdan sus ahorros.

A pesar de la intervención del gobierno de Mahuad, los bancos se declararon en banca rota. Con ello ocasionaron la mayor crisis financiera de la historia denominada el Feriado Bancario. Pues el dinero invertido fue destinado a sus accionistas y no a los clientes.

Producto de los sucesos, miles de ecuatorianos tuvieron que migrar, entraron en pobreza extrema e incluso se suicidaron.

La sentencia inicial dictaminaba la culpabilidad de los hermanos Isaías. Entonces, debían pagar al Estado USD 650 millones; se ordenó también la incautación de los medios GamaTV, TvCable y TC.

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“Independiente de la respuesta que nos dé el ministro de Agricultura, vamos a demandar al Estado por violación de derechos en el sector de los trabajadores”, aseguró en una entrevista para Radio La Calle.

El problema del sector bananero comenzó en el año 2010, según Acosta. Desde entonces hay una forma moderna de esclavitud que mantiene al trabajador en condiciones inhumanas de trabajo. “Álvaro Noboa se presenta como un candidato salvador cuando es el mayor explotador de las bananeras”, denunció.

De acuerdo con las declaraciones de Acosta, la crisis sanitaria empeoró la situación de los trabajadores. El Estado obligó a laborar, pero no exigió que las empresas cumplan con un sueldo digno. “Este gobierno se ha preocupado sobre todo por la economía de los más poderosos pero ha olvidado a los trabajadores”, concluyó.

Desempleo y pobreza en el Ecuador

El asambleísta Pabel Muñoz (RC), expuso su malestar por las cifras referentes a la Economía del Ecuador. Los datos provienen del Banco Central (BCE) y el Ministerio de Finanzas (MEF). “No solo entristecen, sino que indignan los datos de economía, empleo, pobreza y confianza institucional.” expresó el asambleísta.

Estos datos son aproximados y atraviesan varios puntos en la economía; uno de ellos es la disminución del -9,6% en el crecimiento económico, según cifras del BCE. También, se evidencia un déficit fiscal de USD 10.162 millones, de acuerdo con el MEF.

Por otro lado, el saldo total de deuda pública es de USD 42.677 millones, cuando al mismo tiempo, se despedían a los trabajadores, y se concesionaban varias empresas, del sector público. Otro rubro que se menciona, es el controversial pago anticipado de la deuda externa, por 1.909 millones de dólares durante la pandemia. (GG)

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