Teléfonos con Android 5.0 o versiones anteriores y iPhones con iOS 12 o inferiores dejarán de ser compatibles con la aplicación de mensajería más usada del planeta. Modelos como el Samsung Galaxy S5, el Motorola Moto G de primera generación, o los iPhone 5 y 5c, se suman a la larga lista de equipos “inservibles” para los gigantes digitales.

¿Tecnología que avanza o mercado que obliga?

WhatsApp argumenta que estas decisiones garantizan mejor rendimiento, nuevas funciones y seguridad. Pero ¿qué pasa con quienes no tienen el dinero para cambiar de equipo cada dos años? ¿Cuánto de esta “incompatibilidad” es una necesidad técnica real y cuánto es parte del diseño de consumo acelerado?

La obsolescencia programada no es un mito: es una estrategia. Se trata de producir aparatos con fecha de caducidad incorporada. El software avanza más rápido que el hardware y, sin actualizaciones, el usuario queda atrapado. O se adapta al nuevo modelo, o se queda incomunicado. Literalmente.

Una decisión que golpea a los usuarios de WhatsApp más vulnerables

En muchas partes del mundo, especialmente en países del sur global, estos dispositivos siguen en uso cotidiano. Para trabajadores, estudiantes y personas mayores, cambiar de teléfono no es una decisión simple: es una carga económica. Dejar sin acceso a una herramienta de comunicación esencial, como WhatsApp, los margina digitalmente.

Y no es solo una cuestión de mensajería. Perder WhatsApp implica quedarse sin acceso a grupos de trabajo, avisos escolares, alertas familiares, ventas, promociones o incluso sistemas de verificación.

¿Y la seguridad de WhatsApp?

WhatsApp también advierte que los equipos desactualizados dejan de recibir parches de seguridad. Lo irónico es que muchos de estos modelos fueron lanzados cuando los escándalos de filtración de datos aún no eran pan de cada día. ¿La privacidad se garantiza borrando al usuario?

Comprar, desechar, repetir

La industria tecnológica sigue marcando el ritmo: actualiza, exige, descarta. Y nosotros, corriendo detrás, con el bolsillo agujereado y un nuevo “dispositivo indispensable” en la lista de compras.

Mientras tanto, miles de celulares aún funcionales terminarán en la basura electrónica. Porque WhatsApp —una aplicación gratuita— decidió que ya no son suficientes.

¿Progreso o exclusión?

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Art. 178.- Violación a la intimidad. – La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

El reglamento del sistema indica que toda persona que utilice la Aerovía da su consentimiento para ser grabada. Sin embargo, los vídeos no pueden ser difundidos. La responsabilidad del monitoreo y grabación de las cámaras recae en el operador, quien debe «respetar las imágenes».

¿Seguridad Digital?

Grace Vera, especialista en niñez para ChildFund Ecuador, en entrevista para Radio La Calle, apuntó que ante el desconocimientos de como interactuamos socialmente a través de la tecnología fue necesario considerar la integridad ‘física’ y ‘virtual’ en el COIP.

«La filtración de este video solamente pone en evidencia los riesgos a los que estamos expuestos mujeres, niños, niñas, adolescentes y hombres», expresó.

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En el artículo 11, inciso g, de la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia de Género Contra las Mujeres se especifica la violencia cibernética. No obstante, recalcó que muchas veces quienes comparten videos íntimos de otras personas no saben que incurren en un delito.

Recomendaciones y prevención

Aunque la Corte Constitucional (CC) y la ley para la Erradicación de la Violencia de Género han generado varias sentencias por el caso, esto no ha garantizado que ya no ocurran este tipo de delitos. Aquí algunas recomendaciones para los usuarios de redes socio-digitales en el país:

• Primero, no publicar datos sensibles como el domicilio o lugares rutinarios.
• Segundo, evitar compartir mucho nuestra vida privada (amigos, vacaciones, fotos sugerentes). Esto lo menciona a propósito de la evaluación que realizan empresas en base al perfil digital de quienes son candidatos de contratación.
• Tercero, es mejor evitar puesto que reconoce que la institucionalidad del país no ha respondido de la mejor manera frente a estos delitos y por ello es que se tiene como base estos antecedentes para dar estas recomendaciones.
• Como última recomendación reitera en que la sociedad debe conocer sus derechos en materia digital. Con ello recalca que si se conoce bien este ámbito, se pueden evitar todavía más casos como el de la difusión no consentida de material sensible.

«Con publicar datos sensibles nos ponemos en riesgo y muchas veces quienes difunden nuestras imágenes no saben que están cometiendo un delito», dijo la especialista.

¿A quién acudir?

La especialista afirmó que fundaciones como ChildFund prestan acompañamiento sobre vulneración de derechos digitales, hacia niños, adolescentes y la mujer. Tienen contacto en su página web, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn. Señala que gracias a las alianzas que poseen pueden ofrecer hasta acompañamiento legal y digital según las circunstancias lo requieran (S.B).

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La observación del caso es llevada a cabo por 19 organizaciones sociales y de derechos humanos. Por ello, INREDH y las organizaciones presentaron su informe donde se detalla todas irregularidades y violaciones al proceso judicial.

Ola Bini estuvo detenido en abril de 2019 y obtuvo un habeas corpus el mes de junio del mismo año. Sin embargo, el anterior Gobierno de Lenín Moreno persiguió nuevamente al activista de derechos digitales a través del Ministerio de Gobierno presidido por María Paula Romo en enero de 2021.

Luego de faltas en el posterior allanamiento y detención, Bini ni siquiera tuvo una causa o delito para que un juez generara tales órdenes. INREDH recalca que luego de que retiraran su habeas corpus, fue víctima de esos abusos del derecho penal. Bini fue llamado a juicio de sentencia a pesar de que su defensa cuenta con más de 50 testimonios y pericias.

Además, señalan que Fiscalía reformuló cargos con elementos de cargo y descargo antitécnicos en materia de delitos informáticos. A Bini lo acusan de acceso no consentido a servidores informáticos gubernamentales. Por ello, Rosa Bolaños, asesora legal de INREDH, manifiesta que estas pruebas fueron ‘sumamente mediatizadas’.

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Es decir, la mayoría de pruebas eran declaraciones de autoridades ministeriales del régimen de Moreno. A ello acotó que Romo usaba incluso la nacionalidad de Bini a modo de epíteto como: «hacker ruso del correísmo que intenta desestabilizar al Gobierno».

Falta de independencias en el Caso Ola Bini

Todo ello se concatena en un mensaje político de Romo para que haya existido la inmediatez que violó formalidades de detención, allanamiento y juicio de Bini, al hacerlo mediático, sostuvo. «Fue una detención y proceso arbitrario e ilegal».

Bolaños añadió que la falta de independencias alcanzó a los tribunales debido a la presión de ‘las esferas de poder’ y la presión mediática, que resulta preocupante en este proceso judicial. Ella denuncia que la figura judicial de penalizar actos ilícitos no se vio reflejado en este caso ya que el proceso disciplinario se ve motivado por lo que el procesado representa.

En otras palabras, se llevó a juicio de esta manera a una persona que presuntamente representa al movimiento político ‘enemigo’ del Gobierno de turno.

«Pánico Hacker»

Veridiana Alimonti, quien representa a Electronic Frontier Foundation, afirmó que las autoridades ecuatorianas en este caso intentan posicionar el discurso de «pánico hacker». Pues, según explica, un programador de software, un activista digital, y entre otros no necesariamente es una persona con intenciones de ‘hackear’ equipos con un motivo particular.

Ella explica que con este ‘pánico’ se logra una cortina de humo que facilitó el proceso judicial contra el activista ruso. En un principio, no dijeron exactamente qué había «atacado» Bini, ni lo dijeron luego. También añadió que la principal evidencia que maneja Fiscalía es una foto donde se evidencian instrumentos informáticos, que cualquier persona que trabaje en ese ámbito utiliza.

Supuestamente también existe una captura de pantalla del teléfono celular de Bini que se asemeja más a la de una computadora, explicó Alimonti. En la primera foto se puede ver que en la pantalla de la computadora Bini intentaba ‘acceder’ a la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). Pero, que ello no significó un acceso no consentido pues en primer lugar nunca lo hizo, y la pantalla donde se muestra el ingreso por medio de usuario y contraseña lo prueba, según ella.

Amedrentamiento de Fiscalía con Ola Bini y activistas de derechos digitales

La asesora Bolaños también explica que no hay claridad en cómo el Estado ecuatoriano entiende un delito informático, o con qué excusas se ha llevado a cabo el juicio contra Ola Bini. Ella denuncia que en el proceso no se ha visto los detalles técnicos acerca de derechos digitales o lo que es un delito informático. «La noticia del delito nace desde María Paula Romo» dijo.

Por ello, es la falta de tecnicidad y que no se entienden los delitos informáticos así como los derechos digitales, impide un razonamiento jurídico enmarcado en el derecho penal con verdadera objetividad y debida diligencia investigativa. En la última parte del informe se muestra la preocupación de una intención de amedrentamiento por parte de Fiscalía contra la defensa legal de Ola Bini.

Según explicó Rafaela De Alcantara, asesora de DD.HH. de la oficina de Brasil y sudamérica, existe una cultura de vigilancia hacia quienes ejercen el activismo por los derechos digitales desde los Gobiernos. La defensa de Bini cuenta con un testigo experto en ejercicio de derechos digitales. Revelan que fue vinculado al delito de fraude procesal. Y por ello se encuentra en peligro el componente técnico que complete la correcta ejecución del proceso. Pues con ello se contaría con todos los elementos técnicos acerca del supuesto delito.

Fiscalía nuevamente activa el derecho penal para amedrentar a quienes intentan demostrar la verdad procesal y que Bini sea juzgado con los elementos de objetividad e imparcialidad apegada al debido proceso. Por ello, es que existe la preocupación de un abuso y ejecución arbitraria de las competencias de la parte acusatoria contra Ola Bini.

La audiencia de sentencia está prevista hasta el 22 de mayo, donde si su fallo no es favorable, se analizará la sentencia escrita para apelarla posteriormente con una ‘misión salvadora’.

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“El 11 de abril se cumplen 3 años desde que el sueco fue arrestado en el aeropuerto de Quito y liberado, 70 días después, gracias a un habeas corpus que reconoció que se violaron derechos fundamentales. Más de 100 violaciones al debido proceso han sido detectadas en este caso”, señala la cuenta Justicia Minuto a Minuto.

Los usuarios en redes dicen que se trata de persecución y hostigamiento, nuevamente, por parte del Gobierno. Además, consideran que se trata de una pantalla de humo sobre el escape de “Don Naza”.

Juicio a Ola Bini

El 11 de abril de 2019, Ola Bini fue detenido en el aeropuerto cuando disponía viajar a Japón. María Paula Romo, entonces ministra de Gobierno, dijo que había evidencias suficientes sobre posibles ataques informáticos al Estado Ecuatoriano, que tenían relación con órdenes del activista Julián Assange.

Bini fue procesado por ataque a la integridad de sistemas informáticos. El 19 de enero de 2022, se inició el juzgamiento por el presunto delito de acceso no consentido a un sistema informático. Sin embargo, hubo una moción para declarar el abandono de la acusación de parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT). La moción no procedió.

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