El origen de la medida

La tarifa fue implementada por el Gobierno como parte de un plan para fortalecer el control de la actividad minera y financiar la lucha contra la minería ilegal. Según estimaciones oficiales, podría recaudar alrededor de USD 229 millones anuales que serían destinados a monitoreo, control y remediación ambiental.

https://x.com/ARCOM_Ecu/status/1938828707491389634?t=9wst2u4nuiVB13BeBxuldg&s=19

Argumentos de los mineros

Las organizaciones demandantes sostienen que la tasa es desproporcionada y perjudicial para pequeños y medianos productores, que ya cumplen con obligaciones tributarias y legales.

Advierten que la medida podría provocar el cierre de minas formales y aumentar la informalidad en el sector.

“Somos mineros legales y no podemos pagar valores tan exagerados ”, señaló Guillermo Godoy Presidente de la Cámara de la Pequeña Minería del Ecuador (CAPEMINE)

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El siguiente paso legal

La Corte Constitucional deberá decidir si admite a trámite la demanda y, en caso de hacerlo, evaluar la constitucionalidad de la norma. Los gremios piden que se suspenda la aplicación de la tasa hasta que se realice un análisis técnico y económico sobre su impacto.

Posición del Gobierno

El Ejecutivo defiende el cobro como una herramienta clave contra la minería ilegal, actividad que, según el Ministerio de Energía y Minas, ha crecido de forma acelerada y genera daños ambientales y pérdidas fiscales millonarias.

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La demanda busca que se declare que México ha incumplido sus obligaciones de no respetar las leyes y preceptos del Estado receptor al «interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática». Esto – según la Cancillería – por las declaraciones que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en una de sus ruedas de prensa mañanera.

A ello suman en su pedido el no cumplir «sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentren procesadas o en juicio por delitos comunes o tengan condenas por tribunales ordinarios competentes, y de entregarlas a las autoridades locales».

Por otro lado, en la demanda de México contra Ecuador se pide, entre otras cosas, la suspensión de nuestro país en la ONU tras la violación de la inmunidad de los espacios diplomáticos como las embajadas.

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«Estamos pidiendo la detención y la extradición del presidente Noboa por el secuestro de un asilado que es el exvicepresidente Jorge Glas. Es un asunto muy fuerte, una violación muy grave no solo a las leyes internacionales sino también a las de nuestro país que aplica en cualquier embajada de México en el mundo y estamos presentando esta denuncia al fiscal general de la República», dijo a los medios de comunicación.

Añadió que «es un acto sin precedentes en la historia de la diplomacia mexicana que viola la Convención de Viena de la inmunidad de las embajadas y además la ley de Asilo (…) Quien decide el asilo es el país que otorga no el que persigue. Asaltaron la embajada, lo sacaron de allí (a Glas), lo encarcelaron, ha trascendido que recibió tortura».

Por otro lado, respecto a las disculpas que ofreció la senadora Lilly Téllez al presidente de Ecuador, el diputado expresó que «ella no representa al pueblo de México, es una posición personal. Ni siquiera su partido (PAN). No hay un sólo país que haya validado el asalto violento a nuestra embajada. La comunidad internacional ha condenado este hecho gravísimo, Estados Unidos inclusive corrigió frente al llamamiento de nuestro compañero presidente Andrés Manuel López Obrador». (MIB)

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Quito, 27 dic (La Calle).- El diario The New York Times demandó a OpenAI y Microsoft por infracción de derechos de autor, alegando que la tecnología de inteligencia artificial de estas empresas copió ilegalmente millones de artículos para entrenar ChatGPT y otros servicios de información que ahora compiten con el contenido original del diario.

La denuncia, presentada este miércoles en el Tribunal Federal de Distrito de Manhattan (Nueva York), es la última de una serie de demandas que pretenden limitar el supuesto scraping (cribado) de amplias franjas de contenido de todo Internet -sin compensación alguna a los autores o las empresas editoras- para entrenar los llamados modelos de inteligencia artificial.

Pero la demanda del Times reviste singular importancia por tratarse de la primera procedente de un gran medio de EE UU que se enfrenta a OpenAI y Microsoft, las marcas de IA más reconocidas. El periódico explica que OpenAI y Microsoft utilizaron otras fuentes en su “copia a gran escala”. “Hicieron especial hincapié en el contenido del Times” buscando “aprovecharse de la enorme inversión del Times en su periodismo. Utilizándolo para crear productos sustitutivos sin permiso ni pago”.

Blindaje

El rotativo neoyorquino es uno de los principales medios de EE UU, incluida la CNN, que a principios de este año añadieron código a sus sitios web para bloquear el rastreador web de OpenAI, GPTBot. Querían evitar así que escanee sus plataformas en busca de contenidos.

La compañía descubrió hace meses que su trabajo se había utilizado para hacer rodar los grandes modelos lingüísticos de las empresas de IA. En abril, empezó a negociar con OpenAI y Microsoft una compensación justa y cómo fijar los términos de un acuerdo. Pero, incapaz de llegar a un entendimiento con las dos tecnológicas, ha optado por la vía judicial. 

Microsoft y OpenAI no se han pronunciado por el momento acerca de la denuncia.

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El film dirigida por John Lee Hancock fue nominada a los Premios Oscar como ‘Mejor Película’ y Sandra Bullock ganó el Oscar a la Mejor Actriz por interpretar a el papel de Leigh Anne Tuohy.

Michael Oher denuncia el doble engaño de lo Tuohy

14 años después de su estreno Michael Oher (37 años) ha presentado una demanda a un tribunal de Shelby (Tennessee) aludiendo que un elemento central de la historia fue una mentira por la familia para enriquecerse a su costa.

Michael Oher alega que Sean y Leigh Anne Tuohy, quienes supuestamente acogieron a Oher en su casa cuando era estudiante de secundaria para ayudarle con los estudios y en su carrera en el fútbol americano, nunca lo adoptaron tal y como se explica en la película y en el libro ‘The Blind Side: The Evolution of a Game’.

El exjugador de Baltimore Ravens, Tennessee Titans y Carolina Panthers argumenta que menos de tres meses después de cumpliera 18 años, la pareja lo engañó para que firmara un documento que los convertía en sus tutores, lo que les otorgaba autoridad legal para hacer negocios en su nombre con los que tanto ellos como sus dos hijos biológicos ganaron millones de dólares por los derechos de la película y el jugador no ingresó nada.

«La mentira de la adopción de Michael es una en la que Leigh Anne Tuohy y Sean Tuohy se han enriquecido a expensas de su pupilo, el abajo firmante Michael Oher. Michael Oher descubrió esta mentira para su disgusto y vergüenza en febrero de 2023, cuando se enteró de que la tutela a la que accedió sobre la base de que al hacerlo lo convertiría en miembro de la familia Tuohy, de hecho no le proporcionaba ninguna relación familiar con los Tuohy», se explica en la demanda.

Sean Tuoh reconoce que están «devastados» tras las acusaciones de Oher

En unas declaraciones al ‘Daily Memphian’ Sean Tuohy, papel interpretado por Tim McGraw, reconoce que «estamos devastados» y declara que «es molesto pensar que ganaríamos dinero con cualquiera de nuestros hijos. Pero vamos a amar a Michael a los 37 años como lo amamos a los 16».

Piden que le quiten el Oscar

En Twitter una corriente de usuarios está pidiendo que Sandra Bullock devuelva su Premio Oscar a Mejor Actriz por ‘Un sueño posible’ (The Blind Side) tras conocerse la supuesta mentira en la que está basada el argumento de la película.

Redacción: Marca

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El juez Jhoel Escudero conocerá la demanda planteada por los exasambleístas Esteban Torres (PSC) y Yeseña Guamaní (ID). El juez Enrique Herrerría tramitará demanda de los exlegisladores Ángel Maita, Mireya Pazmiño, Dina Farinango, Janeth Llano y Fernando Cabascango (facción de PK).

Está en manos de la Corte

«Lo que esperamos respetuosos de la constitución, de la ley y la convivencia pacífica de este país es que sea la Corte la que dirima este conflicto. Nosotros respetaremos la decisión que sea. Si el decreto carece de legalidad y constitucionalidad, la Asamblea se mantendrá en pie con las espectativas de los ecuatorianos estos dos años. Si el decreto – por el contrario – tiene la validez de la Corte, nos iremos a elecciones. No tenemos temor alguno», dijo el exlegislador, Esteban Torres al presentar la demanda.

El exasambleísta fue enfático al decir que «si esperaban que nos enfrentaramos a 2.000 militares armados que han copado la Asamblea Nacional, se equivocaron. Nosotros somos institucionalistas, respetuosos de la ley y la Constitución».

De acuerdo con Torres, la muerte cruzada traería «un cero entusiasmo por la inversión pública, un rechazo internacional al haber metido más de 1.500 militares al poder Legislativo. Esto ha sido visto muy mal en el exterior».

En el caso de que la Corte Constitucional concluya que el decreto es inconstitucional, la Asamblea retomaría sus funciones y el juicio político podría continuar, a opinión del exlegislador. Sobre si esta decisión afectaría al Partido Social Cristiano (PSC), expresó que «Quienes pensaban que con esta decisión le enterraban al PSC, quizás han calculado muy mal». (MIB)

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El primer mandatario eligió a José Ángel Ávala como nuevo gobernador a través del decreto ejecutivo 677. «Ávala fue designado con la consigna de cuidar la seguridad en la provincia», reza el comunicado de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia.

Además, Fernando Vargas, representante en la Península del Comité de los Derechos Humanos y Humanismo del Ecuador, dijo para diario Expreso que demandará al Municipio de Salinas y a Archundia por su responsabilidad en los «hechos vandálicos» ocurridos en la ciudad. «No se debe pasar por alto aquella barbarie», señaló.

Una orgía pública

Videos que circulan en redes sociales muestran fuertes riñas, el cierre de las vías, robos y el descontrol general que la ciudadanía vivió la noche del 19 y madrugada del 20 de febrero en Salinas, provincia de Santa Elena.

La ciudadanía denunció a través de redes sociales el abuso por parte de delincuentes que justificaron sus actos por el feriado de carnaval. Las grabaciones exponen a autos saqueados y ocupantes agredidos con carioca, huevos y harina.

Las peleas callejeras también tuvieron lugar en las vías, lo cual generó un intenso tráfico y pánico entre los turistas. Antes del caos general , la Policía Nacional rondaba la zona y controlaba diversos pleitos generados por las situaciones violentas y faltas de respeto ocasionadas por “jugar carnaval”, sin embargo, todo se salió de control.

La situación llegó hasta Chipipe, donde los habitantes del sector llamaron a las fuerzas del orden para controlar los escándalos que tomaron lugar, según la grabación de una cámara de seguridad.

En otro video se observa a un hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales encima del capó de un vehículo, en medio de todo el gentio mientras les lanzaban espuma de carnaval.

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«No, no tiene pensado cambiarse de domicilio (…) y solo saldrá para visitar a su familia (…) la Fiscalía ha anunciado que va a apelar la decisión, pero me parece una locura, pero nosotros la enfretaremos como hemos venido enfrentando el proceso por casi cuatro años».

El martes 31 de enero, la justicia determinó la inocencia del activista. El Tribunal de Garantías Penales de Pichincha ratificó el estado de inocencia de Bini y dejó sin efecto todas las medidas cautelares dispuestas en su contra en esta causa que inició en el 2019.

Ola Bini expresó su conformidad con la decisión unánime del tribunal a través de redes “Ganamos”.

Ola Bini fue detenido por la Policía Nacional en el Aeropuerto Mariscal Sucre sin una orden judicial el 11 de abril de 2019. El informático suizo fue acusado de confabulación contra el Estado ecuatoriano bajo el argumento de que Bini mantenía conversaciones con Julian Assange, a quien se le acababa de retirar el asilo político en la embajada de Ecuador, en Londres.

La exministra del Interior, María Paula Romo había expresado en una rueda de prensa que en Ecuador viven hackers miembros de WikiLeaks que «intentaban» desestabilizar el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno.

La casa de Bini fue allanada e investigada por la Policia, mientras el informático permanecía esposado fuera de su domicilio. La audiencia posterior levantó en su contra cargos por el delito de vulneración de sistemas informáticos. (O.S.V)

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El vicepresidente de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo del Ecuador, Iván Casanova, expresó que el plan «fracasó, la ecoplús ya no se está vendiendo». El proyecto inició con 60 estaciones en dos provincias costeras, pero ya se han retirado tres. Además, el gremio precisó que es muy probable que otras gasolineras den de baja este combustible.

La expectativa de ventas era de 60 mil galones por día, pero solo se logran 10 mil por día. De toda la venta de combustibles a nivel nacional, la ecoplus 89 representa el 0,01 %, según diario Expreso.

La Cámara está a la espera de una explicación de Petroecuador respecto a la baja demanda y, sobre todo, si se seguirá produciendo. Para Casanova, hay que retirarla del mercado.

No rinde…

«Ya la hemos probado por cuatro meses y el producto no ha tenido la demanda esperada. Para vender mil galones tenemos que invertir entre USD 3.200 y USD 3.500 y esa cantidad se vende en 10 días; mientras que la eco, esa misma cantidad se comercializa en dos horas», reseñó el medio.

Una de las razones de las pocas es ventas es el precio del galón. La ecopaís cuesta USD 2.40, mientras que la ecoplus 89 tiene un costo de USD 3.40. La ciudadanía, por tanto, escoge la de menor valor; sin contar la súper, porque su elección depende del tipo de vehículo.

Para la Cámara, el Gobierno Nacional mantiene un gasto innecesario en la elaboración de la ecoplús 89. No obstante, este combustible continuará vendiéndose en estaciones de Guayas y Esmeraldas, pero su futuro es incierto.

Era una alternativa

En agosto de 2022, la estatal Petroecuador y el Gobierno de Lasso anunciaron el lanzamiento del plan piloto de la ecoplús 89. Presentaron el nuevo combustible como alternativa a la Extra o Ecopaís.

Según uno de los altos cargos de petrolera pública, Stalin Salgado, la nueva gasolina es más amigable con el ambiente y de mejor calidad.

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“El 27 de febrero la señora asambleísta me difama como atracador del Estado por la supuesta compra de un vehículo por un valor de USD 120.000. Nada más alejado de la verdad”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Rodríguez recalcó que la asambleísta abusó de su poder mediante la inmunidad parlamentaria y afectó a su reputación profesional y personal.

“Ningún ciudadano, por más que sea un asambleísta, se puede esconder detrás de una curul para difamar, calumniar e injuriar y para destruir el prestigio profesional de un ciudadano cualquiera”, afirmó el exgerente.

Además, comentó que ya interpuso la demanda ante los juzgados correspondientes y solicitó que se pronuncie la justicia ecuatoriana a favor o en contra de esta denuncia.

“Siguiendo el artículo 128 de la Constitución la señora Cordero tiene que despojarse de la inmunidad parlamentaria”, aseveró Rodríguez.

El exgerente sostuvo que la denuncia realizada por Cordero no tenía fundamentos e incluso era una denuncia mal redactada.

“El día de ayer en un medio de comunicación ella decía no se ha fijado en el contrato, que se ha fijado en el asiento contable. Ni en eso se fijaron porque el asiento contable en el 2016 señala el valor depreciado a 3 años de los vehículos que se compraron”, expresó Rodríguez.

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Nebraska Montenegro es la presidenta de la organización y a sus 66 años encabeza la lucha de este sector del colectivo trans que solicita la reparación estatal. “Se cumplen tres años de la demanda al Estado ecuatoriano y no hay ninguna respuesta. Estamos exigiendo que se dé trámite a este pedido sino recurriremos a otras instancias”, aseguró.

Añadió que la situación de las sobrevivientes es difícil. Muchas de ellas deben trabajar en la informalidad. “Hay compañeras que tienen más de 70 años y están en la vía pública cuidando carros para sobrevivir”.

En los años 80 y 90 cuando la homosexualidad figuraba como delito en el Código Penal, las calles no eran seguras para el colectivo LGBTIQ+. La discriminación en los hogares hacía que tuvieran que enfrentarse al mundo solas y solos a muy temprana edad. La marginación les impedía llevar una vida digna. Finalmente, la violencia policial ponía en peligro sus vidas. El colectivo trans continúa siendo uno de los más vulnerables de toda la comunidad.

“Se cumplen 3 años de la demanda que las sobrevivientes de Coccinelle al Estado por delitos de lesa humanidad. Hay compañeras que murieron precariamente. Las personas que quedan siguen luchando aunque tienen una edad avanzada. El Gobierno Central no se preocupa, no crea planes para que puedan incluirse y vivir dignamente el resto de su vida”, explica Emilio Cruz, activista y también miembro de la Nueva Coccinelle.

El aporte

Coccinelle fue una organización de extrema importancia para la comunidad GLBTIQ+ en los años 80 y 90. Los miembros del colectivo sufrían no solo la discriminación ciudadana sino también torturas, violaciones y malos tratos por parte de la Policía, especialmente la comunidad trans. “Nosotras empezamos a luchar por la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Fue la primera organización que se volcó a las calles para luchar por la despenalización. Éramos perseguidas, reprimidas y torturadas”, explicó Nebraska.

El 25 de noviembre próximo se cumplirán 24 años de la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador. Sin embargo, en la actualidad, los miembros del colectivo GLBTIQ+ todavía sufren discriminación y la marginación en varios aspectos sociales. Por lo que urge que el Estado pueda emitir políticas públicas que protejan y garanticen los derechos de esta comunidad en el Ecuador. MIB

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“Hemos presentado una medida cautelar para evitar la vulneración de derechos constitucionales, que pretende implementar el señor Fernando Balda a través de la “depuración” y su discurso de odio. La democracia no puede tolerar la apología de la violencia política”, publicó AJP vía Twitter.

Sobre la medida cautelar

La medida fue interpuesta tras las publicaciones de Fernando Balda en sus redes sociales. En Facebook, el ciudadano realiza apología de discriminación y odio político, indica el colectivo. Además, llama a registrar una base de imágenes de personas, que a su criterio, serían “corruptas y desestabilizadoras”.

También añade que la información recolectada a través de su página será entregada a la Presidencia de la República. Esto con el fin de “depurar las instancias gubernamentales de correístas”, según Balda.

Frente a esta situación, AJP solicita a la autoridad judicial la “eliminación de sus redes sociales de los mensajes que hemos mencionado en la presente demanda, así como elimine la página web (http://depuracionec.com)”

La demanda se realizó en la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia en la Mariscal Sucre, en Quito.

La caza de brujas de Balda

El ciudadano Fernando Balda anunció, este lunes, una plataforma que, a su juicio, permitirá depurar las instituciones públicas de funcionarios «correístas».

«Hacemos el lanzamiento oficial de la web http://depuracionec.com para ayudar al Presidente Guillermo Lasso a depurar las instancias gubernamentales de infiltrados correístas que representan estancamiento, corrupción y amenaza de desestabilización», escribió en su Twitter.

No quedó allí. Balda se refirió a los funcionarios «correístas» como «corruptos» y una «plaga» que debe controlarse. «Los correístas corruptos son la peor plaga y debe ser neutralizada en la sociedad. Si no lo hacemos volverán a saquear el Ecuador y reinará la impunidad. No importará quién gobierne, lo corromperán y se tomarán el gobierno y el país. Por ello debemos actuar antes que sea tarde».

Ya, pero…¿qué es una medida cautelar?

En Ecuador, una medida cautelar es una figura jurídica busca prevenir, impedir o interrumpir la violación de un derecho. Solo aplica en ámbitos constitucionales y existen dos tipos: medidas cautelares reales y personales.

Las reales refieren a las resoluciones que dicta el poder judicial sobre cosas o bienes. Mientras que las personales son aquellas que velan por los derechos constitucionales de una persona.

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“El presidente Lasso dijo que se deshizo de sus empresas, pero no explicó cómo se deshizo de ellas dejando a sus propios familiares como testaferros. […] Los ecuatorianos no estamos para tragarnos esos cuentos, es clarísimo que sigue siendo él quien controla las empresas en paraísos fiscales. No se han repatriado esos recursos al Ecuador. No hay evidencia de que esas ganancias regresaron, sino que muestre la evidencia en cadena nacional quien controla esas empresas”, dijo en una entrevista con Pichincha Comunicaciones.

Para el economista esta práctica no es nueva, desde 1991 Lasso habría constituido su primera empresa offshore. “Él tiene que decir cuánto dinero tenía en el exterior. No nos quiere decir porque eso altera sus declaraciones juramentadas y para eso impulsó una serie de artículos en el proyecto de Ley de Oportunidades. Crear un impuesto para regularizar los impuestos evadidos ¿Se imaginan?”, añadió.

El patrimonio

En el año 2001, de acuerdo con Arauz, una de sus empresas offshore representaba alrededor de USD 40 millones. “Estoy seguro de que, en 20 años con sus especulaciones, empresas, manipulaciones de precios en el Banco de Guayaquil, la cantidad será mucho más alta”.

“No se puede pasar a terceros las empresas porque eso es evasión y eso es lo que hizo a través de los fideicomisos. Él incumplió lo que dice la Ley en Consulta Popular, todo el país lo sabe y él también. Decía que su patrimonio estaba en Ecuador y hace unos días admite que tenía patrimonio en el exterior y que ya lo trajo. No hay forma de escapar”, agregó el economista.

Sobre el Consejo Nacional Electoral, el presidente entregó una declaración juramentada como todos los candidatos. “Nosotros impugnamos con una montaña de evidencia. Si el señor Lasso no está ajustado a la verdad, demándenlo por perjurio y eso tiene que hacer el pueblo ecuatoriano porque fuimos engañados”.

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La denuncia incluye a Correa, Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia; a Guillaume Long, expresidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces); y René Ramírez, expresidente del Consejo de Educación Superior.

Este procedimiento se realiza, a juicio de los denunciantes, debido a la confiscación de bienes muebles e inmuebles. También fondos en efectivo en las cuentas, pasivos y cuentas por cobrar que se retuvieron a estas instituciones “de manera legal e inconstitucional”.

“Existen más de 100 propiedades, entre edificios, terrenos, centros de formación que se confiscaron, muchas infraestructuras han sido rematadas. Es necesario que el Ecuador sepa y conozca a profundidad qué hicieron con los recursos materiales porque el perjuicio es millonario”, le dijo presidente de la Preasociación de Universidades Cerradas, Armando Estrada, a diario El Universo.

Las 13 universidades cerradas en abril del 2012 solicitaron a Fiscalía conformar una comisión especial que exija a la institución correspondiente los informes y testimonios de los evaluadores in situ, los pasivos y cuentas por cobrar que se confiscaron a esos centros de estudios.

La respuesta

El expresidente Rafael Correa respondió a la noticia con una frase en su cuenta de Twitter. “Tiempos de Cambalache”, seguido del #LosCorruptosSiempreFueronEllos.

Estas universidades se clausuraron por no cumplir con los estándares de calidad necesarios para ofrecer este tipo de servicio educativo. La mayoría funcionaba en casas pequeñas, de allí el nombre de “universidades de garage”.

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“La empresa aludió que producto de “estas medidas” ha resultado la destrucción efectiva de la inversión realizada y de los retornos realizados, lo que constituiría una expropiación ilegal y violación al trato justo y equitativo”, dice parte del comunicado.

Las medidas a las que se refiere la empresa son las declaraciones que Lenín Moreno hiciera en enero de 2019 cuando indicó que “existían conclusiones vergonzosas a las que había llegado la investigación liderada por la ONU sobre corrupción en estos proyectos. Supuestos sobreprecios millonarios, daños estructurales, errores de ingeniería. A decir del exmandatario, existió un sobreprecio de USD 5.000 millones”.

Acusaciones infundadas

La asambleísta explicó que los hechos que denunció Moreno “no han sido comprobados ni por la Fiscalía General del Estado ni por la Contraloría General”. Añadió que esas declaraciones fueron herramienta de persecución política, de mediatización de la justicia y criminalización de la política (lawfare).

El 23 de mayo, antes de su posesión, el presidente Guillermo Lasso anunció la privatización de las Refinerías del Pacífico y Esmeraldas y el Gasoducto de Machala, lo que, a juicio de la legisladora, implica una afectación a los intereses de los ecuatorianos.

Acciones

Palacios solicitará en las próximas horas la comparecencia del Procurador General del Estado, Íñigo Salvador; el Ministro de Energía, Juan Carlos Bermeo y el gerente de Petroecuador. También a las exautoridades responsables de estos proyectos emblemáticos “para dar con las autoridades y funcionarios responsables de este perjuicio al Estado”.

Procesos de arbitraje internacional

El procurador Índigo Salvador indicó a la asambleísta que Ecuador tiene siete procesos pendientes de arbitraje internacional. Maessa y otros (TBI Ecuador -España), Chevron III (TIB Ecuador – EE.UU), Merck Sharpan Done (TBI Ecuador – EE.UU), Holcim (TBI Ecuador – España) y Petroquímica Comodoro (TBI Ecuador – Argentina).

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Según el magnate, las plataformas están atentando contra la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que protege la libertad de expresión.

Trump afirma que los gigantes de internet regulan la información a conveniencia, afectando la democracia.

La demanda iniciará en las cortes de Florida. Los gigantes virtuales censuraron al republicano por incitar en Twitter la toma de la Casa Blanca en las elecciones de enero.

America First Policy Institute es un grupo de políticos y activistas de variadas posturas que están respaldando a Trump contra Marck Zckerberg, Sundai Pichai y Jack Dorsey, dueños de las grandes empresas tecnológicas.

Trump lanzó su propia red social llamada Gettr, en menos de 12 horas se registraron más de medio millón de usuarios. Sin embargo, dos días después, el 5 de julio, la plataforma fue eliminada.

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Quito 3 de may (La Calle).- El presidente del COE Nacional, Juan Zapata, informó que se prepara la normativa para prohibir la exportación de oxígeno medicinal. La decisión fue motivada por la alta demanda interna, así lo manifestó el funcionario durante la rueda de prensa de este lunes.

«Esta acción fue definida por las Gobernaciones que observaron un déficit en la adquisición de oxígeno medicinal y de la mano la especulación de precios. Al existir una alta demanda nuestra decisión es firme. Requerimos que la producción del oxígeno medicinal se quede en el país para que abastezca a la población», dijo el coordinador del ECU 911.

De acuerdo con las declaraciones, la mayor exportación se realiza a Colombia y Perú.

Zapata acotó que se pondrá techo a los precios de la comercialización del producto en el país. El tanque de 6 metros cúbicos podrá venderse en USD 36, mientras que el tanque de 8 metros cúbicos tendrá un costo máximo de USD 48 y el de 10 metros cúbicos cubrirá un monto de USD 60.

Aumenta seis veces la demanda de oxígeno

La demanda de oxigeno se ha multiplicado seis veces en la Capital. Juan Serrano de la empresa de oxígeno medicinal Medigas asegura que las llamadas diarias pasaron de 50 a 300 diarias. No puede abastecer a todas las personas a excepción de aquellas que ya cuentan con el equipo necesario. El ciudadano comenta que tiene desabastecimiento de equipos porque los pedidos se aplazaron a dos meses por la demanda

«La demanda se mantiene desde el año anterior. A veces hay una falsa idea de que descendió y esto se debe a que más empresas se suman a la venta de oxígeno porque ven una oportunidad de negocio. Desde este año hay un crecimiento gradual que lentifica la importación de equipos. Aunque uno quisiera traer los pedidos, no se puede», menciona.

Los precios del oxígeno oscilan de USD 8 a 55 la recarga. Todo depende de la dosis que el paciente requiera. «No todos necesitan la misma cantidad entonces el mismo tanque puede durar de 8 horas o tres días», sostuvo.

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El Juez del distrito Sur del Guayas concedió la Acción de Protección, presentada por el escritor Velasco Mackenzie, quien sostenía que el nuevo reglamento era inconstitucional.

La autoridad máxima del distrito Sur del Guayas aclaró que no podía dar curso a la demanda porque no eran sus competencias, pero «si la violación de los derechos humanos que reclaman los gestores culturales».

El Juez dispuso también que el presidente de la CCE socialice a través de los medios masivos por 30 días la declaración de participación libre para todos los miembros del Registro Único de Artistas y Gestores Culturales (RUAC).

Pronunciamiento de Gestores Culturales

El actor y gestor cultural, Javier Perugachi, comentó que felicita a sus compañeros por liderar estas «acciones democráticas».

Afirmó también que este triunfo siembra un precedente ante la vulneración de derechos. “Simplemente que se deje votar y se abra el padrón a todos quienes estén en el RUAC”, finalizó.

Perugachi aseguró que la demanda emitida por Jorge Mackenzie fue respaldada por los presidentes de los Núcleos de Tungurahua, Manabí, Azuay y por el Movimiento «Mafia Disidente» de Quito. «Esto se lo realizó legalmente con un ‘Amicus Curiae’, para secundar y apoyar la petición del demandante como representantes del RUAC.

Antecedentes de la Demanda de Inconstitucionalidad

La Junta Plenaria de la Cultura aprobó el 6 de febrero un nuevo reglamento para las elecciones. Poco después, la Unidad Judicial Penal Sur de Guayaquil recibió la demanda presentada por el escritor Jorge Velasco Mackenzie.

La acusación se dio por la aprobación de un Reglamento que, según la decisión, vulnera derechos de los miembros. La misma institución emitió la tarde del mismo día una acción de protección frente al recurso de Velasco Mackenzie.

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«Este es un compromiso de la Institución Nacional de derechos humanos con las mujeres, ya que frente a los casos de violación no se les permite tomar en libertad la decisión de interrumpir un embarazo», expresó el Dr. Intriago.

El Defensor puntualizó que el país está en deuda con las mujeres porque cuando penaliza el aborto por violación «lo que les queda a las mujeres es la clandestinidad. (…) Estamos hablando de que 7 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de acoso o violencia sexual», puntualizó.

El próximo Gobierno deberá tener una política clara, no solo de los derechos de las mujeres. Carrión enfatizó en que el próximo mandatario deberá erradicar la violencia de todo tipo: sexual, reproductiva, laboral, económica, patrimonial, en todos los niveles.

Cifras lamentables

Sybel Martínez, activista y vicepresidenta del Consejo de Derechos de Quito, explicó a Radio La Calle que en Ecuador asesinan a una mujer cada 31 horas; a diario violan a nueve, abusan físicamente de siete y psicológicamente de nueve.

«El Estado mira desde lejos esta realidad. No hay políticas públicas sino de parche. Tampoco trabaja en prevención», dijo Martínez.

Datos del Ministerio de Salud Pública revelan que desde el 1 de enero al 30 de septiembre de 2020, se registraron 13 muertes de niñas y adolescentes durante el embarazo, parto o post parto.

Veto al COS

En septiembre del 2020, el presidente de la República, Lenin Moreno, vetó totalmente el Código Orgánico de la Salud (COS). Este proyecto pretendía garantizar los derechos reproductivos y de salud sexual de las mujeres.

De acuerdo con las organizaciones feministas y la Comisión de la Salud, el COS respondía al derecho de atención médica por aborto. Con el veto, Moreno sepultó los derechos sexuales y reproductivos de la mujer ecuatoriana.

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Quito 28 de ene (La Calle).- El colapso hospitalario frente a la demanda de pacientes por Covid-19 reforzó la demanda de tanques de oxígeno en los negocios particulares en julio, agosto y septiembre del año pasado.

Durante este periodo, la empresa SEIPRO, por ejemplo, recibía alrededor de 30 llamadas diarias por este servicio de las cuales 10 eran atendidas.

“Antes de la pandemia recibíamos entre dos y tres llamadas al mes por oxígeno medicinal. Generalmente lo usaban adultos mayores por ahogo o frío en las noches. En cambio, para agosto y septiembre, vendíamos alrededor de 10 tanques diarios hasta que se terminaron y no teníamos abastecimiento”, asegura la propietaria del local, Nathalie Albuja.

Entre diciembre del año pasado y enero de este año, la dueña del negocio afirmó que están aprovisionados del elemento, pero la demanda redujo a tres llamadas semanales. “Ahora los hospitales están abasteciendo de oxígeno a los pacientes. Si usted lleva su tanque a los centros de salud le recargan, entonces baja la compra a empresas privadas. El Estado, además, para evitar la especulación autorizó a todas las distribuidoras que realicen este trabajo incluso en tanques que no son de oxígeno medicinal”.

De acuerdo con las declaraciones de la empresaria, los tanques que, en principio, almacenaban nitrógeno o CO2,después de pasar por por un proceso de limpieza y un cambio de válvulas, se vuelven aptos para administrar oxígeno medicinal. Este proceso de ablución es realizada por empresas calificadas.

¿Cuál es el costo de este servicio?

SEIPRO maneja el 30% en oxígeno medicinal y el 70% del industrial. La venta de los tanques tiene un costo de USD 130. En cambio, si usted lleva un tanque vacío, de 6 metros cúbicos, es recargado por un costo de USD 40 incluido el transporte. La duración del oxígeno dependerá de la cantidad de litros por minuto que esté usando el paciente.

“Estos tanques usan los pacientes que tratan el Covid-19 desde sus casas. El oxígeno es muy importante, sin la la cantidad suficiente en nuestra sangre nuestras funciones vitales no se desarrollan de manera adecuada y por eso sienten el ahogo”, concluyó.

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