«Si se toman medidas regresivas como el cierre de la empresa de Medios Públicos se generará responsabilidad para quienes tomaron esa decisión», advirtió Burbano. Esta responsabilidad, dijo, puede llegar desde cada uno de los afectados así como de la misma DPE.

Según Burbano, la Defensoría está analizando iniciar acciones constitucionales ante la Corte Constitucional como a jueces de instancia. La misión es defender los derechos de los trabajadores de Medios Públicos y de cada uno de los trabajadores despedidos el 24 de julio. Incluso, aclaró que podrán acudir a instancias internacionales por «la regresividad en el ejercicio de algunos derechos», alertó.

Violación a la Constitución

En su comparecencia, Burbano también apeló al trabajo de fiscalización de los asambleístas. Por ello, dijo que deben observar las decisiones contra los trabajadores y contra la ciudadanía en general. Esta postura fue respaldada por la legisladora Silvia Salgado, del Partido Socialista. «No podemos admitir un gobierno o un Estado que en plena crisis haya aprovechado el momento para debilitar el Estado y la institucionalidad pública», criticó.

Salgado, además, resaltó que el cierre de Medios Públicos viola la Constitución. Por ello, pidió que se demande la inconstitucionalidad de la decisión del cierre de la empresa comunicacional pública.

Importancia de Medios Públicos

Frente a la pandemia por Covid-19, el Ejecutivo planteó usar las plataformas de los Medios Públicos para transmitir la educación desde casa. La Defensoría aclaró que esta medida debió buscar el fortalecimiento de la empresa para cumplir con el derecho a la educación pública.

Por su parte, apeló a la Constitución para alertar que la misma estipula la existencia de medios de comunicación públicos y comunitarios. El fin consiste en respetar la doble dimensión del derecho a la libertad de expresión.

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