Toapanta dice que la Corte debería dar las pautas para el alcance de los derechos laborales en un contexto de crisis, lo que epresentaría un ‘paraguas’ para las futuras reformas laborales. También sostuvo que la Corte, apenas conoció el caso, decidió tratarlo como ‘preferencial’, no obstante, eso no ocurrió y solo se convocaron a dos audiencias que no significaron un mayor avance.

Añade que se van a cumplir ya dos años de estas demandas sin respuesta. Pero, también hay otra vía para declarar la inconstitucionalidad de la «Ley Humanitaria»: la Asamblea Nacional. Cuando se implementó la ley, se determinó que su derogación era solo a través de la decisión del Pleno Legislativo.

Sin embargo, ello no sería tan factible ya que se trata de decisiones políticas y no técnicas, como las de la Corte por lo que su resolución no sería inmediata ni óptima. Aunque, Toapanta expresa que a pesar de haber presentado más de 20 demandas de inconstitucionalidad a la «Ley Humanitaria» y no haber recibido sentencia, la Asamblea no podría impartir estándares de derechos laborales.

Es decir, podría derogar o modificar la norma, mas no definir las pautas de derechos, lo que sí puede hacerlo la Corte. «La Asamblea trata otros temas de mayor prioridad debido a la coyuntura actual», acotó.

¿Cómo trata la Corte la inconstitucionalidad de la Ley Humanitria?

«Hay jueces y juezas de la Corte que en su libre ejercicio profesional también representan al sector empresarial. O que cuando estaban en instituciones públicas, tuvieron una inclinación al sector empresarial», afirmó refiriéndose al ‘temor’ de que la votación de la sentencia se podría ver limitada.

El colectivo exige que no solo declare inconstitucional a esta ley, sino que sea «un fallo reparador para las miles de personas que en este momento se encuentran precarizadas por esta ley». Pero, explica que si la Corte emite un fallo negativo, volverán a acudir a la Asamblea «con menores posibilidades de actuar».

Dijo que en casos puntuales que lo requieran, acudirán a instancias internacionales, pero que esto tarda mucho más tiempo.

La ley humanitaria

En 2015 se eliminó la norma de contrato a plazo fijo en el Código Laboral, pero esta se volvió a implementar en 2020, con la excusa de la pandemia y el mantener las plazas de trabajo. Esta vez se denominaron «Contratos Especiales Emergentes».

Esto significa que el empleador puede reducir la jornada laboral junto con la remuneración correspondiente. Actualmente, hay al rededor de 100 mil personas que cuentan con este contrato.

Toapanta explica que incluso los microemprendimientos y negocios que recién empiezan se acogen al uso de estos contratos de plazo fijo. Ella explica que ninguno de estos negocios puede justificar el uso de los contratos especiales emergentes ya que se deberían usar en un caso de crisis económica como el de la pandemia de COVID-19 en el año 2020.

La coordinadora del colectivo aseveró que a dos años de la implementación de esta ley, se han perdido más de un millón de empleos estables. Muchas personas fueron obligadas a firmar ‘renuncias voluntarias’ para luego, en el mejor de los casos recontratarlas con un contrato de plazo fijo, según explica.

El empleo precario alcanza el 30%; miles buscan trabajo y otros abandonan el país

Con ello, dice Toapanta, se perdió estabilidad y antigüedad de los trabajadores y, actualmente, el contrato especial emergente es el segundo más usado en el país. .

¿Quienes son los beneficiarios de la Ley Humanitaria?

Toapanta revela los sectores en los que se encuentran la mayoría de este tipo de contratos: sector agroindustrial, florícolas, empresas de lácteos, comercio y floricultoras. Estos sectores se han visto beneficiados por estos contratos que ni siquiera contemplan una diferenciación o focalización de qué tipo o qué empresas pueden incorporarlo.

«Nos preocupa que no exista ningún control por parte del Estado, porque no es necesario que el empleador alegue que está pasando por una crisis de cualquier tipo. Sino que la ley se convirtió en una facultad de cualquier empleador en cualquier momento sin necesidad de que atraviese una crisis», manifestó Toapanta.

Mencionó que el Estado también resultó beneficiado con la Ley Humanitaria, pues la Corte declaró al artículo 25 de esta ley -que ratificaba el nombramiento permanente del personal médico- inconstitucional. Por ello, gran parte del personal público de la salud fue desvinculado a pesar de su derecho al nombramiento permanente expuesto en la norma.

Ante esta situación se han presentado numerosas demandas y el sector empresarial no se ha quedado atrás durante estos años, pues logró que se apruebe esta ley que les ha convenido en cuanto a sus ganancias. No obstante, buscan más retrocesos laborales, advierte Toapanta.

Con ello se refiere al impulso de la reforma Laboral por parte del Ejecutivo, la cual es «altamente precaria», en cuanto a derechos laborales y favorece al sector empresarial.

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“El Presidente ya incumplió enviando un veto criminal”, dijo Virginia Gómez de la Torre, de Fundación Desafío. Esto sobre el veto parcial que presentó el Ejecutivo a la Ley para Garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo en casos de violación.

“El veto promueve la corrupción y promueve la vulneración de los derechos, cuando la Corte Constitucional dijo que debía ser un documento, una propuesta, una ley que proteja a las víctimas”, agregó De la Torre.

Debido a esto, más de 170 mujeres de organizaciones de 15 provincias firmaron la demanda de incumplimiento.

Asimismo, la abogada Angélica Porras explicó que el veto del Presidente incumple todos los parámetros establecidos por la sentencia de la Corte, pues la entidad despenalizó el aborto en caso de violación y la normativa debía unicamente establecer la normativa para garantizar este derecho.

“En ese auto de aclaración se impide que, a través de la ley, se obstaculice el acceso al aborto. Lo que hace el veto del Presidente de la República es exigir que las personas que han sido violadas y que quieren acceder a la interrupción del embarazo presenten una denuncia penal o presenten una declaración juramentada ante un notario”, declaró Angélica Porras.

Las mujeres están organizadas

Sinchi Gómez, de Tranzando Feminismos, dijo que el veto desconoce la desigualdad en el país y ratifica la discriminación hacia las mujeres empobrecidas, de pueblos y nacionalidades.

Rocío Rosero, de la Coalición Nacional de Mujeres, declaró a las mujeres en resistencia. Dijo que no van a tolerar las arbitrariedades del mandatario y sus omisiones a lo dispuesto por la Corte Constitucional.

La Corte Constitucional no estableció un tiempo para responder a la acción presentada. Por lo tanto, las mujeres y feministas anunciaron que seguirán movilizándose en favor de los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y disidencias.

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La jueza, quien deliberó este martes, indicó que el recurso interpuesto por Páez no era la vía adecuada para impugnar el control de constitucionalidad. El mismo argumento es compartido por varios abogados presentes en la audiencia.

Páez, que de acuerdo a su abogado no se presentó por razones de seguridad, afirmaba que la decisión del pleno legislativo «violaba la constitución». Representantes de la Asamblea, la Procuraduría General del Estado y quienes presentaron los Amicus Curiae que sí estuvieron presentes, defendieron la posición del Legislativo.

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Andrés Castillo y Patricio Alarcón presentaron sus demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional junto a la acción contra las amnistías rechazada, puesta por Páez . La tarde del martes 29, la exministra de Gobierno, Alexandra Vela, también interpuso una acción de protección.

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«El Gobierno considera que esas amnistías han sido adoptadas de manera inconstitucional. Y el Ministerio prepara una demanda de inconstitucionalidad que será presentada para que sea analizada, en la Corte Constitucional, la forma en la que esta anmistía fue otorgada», señaló la ministra Vela.

La titular de Gobierno argumentó que varias de las amnistías fueron otorgadas a personas que no podían recibirlas. «No se puede dar amnistía a aquellos que están incursos en delitos que expresamente están prohibidos en la Constitución. Por ejemplo, personas que han estado inmersas en delitos de minería ilegal», aseguró.

Mismo discurso

El 14 de marzo, durante una rueda de prensa, el vocero de la Presidencia, Carlos Jijón, dijo que el Gobierno de Guillermo Lasso respeta las decisiones de las otras funciones del Estado, pero considera la entrega de amnistías, una decisión injusta e irresponsable.

“El Gobierno se opone a las amnistías y está buscando los mecanismos constitucionales para hacer efectiva esa oposición”, advirtió Jijón.

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La bancada de la Unión por la Esperanza, UNES, presentó el pasado 13 de diciembre una demanda de inconstitucionalidad a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal. El bloque legislativo argumenta que esta ley fue negada y publicada de forma inconstitucional.

El Ejecutivo deberá defender o impugnar la ‘constitucionalidad del decreto cuestionado’. Por ahora, la causa se encuentra en fase de sustanciación, según la séptima decisión plasmada en el documento de la Corte Constitucional.

La bancada de Pachakutik y los dirigentes de la CONAIE presentaron también un recurso de inconstitucionalidad sobre esta ley. El presidente de la organización, Leónidas Iza, advirtió que la Ley de Desarrollo Económico es lesiva para la mayoría de los ecuatorianos. 

De la Corte a la Asamblea

El CAL suspendió el la semana pasada la revisión de dos proyectos enviados por UNES y Pachakutik. “Hasta que este Consejo pueda contar con el pronunciamiento de la Corte Constitucional”, escribió el órgano legislativo en un comunicado.

Esta negativa en el tratamiento tuvo el aval de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), la segunda vicepresidenta, Yeseña Guamaní (ID), de  Virgilio Saquicela de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) y Nathaly Arias (CREO).

Tras la decisión del CAL, Darwin Pereira, asambleísta de Pachakutik dijo que parte de la bancada de Pachakutik vote por archivar la ley tributaria es una forma de entreguismo total al gobierno. Esta actitud la ve sobre todo por parte de la presidenta Guadalupe Llori. 

¿Muy tarde?

El pasado 26 de noviembre, UNES y el BAN se abstuvieron de archivar el proyecto de reforma tributaria enviada por el Ejecutivo.

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“Como bancada de UNES hemos venido hoy a presentar la demanda de inconstitucionalidad a La Ley de Reforma Tributaria del Presidente Lasso. Una ley que afecta a la clase media, al pueblo ecuatoriano y que fue promulgada de manera inconstitucional y negada por la Asamblea Nacional. Estaremos vigilantes del trámite que tenga esta demanda”, sostuvo Paola Cabezas, de UNES. 

De igual forma, la bancada de Pachakutik y los dirigentes de la CONAIE presentaron un recurso de inconstitucionalidad. El presidente de la organización, Leónidas Iza, advirtió que la Ley de Desarrollo Económico es lesiva para la mayoría de los ecuatorianos. 

Organizaciones sociales como el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unidad Popular (UP) también llegaron a la Corte Constitucional para demandar la normativa, que consideran beneficia a los que más tienen, permite el blanqueo de capitales y pone el peso de los impuestos sobre las clases medias y pobres.

La reforma tributaria entró en vigencia por el ministerio de la Ley, pues la legislatura no aprobó ninguna de las alternativas mocionadas. No se aprobó el informe de mayoría, tampoco el de minoría ni el archivo de la misma. 

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El movimiento solicitó, este lunes, a la Corte Constitucional (CC) revisar la inconstitucional de la ley de Desarrollo Económico que pasó por el Ministerio de Ley, el 30 de octubre.

En los exteriores de la CC, los asambleístas y la dirigencia de la Confederación de Pueblos y Nacionalidades del Ecuador (CONAIE) indicaron que la normativa “permite legalizar capitales en paraísos fiscales. Además, abre las puertas a la privatización en el sector hidrocarburífero sobre la comercialización de combustibles, dejando al libre mercado el ajuste de precios. También establece que los tributos recaudados no se definirán como ingresos permanentes. De manera que esos rubros no se considerarán para garantizar la salud y la educación”.

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«No es hablar de igualdad ni equidad entre iguales cuando quien adquiere un patrimonio por herencia de miles, a diferencia de quien lo adquiere por millones. No podemos seguir metiendo la mano al bolsillo de la gran mayoría de ecuatorianos», dijo el asambleísta proponente, Peter Calo.

Apoyo de la CONAIE

“Respaldamos al bloque de asambleístas que están apegados a las decisiones de los movimientos populares. Invitamos al resto de asambleístas que acojan y escuchen al pueblo, a la clase media”, dijo el presidente de CONAIE, Leonidas Iza.

Añadió que “no es posible que el pago de estos tributos terminen en el abono de la deuda externa. No se está recuperando para salvaguardar los intereses de los trabajadores y la clase popular en este país”.

El pedido de acción pública deberá ser revisado por los miembros de la Corte Constitucional y no tiene una fecha límite para su trámite.

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Quito, 22 sep (La Calle).- Para el asambleísta Fausto Jarrín, la admisibilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en favor de tres exmiembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, (CPCCS), anticipa un fallo contrario al Estado ecuatoriano.

“La admisibilidad de la CIDH es un preámbulo de situaciones delicadas para el país. No olvidemos que tuvimos dos fiscales encargados que formularon cargos y llevaron a juicio a personas inocentes”, dijo en entrevista con el noticiero «La Ventana» de Radio La Calle.

Jarrín dijo además que la consulta de Moreno incumplió garantías y derechos humanos al no contar con la autorización de la Corte. Por otro lado, criticó al Gobierno de Lasso, pues a su parecer, debería realizar un examen profundo al mandato de Moreno. En lugar de ello, el Gobierno plantea una Consulta.

Según los denunciantes, la Consulta Popular de Moreno fue «inconstitucional» y dio paso a que se designen autoridades «a dedo» a través del Consejo de Participación Ciudadana transitorio.

CIDH acepta la denuncia de los exconsejeros

En 2018, la CIDH emitió medidas provisionales para que el Estado «se abstenga de crear un Consejo Transitorio que pueda generar riesgos en la efectividad del Estado democrático de derecho. Esto incluía los principios de separación de poderes y de independencia judicial, fundamentales para el goce efectivos de los derechos humanos”.

Actualmente la CIDH ha abierto la posibilidad de establecer un diálogo entre las partes y llegar a un acuerdo amistoso.

Correlación de fuerzas en la Asamblea

Además, la bancada de UNES se encuentra preocupada por las leyes neoliberales que se están instaurando en el país. Y están esperando que las fuerzas ‘progresistas’ se sienten a la mesa para estudiar los temas de primera línea, indicó Jarrín

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La demanda señala que mediante el Decreto Ejecutivo 165, publicado en el Suplemento del Registro Oficial 524, el presidente Lasso expidió el Reglamento a la vigente Ley de Arbitraje y Mediación. Sin embargo, Palacios indica que adolece de vicios de inconstitucionalidad por el fondo y por la forma.

Según Palacios, el reglamento sustituye el artículo 422 de la Constitución sobre arbitraje internacional; modifica el artículo 41 de la Ley de Arbitraje, contrario al principio de reserva de Ley; e incumple el principio de jerarquía normativa, que indica que un reglamento no puede modificar la Ley y la Constitución. De igual forma sustituye reglas de arbitraje, para que la nacionalidad del inversionista mayoritario en la transnacional, determine el carácter de internacional.

La legisladora asegura que así es como Perenco ganó el último laudo arbitral. “¿Cuántas empresas más quieren seguir los pasos de Perenco? ¿Qué estudios jurídicos se benefician con esta modificación? Por donde se mire es inconstitucional. ¿Será que la Corte Constitucional actúa en derecho o con el gobierno?”, cuestiona a través de sus redes sociales.

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Esther Cuesta, asambleísta de UNES, sostuvo que el Legislativo, según lo dispone el artículo 419 de la Constitución, debía conocer y aprobar el ingreso al organismo, previo a su ratificación por parte del gobierno de Guillermo Lasso.

En este sentio, indica que el retorno al CIADI es inconstitucional porque viola los artículos 419 y 422, así como la relación con los artículos 167 y 172 de la Constitución de la República.

“La acción inconstitucional del gobierno de Lasso violenta el espíritu de la Constitución y los procedimientos legales establecidos en ella. El Ecuador pierde soberanía. Millones de dólares de los ecuatorianos irán a transnacionales”, señaló en su cuenta de Twitter.

La legisladora Pamela Aguirre añadió que, en 14 casos ante el CIADI, el Ecuador tuvo que desembolsar 1.178.6 millones de dólares. “No se puede anteponer las transnacionales sobre el país”, aseguró.

Santana recordó que, en 1986, el gobierno de León Febres Cordero entró al CIADI con aprobación del Congreso. Asimismo, aseguró que, en 2009, el expresidente Rafael Correa puso fin al convenio con la aprobación de la Asamblea Nacional. Mientras que, en 2021, el presidente Lasso suscribió y ratificó el convenio con el CIADI, violando la Constitución y aduciendo no requerir aprobación de Asamblea.

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En una parte de la resolución se lee: «Desaprobar la suscripción del Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre Estados y Nacionales de otros Estados de 1965 (CIADI) por parte de la embajadora del Ecuador en Estados Unidos, Ivonne Baki, el 21 de junio de 2021. Firma en representación del Presidente de la República, señor Guillermo Lasso Mendoza. El Convenio es contrario al mandato consagrado en el artículo 422 de la Constitución de la República».

La moción impulsada por el asambleísta Ricardo Ulcuango obtuvo votos favorables, en su mayoría, de las bancadas de UNES y Pachakutik. Los votos en contra fueron de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), mientras que las abstenciones vinieron de la Izquierda Democrática y del Partido Social Cristiano.

Los legisladores también resolvieron imponer una demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional (CC). De este proceso hará seguimiento el departamento Jurídico de la Asamblea.

Dispusieron, además, notificar de la resolución al presidente, Guillermo Lasso; al canciller, Mauricio Montalvo; al procurador, Íñigo Salvador y al presidente de la CC, Hernán Salgado.

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«En este momento ya una parte de la ley se encuentra vigente, otra se encuentra en régimen de transición, específicamente la creación de las Juntas y la autonomía del Banco Central del Ecuador. Por eso pedimos la suspensión de la vigencia de la ley, por las afectaciones a la seguridad jurídica, que en un caso ya está cometiendo; y, en otro, están por cometerse, configurándose amenazas al derecho ya mencionado. Hoy por hoy, el derecho a la seguridad jurídica implica incluso ser beneficiarios de una seguridad jurídica financiera que, garantizada desde el Estado, promueva al cumplimiento del buen vivir», explicó Toro a Radio La Calle.

Efectos de la Ley

De acuerdo con Miranda, la ley tiene varios efectos económicos, pero los que más destacan son:

– El Banco Central del Ecuador tendría control sobre los ingresos de dinero por deuda pública externa; y, además, tiene prohibido el financiamiento de cuotas sociales como bonos, lo que implicaría que el presupuesto del Estado para gasto en bienestar social, entra en una situación de incertidumbre y afecta a las personas que necesitan de esto.

– Se pone un límite al Estado para que no pueda disponer de recursos propios, extendiéndose a que no puede financiar a los diferentes sectores que son parte de lo público.

– Esta ley evade que los organismos de control constitucionalmente reconocidos auditen al Banco Central del Ecuador, sino que serán firmas auditoras con calificación internacional.

– No hay que olvidar también que esta ley es muy imprecisa en el tratamiento de la deuda de la banca privada. Tal como está redactada la ley, se abre la puerta a que el Estado las estatice haciéndolas pasivos del Banco Central y convirtiendo al Estado en garante

Demanda de inconstitucional

De acuerdo con Toro se detallaron «específicamente, 28 inconstitucionalidades en 26 artículos de la norma».

Si la Corte Constitucional evalúa favorablemente la demanda, ésta se admite a trámite y comparecen las personas interesadas a través del amicus curiae. » De igual manera, tanto los amicus, como nosotros, los demandantes tendremos que comparecer a audiencia», explicó.

¿Y si aceptan la demanda?

«La ley será declarada inconstitucional y expulsada de nuestro ordenamiento jurídico. Volverían a estar vigentes los artículos del Código Monetario y Financiero tal cual antes de la reforma de esta ley demandada», dijo el jurista.

Además de la inconstitucionalidad, los derechos también corren riesgo.» El derecho constitucional a la seguridad jurídica está siendo vulnerado. Y tambien, que se le dé un tratamiento prioritario por ser un tema de trascendencia nacional», agregó.

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Quito 13 de ene (La Calle).- Un total de 16 prefecturas del Ecuador presentaron una acción de inconstitucionalidad e incumplimiento ante la intención de reducir el presupuesto para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD’s) y la falta de abonos de la deuda que el Estado mantiene con los gobiernos provinciales. Los Consejos Provinciales restantes estarían al día o no plegaron a la acción de orden legal.  

«En el caso de Pichincha, hace 6 meses que no nos han entregado los recursos. El monto asciende a USD 50 millones. Rechazamos los acuerdos ministeriales y pedimos los recursos que debíamos recibir. Nos parece fundamental que la Asamblea asuma el papel de fiscalizador», advirtió la prefecta Paola Pabón.

El prefecto del Carchi, Guillermo Herrera Villarreal, también manifestó su disgusto por la deuda de USD 7 millones. «El Ministerio de Finanzas debe ponerse al día con la provincia fronteriza. Estamos en semáforo rojo de emergencias», añadió.  

No es la primera vez…

El pasado 16 de diciembre de 2020, colectivos sociales y miembros del Gobierno Seccional de Pichincha participaron de un plantón en las afueras de la Plataforma Gubernamental por el impago de deudas que el Gobierno Central tiene con los Gobiernos Autónomos. Alrededor de 250 personas participaron.

Los prefectos presentaron ya una demanda por inconstitucionalidad e incumplimiento ante la falta de aumentos de sueldo. De acuerdo a cálculos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador y del Consejo de Gobiernos Provinciales del Ecuador, el Estado les adeuda un total de 700 millones de dólares.

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En una carta abierta a la ciudadanía, Arauz explica las razones que le llevaron a presentar esta demanda. De acuerdo con el procedimiento parlamentario, una vez que se cierra el segundo debate lo que procede es empezar la votación.

«Sin embargo, la asambleísta Ana Belén Marín, perteneciente al bloque gobiernista, introdujo texto al articulado después de cerrado el debate en Pleno. Lo que significa que los asambleísta votaron por una ley diferente a la que debatieron», dice el economista.

El hecho «vicia el conocimiento de los legisladores que votaron a favor, anula la votación. En consecuencia, quita toda validez jurídica al texto de la ley».

Voto de Mendoza

Otra de las razones que alega Arauz es la votación del exasambleísta morenista Daniel Mendoza, quien, aunque votó a favor, tenía la cámara y el micrófono apagado. «Dicho de forma sencilla cualquier persona pudo haber realizado la votación que se le atribuye al exadambleísta Mendoza», agrega.

Por otro lado, Arauz apela a las declaraciones que Mendoza realizó en su testimonio anticipado del Caso Pedernales. «Respecto del otorgamiento de beneficios ilegítimos que supuestamente había realizado el Ministerio de Gobierno a algunos de los asambleístas que votaban favorablemente en los proyectos de ley propuesto por la bancada gobiernista o el presidente de la República», expresa.

El pasado 16 de mayo, con 72 votos positivos, 63 negativos y 2 blancos, el Pleno de la Asamblea aprobó la denominada Ley de las Finanzas Públicas. En la primera votación, el proyecto alcanzó 67 votos afirmativos, 65 negativos y 5 abstenciones.

El pasado 16 de julio, la Ley se integró al cuerpo normativo nacional. Esto ante la incapacidad de la Asamblea Nacional de darle un tratamiento a las observaciones del Ejecutivo.

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“Junto a Mauricio Zambrano presentamos ante la Corte Constitucional una demanda de Inconstitucionalidad del Código a la Democracia y el Reglamento. Este cambio vulnera los derechos de participación política, principios de igualdad y no restricción de derechos”, indicó Melo en su cuenta oficial de Twitter.

En la acción, participaron los asambleístas por el exterior Mauricio Zambrano y Esther Cuesta. “Es inconstitucional que la aceptación de precandidaturas se haga personalmente en Quito”, dijo la legisladora.

El pasado 6 de julio, el Consejo Nacional Electoral aprobó el Reglamento para la Democracia Interna de las Organizaciones Políticas, en donde establece que “La proclamación y aceptación de precandidaturas de postulación popular es expresa, indelegable y personalísima, y se realizará en unidad de acto en el plazo de 10 días de efectuada la elección, ante los delegados del Consejo Nacional Electoral, en las oficinas de la dirección nacional de organizaciones políticas tratándose de dignidades nacionales”.

Correa aún podría participar en las elecciones 2021

De aprobarse, la demanda de inconstitucionalidad posibilitaría la participación de Rafael Correa en las elecciones 2021. En consecuencia, la reforma hecha por el CNE impide la aparición del expresidente en la papeleta, ya que, si viaja a Quito para aceptar su candidatura, la justicia lo detendría por el proceso judicial “Caso Sobornos 2012-2016″ en su contra.

Adicionalmente, Andrés Arauz, el precandidato a la presidencia de la República por Unión por la esperanza (UNES), se refirió en una conferencia digital que sobre estas reformas. Para Arauz, el nuevo artículo busca impedir la candidatura de Correa para la Vicepresidencia de la República en el “binomio de la Esperanza”.

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