Bermeo viajaba junto a su hermano en un grúa por el sector de San Pedro de Yumate. Durante el recorrido, fueron interceptados por un vehículo. Un sujeto les pidió remolcar un camión que al parecer contenía material aurífero. Bermeo y su hermano se negaron. De repente salieron hombres armados y dispararon contra la grúa. La defensora recibió un impacto de bala en el pecho, lo que provocó su muerte.

Según denunciaron colectivos, dos vehículos se dirigían a la concesión de la minera china Ecuagoldmining S.A. para sacar oro el 21 de octubre. Un camión fue retenido por la Policía, y por decisión colectiva de la comunidad solicitaron que devuelvan el material extraído a Molleturo. En el camino, por el control Tamarindo vía Naranjal-Cuenca, se encontraron con la grúa de Bermeo y ocurrió el fatídico desenlace.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció los constantes y violentos ataques que sufren las personas defensoras de las comunidades del Azuay. Durante el mes de octubre, todas las víctimas han sido mujeres. Sin embargo, ni la Gobernación de la provincia, ni la Policía o la Fiscalía actuaron oportunamente frente a las agresiones que han recibido las comunidades que rechazan la minería ilegal y legal.

Más ataques…

El 1 de octubre, la casa de otra defensora fue atacada. El GAD de Molleturo habría encargado a Mónica Guarango maquinaria para el mantenimiento de una vía. En la noche, antisociales dispararon contra su hogar mientras ella descansaba junto a su hijo.

El mismo día, se presume que los mismos hombres quemaron la casa de la comuna en la montaña. Allí los moradores realizaban labores de monitoreo y restauración ambiental.

Una semana después, el 8 de octubre, la defensora Dina Chillpi recibió un disparo en su pierna cuando estaba en el Frente de Resistencia de San Pedro de Yumate.

Exigencias

«En 2018 se ordenó que la empresa china suspenda las actividades mineras en el lugar, sin embargo, la mina no ha tenido un cierre técnico definitivo. Los pobladores denuncian que la empresa estaría fomentando estos conflictos», reza la denuncia pública de la Alianza.

Las comunidades exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto. Además, que dejen sin efecto las licencias de la minera china y que el Estado ecuatoriano implemente las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de la naturaleza.

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Santi, en sus declaraciones, dijo que la Asamblea ha hecho un trabajo exhaustivo con diversas organizaciones para que se hagan efectivas las amnistías e indultos.

Criminalización

Zenaida Yasacama, vicepresidenta de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), señaló que la Confederación identificó: 1) la criminalización a dirigentes por la administración de justicia indígena; 2) la criminalización contra los “luchadores” y defensores de los derechos humanos y de la naturaleza.

En este escenario, Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos, también se pronunció y dijo la labor que cumplen las personas que defienden los derechos es esencial en un estado de derecho.

También explicó que la criminalización significa que no se permitirá a la persona, en esa situación, ejercer sus derechos de resistencia y de defensa de los derechos humanos y del ambiente.

Igualmente, dijo que la criminalización tiene efectos en toda la comunidad, además de afectar a los individuos y sus familias.

La coordinadora enfatizó que criminalizaron a otros personajes históricos , en sus épocas, por defender los derechos que ahora gozamos y exigió a la Asamblea Nacional desde las organizaciones y la alianza que se garantice la amnistía.

“La Asamblea Nacional tiene el rol histórico de actuar como no lo han hecho las otras instituciones del Estado”.

Idrovo además mencionó que, en junio de 2021, se identificaron al menos 449 personas en riesgo y 119 personas criminalizadas.

Sobre los derechos de la Naturaleza

Santi expresó que los gobiernos de turno “se han feriado territorios”. Y que “en nuestro país, la persecución se centra en dirigentes locales quienes protegen el territorio frente a megaproyectos petroleros mineros y megaproyectos hidroeléctricos.

Senaida Yasacama, por su parte, también se pronunció al respecto y dijo:

“Pedimos respeto a la naturaleza (…) las actividades petroleras y mineras están atacando a los territorios de los pueblos indígenas. Esto demuestra que en realidad no estamos viviendo en un país del encuentro, sino en un país que cada día nos está amenazando”.

También manifestó que la CONAIE no detendrá la lucha por la defensa de los derechos de la naturaleza que se detallan en la Constitución del país.

Yasacama invitó al pueblo ecuatoriano a debatir y hacer conciencia sobre la defensa de los derechos colectivos. «Con esta justicia, los pobres somos afectados”, dijo la militante.

Por otra parte, Angel P., delegado de la Ecuarunari, expresó que lo persiguieron «no por ser una persona mala o por haber hecho injusticias en el pueblo indígena o al nivel del país. La razón fue por defender los derechos colectivos de los pueblos indígenas por defender la tierra y el agua

el militante habló sobre el caso en la comunidad “La Esperanza, ubicada en la parroquia Pilahuin, en la provincia de Tungurahua. El militante expuso que existe una empresa que, sin consultar a la comunidad, la empresa intentó privatizar el agua y comercializarla.

Y tras dicha situación, Ángel fue perseguido injustamente, según sus declaraciones.

“Nosotros, como pueblos indígenas, no hemos hecho cosas malas (…) defendemos nuestros derechos colectivos, nuestra tierra y nuestra agua”.

Otros dirigentes

Yasacama también se manifestó respecto a las movilizaciones ocurridas en octubre de 2019:

“No se ha dado ninguna respuesta a los casos por las luchas de octubre de 2019”, dijo la militante.

Por otro lado, el dirigente Santi se pronunció respecto a la violencia a la que están expuestos los militantes y defensores de derechos al ser criminalizados y privados de libertad, diciendo:

“No podemos aceptar que dirigentes inocentes sean acribillados en las cárceles como pasó con Víctor Guaillas”. Él fue activista y defensor del agua y los páramos. Murió en una de las masacres ocurridas en el Centro de Rehabilitación Social de Varones Nº1 de Guayaquil, (Penitenciaria del Litoral).

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