La asambleísta Patricia Sánchez de la bancada de Pachakutik envió una solicitud de investigación y sanción en contra de Mireya Pazmiño en la Asamblea por supuestas irregularidades del informe sobre la empresa Flopec y sus transacciones en los últimos años.

La demanda permitirá recoger detalles de la forma en que se elaboró el informe sobre el caso. Sánchez afirma que lo realizaron personas externas a la mesa de Régimen Económico y que Pazmiño no socializó el documento antes de su votación.

La legisladora espera que la investigación llegue al Comité de Administración Legislativa y califique el documento al Comité de Ética de la Asamblea para su respectiva sanción a la funcionaria.  

Mientras tanto, Pazmiño enfrenta a otras acusaciones en la Fiscalía por sus colegas en el marco del juicio político de Lasso por pregonar los mismos informes. La Fiscalía se encuentra en comparecencias por las respectivas demandas.

Otras Demandas

La funcionaria enfrenta dos denuncias presentadas por presunto fraude procesal y falsedad ideológica presentados por el legislador Fernando Villavicencio y otros asambleístas de UNES. En razón de elaborar presuntos reportes falsos en la Comisión de Régimen Económico para las empresas de Flopec y Amazonas Tanker.

La petición de investigación se deriva luego de que Pazmiño y otros legisladores promovieron la solicitud del juicio político en contra de Guillermo Lasso por el presunto delito de concusión y peculado. (A.F.)

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Otros usuarios señalaron que sus deudas no fueron notificadas, sino hasta que sus cuentas de bancarias fueron bloqueadas por los procesos legales que CNT levantó en su contra. Debido a los múltiples reclamos, más de 30.000 acciones coactivas se están revisando.

Según diario Expreso, se reportaron casos de suplantación de identidad, falsificaciones de firma y servicios que no se dieron de baja.

Según la Fiscalía General del Estado, solo en Guayaquil, se registraron 4.809 denuncias por suplantación de identidad entre 2020 y 2022, además es complicado determinar cuántas están relacionadas con CNT.

Existen canales para denunciar las inconsistencias de CNT. Sin embargo, muchos usuarios prefieren pagar la deuda injustificada antes que perder tiempo en procesos legales largos y costosos.

El portal oficial del Ministerio de Telecomunicaciones respondió que «para quienes tengan respaldos que la deuda no les pertenece, las unidades de post venta en los Centros de Atención al Cliente, a escala nacional, tienen la obligación de estudiar dichos casos. Si la deuda no le pertenece se realizarán las enmiendas respectivas».

La principal recomendación para todos los usuarios que finalizan su contrato con CNT es guardar toda documentación posible y exigir un certificado de cancelación de deudas. (O.S.V)

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En Radio La Calle, Viviana Veloz, asambleísta por UNES, aseguró que el inconveniente se da por cambio de votos , así se evitará la censura de los vocales de la judicatura, que enfrentan un proceso de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones.

“Hemos recibido denuncias telefónicas sobre el reparto de notarias. Estamos recabando pruebas de cargo. En los pasillos de la Asamblea  hay rumores muy fuertes de que estaría rondando un operador de Fausto Murillo, un señor de apellido Coloma”. Se presume que los lotes se están dando en 10 o 20 notarias en las provincias de Pastaza, Imbabura, Santa Elena, Chimborazo y Cotopaxi.

Veloz también recalcó que existieron audios que ponen en evidencia las transacciones políticas de Juan José Murillo, vocal de la Judicatura en la que se revela que tiene el apoyo de la bancada de Pachakutik con el fin de salvar a las vocales de la Judicatura en el juicio político.

En caso de ser destituidos de los cargos entrarán inmediatamente los remplazos: por Fausto Murillo entra Elcy Celi, por Ruth Barreno entraría Yolanda Yupangui y por Juan José Murillo entraría Jaime Veintimilla. La Asambleísta enfatizó que ninguno de ellos son correistas.  D.P.B

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«Es lamentable que figuras políticas pretendan jugar con la honorabilidad de una persona, bajo la intención de favorecer sus intereses personales, efectuando afirmaciones sin argumentos o prueba alguna». En referencia a la denuncia del asambleísta Almeida acerca de una presunta venta de las gasolineras PetroEcuador.

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De acuerdo con el Ejecutivo, cualquier acusación debe hacerse «de manera formal ante los órganos competentes con pruebas y siguiendo los procesos respectivos». No es la única denuncia contra Caicedo, la vocal del Consejo Nacional Electoral, Elena Nájera dijo que el consejero habría impuesto el instructivo para candidatos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

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“Boleto aéreo a mi nombre, con salida de Guayaquil a Miami el 15 de abril del 2022 y de regreso a Miami a Guayaquil el 19 de abril, adquirido mediante la plataforma digital Expedia.com el 5 de abril del 2022. Estado y resumen de los movimientos de la tarjeta correspondiente al mes de abril del 2022, en el que consta que el 5 de abril del 2022 se adquirió un ticket de ida y vuelta a mi nombre”, dice parte del documento.

Aleaga añade que colaborará con la Fiscalía en búsqueda de la verdad y la justicia penal. “Ya que la función tan importante que su institución realiza no puede estar enfocado en complacer los decrépitos caprichos de quienes quieren llamar la atención haciéndose pasar por técnico en derecho, y lo único que persiguen es mantener un teatro político, generando un estado de opinión a través de una foto en la que aparezco y que no constituye una conducta penalmente relevante.

El legislador esperará a que tanto Villavicencio como Vanegas coloquen sus denuncias en la Fiscalía para que la institución revise las pruebas que acaba de entregar.

Denuncia contra Aleaga

El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, Fernando Villavicencio, solicitó a la Fiscal General del Estado y la Unidad de Análisis Financiero continuar con la investigación en contra de Ronny Alega, asambleísta de UNES, por su presunta vinculación con Xavier Jordán, prófugo de la justicia ecuatoriana.

Entre las presuntas pruebas, Villavicencio sostuvo que Aleaga estaría relacionado con el operador de la compra y venta de la mansión de Javier Macías Carmigniani ubicada en Salinas. “Esta mansión en Salinas que, sin duda la construyeron con los recursos de sobornos pagados por la compañía de Sinohydro, constructora de Coca Codo Sinclair. La Policía no ha intervenido en esta mansión”, expresó.

Así también, Villavicencio recalcó su pedido al Ministro del Interior para que aclare al país el número de legisladores que cuentan con seguridad policial. Esto debido a que el Gobierno proporcionó de este recurso al legislador Aleaga, pese a que en las calles hacen falta policías. No obstante, Villavicencio ha dicho, en una ocasión, que él también utiliza la seguridad policial.

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«Usted ha ido a mendigar en mi oficina en varias oportunidades, que está al lado de la suya, y a pedirme que no sea malo que le ayude (a que no la destituyan) (…) la última vez que estuvo fue el día anterior a la sesión del CAL», dijo Saquicela en el programa Políticamente Correcto de Ecuavisa.

Guamaní rechazó dichas declaraciones y las tildó de falsas. Asimismo, expresó que la denuncia por incumplimiento de funciones que pesa sobre ella es infundada. Señaló que hizo una consulta a la Corte Constitucional y eso no va contra la ley.

«Seamos honestos, la denuncia en mi contra es por la moción que yo hice de realizarle consulta a la Corte Constitucional, sobre proyectos derogatorios», acotó.

La segunda vicepresidenta enfatizó que detrás de esa denuncia están grupos de poder que buscan destituirla para ganar espacios de poder en la Asamblea. También acusó a Saquicela de haberle pedido que dialogue con legisladores de Unión por la Esperanza (UNES) para conformar una nueva mayoría.

Profunda crisis del Legislativo

El informe de la Comisión Ad-Hoc para evaluar la gestión de la presidenta Guadalupe Llori recomienda su destitución. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), de darse ese escenario, será reemplazada por el primer vicepresidente Virgilio Saquicela, o la segunda vicepresidenta, Yesenia Guamaní; en ese orden.

No obstante, la situación no es tan simple. Esto debido a que tanto Saquicela como Guamaní tienen denuncias en su contra.

El 18 de mayo, el asambleísta de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) alineada al Gobierno de Lasso, Eitel Zambrano, ingresó una denuncia contra Saquicela. Según él, el vicepresidente habría incumplido funciones por faltar a sesiones del Consejo de Administración Legislativa (CAL). Estas inasistencias, sin justificaciones, impidieron el debido desarrollo del CAL, mencionó Zambrano. En consecuencia, Saquicela podría correr el mismo destino que Llori, una evaluación con posible destitución.

El mismo 18 de mayo, la legisladora de UNES, Jhajaira Urresta, denunció a Guamaní por incumplimiento de funciones. La vicepresidenta fue acusada de dos presuntas irregularidades. La primera, calificar por medio del CAL un proyecto de derogatoria de ley en 87 días, cuando la LOFL establece un plazo de 60 días. Y la segunda, mocionar una consulta técnica a la Corte Constitucional del mencionado proyecto de derogatoria cuando este ya fue calificado.

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“El primer caso tiene que ver con diezmos. Llori, a través de 4 funcionarios de la Asamblea, dos de ellos que todavía trabajan en el Legislativo, rentaba un carro para movilizarse. Llori se movilizaba con el dinero de estos exfuncionarios a través de la renta de un vehículo Ford Explorer 2019 de placas PDM 4156. Eso sucedió de julio a septiembre de 2021”, dijo la coordinadora, Marcela Holguín.

Agregó que los dos funcionarios activos responden a los apellidos Mesa y Cadena y los exfuncionarios: Abad y Larenas. “Existen documentos como una factura de renta de USD 773 a nombre de Fernando Abad, coordinador general de protocolo, desde junio de 2021”.

Holguín expresó que la denuncia se realizó al Comité de Ética para que se reúnan lo más rápido posible y traten el caso. También que comparezcan Llori y los cuatro funcionarios. “No es lo única donde la denuncia por diezmos. Se hizo pública que en la prefectura de Llori, bajo el nombre de ayuda económica, cobró USD 206 mensuales a funcionarios de la prefectura de Orellana”, añadió.

Intercambio de favores

El asambleísta Ferdinand Álvarez explicó que saben porqué la presidenta del Legislativo se aferra al cargo. “Descubrimos el porqué Llori se aferra al cargo. Pío Palacios, fiscal provincial de Orellana y Alba del Rocío Sánchez son esposos. Sánchez es coordinadora de talento humano en la Asamblea. Debido a que la esposa de Palacios consiguió este cargo, Llori realizaba el intercambio de favores para que Palacios no investigue las irregularidades cuando fue prefecta de Orellana. Mantiene las investigaciones en favor de Llori sin ningún resultado”, expresó.

Por su parte Ronny Aleaga dijo que solicitan la remoción del cargo como asambleísta de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa que sanciona el delito de diezmos. “Veamos si la presidenta consigue un abogado particular. Vamos a hacer que brille la justicia en el país. No toleraremos a una persona incompetente que obstruye los procesos con otras funciones del Estado. Existen tres denuncias una denuncia penal y dos ante el Comité de Ética”, aclaró.

La bancada también solicitó un cambio del orden del día donde se pide que el Pleno conozca la denuncia en el CAL de Esteban torres (PSC) contra Llori y la creación de una comisión Ad Hoc para la evaluación como segundo punto en la sesión. MIB

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Quito, 09 abr (La Calle).– Este 8 de abril venció el plazo para que la presidenta de la Asamblea Nacional (AN), Guadalupe Llori, envíe al Consejo de Administración Legislativa (CAL) los expedientes con las tres denuncias hechas por los legisladores: una en su contra y otras dos en contra de los siete vocales del CAL.

Asambleístas de Unión por la Esperanza (UNES) y de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN) presentaron por separado, una denuncia en contra de todos los integrantes del CAL. A ellas se suma la de Esteban Torres del Partido Social-Cristiano (PSC), la cual es dirigida directamente a Llori, por supuesto incumplimiento de funciones.

La intención de PSC, UNES y varios independientes es que se conforme una comisión ad hoc que evalúe la gestión de Llori y de los siete vocales que integran parte del CAL. Entre ellos están Llori, máxima autoridad del Pleno; Virgilio Saquicela (Democracia Sí), primer vicepresidente; Yeseña Guamaní (ID), segunda vicepresidenta; Ronny Aleaga (UNES), Darwin Pereira (ex PK), Nathalie Arias (CREO) y Johanna Moreira (ID).

Reacciones por las denuncias contra Llori y el CAL

Julio César Sarango, asesor jurídico de Llori, explicó que el envío de las denuncias estaba en trámite. Y que, una vez que Virgilio Saquicela asumió la presidencia en una sesión cuanto menos accidentada -pues, el 6 de abril apeló la dirección de Llori en el CAL- “tiene las atribuciones y el asesoramiento legal para proceder”.

Sarango afirmó que la presidenta remitirá la documentación y que su único pedido es que se ‘cumpla el debido proceso». Es decir, que se acoja el pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado: para crear una comisión ad hoc que la investigue y evalúe se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL). El cual se relaciona con el trámite de denuncias a los asambleístas.

Ese artículo refiere que en cuanto a plazos, hay un máximo de tres días para remitir las denuncias al CAL y que sean calificadas en un máximo de cinco días desde su recepción. El 8 de abril se cumplieron los tres días para que Llori remita los expedientes para conocimiento del CAL. Este último tendrá el plazo hasta el próximo miércoles, 13 de abril para pronunciarse sobre las denuncias contra Llori y el mismo CAL.

El CAL ¿tratará denuncias contra sí mismo?

«El CAL debe calificar la denuncia y al ser ellos los denunciados deberán abstenerse de calificarlas. Ahí encontramos una ley que tiene miles de vacíos», manifestó el legislador oficialista Juan Fernando Flores, y añadió que el pleno no podrá tomar una decisión porque podría arrogarse funciones.

De ahí en más, asambleístas como Marcela Holguín (UNES) reparan en que la denuncia a Llori puede ser conocida y resuelta por los miembro del CAL, mientras que ella deberá abstenerse de pronunciarse. El legislador Esteban Torres también coincidió en que los miembros del CAL no pueden pronunciarse sobre una denuncia en contra de ellos mismos, mas sin embargo no existen vacíos legales y por ello plantea que el pleno constituya la comisión ad hoc.

«Mi denuncia individual permitiría tomar la decisión para constituir la comisión. Esa sería la salida lógica jurídica y en cualquier vacío el pleno puede resolver con mayoría absoluta», dijo Torres.

“A mí nadie me da pensando”, dice Saquicela al BAN

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A través de un comunicado, la institución aclaró que la investigación por parte de la justicia española no vincula a las actuales autoridades. Por lo que, no vincula “ni al proceso de selección de la empresa ferroviaria internacional” que operará al nuevo sistema de transporte urbano en la capital.

Según el pronunciamiento oficial, la empresa metropolitana ha entregado toda la información solicitada por la Fiscalía del Ecuador para investigar el caso en el país. Las autoridades españolas y ecuatorianas investigan la contratación de un servicio de consultoría, con sobornos por 1,2 millones de dólares.

El gerente, Efraín Bastidas, dijo que el “Metro de Quito aporta a la transparencia de la investigación de Fiscalía de España, sobre un proceso de adjudicación para la gerencia técnica del proyecto que se llevó a cabo hace años atrás”. Así lo manifestó el funcionario durante una entrevista con radio Platinum.

El caso de corrupción

Según un informe publicado el martes por el diario español El Confidencial, la Fiscalía Anticorrupción de España investiga desde hace varios meses una denuncia de sobornos que habría pagado un consorcio español para adjudicarse del contrato de asesoramiento en la construcción del Metro de Quito en el año 2013. 

El fiscal encargado de las pesquisas, Luis Rodríguez Sol, señala al consorcio GMQ por los supuestos pagos ilegales. La firma estaría conformada por las empresas Prointec, KV Consultores e incluso señala que estaría involucrada la compañía Bustren.

La construcción del metro de Quito comenzó en 2013 y su coste supera los USD 2000 millones. Sin embargo, la entrega de la obra aún se encuentra en espera. Debido a que el municipio de Quito no han logrado gestionarla, tras varios intentos fallidos.

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“Nuevamente se pretende vulnerar la Ley en Asamblea Nacional para tramitar al apuro denuncias que aún no han sido verificadas. Las mismas serán conocidas en orden cronológico, observando plazos y con respeto al debido proceso. La ambición ha develado su evidente conflicto de interés”, escribió la presidenta.

El asambleísta y miembro del CAL, Darwin Pereira solicitó se conozca este miércoles como puntos del orden del día, las tres denuncias presentadas por representantes de las bancadas del Partido Social Cristiano (PSC), Unión por la Esperanza (UNES) y la bancada del Acuerdo Nacional (BAN) por incumplimiento de funciones.

Queja contra los jueces

Tras la imposibilidad de crear una Comisión para evaluar a los miembros del CAL, ya que tres jueces aprobaron las medidas cautelares presentadas por Guadalupe Llori, la bancada del PSC presentará una queja por intromisión en la función Legislativa.

“La burda y absurda injerencia de la justicia en el poder Legislativo. Nosotros rechazamos las actuaciones de estos jueces con estas medidas cautelares a la carta. Justamente cuando la Asamblea Nacional, que es un poder independiente, tenía que resolver un tema de suma importancia para su funcionamiento y el futuro de los ecuatorianos”, dijo el legislador Esteban Torres en su intervención. MIB

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“Hemos tenido un escabroso día enfrentando la intromisión de la justicia en la función Legislativa. Hemos tomado la decisión de presentar las denuncias para quitarle los pretextos a la presidenta de la Asamblea. Para que se tenga que conformar la Comisión tal como establece el artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa”, dijo Jarrín a los medios.

Jarrín explicó que la denuncia se realiza contra los siete miembros del Consejo de Administración Legislativa. “Hemos decidido establecer que los miembros del CAL han incumplido sus funciones en el momento en el que pretendieron que la Corte Constitucional resuelva si debían o no tratarse las derogatorias de la Ley tributaria. Eso nos parece haber esquivado las funciones del CAL”, añadió.

Incumplimiento de funciones

Por otra parte, el coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres entregó una denuncia en contra de la presidente Guadalupe Llori por el incumplimiento de funciones “para que, sin ningún pretexto, sin ninguna orden judicial mañosa, se dé tratamiento a lo que establece la Ley de la Función Legislativa. En esta denuncia se detallan dos incumplimientos: el irrespeto a la apelación a la Presidencia y la inobservación de poner sesiones en un período de 30 días tal como establece la ley”, dijo.

A pesar de que estaba programado un cambio al orden del día para discutir la Comisión de evaluación a estos funcionarios, el asambleísta Jarrín desistió del pedido por las medidas cautelares que aceptaron los jueces en favor de la presidenta Llori. MIB

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«Siempre he sido respetuoso con la institucionalidad del Estado. Yo propicié su recuperación. He sido respetuoso de las competencias de cada funcionario. Nunca intervine en decisiones que correspondían a ministros coordinadores, a ministros responsables o a directores de obra. No tengo dinero para pagar un ejército de trolls ni abogados para defenderme de las falsas acusaciones, como ellos si lo pueden hacer», dijo el mandatario.

El expresidente añadió que no tuvo intervención en temas de contratación pública y que los empresarios y funcionarios públicos lo saben. «Pueden dar testimonio de aquello. En esos tiempos, mi preocupación fundamental era la misión Manuela Espejo. Ustedes lo recuerdan. Se convirtió en un referente mundial de atención y ayuda a las personas con discapacidad».

Otra Venezuela

Moreno aludió a los miembros de la Revolución Ciudadana. «Señores robolucionarios, entiendalo de una vez. Todo el país lo sabía. Escribí la carta al movimiento, seis meses antes de ser candidato. Entiendan. Cambié el rumbo porque el país iba al despeñadero. Iba a convertirse en otra Venezuela».

Lo hice con el derecho que me asiste como gobernante y el puebl oestuvo de acuerdo conmigo. Siete de cada 10 ecuatoriano aprobaron la consulta popular. Mi cruzada por la lucha contra la corrupción, la democracia y la libertad, la han querido empañar con mentiras totalmente infundadas». El exmandatario dijo que no ytilicen su nombre ni el de su familia para armar pactos políticos o para esconder lo que él define como «la corrupción más grande que ha vivido el Ecuador».

Moreno enfrenta acusaciones por presunto peculado en el caso de los bienes del Museo de Carondelet. Así mismo podría ser culpable de cohecho en el caso INA Papers. También tiene pendiente una denuncia por estar implicado en el envío de armamento utilizado en las protestas de octubre de 2019 en Bolivia.

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“Uno no puede seguir dejando que personas con una estatura tan enana como este señor, en el sentido moral y ético, se dediquen a hacer fake news. Yo llegué a la conclusión de quedarme callada para no prestarme a eso, pero ya decidí entablar acciones judiciales porque este señor llevará a juicio las supuestas pruebas que tiene contra mí, mi familia, el expresidente Correa que nos vinculan a negocios que jamás existieron”, dijo en entrevista para Radio La Calle.

No es la primera vez que involucran a la política en asuntos judiciales. “En 2008 cuando cayó la bomba en Sucumbíos y encuentran los computadores aparezco yo con unos correos que en la vida se me hubieran ocurrido escribir. Hablé con el presidente Correa porque en Colombia no teníamos ninguna información”, explicó.

“Lo que me gustaría saber es con quién trabaja este señor (Villavicencio) ¿por qué actúa así? Porque esto arranca con unos personajes de Colombia que, si conozco, que no tienen que ver con narcotráfico, pero están vinculados a la oposición. El señor Villavicencio debe tener cosas contundentes”.

La exsenadora añadió que, contrariamente a los documentos que señala Villavicencio, ella no tiene una buena relación con el expresidente Juan Manuel Santos. “Si Santos la conociera y fuera cierta, tengan la absoluta certeza que él la habría entregado”.

“Atracador de calle”

Esta persecución a Córdoba no es nueva. “Primero porque era chavista y ahora lo de Alex Saab y lo cierto es que ni siquiera la DEA ha podido encontrar nada porque no existe”, dijo. Agregó que inclusive habían dicho en un canal de televisión que tenía una mina de oro con el expresidente español, Rodríguez Zapatero. “No me imagino hablando con él sobre la mina que tenemos. Eso no es lo grave, sino que el periodista dice que yo maté al campesino dueño de la mina para quedarme con el terrero”.

Para la exfuncionaria es importante actuar y señaló que denunciará estos hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “porque a estos atracadores de calle como Villavicencio hay que darles su merecido. El merecido no es el que pasa en Colombia donde asesinan a la oposición”.

Córdoba ha sufrido 14 atentados durante su vida política incluido el secuestro por parte del líder paramilitar Carlos Castaño. “Yo no voy a quedarme callada porque los perjuicios inmensos. Llegaron al punto de revisar las cuentas de mi madre, una mujer de 87 años. El banco negó a mi hijo un préstamo por las mentiras que difunden”.

“Yo le quiero decir a Villavicencio que me han tocado pasajes más oscuros. Fui secuestrada por el criminal más grande de Colombia, Carlos Castaño y lo enfrenté. Me mantuve en mi postura, estuve 16 días secuestrada y la presión mundial me salvó. Yo hubiera preferido morir que abdicar a mis principios”. Córdoba sostuvo que Fernando Villavicencio es «una rata de alcantarilla».

Mire la entrevista completa aquí:

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“Claro está que tomaré correctivos en mi equipo de trabajo, frente a ello he decidido separar del mismo a mi Asesor que se ha visto involucrado en los últimos acontecimientos, para que tenga el tiempo y la libertad suficiente de ejercer su constitucional derecho a la defensa”, escribió en una publicación en Facebook.

El legislador también agradeció a las personas que le han mostrado su apoyo “frente a un premeditado ataque de los poderes fácticos de este país que no perdonan que un hombre nacido de las entrañas del pueblo tenga la capacidad de fiscalizarlos con voz firme y parándose duro en la Asamblea Nacional”.

Agregó que los acontecimientos no lo van a intimidar o callar, sino que va a fiscalizar con más fuerza. “No voy a abandonar a mis hermanos agricultores, ni a los maestros, ni a los trabajadores de la salud, ni a los jóvenes burlados por la SENESCYT, ni a todos aquellos con los que hemos levantado una bandera de lucha”.

Una broma

Peter Armijos, asesor del asambleísta Darwin Pereira (PK) no habría ofrecido y entregado cargos públicos, sino que los chats eran una «especie de broma entre él y un amigo». Así lo dijo Pereira en una rueda de prensa.

“No voy a hacer juicio de valor sobre esa denuncia. Si los chats son o no reales, ha sido reconocido por él (Armijos) en un comunicado de que los filtraron, lo que quiere decir que son reales. Le corresponde a él aclarar en qué contexto se dieron. La explicación que me dio a mí es que lo habría hecho en una especie de broma con otro amigo por chat”, dijo el legislador.

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Tres denuncias de corrupción aparecieron en solo una semana. Al parecer Bella Jiménez, el asesor de Darwin Pereira y Elías Jachero estarían ofreciendo cargos públicos, como quien entrega flores el 14 de febrero. Con varios documentos, parecería que Jiménez si se llevó una tajada en ese queso llamado corrupción. USD 3.000 y USD 6.000 le habrían entregado dos ciudadanos que buscaban trabajo en el Legislativo.

En cambio, el asesor de Pereira los ofrecería a la “gente leal”, no sabemos todavía quiénes son, pero si que tenía 10 médico y 20 personas para el Ministerio de Trabajo. Elías le estaría ofreciendo trabajo al hijo de un amigo, que insistentemente le escribía para conseguir ese objetivo para su retoño.

Cuando los pantallazos salieron a la luz, las escusas disparatadas aparecieron también. Si no se aburrió todavía, le contaré. Bella Jiménez dijo en un comunicado que sus asesores habían utilizado sus aparatos móviles y su identidad para escribir esos mensajes. Una legisladora que no quiere tomar culpas, sino que quiere expiarlas en alguien más.

Si estuviéramos en Roma, los legisladores de Pachakutik dirían ‘Et tu, Brute’ (¿Tú también, Bruto?) a Darwin Pereira, quien al parecer no sabe con quienes trabaja. Su asesor Peter Armijos habría entregado 30 puestos en el sector público. No negó la veracidad de esos chats, pero Pereira dio una excusa mucho más cómica ‘literalmente’. “Lo habría hecho en una especie de broma con otro amigo por chat”, dijo a los medios el asambleísta.

Ahora son comediantes, unos payasos que recorren el Pleno del Legislativo. Los ecuatorianos aún esperamos entender el chiste, porque la corrupción no nos parece gracioso. No le parece gracioso al niño que vende frutas en las calles, ni a la madre soltera que ha quedado sin trabajo. Ni a los médicos a los que no les dan nombramiento.

Este ridículo espectáculo abre la puerta a una tragedia, el posible llamado a una muerte cruzada y la eliminación de los legisladores. Esperemos que esa posibilidad les corte la risa y empiecen a trabajar de verdad.

Por ahora cerramos el telón. (MIB)

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«La delegación tiene 48 atletas y llevamos 9 médicos y fisioterapeutas. Carapaz está en el Real Madrid del ciclismo, ellos cuidan su inversión. El fisioterapeuta le da masajes todo el año. Entonces porqué me voy a resentir por eso. Es una realidad ecuatoriana. Clasificaron 48 atletas, podíamos llevar 101 personas. Esto no es Australia o Nueva Zelanda. Estamos en Ecuador y por eso tenemos la mala costumbre de buscar culpables en los éxitos», dijo en una entrevista con La Posta.

Indicó también que el Ministro de Deporte, Sebastián Palacios, buscó salir de la situación echándole la culpa al COE. «Todo estaba bien hasta que Carapaz gana el oro y hace las declaraciones. Yo quiero entender cuál es el problema. Al parecer el ministro se siente amenazado por las declaraciones de Carapaz. Al ser un actor político busca salir de las miradas y no encuentra forma más fácil que decir yo recién llegué, los culpables son los del COE».

De acuerdo con Zambrano, la elección de entrenador no la hace el organismo.
«El COE no elige qué entrenador va, eso es autonomía de las federaciones. En el ciclismo, el entrenador no lo pone el COE, sino la Federación Ecuatoriana de Ciclismo».

Otras denuncias

Zambrano también se refirió a las denuncias de Juan José Caicedo y Marizol Landázuri e indicó que no estaban apegadas a la realidad.

«Veo exagerado la denuncia de los uniformes incompletos de Juan Caicedo, él clasificó al final y es XXXL y el problema es por dos uniformes. También dijo que estaba lesionado y le hicieron una prueba de alta tecnología en Tokyo que indicó que estaba sano».

Sobre Landázuri, el dirigente dijo que la atleta borró su denuncia unos días después. «No sabemos ni cuál es el entrenador del que ella habla».

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“Sería lamentable que en el trabajo de la Fiscal aparezcan intereses políticos porque su trabajo es actuar en derecho. No es un personaje político partidista, sino que debe actuar conforme a la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP). Asombra que a través de sus redes sociales denuncie presiones en los casos. No es la vía de denuncia, no se lo hace por las redes sociales. Para cumplir con las labores de Fiscalía no se usa Tik tok, twitter o Facebook sino a través de los organismos judiciales correspondientes”, dijo para Radio La Calle.

INA Papers

El pasado 23 de junio, en una entrevista Salazar indicó que la investigación del caso INA Papers, que involucra al expresidente Lenín Moreno, está avanzando y vendrán “sorpresas”. Aunque no ofreció grandes detalles, indicó que esperan el arribo de información, al menos el cincuenta por ciento desde Panamá.

El jurista añadió que “lo que se conoce del caso son los negocios a través de paraísos fiscales en Panamá. No se puede conocer mucho más ya que el proceso está en etapa de investigación previa que es reservada. No se puede tener más acceso a estos temas”.

Aunque llama la atención que INA Papers se investigue con más ahínco tras la salida de Lenín Moreno, la ciudadanía debe estar pendiente. “Debemos estar vigilantes como ecuatorianos de que se cumpla con la función que tiene la fiscal que es llevar adelante las investigaciones del caso, accionar para que se abran los proceso penales en contra de las personas que presuntamente podían cometer ese delito. Ese es el trabajo de la Fiscal”.

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“Una personas privada de la libertad tiene privilegios en la Cárcel. Es capaz de ingresar dispositivos como un computador y hacer una firma electrónica. Queremos que se investigue y se sancione. No es posible que existan PPL de primera, segunda o tercera categoría”, dijo.

Rovira anunció que seguirá al frente de la Defensoría del Pueblo. “Sigo siendo la defensora subrogante. Nuestro coordinador jurídico indicó que procede la imposibilidad de ejercer el cargo por fuerza mayor”.

Trabajando desde la cárcel

El defensor del Pueblo, Freddy Carrión cesó en sus funciones a la defensora subrogante  Zaida Rovira  del cargo de Vicedefensora del Pueblo desde su celda de la cárcel # 4.

“Cesar en funciones a la abogada Zaida Rovira  Jurado dela Vicedefensoría del Pueblo y nombrar a la abogada Tania Castillo, actual delegada provincial del Carchi, en calidad de Vicedefensora del Pueblo; quien me subrogará en mis funciones de conformidad con el artículo 15 de la ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo”, indicó Carrión en una resolución.

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«Es necesario que la ciudadanía conozca de las máximas autoridades del gobierno el plan de vacunación en términos generales e integrales para toda la población ecuatoriana. Resulta intolerable que el personal que atiende en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), hospitalización y triaje no hayan sido priorizados para la primera dosis y tengan que reclamar para ser considerados», expresó el principal de la Defensoría.

Denuncias ciudadanas

Un video en el hospital Guasmo Sur de Guayaquil muestra al doctor Agustín Loor. El galeno que es esposo de la empresaria Isabel Noboa recibió la vacuna contra el Covid-19. La denuncia indica que el médico tiene consulta particular y no atiende a pacientes con el virus.

Otro video muestra a un equipo de Ecuavisa en el Hospital de los Valles. A ese lugar llegaron las vacunas a pesar de que es una institución de salud privada. Un ciudadano les impide grabar y les pide de malos modos que salgan del lugar.

Por otro lado, el presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Jorge Wated informó la destitución de la directora de Comunicación del hospital Andrade Marín. La funcionaria se vacunó sin constar en la lista de prioridad del plan piloto de vacunación.

Hasta el momento, el Ministerio de Salud Pública no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estas denuncias. La cartera de Estado informó sobre un nuevo contrato para vacunas. Esta vez con la productora inglesa Oxford- AstraZeneca que proporcionará al país de cinco millones de dosis para 2’500.000 ecuatorianos. No existe una fecha exacta para el arribo de estas vacunas.

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Según datos del ECU 911, alrededor del 55% de este tipo de alertas estuvo en las ciudades de Quito y Guayaquil y la frecuencia está en 235 alertas diarias. En otro tipo de alertas se recibieron 1’173.633.

El director del organismo de ayuda, Juan Zapata reiteró “el buen uso del 9-1-1, ya que es necesario que los ciudadanos respeten el trabajo de las entidades de primera respuesta que están arriesgando su vida y están en la primera línea de asistencia”.

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