Las denuncias de los usuarios se multiplican en redes sociales, donde aseguran que los turnos oficiales desaparecen rápidamente, mientras que tramitadores y agencias ofrecen agendamientos inmediatos por sumas que van desde los USD 50 hasta los USD 200 dependiendo la urgencia del trámite, incluso, la venta ilegal se ha trasladado a las plataformas digitales. Este fenómeno ha generado cuestionamientos sobre una posible corrupción en el sistema de asignación de citas.

«Uno ingresa y no se puede seleccionar turno sea la hora que sea y milagrosamente ya están tomados los turnos hasta mayo, mañana ingresaré y seguramente ya estarán bloqueados hasta julio, pero hay quienes te pueden agendar por USD 50«, dice una usuaria en redes sociales.

Otros usuarios que logran obtener un turno denuncian que el sistema les pide un código que caduca en dos minutos y que jamás llega a su correo electrónico. Ante la ineficacia del trámite en línea, varios ciudadanos acuden desde las 03h00 de la madrugada a realizar largas filas en las instalaciones del Registro Civil, la mayoría de casos en Quito.

Medidas oficiales y dudas sobre su efectividad

Ante la ola de denuncias, el Registro Civil anunció ajustes en su sistema de agendamiento y recomendó no caer en estafas de tramitadores. Además, señaló que la actualización de datos personales solo podrá realizarse de manera presencial en sus oficinas.

A pesar de estas medidas, las quejas persisten. La Fiscalía ha iniciado una investigación sobre un presunto ataque informático que habría afectado el acceso a los turnos para la emisión de documentos de identidad, sumando un nuevo capítulo a la crisis institucional.

El alto costo de la burocracia

El costo oficial para la obtención del pasaporte en Ecuador es de USD 90 para adultos, USD 45 para personas de la tercera edad y gratuito para quienes tienen una discapacidad superior al 30%. Sin embargo, debido a la escasez de turnos, algunos ciudadanos han optado por pagar hasta cinco veces el valor oficial a tramitadores con el fin de obtener el documento en menor tiempo.

Para los casos considerados urgentes, el Registro Civil permite la emisión inmediata del pasaporte en situaciones relacionadas con estudios o trabajo en el exterior, problemas de salud y para menores de edad o adultos mayores. No obstante, el acceso a estos beneficios también ha sido limitado por la alta demanda.

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Quito, 18 jul (La Calle).- Un ciudadano relató la agresión que recibió un joven que trató de evitar que agentes de la AMC retengan mercadería de una vendedora autónoma de la tercera edad. Colectivos denunciaron que el joven agredido está hospitalizado, debido a lesiones graves en su columna.

“La señora que vendía sandias y piñas, circulaba por la calle Benalcázar y Bolívar después der ser retirada de San Francisco. La señora caminaba tranquilamente con su coche y a la altura de este local los metropolitanos comenzaron a agredirle, tratando de quitarle su mercancía… A eso viene un joven y empieza ayudar a la señora. Ante eso bajaron 6 agentes más de una camioneta y comenzaron a agredirle al joven…”

“Le empujaron contra la pared, y le pegaron entre 6. Entonces la gente de la zona comenzó aglomerarse y tratar de de ayudarle al joven, y los agentes comenzaron a echar gas pimienta a la gente, mientras continuaban agrediendo al joven.” Denunció un comerciante este 18 de julio, en una entrevista para BN periodismo.

A estas declaraciones, el ciudadano añadió que los mismos agentes metropolitanos le rompieron el vidrio a un taxista, en el momento que se retiraban de la escena con el carrito de sandías de la señora que suplicaba entre lágrimas que le devuelvan “su única manera de dar de comer a su familia”.

El hecho tuvo lugar el 16 de julio. En un video compartido en sus redes sociales se observa como múltiples agentes metropolitanos se acercan a la señora mayor y empiezan con la agresión.

La Asociación de Trabajadores Autónomos Organizados (ASOTRAB)  denunció públicamente a la Policía Metropolitana de Quito por este hecho, identificando al joven, de 20 años, como Gabriel.

Gabriel fue hospitalizado, con hematomas en todo el cuerpo y con una fractura de columna que lo podría dejar paralítico.

¿Qué dice el Municipio de Quito?

El Municipio de Quito emitió un comunicado en sus redes sociales, indicando el inicio de una investigación interna para determinar la circunstancias en las que actuaron los Agentes de Control.

Asimismo aseguró que busca contactar al afectado con el objetivo de  poder sancionar a los responsables. Finamente exhortando a los ciudadanos a presentar denuncias para esclarecer los hechos.

El hecho también captó la atención del concejal Wilson Merino, quien declaró que hará un proceso de fiscalización de este suceso.

Indignación por parte de la ciudadanía

Ciudadanos de la zona califican lo sucedido como una injusticia. Se encuentran indignados, calificando a los agentes metropolitanos como “enemigos que agreden a los quiteños que tratan de seguir adelante honradamente”. Ellos aseguran que es por culpa de las mismas autoridades que agreden al pueblo, que la inseguridad sigue creciendo.

De igual manera, usuarios en la redes sociales critican las acciones de los agentes metropolitanos asegurando que el camino para “ordenar la ciudad y regular el comercio autónomo no es agredir a las personas y criminalizar el trabajo”. (N.C)

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En su domicilio de Samborondón se recabaron algunos indicios, entre los que se incluyen computadores, dispositivos móviles, tarjetas de memoria y documentos. Respecto a la ubicación de Toledo, la institución indicó que están realizando otros 3 allanamientos en oficinas y domicilios de Guayaquil para ubicar al abogado.

Denuncia realizada

El abogado Diego Chimbo, defensa del exasambleísta Pablo Muentes, involucrado en el caso Purga, colocó en la Fiscalía Provincial de Pichincha, una denuncia por peculado y fraude procesal en contra de Francisco Fierro, Ricardo Noboa Bejarano, Esteban Noboa Carrión y Mayra Salazar.

El jurista habló con los medios de comunicación e indicó que «el Banco del Pacífico pagó por la defensa de Mayra Salazar en el caso Metástasis» y presuntamente habría sembrado información en el testimonio anticipado de la comunicadora en el caso Purga.

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«Con la denuncia simplemente lo que nosotros queremos dejar es un precedente para eliminar la corrupción, pero en todas sus maneras, también la corrupción electoral. Haciendo uso de nuestros derechos como ciudadano, podemos denunciar también a un precedente jurídico necesario de que nadie está sobre la ley incluido el señor presidente de la República», dijo el denunciante.

Por su parte, la asesora presidencial, Diana Jácome, informó sobre la denuncia y quién sería la persona detrás del documento. Hizo referencia a «aquellos ciudadanos políticos» a los que «no les importa la tranquilidad y seguridad del país y buscan diversas formas de atacar al presidente Daniel Noboa».

Jácome agregó que «la persona que denuncia es pareja sentimental de una exfuncionaria de la Vicepresidencia de la República que acaba de renunciar hace pocas horas. Nada extraño, pero se entiende de donde proviene esta denuncia y esta relación. Eso es todo compañeros».

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Quito, 16 may (La Calle).- El artículo 149 de la Constitución del Ecuador (2008) dice:

Art. 149.- Quien ejerza la Vicepresidencia de la República cumplirá los mismos requisitos, estará sujeto a las mismas inhabilidades y prohibiciones establecidas para la Presidenta o Presidente de la República, y desempeñará sus funciones por igual período.
La Vicepresidenta o Vicepresidente de la República, cuando no reemplace a la Presidenta o Presidente de la República, ejercerá las funciones que ésta o éste le asigne.

Usualmente el binomio presidencial conforma un equipo para tratar las políticas públicas en el Gobierno. Lo que no puede abarcar el presidente, lo toma a su cargo el vicepresidente. Al menos es lo que hemos visto en la historia, sobre todo, contemporánea del país. A pesar de ello, no todo fue miel sobre hojuelas, en varios períodos, la relación entre ese binomio ha terminado rota. Un ejemplo de ello fueron León Febres Cordero y Blasco Peñaherrera, cuyas tensiones, después del secuestro del primer mandatario en Taura, dañaron la relación entre ambos hasta el final del mandato, aunque después retomarían su relación amistosa hasta la muerte del ex primer mandatario.

Sixto Durán Ballén tuvo la abrupta fuga de su vicepresidente, investigado y criticado por el caso de los fondos reservados. Desde la vuelta a la democracia, cuatro vicepresidentes tuvieron que hacerse cargo de la presidencia. Oswaldo Hurtado tras la muerte de Jaime Roldós; Rosalía Artega tras la destitución de Abdalá Bucaram (a los dos días, Fabián Alarcón la sacó del puesto); Gustavo Noboa por la destitución de Jamil Mahuad y Alfredo Palacio tras la salida de Lucio Gutiérrez por (de nuevo) la destitución desde el Congreso.

Lenín Moreno tuvo cuatro vicepresidentes. Jorge Glas hasta 2018 (una relación destruida que terminó cuando el exvicepresidente fue a prisión), María Alejandra Vicuña (acusada por un caso de soborno cuando era asambleísta, tuvo que renunciar al cargo), Otto Sonnelholzner (fue su despegue político, dejando mucho que desear con el manejo de la pandemia) y María Alejandra Muñoz (quien concluyó el período de Moreno). Una muestra clara de la poca noción de estabilidad y gobernabilidad del expresidente.

Guillermo Lasso tenía una relación distante, pero aparentemente cordial con Alfredo Borrero a quien le encargó los asuntos de la salud y con un trabajo flojo en el control de ese rubro. Un paso nada memorable por la función pública.

Llegamos a Noboa…

Este repaso por la historia de los vicepresidentes en el país nos permite hacernos ciertas preguntas ¿Es el vicepresidente, el segundo al mando? ¿el copiloto del equipo de Gobierno? ¿o simplemente una circunstancia, un nombre al que poner como binomio en la papeleta? Si el presidente le otorga una función en el Estado ¿no debería ser acorde al plan de trabajo?

Llegamos al binomio Noboa – Abad y estas interrogantes nos explotan en la cara. Mientras los binomios anteriores debían soportarse y convivir en el mismo espacio (así no les gustara) para Daniel Noboa, la solución más fácil es enviar a su vicepresidenta a ser embajadora en un país que, ahora mismo, está en conflicto bélico. A su vicepresidenta que no tiene experiencia como diplomática.

A ello se suma que su hijo Francisco Barreiro está en investigación por un presunto delito de tráfico de infuencias y que salió en libertad bajo una fianza de USD 20.000 tras un mes de estar preso en ‘La Roca’, un lugar donde – según el mismo presidente – están los peores criminales.

Solo con unos, pero no a los demás

Llegamos a la cereza del pastel. El consejero del CPCCS, Juan Esteban Guarderas le coloca una denuncia por una supuesta infracción electoral al hacer campaña anticipada cuando era candidata a la alcaldía de Cuenca. El funcionario se quedó en blanco cuando un periodista de Ecuavisa que lo entrevistaba le preguntó si va a denunciar a Noboa que también hizo campaña anticipada en 2023.

Algo que ya vimos cuando colocó la denuncia en contra del alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a pesar de que en las elecciones anticipadas 2023, varios actores políticos que son funcionarios electorales hablarony actuaron en apoyo del entonces candidato Noboa.

No sé qué piensa el consejero sobre la política. Tal vez la imagina como un espacio aséptico, donde todos deben estar callados… bueno, no todos, solo los que no son de su agrado. Solo las piezas a las que se deben quitar del tablero político.

¿Tiene la vicepresidenta fallas a la hora de gobernar? No lo sabemos a ciencia cierta. Sus posiciones respecto de las mujeres, la maternidad y la función del Gobierno encendieron las alarmas en cierta parte de la población. Sin embargo, Noboa no nos dio tiempo a evaluar su gestión, la envió a la otra punta del mundo y no le dio voz ni voto en el Ejecutivo. ¿Tiene fallas el presidente a la hora de gobernar? Sí, muchísimas. Medir con la vara de la «justicia» a una sola persona y olvidarse de los otros dice mucho de la función que cumple el consejero Guarderas en su puesto. Si dice que no es el CNE, entonces es hora de dejar de pretender serlo y trabajar en la función que le fue designada.

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En su denuncia, Núñez indica que las expresiones de Correa “no solo constituyen de manera independiente un delito de calumnia por la falsa imputación de delitos. En su conjunto, también crean una situación de pánico entre la población ecuatoriana. Independientemente de si esta es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, mediante sanciones internacionales”. De acuerdo con la funcionaria, las declaraciones conllevan al delito que figura en el artículo 353, numeral 11 del Código Integral Penal.

¿Qué dice la ley?

Artículo 353.- Traición a la Patria.- Será sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años, en tiempo de paz, y con pena privativa de libertad de diez a trece años, en conflicto armado, la persona que realice alguno de los siguientes actos, aun contra fuerzas aliadas:

11.- Divulgar noticias con la intención de infundir pánico, desaliento o desorden en las tropas o ejecutar cualquier acto que pueda producir iguales consecuencias.

¿Qué dice la ministra?

“Él a través del pánico que generan sus declaraciones, esa divulgación falsa que él conmina, lleva a infundir pánico en la población, infunde desaliento, desórdenes y permite la ejecución de cualquier acto que podría provocar graves consecuencias”, le dijo la ministra a diario El Universo.

Núñez pidió que se suspendan las cuentas de X y facebook del ex primer mandatario. Además un peritaje a cuatro enlaces de Youtube con las declaraciones de Correa.

¿Qué dice el expresidente?

El economista contestó en su cuenta de X:

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«Todo esto es producto de una retaliación ante la denuncia por extorsión que presenté el día jueves 18 de octubre, misma que recibió como respuesta una cadena pagada de Whatsapp que circularon al día siguiente y de la cual se hicieron eco varios medios digitales, dejando en evidencia el momento exacto de su masiva circulación», escribió en el comunicado.

Agregó que sus abogados se encargarán del tema de realizar los tramites necesarios para abordar el asunto de manera justa y adecuada.

Soledad Padilla ocupó otros cargos en la Vicepresidencia además de ser asesora. También fue gestora de gobierno y directora de compromisos presidenciales y vicepresidenciales entre 2015 y 2017. También trabajó entre 2019 y 2023 en la Prefectura de Pichincha.

La ex asesora también interpuso una denuncia contra Glas por un presunto acoso y violencia psicológica. De acuerdo con Padilla, las presuntas presiones habrían empezado cuando Glas fue a prisión y que se extenderían hasta su salida de la cárcel. En la denuncia, la exfuncionaria también se menciona al asambleista Ferdinan Alvarez como pareja sentimental de Padilla y ciertos roces entre Glas y el legislador. (MIB)

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«Mi hija que cumplirá cuatro años empezó a asistir a clases de inicial en el Centro de Educación Infantil Mi gigante tesoro en Carcelén. El lunes (04 de septiembre) tuvo la presentación, el martes (05 de septiembre) tuvo jornada completa y ese día la mamá la recogió y la notó triste, rara y le preguntó qué pasó. La niña, entonces, contó que la profesora le quiso dar un jarabe que sabía a cereza, el momento que ella se negó a tomarlo, la jaló de las orejas, incluso sacándole el arete. No tuvo un daño físico en sus orejas, pero cuando le pregunté que había dicho la profesora, ella respondió ¿Cómo que no? y le obligó a tomarlo», relató a Radio La Calle, su padre Gabriel Borja.

Después de eso, le hizo el mismo proceso a su compañero, jalando de sus orejas para que tome el jarabe. A la niña también le obligaron a comer y a acabarse toda la lonchera que le habían mandado de una forma grosera. «La maestra es mala», le dijo la pequeña a su padre. Después de llegar a su casa, la niña durmió tres horas, presumiblemente por el efecto del jarabe. También se quejó de un dolor de estómago.

Negligencia institucional

Los padres de la niña presumen que el jarabe que ingirió era un tranquilizante, por lo que Gabriel decidió hacer la denuncia pertinente. Allí surgió otro problema, la falta de atención de los funcionarios públicos con el protocolo necesario para estas situaciones. «Fui al Ministerio de Educación, a la Fiscalía. Conseguí, después de una pelea bastante fuerte, interponer la denuncia desde Riobamba que funciona sin ningún problema en Pichincha y la mamá ya completó la analítica para llevarla al Izquieta Pérez. En el Centro de Salud le negaron la atención para el examen», explicó.

La preocupación para los padres es que, con el paso del tiempo, los resultados de la analítica no muestren la presencia del jarabe. Al final, a la niña le sacaron sangre en la Fiscalía, después de que los funcionarios alegaran varias excusas, como el hecho de poner la denuncia en Riobamba, el lugar donde vive el padre. El sistema de la Fiscalía tiene funcionamiento a nivel nacional por lo que el sitio de donde se generó la denuncia no detiene el proceso.

El Centro Infantil les devolvió el dinero de la matrícula y el uniforme, la directora no puso resistencia. «La mamá le preguntó qué fue lo que le dieron y ella dijo que no le dieron nada. (…) Me preocupa que frente a la forma de actuar de los servidores públicos, no haya seguridad de que el trabajo de análisis no se haga bien. No saber qué sucede. Dijeron que en 10 días el Izquieta Pérez mandará esos resultados a la Fiscalía», agregó.

La pasividad

Este padre está preocupado también sobre el impacto psicológico que este episodio de maltrato puede tener en su hija. «La psicóloga de la dirección distrital del Ministerio de Educación me dijo que aquí las denuncias suelen morir. Es un tema penal que lleva la Fiscalía, pero si ellos no contestan, la ruta es dirigirse al Ministerio de Educación para pedir la inspección y el protocolo a seguir», dijo este padre.

Si bien la niña no sufrió daños físicos aparte del sueño y el malestar. Los padres están preocupados de que situaciones así se repitan y lo desprotegidos que están frente a las instituciones que deberían protegerlos. «Si un ciudadano común lleva una denuncia a la función pública no va a mentir y suponer lo contrario va contra la buena fe que debe tener el funcionario. El Centro de Salud debió seguir el protocolo de violencia», expresó.

Para Gabriel es importante que las madres y padres se enteren de estos hechos que posiblemente podrían pasar en otros centros de educación infantil para los estudios iniciales. Por lo que consideró necesario visibilizar su caso. (MIBM)

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El periodista dijo que se trata de un contrato entre la empresa y la Alcaldía por la provisión de cámaras, sin embargo enfatizó en que “no sirven y Guayaquil sigue pagando dinero por eso”.

¿Qué dijeron los Topic?

El padre de Jan y gerente general de Telconet expresó, en una carta pública, que su empresa participó «en la anterior administración municipal en una licitación pública para la provisión de un sistema de cámaras de video vigilancia y analítica».

Añadió que ganaron con el mejor precio y condiciones. Telconet, según Topic, ha desplegado las 15.000 cámaras del contrato e incluso se han colocado 18.000 de acuerdo con el cronograma. «Telconet no ha recibido un centavo todavía como pago del servicio de estas cámaras».

Según Topic, la Policía Nacional puede dar fe de que gracias a las cámaras, un número alto de casos de delincuencia fueron resueltos. Finalmente expresó que la inversión ha sido solamente de Telconet y que todavía falta el desarrollo de pruebas de analítica y de entrega, se postegaron por el cambio de administración.

«Invitamos a los candidatos a no recurrir a campaña sucia, calumnias y mentiras con tal de ganar votos», sentenció Topic. (MIB)

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Hervas es candidato a la Presidencia de la República por el movimiento RETO en las elecciones anticipadas del 20 de agosto de 2023. El dirigente correísta ha publicado una serie de documentos que demostrarían que el empresario brocolero posee capitales en paraísos fiscales.

Para ser candidato a elecciones populares, el participante no debe tener relaciones con empresas offshore, por lo que Hervas supuestamente habría cometido perjurio (jurar en falso) y fraude procesal al no haber sido honesto sobre estos temas.

Anteriormente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) desestimó el recurso interpuesto por la RC contra la postulación de Hervas debido a «que no se presentaron pruebas». Asimismo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) negó su objeción el 19 de junio de 2023 sin mayore explicaciones.

En redes sociales, Hervas «retó al correísmo» a ponerlo en prisión y reiteró su negativa sobre tener capitales o bienes en paraísos fiscales. En respuesta, Arauz y el abogado Gabriel Rivera ingresaron durante la tarde de este lunes 3 de julio la denuncia. «Hay que inaugurar la decencia, con un Lasso es suficiente (en referencia a las empresas offshore)».

¿Offshore de Hervas?

El 24 de junio, Arauz demostró con documentos las supuestas empresas offshore de Hervas en Panamá, por lo que el empresario y político -que es impulsado por el movimiento RETO- no podría postularse para las elecciones anticipadas de agosto de 2023.

El artículo 96 del Código de la Democracia y el 4 de la Ley del Pacto Ético prohíben ser candidato a elección popular a quienes “tengan bienes o capitales, de cualquier naturaleza, en paraísos fiscales”. Panamá está en la lista de los países considerados como paraíso fiscal para Ecuador.

En su cuenta de Twitter, Arauz publicó información sobre la empresa de Hervas en Panamá: Agrigroup Corporation. El poder de Hervas sobre esta sociedad equivale una propiedad indirecta ya que puede disponer de sus ganancias, abrir cuentas y hacer cualquier negocio.

Una investigación de Hoja de Ruta sostiene que esta offshore le permitió mover a Hervas USD 50 millones entre 2017 y 2021. Asimismo, pudo acrecentar su capacidad exportadora y sirve como guardia fiscal.

Tanto Arauz como el reportaje periodístico exponen documentos notarizados, transferencia de acciones y otras escrituras públicas que, presuntamente, confirmarían el funcionamiento de los opacos movimientos de la familia Hervas con sus empresas nacionales y Agrugroup Corporation.

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En entrevista concedida a Radio La Calle, informó que existen cuatros procesos en contra del agresor y se sumaría un quinto por las amenazas recibidas por medio de la plataforma Whatsapp.

Últimos incidentes

En enero de 2023, pese a que tenía medidas de protección, su expareja burló la seguridad de su domicilio y secuestró a la hija de Martínez. Después de horas, la abandonó golpeada por la Ruta Viva, amenazándola de muerte.

En otra ocasión, el agresor se acercó a Ana Paula (hija de Martínez) en una reunión con amigas en un bar y le escupió en la cara, pese a tener medidas de alejamiento. Cuando llegó la Policía trató de huir, pero fue detenido y llevado a Flagrancia.

Proceso Judicial

La activista sostiene que ha sido súper doloroso como defensora de derechos y feminista, ver lo que enfrentan las mujeres a las que ha acompañado en otras ocasiones.

“18 horas pasamos en Flagrancia, en donde ni siquiera hay asientos. Nosotras también nos sentamos en el piso. El trato es infame, nos maltratan, se niegan a hacer las cosas. Nos pedían copias certificadas de lo dictado por la Junta de Protección de Derechos”, dijo.

Denunció también que se le revocaron las medidas de protección y que la jueza habría ordenado la prescripción de la acción penal, dejándoles vulnerables ante cualquier retaliación y teme por la vida de su hija.

Denuncia del agresor

A pesar de los antecedentes y evidencias comprobadas de agresión, el demandado también ha presentado una denuncia por violencia psicológica, la cual indicó que avanza más rápido que sus propios procesos.

Un llamado de atención al sistema de justicia

La madre escribe: “esto es lo que una víctima de violencia y su familia deben enfrentar, una justicia altamente revictimizante. Una justicia que privilegia a los agresores, que los protege.

Nosotros hemos hecho las cosas bien, como manda la ley y aun así nada ha funcionado. Mi hija sigue siendo agredida y nosotros junto a ella. ¡Ya basta! Martínez pide justicia para su hija. (M.W.S)

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Según reclaman, las órdenes supuestamente vendrían desde la Presidencia de la República con el fin de «defender la democracia». Se trataría de una jornada de movilizaciones desde el 10 al 14 de mayo de 2023 y el punto de encuentro sería la Asamblea Nacional.

Habría un plan que contemplaría cinco lugares donde ocurrirían los plantones, la mayoría en el centro de Quito, en los alrededores de instalaciones de ministerios del Gobierno Nacional. Además, existiría un banco de preguntas y respuestas planificadas con anterioridad para los asistentes contesten de memoria, según La Posta.

De manera similar, la Unión Nacional de Educadores (UNE) denunció que directores zonales y distritales del Ministerio de Educación (Mineduc) estarían obligando a docentes a acudir a la «jornada nacional».

«Obligan y acosan a docentes, bajo engaños para que soliciten permiso a cargo de vacaciones y se dirijan a Quito a «apoyar» al presidente Lasso este martes 9 de mayo en la Asamblea Nacional», publicó la UNE en su Twitter.

En el chat de medios de comunicación del Ministerio se solicitó un pronunciamiento frente a esta información, sin embargo, hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Para el martes 9 de mayo se tiene previsto que la Asamblea Nacional conozca los resultados de la Comisión de Fiscalización respecto al informe de juicio político contra el jefe de Estado. La decisión está en manos del Pleno para determinar si el proceso continúa o no.

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«Antes de esta denuncia pública, yo frente a Ana A., Verónica C, que Jorge C., me estaba acosando y hostigando en el trabajo -Wambra, medio comunitario- y que eso estaba mermando mi salud mental, física y mi rendimiento en el trabajo. Pero no fue lo único que denuncié, hablé de cómo Jorge trataba a las compañeras del espacio. Los gritos, los comentarios en relación al trabajo como: «al que no le guste se puede ir» y varias cosas más. Frente a esto, Ana A y Verónica C., no dijeron mayor cosa y al final se comprometieron a trabajar para cambiar el ambiente de trabajo, sin embargo, no fue así», escribió Mishell en su cuenta de Twitter.

Agregó que «al principio me arrepentí de haber denunciado porque la violencia se intensificó, fue tanto que termine en terapia psicológica, misma que dejé porque me despidieron».

No fue el primer enfrentamiento agresivo que tuvo con Jorge C., que en una ocasión la detuvo en las escaleras y de forma amenazante le dijo que no hablara de las horas extras y que debía hacer el trabajo aunque «me llamaran a trabajar los fines de semana».

Respuesta de Wambra Radio Comunitario

Radio La Calle se comunicó con Ana Acosta del medio en cuestión e informó que el comunicado oficial sobre este asunto estaría listo cuando todo el equipo se sienta bien. El grupo está realizando un proceso de acompañamiento emocional.

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La legisladora comentó que esta demanda también va para el expresidente del Directorio de EMCO, Hernán Luque; el cuñado del presidente, Danilo Carera; el exsecretario de Administración Pública, Iván Correa y Osca Zambrano.

Recalcó que entre las pruebas que ratifican este delito están: el contrato de la empresa Flopec, el dictamen de la Contraloría y las comparecencias de las autoridades en la Comisión de Fiscalización.

«Sabemos que la Fiscalía va a actuar con rectitud porque esto es de interés de todo el país. Cómo es posible que un presidente interprete la ley y dé más poder a Luque. Él sabía que se estaban llevando la plata de los ecuatorianos», aseguró.

Por su parte, el abogado de la legisladora Washington Andrade solicitó a la fiscal, Diana Salazar, que incluya a Pazmiño y a su familia en el programa de víctimas y testigos por la gravedad de la denuncia.

«La asambleísta ha decidido dar sustento real y hay muchos riesgos porque esta trama de corrupción hace presumir que hay mafias incrustadas en el país», mencionó el abogado.

Apoyo internacional

Andrade indicó que solicitaron asistencia penal de Panamá y Estados Unidos para que el caso tenga la sustentación del caso.

• Información de inversiones, socios y accionistas relacionados con la empresa Amazonas Tanker Pool Company. Asimismo, declaraciones de impuestos y patrimoniales, activos y transacciones financieras o bancarias, realizadas por la compañía con ocasión de sus ingresos provenientes del contrato con Flopec.
• Toda la información respecto de si se ha iniciado algún proceso investigativo o de determinación tributaria (o su equivalente) respecto de la compañía Amazonas Tanker Pool Company, sus accionistas o relacionados.

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La denuncia fue interpuesta ante el CIDHU el 15 de septiembre del 2020 por servidores de la institución. Sin embargo, el 18 de febrero del 2023, el organismo internacional inició el proceso de observancia para analizar e investigar el caso.

“Les encomiendan trabajos de un momento a otro sin planificación alguna y según indican son imposibles de poder cumplir puesto que requieren del apoyo de otras direcciones y hasta de otra institución como es el Ministerio de Cultura”, dice el documento al que accedió Radio La Calle.

También se recalcó que existen malos tratos y un “pésimo” clima organizacional. En consecuencia, declaran como responsable de los hechos denunciados a Valentina Brevi Martínez, directora de Gestión de Riesgos y Patrimonio Cultural.

Ante la denuncia presentada, el Comité Comisionado Internacional de Derechos Humanos ha detectado la necesidad de generar un Observatorio Procesal para garantizar el debido proceso y proteger los derechos y los derechos humanos de los servidores públicos.

El 3 de marzo del 2023 el CIDHU envió un oficio  a la titular de INPC, Catalina Tello, advirtiendo que este caso no puede ser un pretexto “para que malos servidores públicos y pésimos seres humanos tomen actitudes negativas y quizá hasta represalias que podrían poner en peligro la integridad del trabajador”.

Más denuncias

Ryan Scott, un arqueólogo estadounidense residente en Ecuador, envió una carta a la ministra de Cultura y Patrimonio, María Elena Machuca. En este documento, de más de 20 páginas, denunció que existen obstrucciones intencionales en su tesis doctoral de investigación en el parque arqueológico Cochasquí.

En concreto, acusó a la Directora de Áreas Arqueológicas, Paleontológicas y Patrimonio Subacuático del INPC, Victoria Domínguez por malas interpretaciones deliberadas de la ley y difamación absoluta hacia su persona. De igual manera, recalcó que Tello y los abogados de la entidad y del Gobierno Nacional han sido ineficaces en mitigar las acciones de Domínguez.

Scott resaltó que los permisos de investigación se acordaron durante una reunión con la Directora Tello y Abg. Sempertegui el 6 de diciembre de 2022. Sin embargo, durante la ejecución del Proyecto Arqueológico Cochasquí-Mojanda, Domínguez le dijo a él y sus colegas que nunca tuvieron los permisos ni los informes.

Obstrucciones a la investigación

Después de la obstrucción, el 3 de enero del 2023 se le permitió presentar una nueva propuesta y tendría el apoyo de Tello, sin embargo, tardaron un mes en responder a pesar de que tenían 15 días laborables para hacerlo. En este sentido, mencionó que Domínguez no emitió su carta intencionalmente sino hasta el 1 de febrero. De todas maneras, la respuesta del INPC fue ambigua, descartaron algunos puntos por errores gramaticales y le pidieron establecer nuevas condiciones en algunos casos.

“He esperado una resolución desde que ingresé a Ecuador en agosto y la Directora Domínguez intencionalmente ha tratado de impedirme tener un diálogo con alguien en el INPC además de sus intermediarios seleccionados”

Estos retrasos han perjudicado notablemente la economía del ciudadano extranjero y se agota su tiempo en el Ecuador. Además, recalcó ser víctima de acoso pues Domínguez habría investigado a los miembros individuales de su equipo y los contactó por redes sociales.

“Nunca interactué con la Directora Domínguez antes de su función en el Gobierno, sin embargo, ciertamente su comportamiento hacia mi es como si me conociera previamente”, resaltó.

Respuestas sin respuestas

Por su parte, las autoridades del INPC, a través de la vocería del departamento de comunicación, negaron los supuestos malos tratos a los demás y alegaron que todo se trata de una calumnia por parte de los »malos trabajadores», sin embargo, no se pronunciaron respecto a los documentos presentados por los denunciantes. (AGM).

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Ordóñez presentó la denuncia la mañana de este miércoles 8 de febrero de 2023 en el edificio principal de la Fiscalía, en Quito.

“Necesitamos tener mejores herramientas para enfrentar el problema de la inseguridad, necesitamos tener una Asamblea formada de distinta manera, un organismo que nombre altas autoridades del Estado diferentes”, dijo el secretario, quien afirmó que la lucha del Estado es contra quienes favorezcan a delincuentes.

Declaraciones de Lasso

El presidente de la República, Guillermo Lasso, mediante su twitter expresó: “Ellos son los cómplices de la delincuencia. No pueden seguir ejerciendo justicia si no la cumplen”.

La decisión del primer mandatario fue “exponer” públicamente a los jueces junto con los casos que se les imputan. Los supuestos jueces “aliados de la delincuencia”:

• Juan Carlos Terán Moreno responsable de revocar la prisión preventiva a 5 implicados en narcotráfico.
• Juez Ángel Lindao Vera quien dejó en libertad al responsable del asesinato de un Concejal en Riobamba.
• Los jueces Mary Alexandra Quintero P. y José Luis Alarcón B. quienes declararon inocentes a 18 delincuentes de una organización narcodelictiva.
• Juez Emerson Curipallo U. consciente de perdonar más de 270 años de condena a asesinos, violadores y delincuentes. (O.S.V)

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Otros usuarios señalaron que sus deudas no fueron notificadas, sino hasta que sus cuentas de bancarias fueron bloqueadas por los procesos legales que CNT levantó en su contra. Debido a los múltiples reclamos, más de 30.000 acciones coactivas se están revisando.

Según diario Expreso, se reportaron casos de suplantación de identidad, falsificaciones de firma y servicios que no se dieron de baja.

Según la Fiscalía General del Estado, solo en Guayaquil, se registraron 4.809 denuncias por suplantación de identidad entre 2020 y 2022, además es complicado determinar cuántas están relacionadas con CNT.

Existen canales para denunciar las inconsistencias de CNT. Sin embargo, muchos usuarios prefieren pagar la deuda injustificada antes que perder tiempo en procesos legales largos y costosos.

El portal oficial del Ministerio de Telecomunicaciones respondió que «para quienes tengan respaldos que la deuda no les pertenece, las unidades de post venta en los Centros de Atención al Cliente, a escala nacional, tienen la obligación de estudiar dichos casos. Si la deuda no le pertenece se realizarán las enmiendas respectivas».

La principal recomendación para todos los usuarios que finalizan su contrato con CNT es guardar toda documentación posible y exigir un certificado de cancelación de deudas. (O.S.V)

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Las legisladoras acusaron a Carrera, o mejor conocido como Gran Padrino, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias, asociación ilícita y enriquecimiento privado no justificado.  

Aguirre y Veloz publicaron un video en redes explicando esta decisión. Carrera “estaría repartiendo puestos públicos y contratos con las empresas CELEC, CNEL, y Petroecuador”.

Las asambleístas exigen a la Fiscalía investigar la red de corrupción denominada como “El Gran Padrino”. Este pronunciamiento también lo exigió la Asamblea Nacional días atrás.

El Gran Padrino

Una presunta red de corrupción en el sector eléctrico estaría encabezada por el cuñado del presidente Guillermo Lasso, Danilo Carrera. El allegado al mandatario se encontraría operando en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL) y Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC).

El entramado de corrupción, revelado en una investigación de La Posta denominada «El Gran Padrino», expone a Carrera como principal beneficiario. Su operador de confianza sería Rubén Chérrez, quien en 2021 creó siete empresas en un solo día y sería procesado por narcotráfico. (B.T.)

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“Señora rectora, no sea indiferente se viola a las niñas en la cara de los profes”, gritan varios jóvenes en la protesta.

Como respuesta, las autoridades y docente habrían culpado a la misma estudiante de ir al baño sin supervisión. Además, no se activaron los protocolos de denuncia correspondientes al caso. “Queremos la renuncia de la rectora”, dijo una de las madres de familia al medio comunitario Wambra.

A la protesta se unieron colectivos feministas, quienes transmitieron el plantón a través de redes sociales. En el vídeo se observa que la Policía Nacional se acercó al lugar para detener la protesta, incluso, manifestaron que corrían el riesgo de ser detenidas.

Otras denuncias…

La única respuesta que recibieron por parte del distrito de Educación es que el colegio va a ingresar al plan de ‘Escuelas Seguras’. Sin embargo, para los padres de familia el tema va mucho más allá, pues también habrían encontrado armas en los baños del colegio. También denunciaron que se han silenciado otros casos de acoso y bullying.

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El presidente de la organización, Juan Guarderas, presentó públicamente frente a los medios de comunicación el proceso de denuncia contra González. Expuso videos que circulan en redes sociales donde se observa a la Prefecta realizando acciones que serían ilegales en el proceso electoral.

“Susana hace un festival de esto. Los ecuatorianos vemos un sistema político quebrado que no tiene credibilidad, los ciudadanos no somos tontos”, dijo Guarderas.

En un video de Tik Tok de la González se ven a personas que portan camisetas de la candidata con el slogan “va porque va”. En varios momentos se observan banderas del partido político, pancartas de la candidatura con su rostro y una frase final que dice “Susana González PREFECTA 2023”.

Guarderas aseguró que el 27 de octubre, la Fundación presentará formalmente este proceso de denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). “El Consejo Nacional Electoral es el ente encargado de controlar estas irrupciones, ¿han visto a alguien hacer algo al respecto?”, preguntó.

¿Qué dice la Ley?

Este tipo de actos y el de la inauguración de obras en la vía Juan León Mera en ciudadela San Miguel, se tratarían de infracciones electoral graves. Los artículos 203 y 207 de la Constitución del Ecuador así lo proclaman:

• Art. 203.- Durante la campaña electoral se prohíbe la publicidad o propaganda de las instituciones del Estado, en todos los niveles de Gobierno.
• Art. 207.- Las candidatas o candidatos, desde la inscripción de su candidatura, no podrán participar en eventos de inauguración de obras u otros financiados con fondos públicos.

¿Desde cuándo se puede hacer campaña en Ecuador?

Los candidatos pueden hacer su campaña electoral de manera estricta entre el 3 de enero y el 2 de febrero para estas elecciones. Susana Gonzales inscribió su candidatura el pasado 7 de septiembre.

Desde entonces, “La campaña de la Prefecta ha sido intensa, clara e inequívoca”, proclama la Fundación. Guarderas no brindó información sobre ningún otro candidato que incumpla esta norma, pero prometió que seguirán en la veeduría de estos “casos de corrupción”.

Ayuda para denunciar actos de corrupción electoral

En los próximos días, la Fundación Lucha Anticorrupción publicará un modelo de denuncia en su página web para que los ciudadanos puedan hacer sus propias denuncias sin la necesidad de acudir a un abogado.

“Hacemos un llamado a todos los ciudadanos, empecemos por nosotros mismos a denunciar estos actos. Estaremos encantados de hacer un seguimiento y ayudarlos”, concluyó Juan Guarderas. (J.P.C)

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