Una táctica genocida que aún sigue impune

Desde Sudán hasta la República Democrática del Congo, los testimonios de mujeres, niñas, niños e incluso hombres víctimas de violación en zonas de conflicto estremecen: cuerpos usados como campos de batalla, embarazos forzados como estrategia de terror, comunidades devastadas por el trauma colectivo.

En Sudán, UNICEF ha confirmado al menos 221 niños violados solo en 2024, algunos con apenas un año de edad. En el Congo, se denuncian ejecuciones públicas tras violaciones grupales. ¿Y cuántas más no se reportan, por miedo, estigma o porque el agresor es el que aún tiene el fusil?

La impunidad no es una falla, es parte del sistema

La histórica Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU (2008) reconoció por primera vez que la violencia sexual en conflictos es un crimen de guerra. Pero 16 años después, ¿cuántos han sido juzgados? ¿Cuántas víctimas han accedido a justicia o reparación?

Las cifras dicen poco. El silencio y la impunidad, en cambio, lo gritan todo. La mayoría de agresores camina libre, y en muchos casos, sigue portando uniforme. La justicia llega tarde, o no llega.

Justicia, atención integral y liderazgo de sobrevivientes

Hoy, el mundo debe escuchar –y no solo homenajear– a las sobrevivientes. La ONU y la Unión Europea insisten en tres caminos:

• Justicia sin impunidad, con mecanismos efectivos nacionales e internacionales.
• Atención integral para sobrevivientes, sin revictimizaciones ni barreras.
• Liderazgo con voz propia, donde las víctimas construyan y no solo sean “casos”.

UNFPA alerta que la herida no cierra si no se accede a salud mental, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin eso, seguimos acumulando deuda con quienes más han sufrido.

Escuchar es un acto político. Reparar, una urgencia ética.

Desde una mirada progresista y feminista, este día no es para conmemorar con flores ni discursos huecos. Es para exigir acción:

• Que los Estados no sigan haciendo de la violencia sexual un tema de “cooperación internacional”, sino una prioridad política.
• Que los agresores no reciban amnistías disfrazadas de reconciliación.
• Que la memoria de quienes resistieron con su cuerpo no sea enterrada en archivos diplomáticos.

La violencia sexual no es cultural ni inevitable. Es una elección del poder. Y también puede ser derrotada con leyes justas, atención digna y, sobre todo, con voluntad política y humanidad.

En La Calle, creemos que sin justicia no hay paz. Y que recordar también es un acto de resistencia.

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“Queremos que la ley que está vigente y que permite a las mujeres abortar en casos de violación sea una mejor ley, estamos tratando de mejorarla”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Gómez recalcó que los requisitos que establece la Ley de aborto por violación son obstaculizadores y no están en consonancia con la sentencia que elaboró la Corte Constitucional.

“Los estándares internacionales tienen que ver con la obligación fundamental de que una ley como esta no discrimine, que no revictimice, que cumpla con regulaciones como el tema de objeción de conciencia”, afirmó la directora.

Además, reiteró que el Estado ecuatoriano tiene que aportar y apoyar para que los profesionales de la salud tengan la posibilidad de sensibilizarse y capacitarse sobre la implementación de la Ley de aborto.                                       

«La Ley que está vigente, que pasó por el Ministerio de la Ley, permite la objeción de conciencia institucional, sobre todo en el sector privado… Hay omisiones que vulneran los derechos de las mujeres», aseveró Gómez.

La directora también comentó que las consecuencias a nivel operativo, por ejemplo, es que haya ambigüedad en la Ley y que, en el sistema de salud, los y las profesionales interpreten la Ley a su gusto.

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«En América Latina ha habido una serie de cambios legislativos importantes. Los movimientos sociales están logrando algunos cambios que han permitido eliminar ese tipo de penalizaciones”, expresó durante una entrevista con Radio La Calle.

Rosero comentó que, el caso de Argentina, México y Colombia, por medio de decisiones judiciales, llegan a la misma conclusión: criminalizar el aborto es inconstitucional y va en contra de los derechos de las mujeres y por esa razón debería transitarse a una despenalización.

«Tenemos otros países que siguen teniendo una reglamentación bastante limitativa en Centroamérica, como El Salvador, Nicaragua y Honduras en donde todavía hay penalizaciones totales. Ecuador tiene algunas limitaciones como en la regulación de la causal de violación», detalló la abogada.

Además, explicó que el Ecuador se encuentra en un grupo de países que tienen un sistema más limitado debido a que solamente está establecido por una serie de causales respecto a la despenalización del aborto.

“En los últimos 25 años cada vez más países comprenden la necesidad de despenalizar el aborto y de establecer regulaciones que estén dentro del derecho sanitario en lugar del derecho penal”, afirmó Rosero.

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Rocío Rosero recalcó que el 8 de marzo es un día conmemorativo de las luchas históricas de las mujeres por la igualdad.

Sofía Cabrera sostuvo que las mujeres en la academia han tenido que vencer varios retos y todavía quedan obstáculos por superar. Además, manifestó que se deben desarrollar propuestas académicas que estén orientadas a la equidad de género.

“Solo el 40% de las mujeres están dedicadas al área de investigación. Sigue siendo un desafío generar un paradigma de cambio en las futuras generaciones”, expresó.

Por otro lado, Paulina Vercoutere aseguró que siempre será más difícil para una mujer configurar un espacio en la política y se debe luchar contra estos estereotipos.

Cabrera también reiteró que entre los desafíos que se deben vencer se encuentra el otorgar mayor acceso de las mujeres a los puestos directivos.

“Debemos buscar formas más inclusivas en el entorno virtual para que hombres y mujeres sigan ampliando los campos de acción”, comentó la docente.

Rosero se refirió a las acciones que ha tomado el gobierno respecto a garantizar los derechos de las mujeres. “Tenemos una situación que va en picada contra los derechos de las mujeres, porque tenemos un problema con la institucionalidad”, afirmó la socióloga.

La futbolista María José Benítez también manifestó que el día de la mujer es un día de reconocimiento de las luchas que han enfrentado. “Dentro del deporte existen desafíos como el machismo y hemos visto que las mujeres han logrado superar esas barreras”, dijo.

Las panelistas coincidieron en que hay muchos avances en el tema de derechos, pero aún son insuficientes. Recalcaron que la organización social y los procesos de lucha que se han generado desde ahí, han permitido a las mujeres disputar los espacios que históricamente han sido ocupados por los hombres. 

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“Estamos hablando de más de 3000 niñas embarazadas a nivel nacional, y lamentablemente no tienen el amparo jurídico ni de salud por parte del Estado ecuatoriano”, explicó durante una entrevista con Radio La Calle.

También detalló que la temporalidad del proceso de interrupción del embarazo aún sigue en estudio. “Hoy la Comisión de Justicia va a volver a sesionar para articular la ley, de tal manera que no se retroceda en derechos para nuestras víctimas”, recalcó la asambleísta.

Urresta reiteró que el objetivo de esta ley es que las victimas de violación sepan que el Estado ecuatoriano y las leyes las amparan.

Detalló que la mayoría de casos de violación ocurren en territorios muy alejados de las ciudades. Por ello, explicó, las 28 semanas que se han colocado en el proyecto de Ley es para no re victimizar a las víctimas y para que tengan la oportunidad de acercarse a una casa de salud y solicitar ayuda.

“No es que a las 28 semanas el médico va a matar al bebé. El medico va a interrumpir el embarazo, lo va a sacar y colocar en una termo cuna para acceder a procesos de adopción”, mencionó.

La asambleísta explicó la importancia de leer bien los articulados, pues no se habla de aborto a las 28 semanas sino de la interrupción del embarazo.

“No queremos niñas embarazadas ni mujeres violentadas, lo que menos queremos es un país en violencia sexual y en impunidad”, manifestó.

Frente al segundo debate que se va a realizar, la asambleísta afirmó que se responderá y se defenderá cada uno de los articulados de la ley. “Vamos a responder al debate enteramente de forma técnica, de forma legal y esperamos que la sensibilidad humana y la sensatez jurídica sean parte de este segundo proceso”

También se refirió a los mecanismos de campaña sucia para eliminar esta ley que algunos asambleístas han realizado. “No podemos mezclar la religión con una crisis sanitaria y de salud pública como la que estamos llevando en este proceso de la ley de aborto en casos de violación”, recalcó la asambleísta.

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Los convenios vigentes vencen el 31 de diciembre del 2021. Sin embargo, la Red indicó que la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, les dijo que, sin precisar fechas, “lanzará una nueva convocatoria para sostener estos servicios”. Mientras tanto, llamó a las organizaciones que conforman la Red a “resistir”, “y si es el caso, a mantener los servicios de atención por cuenta de las organizaciones”, señala el comunicado.

El Estado ecuatoriano no asume todos los costos de mantenimiento de las casas de acogida. Según la Red, el monto anual que reciben estos centros es de USD 126.948. No obstante, este monto es apenas un “aporte parcial” de los costos totales para el sostenimiento básico de una casa de acogida.

Los recursos estatales solo cubren el salario  del personal profesional, una parte de la alimentación de las víctimas, y un pequeño presupuesto destinado entre capacitación y prevención, movilización y suministros de limpieza. Sin embargo, servicios como agua, luz, comunicaciones, infraestructura, medicina y demás gastos corren por cuenta de las organizaciones sociales.

La Red advierte que sin estos convenios no podrán iniciar los primeros meses del 2022. Sin estos recursos -y los que faltan- se verá obligada a cerrar los centros. Esto ocasionará que las víctimas de este tipo de violencia queden indefensas sin un refugio seguro.

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Quito, 20 oct (La Calle).- 54 de cada 100 mujeres dueñas de microemprendimientos han sufrido violencia por parte de sus parejas o exparejas.

La red de mujeres de la economía violeta organizó el primer foro nacional  de alto nivel – reactivación económica en clave violeta: Emprendimiento con propósito y libre de violencia. Este foro contó con la participación de Arístides Vara-Horna, quién expuso los costos que le representan al país.

Las cifras expresan que el 73,7% de las mujeres emprendedoras han sufrido algún daño físico o emocional. Esto ha ocasionado un costo anual de 214 millones de dólares americanos como pérdida de ingresos netos. Representan, además, de una pérdida de 28,9 millones de dólares en gastos de bolsillo, un equivalente al 0,26% del Producto Interno Bruto del año 2019.

Viviana Maldonado, directora del programa prevención de violencia contra las mujeres PreViMujer de la corporación alemana GIZ, mencionó que “las dueñas de emprendimientos y microemprendimientos son afectadas por violencia de pareja”. Según señaló Maldonado, la violencia que viven las mujeres emprendedoras no es solo económica sino también sicológica. En varios de los casos las afectadas buscan ayuda y esa ayuda representa un gasto directo para sus bolsillos, por ende afecta a sus ingresos.

Otros tipos de violencia

Las mujeres emprendedoras no solo son vulneradas por sus parejas o familiares sino también por las entidades financieras, pues no existen programas de créditos que apoyen a mujeres emprendedoras. Al contrario existen muchas trabas en el proceso como la solicitud de un garante o la firma de sus esposos o parejas para acceder al crédito.

Así también existe una nula educación financiera en las mujeres, esto debido a que sus convivientes o familiares masculinos son más participes del sistema financiero.

El economista Roberto Romero mencionó que  es necesario “reinventar y romper paradigmas haciendo que el entorno familiar no decida por ellas”.

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Quito, 16 de ago (La Calle).- La reportera de la cadena norteamericana CNN, Clarissa Ward, se ha visto obligada a cambiar su forma de vestir para realizar su trabajo en el primer día del régimen Talibán en Afganistán. Una de las graves consecuencias que ya está sufriendo la población de este país es el retroceso en materia de igualdad de género.

La periodista internacional pasó de vestir con ropa casual a tener que usar el velo islámico en menos de 24 horas, debido a la rígida ley talibán. Según esta visión, las mujeres deben mostrar únicamente su cara. Todo lo demás, cuerpo, cabello y cuerpo debe estar cubierto por una “burka”, sobre todo en presencia de los hombres.  

Según medios internacionales, la periodista asegura que “nada más pisar la calle se puede sentir quién está ahora al mando del país. En Kabul, explica, se pueden ver los camiones repletos de talibanes que disparan al aire para celebrar su regreso al poder.”

No acaba ahí…

Medios internacionales señalan que el Talibán prohibirá el uso de cosméticos, y pintarse las uñas podrá conllevar la amputación de los dedos. Las mujeres serán completamente dependientes del hombre dado que no podrán circular por las ciudades afganas de manera libre. También estará prohibido ir en taxi si no está acompañada de un varón y solo podrá contraer matrimonio con un hombre musulmán.

Del mismo modo, la práctica de cualquier deporte y uso de la bicicleta o motocicletas estará prohibido para las mujeres. Asimismo, no podrán reírse en voz alta o usar tacones. “El testimonio de una mujer en un hipotético juicio valdrá la mitad que la de cualquier varón” y la custodia y manutención de los hijos es responsabilidad absoluta del padre.

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Según la cadena France 24, existen informes de que los talibanes están «yendo de puerta en puerta, redactando listas de mujeres y niñas de entre 12 y 45 años que luego se ven obligadas a casarse con combatientes islamistas».  Además, mujeres reportan amenazas por estudiar, trabajar o elegir la ropa que deben vestir.

Aunque los talibanes ingresaron a la capital de Afganistán este 15 de agosto, la alerta está presente desde mayo. France 24 señala que desde ese mes, «casi 250.000 afganos han huido de sus hogares desde finales de mayo. El 80 % son mujeres y niños, según la agencia de la ONU para los refugiados».

Si los insurgentes llegaran a tener control total, reglas que regían entre 1996 y 2001 podrían volver. Es decir, para la mujer estaría prohibido trabajar y estudiar, mostrar su cara en público y ser independiente. Humillaciones, golpizas y ejecuciones también forman parte de ese pasado oscuro que muchas mujeres y niños no quieren vivir en Afganistán.

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Quito, 22 may (La Calle).-El COVID-19 y las medidas de confinamiento han generado un escenario precario para la protección de los derechos de las niñas en Ecuador, las consecuencias más alarmantes son: embarazo precoz, agresiones físicas, verbales y psicológicas.

«Se han agravado los factores de riesgo de abuso de los derechos de las niñas y se han deteriorado los factores de protección. La falta acceso a mecanismos de denuncia, pérdidas de vínculos sociales y sistemas de protección debilitados, genera un contexto aún más desfavorable para las niñas», dijo la directora regional de la ONG Plan Internacional Américas, Débora Cobar, para la agencia Sputnik.

Cifras alarmantes

Ecuador es el segundo país con la más alta tasa de embarazos en adolescentes, tan solo superado por Venezuela. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del país (INEC), el 50% de los egresos hospitalarios en niñas y adolescentes de entre 10 y 17 años está relacionado con el embarazo, parto y etapas posteriores.

En Ecuador, el 64% de los casos de agresiones se presenta en menores de 18 años. Los embarazos tempranos se dan en niñas menores de 15 años. A diario, 7 niñas de entre 10 y 14 años dan a luz como consecuencia de una violación.  En la mayor parte de los casos, el agresor pertenece al entorno cercano.

Un estudio de Unicef del año 2017, encontró que dentro del grupo de mujeres que fueron madres en Ecuador con menos de 15 años de edad, el 73,5% tenía solo educación básica. Tan solo el 25,5% contaba con bachillerato.

Una de las causas de este problema social son los patrones culturales que profundizan la violencia. A la mayoría de las niñas que no van a la escuela se les otorga un rol de cuidado y de oficios domésticos.

Rossana Viteri, directora del Plan Internacional Ecuador, asegura que con un aporte mensual de USD 10 se puede lograr que los niños mantengan sus estudios.

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El cuerpo de las mujeres, en nuestra sociedad patriarcal, es un pedazo de carne que cuelga en la carnicería de la vindicta pública. Está siempre disponible para ser devorado, usado, explotado, vilipendiado, violado, asesinado, desechado como una cosa.

El cuerpo de las mujeres se compra, se vende, se trata, se maltrata, se prostituye –y no solo por un cafiche–; sino también usando los medios y redes sociales para destruir su humanidad por medio del envilecimiento: tantos videos y fotos que circulan clandestinamente, falsos o no, sin respetar honra, edad o condición.

Está visto que desde la época de Olimpia de Gouges, en la Revolución Francesa en 1789, quien reclamó que la famosa Declaración de los Derechos del Hombre no contenía en lo esencial los derechos de las mujeres, y fue guillotinada por esta osadía, no ha pasado para nosotras mucha agua bajo el puente.

El cuerpo de las mujeres nunca es territorio privado, eso es un derecho masculino.

No nos pertenece: le pertenece al cura, al padre, al marido, a la iglesia, al Estado. El cuerpo de las mujeres siempre tiene propietario.  Reducido a objeto, cosificado como producto de placer y de consumo, es controlado, utilizado y sometido por su eventual dueño.

Y no importa que nazcamos inteligentes y estemos llenas de ideas y de talentos. Lo que importa, lo que deja rédito y garantiza el éxito femenino en nuestra sociedad, es la belleza como categoría absoluta. Que seas flaca, aunque anoréxica. Que seas bella, muy bella, aunque los cirujanos hayan hecho una carnicería de tu cuerpo y un festín de tu bolsillo.  Lo importante es calzar en el modelo imposible y ficticio que exige la industria, en donde el cuerpo de las mujeres es siempre etéreo e intemporal. Ficción que garantiza, por partida doble, lucro ilimitado no solo a la industria de la moda y de la cosmética, sino a los laboratorios farmacéuticos y de salud privada.

Hace algunos años una exministra de economía ecuatoriana se quejaba que los medios de comunicación tradicionales no dijeron ni pio cuando ella fue cabeza del manejo súper exitoso del proceso de renegociación de la deuda externa, ampliamente reconocido por los más altos organismos mundiales.

Pero cuando decidió hacer algunos retoques en su cuerpo y se sometió por salud a una cirugía de la manga gástrica para eliminar más de 135 libras de sobrepeso, tuvo a sus pies toda la parafernalia mediática, e incluso, fue portada excepcional de las más importantes revistas y periódicos nacionales, solo “por ese cambio de look”.

Qué conclusión podrían sacar nuestras niñas a las que pretendemos educar: que lo importante en una mujer no son sus ideas, ni su trabajo, ni su capacidad intelectual. Lo fundamental es cómo luce, qué trapos usa, su belleza, aunque la construcción de esa belleza pase por filetearse el cuerpo en un quirófano arriesgando su vida y violentando su integridad.

Hay un poder normalizado y aceptado dentro de la sociedad machista para maltratar, ridiculizar, afear el cuerpo de las mujeres cuando no reúne los requisitos de belleza o simplemente como una manera altamente eficaz de desacreditarlas y destruirlas. Todo pasa por el cuerpo: la mujer como mercancía (puta), como pornografía (re-puta); como objeto de ridiculización y burla: “Ella es gorda, tiene un culo y unas tetas grandes”. ¿Alguna vez hemos hecho la misma valoración de un hombre? ¿Alguna revista seria ha celebrado con pompas un cambio de look masculino?

Este rasero es para todas nosotras sin importar condición social ni edad; pero especialmente se radicaliza con las mujeres que se atreven a invadir el mundo tradicional de los hombres: la política.

Y son las agresiones que constantemente vemos contra ellas.

Una mujer política es una mujer que ha tenido que vencer muchas discriminaciones para ganarse el derecho a participar; porque ¿qué democracia podría ser auténtica si no participan las mujeres? Han tenido que luchar contra ellas mismas, autoafirmarse. Contra la cultura que las condena solo a reproducir los roles asignados por la sociedad, que las culpabiliza con la idea de que “la mujer es de su casa” y que “la política es cosa de hombres”, aunque sus derechos paritarios ahora consten en la Constitución, gracias a las luchas de otras valientes mujeres que pelearon en la Asamblea Constituyente de Montecristi. A veces han tenido que enfrentarse a sus propias familias para hacer valer sus aspiraciones. Han tenido que levantarse –les ha costado el triple que sus compañeros– para reclamar y validar su voz.

Han tenido que demostrar al mundo que tienen ideas y proyectos, que quieren hacer algo por la sociedad en que vive. Y a esas mismas mujeres los machos cavernícolas que asolean el periodismo, la política y otros ámbitos de poder del corral masculino, suelen rodearlas de insultos, de dudas y vacilaciones sobre su valía, denostándolas públicamente y burlándose de su cuerpo, de su gordura, de su culo, cuando no comulgan con sus ideas.

“No entra en la silla la gorda”. “La gorda estaba a punto de caerse de culo”.

Qué lamentable esta frase de un conocido periodista local que atribuyó a un expresidente, contada con irrespeto y burla sobre el cuerpo de una mujer. También el hacerse eco de videos porno, desmentidos como falsos por la agraviada, para desacreditarla públicamente y afectar su honra, pues según la vindicta pública machista: “La mujer no solo debe ser honesta, sino parecerlo”.

¿Cuándo hemos visto invadida la privacidad íntima y sexual de un prefecto, alcalde o asambleísta? Y, de remate, vapuleado el derecho a la honra sin ningún escrúpulo y en plan burla. Claro, eso solo pasa con las mujeres. No importa si lo dijo hoy o ayer, siempre será lo mismo.

Las ideas de las mujeres políticas no importan, con ellas hay que fijarse si están gordas o no, si son bonitas o no, y si son bonitas seguramente son “putas” o “tontas”.

Solo recordemos con qué impunidad el expresidente Abdalá Bucaram se refería a las mujeres políticas que no coincidían con su credo: “prostitutas, drogadictas, degeneradas, ratas”. ¿Si hubieran sido varones hubiera dicho lo mismo? Estas declaraciones de odio que alientan el feminicidio y que no generaron ningún ruido a la oficialidad, quiero creer que fueron pasadas por alto, porque Abdalá es Abdalá, y todos sabemos lo que se puede esperar cuando el inodoro se desborda.

Muchas de nosotras hemos optado por jalar la cadena y dejar correr el agua. Este no es el camino.

Seguramente que habrá algún desubicado que salga con el trillado argumento de que otro expresidente fue peor, pretendiendo justificar lo injustificable. Nunca estará bien de parte de nadie desacreditar a una mujer por su cuerpo. Siempre hay que rebelarse y poner las cosas en su lugar.  Se hace la diferencia cuando desde el interior del mismo movimiento político se discuten abiertamente estos conceptos y se pelea tan fuerte por ellos, que incluso, trascienden estas diferencias hasta la opinión pública. Cosa que dudo que pase en otras tiendas políticas tradicionales.

Las mujeres seguiremos siendo maltratadas, en el mundo privado y en el de la política, mientras no se censure, se acuse, se ponga en valor el tamaño del crimen normalizado que vivimos por figuras públicas supuestamente representativas; mientras las mismas mujeres no seamos conscientes de las agresiones, de los micro-machismos cotidianos, mientras no nos defendamos juntas. La sororidad exige solidaridad y apoyo contra la violencia estructural perpetuada contra las mujeres que va desde la violación de la integridad en los medios y redes sociales hasta la violación en manada mediática o física que han sufrido muchas y que la sociedad cómplice calla.

Es hora de despertarnos, de elevar nuestra voz, de señalar con el dedo aunque nos lo corten.

FIN

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