Una táctica genocida que aún sigue impune

Desde Sudán hasta la República Democrática del Congo, los testimonios de mujeres, niñas, niños e incluso hombres víctimas de violación en zonas de conflicto estremecen: cuerpos usados como campos de batalla, embarazos forzados como estrategia de terror, comunidades devastadas por el trauma colectivo.

En Sudán, UNICEF ha confirmado al menos 221 niños violados solo en 2024, algunos con apenas un año de edad. En el Congo, se denuncian ejecuciones públicas tras violaciones grupales. ¿Y cuántas más no se reportan, por miedo, estigma o porque el agresor es el que aún tiene el fusil?

La impunidad no es una falla, es parte del sistema

La histórica Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de la ONU (2008) reconoció por primera vez que la violencia sexual en conflictos es un crimen de guerra. Pero 16 años después, ¿cuántos han sido juzgados? ¿Cuántas víctimas han accedido a justicia o reparación?

Las cifras dicen poco. El silencio y la impunidad, en cambio, lo gritan todo. La mayoría de agresores camina libre, y en muchos casos, sigue portando uniforme. La justicia llega tarde, o no llega.

Justicia, atención integral y liderazgo de sobrevivientes

Hoy, el mundo debe escuchar –y no solo homenajear– a las sobrevivientes. La ONU y la Unión Europea insisten en tres caminos:

• Justicia sin impunidad, con mecanismos efectivos nacionales e internacionales.
• Atención integral para sobrevivientes, sin revictimizaciones ni barreras.
• Liderazgo con voz propia, donde las víctimas construyan y no solo sean “casos”.

UNFPA alerta que la herida no cierra si no se accede a salud mental, justicia, reparación y garantías de no repetición. Sin eso, seguimos acumulando deuda con quienes más han sufrido.

Escuchar es un acto político. Reparar, una urgencia ética.

Desde una mirada progresista y feminista, este día no es para conmemorar con flores ni discursos huecos. Es para exigir acción:

• Que los Estados no sigan haciendo de la violencia sexual un tema de “cooperación internacional”, sino una prioridad política.
• Que los agresores no reciban amnistías disfrazadas de reconciliación.
• Que la memoria de quienes resistieron con su cuerpo no sea enterrada en archivos diplomáticos.

La violencia sexual no es cultural ni inevitable. Es una elección del poder. Y también puede ser derrotada con leyes justas, atención digna y, sobre todo, con voluntad política y humanidad.

En La Calle, creemos que sin justicia no hay paz. Y que recordar también es un acto de resistencia.

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Lastimosamente en Ecuador eso parece un sueño lejano. A los cuatro de Guayaquil le siguen otros casos de violación a los derechos humanos, humillación, persecución y otras acciones que atentan contra la seguridad de los ecuatorianos. El 10 de enero de 2024, el presidente Noboa, que llevaba dos meses en el cargo, decidió decretar «conflicto armado interno», una figura que refiere a dos o más partes beligerantes en un mismo Estado. Los cambios llevaron a que las Fuerzas Armadas realicen operaciones en conjunto con la Policía Nacional.

Caso Carlos Vega

Resulta paradójico que las fuerzas del orden que deben velar por nuestra seguridad y protegernos, sean quienes pueden infligir un daño potencial. El 3 de febrero, un grupo de militares abrió fuego contra Carlos Vega, le dieron cuatro disparos. Iba con su primo Eduardo Velasco a vender un cachorro. Las Fuerzas Armadas dijeron que los tomaron por presuntos terroristas ¿por qué asumir en vez de preguntar? ¿porque atacar en vez de dialogar?

Para la Fiscalía procesó a un miembro activo de la Armada del Ecuador por su muerte. El uniformado será investigado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte. Su familia, con dolor pide que lo procesen por ejecución extrajudicial. Carlos soñaba con ser marino y su vida terminó a manos de un miembro de las Fuerzas Armadas.

Con el caso de los 4 de Guayaquil, las dos sentencias de habeas corpus ponen la mirada en las extralimitaciones de los militares y la nula capacitación que tienen en Derechos Humanos. A ello se suma la formación que tienen, destinada a los conflictos externos ¿Por qué militarizar el país sin entender las consecuencias que pueden tener para los ciudadanos?

Caso Aidita Ati

El 29 de junio, encontraron a la subteniente Aidita Ati muerta en su habitación del Fuerte Militar Napo. Lo que en un inicio se dijo era una muerte accidental se convirtió en un caso de femicidio al descubrirse en la autopsia que la asfixia fue por estrangulamiento. Su padre se preguntaba el día de su velorio y entierro «¿Quiénes nos están defendiendo, si ellos están matando a nuestras hijas?».

Deberíamos preguntarnos lo mismo ¿quiénes nos están cuidando? En septiembre, la Fiscalía se abstuvo de acusar a los 6 militares involucrados y quedaron libres. La Comisión Ocasional que investigó este caso en la Asamblea Nacional indicó que hubo omisiones y negligencia por parte de la Fiscalía. A las inconsistencias de la autopsia se suman una cadena de custodia deficiente y la presunta falta de perspectiva de género en la investigación. No hay justicia ni verdad para la familia de la subteniente ni para el país.

¿Qué nos queda?

Estos casos no son los únicos. Gente en redes sociales denuncian extralimitaciones por parte de las Fuerzas Armadas. Es indignante que el discurso de las Fuerzas Armadas y el Gobierno sea culpar a los ciudadanos asesinados. Que los niños de Las Malvinas estaban involucrados en un presunto robo, que Carlos Vega y su primo eran presuntos terroristas, que la subteniente Ati había acudido a una fiesta no autorizada y bebió demasiado alcohol.

¿Dónde está la responsabilidad del Gobierno? Un discurso que no culpe a las víctimas ¿los ciudadanos tenemos la culpa de ser asesinados en este país? Es el momento de preguntarnos ¿qué nos queda? Verdad, justicia y reparación son palabras muy gastadas en el país. Debemos utilizarla casi todo el tiempo porque no son visibles. Porque vivimos en un país indefenso y sin certezas.

Nos solidarizamos, desde la Calle, con las familias que han perdido a sus seres queridos de una forma grosera y horrorosa y sin respetar ninguna condición. En nuestras manos está como ecuatorianos exigir respuestas. Mañana puede ser cualquiera de nosotros, por ello debemos recuperar el respeto a los Derechos Humanos en el Ecuador. Depende de nosotros pasar de un país indefenso a un país respetuoso de los derechos y los ciudadanos.

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Se cumplen 76 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin embargo, en Ecuador este ha sido el año de mayor vulneración a esos derechos. Entre estados de excepción, militarización a la ciudadanía y faltas a la Constitución de la República nuestro país ha dado que hablar en la comunidad internacional. Además, por supuesto, del irrespeto a los derechos de las mujeres en la política nacional y la libertad de expresión.

El retroceso ecuatoriano en derechos fundamentales

El secretario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha dicho hoy, en el marco de esta conmemoración, que “cuando un derecho es vulnerado, todos los derechos se ven afectados”, y es algo que se ha palpado a nivel mundial con las guerras en Medio Oriente y los genocidios cometidos en Palestina y Gaza, pero también lo palpamos en nuestro país. La restricción a la protesta social y el uso de las fuerzas armadas en contextos que sobrepasan lo que establece la Carta Magna es prueba viva de que el legado de la Declaración Universal no le ha interesado a nuestros últimos gobernantes.

Un 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas en París establecía por primera vez que los derechos humanos fundamentales deben protegerse en el mundo entero, como un proyecto global para leyes y políticas internacionales, nacionales y locales, además de un pilar esencial de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. En este contexto, el artículo 11, numeral 3, de la Constitución manda que los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos “serán de directa e inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, administrativo o judicial” en un Estado constitucional de derechos y justicia, con base en el primer artículo de la Ley Suprema.

A pesar de que esto implica garantizar el goce de estos derechos en las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos en una nación intercultural y plurinacional, el gobierno del presidente Noboa ha preferido obviar su mandato como jefe de Estado a cumplir y hacer cumplir estas disposiciones. Así se ha evidenciado en la justificación casi inventada de un enemigo interno con la declaratoria de “grave conmoción interna y conflicto armado interno” a través del Decreto 111 del pasado 9 de enero y, luego, con la serie de otros decretos como el 410 que ha mantenido al país en un permanente estado de excepción que ha traído otras tantas consecuencias sociales y económicas. Algo que fue observado como preocupación internacional por parte de la ONU, en su informe de evaluación periódica al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 7 de noviembre de 2024.

Pero esta situación ya viene de tiempo atrás con los gobiernos de Lenin Moreno y Guillermo Lasso, quienes han insistido en reformar la Constitución por las demasiadas libertades ciudadanas y la restricción de grupos empresariales en la política nacional. Moreno y su exministra del Interior fueron responsables de la represión a las manifestaciones de octubre de 2019; y, Lasso reprimió a las organizaciones indígenas, gremiales y sociales en junio de 2022 que, según la alianza por los Derechos Humanos Ecuador, causó una crisis de derechos humanos por las múltiples denuncias de hostigamiento, uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y criminalización de manifestantes.

Sin embargo, y para estar peor como país, no solo la represión a la protesta social se enmarca en esta vulneración de derechos humanos. La comunidad internacional también ha observado la crisis multidimensional que hoy atraviesa Ecuador como una falta de garantías. Condiciones como la pobreza, pobreza extrema, falta de acceso a la educación y a la salud pública, extracción de recursos no renovables y el desempleo son algunos factores que se suman a la lista de incumplimiento de derechos fundamentales. Y como si fuera poco, la persecución política y la intromisión en el sistema de justicia ha violentado derechos de figuras políticas, actores sociales y periodistas.

Entonces, cómo podemos celebrar el Día Internacional de los Derechos Humanos en un país que ha venido en retroceso en la materia y que afecta a todos los demás derechos. El Ecuador ha pasado de ser un referente en la Región a ser calificado como uno de los más inseguros del mundo, con altos índices de criminalidad y pobreza. El país ha pasado de ser un Estado constitucional de derechos y justicia, a ser uno de los países donde la justicia esta cooptada y la ciudadanía a merced de las migajas de los gobernantes.

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«El 9 de enero de 2024 recibimos con preocupación el anuncio por parte de su gobierno sobre la existencia de un “conflicto armado interno” en el país, una afirmación que parece carecer de sustento legal y que podría abrir la puerta a violaciones de derechos humanos», dice el inicio de la misiva.

¿Existe conflicto armado interno?

La organización se pregunta si existe realmente un conflicto armado interno en Ecuador. Indican que esta denominación no debe venir de la denominación que haga el gobierno o un presidente sino que debe sustentarse en pruebas con base en los criterios establecidos en el derecho internacional. En este sentido un conflicto a la interna de un país es «la violencia armada prolongada entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre esos grupos». Tiene dos características: 1) cierto nivel de organización de los grupos armados. 2) cierto nivel de intensidad de las hostilidades.

Con el «conflicto armado interno» viene la ampliación del uso de la fuerza, un arma de doble filo cuando no existe el contexto debido. «La decisión de permitir que las Fuerzas Armadas apliquen normas de combate con arreglo al derecho internacional humanitario, aun cuando no se han cumplido objetivamente los criterios para tal decisión, abre la puerta a violaciones de derechos humanos».

 «Su gobierno no ha presentado evidencias suficientes para concluir que exista un conflicto armado con cualquiera de estos 22 grupos de delincuencia organizada. Del mismo modo, la Corte Constitucional ha determinado que su gobierno “no ha brindado información suficiente para justificar la existencia de uno o más CANI (conflicto armado no internacional)”, le dice HRW a Noboa.

Medidas de seguridad

La misiva recalca que si bien el número de muertes violentas disminuyó un 27 % hasta abril de 2024. El aumento de casos de extorsión, secuestro y el asesinato de asesinatos de tres alcaldes y del director de una prisión indican que todavía existe una grave situación de inseguridad.

El sistema de justicia deja mucho que desear, ya que de los 9.000 detenidos a finales de febrero, la Fiscalía General del Estado dijo sólo haber recibido 494 noticias del delito. «Aparentemente muchas personas nunca fueron llevadas ante un fiscal o un juez, una práctica que genera preocupación por posibles abusos, así como por la falta de una investigación eficaz».

Recomendaciones al respecto

De manera que para tener políticas de seguridad efectivas es necesario fortalecer el sistema de justicia. La organización recomienda:

• Tomar medidas para crear una unidad de investigación bien capacitada y dotada de recursos en la Fiscalía General, de modo que los fiscales no tengan que depender de la policía para llevar a cabo las investigaciones.

• Aumentar el número y la capacidad de investigadores forenses, fiscales y jueces que investigan y procesan casos de delincuencia organizada y corrupción, incluyendo mediante capacitación especializada en delincuencia organizada, corrupción y lavado de dinero y entrenamiento para garantizar los derechos humanos durante estas investigaciones.

• Aumentar la financiación del mecanismo de protección de fiscales y jueces y garantizar una revisión periódica de su situación de riesgo.

• Trabajar con la Fiscalía General para desarrollar una estrategia que dé prioridad a la investigación y persecución de los casos relacionados con la corrupción de alto nivel y el lavado de dinero con el fin de ayudar a desmantelar los grupos de delincuencia organizada, incluyendo a sus aliados en posiciones de poder.

• Adoptar medidas para reforzar la investigación y el procesamiento de los casos relacionados con corrupción, incluyendo la aprobación de una legislación respetuosa de los derechos para incautar los bienes de los grupos de delincuencia organizada, teniendo en cuenta el resultado de la votación de la pregunta 6 en el referéndum del 21 de abril de 2024.

• Restablecer el Ministerio de Justicia, que se cerró en 2018, para que pueda supervisar el sistema penitenciario y coordinar los esfuerzos en el sector justicia entre el poder judicial, la Fiscalía General, las fuerzas de seguridad y el sistema penitenciario.

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»No puede ser de otra manera, al Ecuador le va a ir mejor con el TLC con China», dijo en entrevista para Teleamazonas.

Agregó que existen malos entendidos y desconocimiento respecto a la estructura de este acuerdo, pues resaltó que la producción nacional estará protegida y que no existe una mala negociación ambiental.

El titular del Parlamento invitará a exministros y expertos de las Cámaras de Producción para que expongan sus argumentos al Legislativo. Incluso, solicitará apoyo al actual gobierno para que esclarezca las dudas de algunos asambleístas.

Los desacuerdos

De acuerdo a la crítica de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos, este tratado enriquecerá a los grandes grupos de poder económico, especialmente a la agroindustria exportadora. En este sentido, los campesinos y pequeños emprendimientos serían los principales afectados.

No obstante, la preocupación más grande es la afectación ambiental. Parte del trato sería convertir a Ecuador en un “basurero”, pues el país recibirá toda clase de desechos por cinco años, entre ellos residuos químicos y farmacéuticos.

“La gente que negocia por parte de Ecuador es gente que no ama a su país”, dijo la asambleísta Esther Cuesta.

En términos ambientales, el TLC violaría el Convenio de Basilea y sus enmiendas, comprometiendo a Ecuador a cesar el comercio transfronterizo de desechos. El pasado noviembre del 2023 movimientos ecologistas presentaron un recurso de amicus curiae para frenar este acuerdo. (AGM).

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»No podemos seguir en el juego de estos grupos terroristas. Hace dos semanas le estaban declarando la guerra a este gobierno. Me estuvieron insultando de todas las formas posibles. Ahora ellos quieren hablar de la Convención de Ginebra, ahora quieren hablar de derechos humanos y decir que son sólo víctimas del sistema», dijo en entrevista para la BBC.

Agregó que junto a las fuerzas públicas se encuentran realizando operaciones tácticas para rescatar a los 178 rehenes de las diversas cárceles del país, sin embargo, resaltó que no puede dar más detalles de los operativos.

Destacó que el sistema penitenciario de nuestro país también tendrá cambios reales que no han ocurrido en la última década. En este sentido, habló sobre el proyecto de la construcción de las nuevas cárceles en Santa Elena y Pastaza, la expulsión de reos extranjeros y la correcta segmentación de los ppl de acuerdo a los crímenes cometidos. (AGM).

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La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, fue un documento limitado a 17 artículos, cuya proclama central reconoció “los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Además, consideró: “La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación”; “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás”; “La ley es expresión de la voluntad de la comunidad”; “Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto”; “Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas”.

Fruto del racionalismo y del pensamiento ilustrado, esa Declaración significó una revolución humana en la concepción sobre los derechos individuales. En la región que hoy llamamos América Latina, la primera traducción de aquel trascendental documento la hizo el bogotano Antonio Nariño en 1793, uno de los próceres de la independencia de la actual Colombia. También la Ilustración y los Derechos del Hombre guiaron los conceptos movilizadores de los criollos independentistas hispanoamericanos, convertidos en próceres y patriotas. Pero no siempre suele distinguirse que en los procesos independentistas, América Latina forjó dos principios de magnitud humana universal: la soberanía de los pueblos, de una parte y, de otra, la independencia, que son los conceptos que fundamentaron la lucha anticolonial y  cuya vigencia se extiende hasta el presente.
 
Paradójicamente, los derechos individuales no fueron proclamados de una vez por todas al nacer las republicas latinoamericanas. Lo impidieron la dominación oligárquica, una democracia censitaria que excluyó del poder y de la ciudadanía a la gran mayoría de la población, la conservación de la esclavitud, la hegemonía política inicial de los conservadores aliados con la Iglesia católica y la larga vigencia de las economías precapitalistas, caracterizadas por el rentismo de élites primario-exportadoras. Todo ello explica que durante el siglo XIX correspondiera al liberalismo y sus partidarios la tarea histórica de implantar, en forma definitiva, los derechos individuales generales y, además crearan las instituciones que los consagraron. México es el país que mejor ejemplifica ese proceso con una sucesión de leyes: Ley Juárez (1855), Ley Lerdo (1856), Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Registro Civil y de Matrimonio Civil (1859), Ley Sobre Libertad de Cultos (1860) y, sin duda, la Constitución laica de 1857 nacida con La Reforma. En Ecuador, los derechos individuales fueron ampliamente consagrados por la Constitución de 1896 y, sobre todo en la magna Carta liberal de 1906. Gracias a la Revolución Liberal ecuatoriana (1895-1911) se consagró la educación pública laica, la separación de Estado e Iglesia, se implantó el registro civil (1900) y leyes de matrimonio civil y divorcio (1902).
 
Los derechos de primera generación, nacidos de la Revolucion Francesa, reflejaron el ascenso de las burguesías en los países capitalistas centrales; sin embargo, inspiraron las conquistas logradas por los liberales en América Latina, que lucharon por décadas, contando con enorme apoyo popular. Sin embargo, la consecución de los derechos laborales, requirió, en cambio, de luchas permanentes de los trabajadores en la Europa del siglo XIX, así como en la América Latina del siglo XX. Esas luchas se dirigieron directamente contra las burguesías, que siempre se resistieron a su reconocimiento. Tomando en cuenta esa trayectoria, si bien se lograron algunas leyes aisladas sobre salarios o jornadas, fue la Constitución de México aprobada el 31 de enero de 1917 por el Congreso Constituyente de Querétaro y expedida por Venustiano Carranza el 5 de febrero, la que marcó el inicio del derecho social latinoamericano y sus principios se extendieron en la región al compás del desarrollo sindical y, además, por el influjo que adquirieron la Revolución Rusa de octubre 1917 y las ideas socialistas.
 
La Constitución mexicana dedicó un amplio y detallado título a los derechos laborales, reconociendo: salario mínimo, jornadas máximas, horas extras, limitaciones al trabajo femenino y de menores, maternidad, participación en utilidades, condiciones materiales del trabajo, equipamiento, accidentes y enfermedades profesionales, higiene y salubridad, sindicalismo, huelgas, indemnizaciones e incluso cajas de seguro populares. La influencia de esa Constitución y además de la Revolución Rusa llegó tempranamente a Ecuador con la Revolución Juliana (1925-1931) y durante el gobierno de Isidro Ayora se expidió la Constitución de 1929, primera en proclamar derechos laborales, principios de reforma social, la función social de la propiedad y el reconocimiento del voto femenino. A menudo se ignora que los derechos laborales se implantaron en América Latina para favorecer y, sobre todo, proteger a seres humanos que, sin leyes laborales, estuvieron sujetos a salarios miserables y jornadas extenuantes. Además, ninguna legislación laboral ha impedido el desarrollo económico y peor aún el de las empresas. Lo que hicieron es impedir la explotación a los trabajadores y promover mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
 
Estos procesos sociales son los que ignoran o quieren desconocer los empresarios neoliberales, los políticos, académicos o profesionales que defienden sus intereses y últimamente los libertarios/anarco-capitalistas, cuya ignorancia sobre la historia económica de América Latina resulta alarmante. Con la idea de promover la “libertad” de las empresas, del mercado y liquidar el Estado interventor, en toda la región avanzaron la flexiseguridad laboral y la precarización de las relaciones de trabajo. Pero el cuestionamiento a los derechos laborales conlleva al reconocimiento casi exclusivo de los derechos individuales de primera generación que nacieron con la Revolución Francesa. Es un retroceso histórico de siglos. Aún así, el libertarianismo desconoce la educación, la salud y la seguridad social públicas, que fueron conquistas liberales-radicales en varios países de América Latina.
 
Los ataques a los derechos laborales se han renovado con el argumento de su inevitable “modernización” ante el avance de nuevas relaciones con la robotización, la electrónica, el trabajo autónomo, la “uberización” o la migración permanente. Es un planteamiento que falsea las realidades, porque esos procesos son desafíos para avanzar en nuevos derechos laborales, sin necesidad de afectar los derechos históricos ya conseguidos. Y corresponde, ante todo, a las organizaciones de trabajadores la urgencia de modernizar su visión sobre el mundo laboral en América Latina, que exige no solo contemplar a los sectores vinculados al sindicalismo tradicional, sino lograr incorporar a la tan variada gama de trabajadores de clases medias y populares, que forman parte de los trabajadores asalariados tanto del sector privado como del público.

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Tras un mes de retraso, el polémico buque Bibby Stockholm ya se encuentra en la costa de Portland, Reino Unido, donde está previsto que empiece en pocas semanas a alojar a unos 500 refugiados mientras se estudia su petición de protección internacional.

Pero el barco no es un simple alojamiento, sino una prisión flotante con la que el Gobierno británico quiere ahorrar dinero en hoteles donde tiene que alojar a los solicitantes de asilo. Según las cuentas del propio gobierno, actualmente se gasta seis millones de libras (casi siete millones de euros) al día en alojamientos para potenciales refugiados debido al gran retraso que acumula en la resolución de expedientes y al fuerte repunte migratorio del pasado año.

El Bibby Stockholm estará en funcionamiento durante al menos 18 meses. Está destinado a «varones adultos solteros» que esperan su resolución. Pero a diferencia de hacerlo desde la libertad de un hotel, los solicitantes de asilo estarán bajo medidas de «seguridad a bordo las 24 horas, los siete días de la semana, para minimizar la interrupción de las comunidades locales», especifica el Gobierno en su proyecto.

Contra la «cárcel flotante»

El uso de esta barcaza como hotel-presidio flotante se anunció el pasado marzo, pero no se había vuelto a hablar del tema mientras el buque esperaba en el dique seco las remodelaciones oportunas y numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos clamaban contra su uso.

Más de noventa colectivos y cientos de activistas han firmado una carta abierta al Ministerio del Interior pidiendo el fin de los que consideran una «prisión flotante «. «No es admisible en una sociedad guiada por los valores democráticos y humanos. Existen graves problemas en la gestión del sistema de asilo en Reino Unido, y dicha gestión no respeta los derechos humanos», asegura Amnistía Internacional.

Mala experiencia en Países Bajos

No es la primera vez que este buque es objeto de polémica. El Bibby Stockholm ya se ha utilizado como centro de detención de migrantes y refugiados en Países Bajos, donde fue espacio perfecto para episodios de violencia, explotación sexual y malas condiciones sanitarias, según varias investigaciones.

También se usó como albergue de personas sin hogar y solicitantes de asilo en Hamburgo, Alemania, en la década de los 90, y ha servido de alojamiento de emergencia en determinadas circunstancias desde entonces. Aunque según una investigación de The Guardian, el ahorro de costes frente a los hoteles no es demasiado grande.

«Lucha contra la migración»

No es la única medida del Ejecutivo de Rishi Sunak en materia migratoria que ha recibido duras críticas en los últimos meses. La línea dura que trata de imponer su ministra del Interior, Suella Braverman, tiene en vilo no solo a la oposición, sino también al Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), ya que se plantea prohibir que las personas que llegan irregularmente al Reino Unido puedan pedir asilo, y sigue intentando deportarlos a Ruanda.

El Bibby Stockholm es solo una de las medidas del Gobierno que acompañan al restrictivo proyecto de ley sobre migración bajo el lema «Stop the boats» (parar las barcas), con el que pretende reducir drásticamente el enorme repunte del flujo de pateras que llegan a Reino Unido desde Francia a través del Canal de la Mancha.

Redacción: Público España

Foto: Sky News

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Quito, 04 jul (La Calle). – El Municipio de Quito empezará con los operativos de control a los comerciantes no autorizados. No obstante, primero se priorizarán campañas preventivas para que los ciudadanos conozcan sus responsabilidades y obligaciones.

»Tenemos la visión clara de respetar el derecho al trabajo que tiene la gente, pero con orden y respeto estricto apegado a la ley», dijo la supervisora de la Agencia Metropolitana de Control (AMC), Lira Villalva en entrevista con Radio La Calle.

Antes de iniciar con los operativos en el espacio público se realizará una campaña de comunicación para que los quiteños conozcan las respectivas sanciones si no cumplen con la normativa municipal.

Una de las soluciones que se propone desde el Municipio es la apertura de espacios para los trabajadores autónomos, además del impulso de ferias no solo en mercados sino en otros lugares con el debido adecuamiento.

De igual manera, manifestó que en varios casos detrás del comercio informal está un empresario que busca vender sus productos a través de personas desempleadas, incluso, mujeres con niños para que no les quiten la mercadería.

Retención de productos

El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, en su enlace semanal de Frecuencia Quiteña señaló que en caso de que los trabajadores informales no cuenten con los permisos se les retendrá los productos más no se les confisca.

»Si esta medida extrema llega a suceder la gente puede tener la confianza de que sus productos pueden ser retirados en el momento que cumplan la normativa vigente», dijo.

En el caso de productos comestibles y con riesgo de caducidad existe un protocolo establecido. Indicó que cuando no hay un retiro inmediato son redistribuidos a organizaciones y fundaciones que trabajan en beneficio de la capital.

En este sentido, Villalva manifestó que por el momento no se aplicarán medidas de retención hasta prevenir a la ciudadanía sobre las sanciones. No obstante, la funcionaria resaltó que el personal de la AMC y agentes metropolitanos han sido instruidos con la normativa en respeto a los derechos humanos.

Los permisos

Uno de los principales problemas es la alta demanda de trabajadores informales, quienes no tienen el Permiso Único de Comercio Autónomo (PUCA). Al no contar con ese permiso puede generarse una sanción del 50 % del SBU, es decir, USD 250.

En algunos casos los comerciantes hacen mal uso de este permiso, incluso, no lo renuevan. Este permiso que es para comerciantes autónomos tiene varios tipos:

• Fijos: aquellos que tienen un puesto de comercio establecido en un lugar predeterminado. Es aprobado posterior a una inspección técnica y no pueden movilizarse a otros puntos.
• Semifijos: quienes pueden movilizar su puesto de comercio dentro de un rango definido de espacio público. Este será aprobado posterior a una inspección técnica y solamente dentro del territorio correspondiente a la administración zonal.

Pasos para realizar el trámite.

• Ingrese a https://pam.quito.gob.ec
• Digite en el buscador la palabra PUCA
• Escoja: Emisión de permiso único de comercio autónomo (PUCA) para comerciantes de tipo fijo / semifijo – Administraciones zonales.
• Se detallará la descripción del trámite, a quién está dirigido y los requisitos.
• Diríjase al final de la página, presione ‘ir a trámite en línea’.
• Ingrese con su usuario y contraseña, si no lo tiene debe crearlo.
• Se desplegará una pantalla con los datos personales del solicitante.
• Adjunte los requisitos solicitados y haga clic en previsualizar.
• Guarde su trámite.

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En entrevista concedida a Radio La Calle, informó que existen cuatros procesos en contra del agresor y se sumaría un quinto por las amenazas recibidas por medio de la plataforma Whatsapp.

Últimos incidentes

En enero de 2023, pese a que tenía medidas de protección, su expareja burló la seguridad de su domicilio y secuestró a la hija de Martínez. Después de horas, la abandonó golpeada por la Ruta Viva, amenazándola de muerte.

En otra ocasión, el agresor se acercó a Ana Paula (hija de Martínez) en una reunión con amigas en un bar y le escupió en la cara, pese a tener medidas de alejamiento. Cuando llegó la Policía trató de huir, pero fue detenido y llevado a Flagrancia.

Proceso Judicial

La activista sostiene que ha sido súper doloroso como defensora de derechos y feminista, ver lo que enfrentan las mujeres a las que ha acompañado en otras ocasiones.

“18 horas pasamos en Flagrancia, en donde ni siquiera hay asientos. Nosotras también nos sentamos en el piso. El trato es infame, nos maltratan, se niegan a hacer las cosas. Nos pedían copias certificadas de lo dictado por la Junta de Protección de Derechos”, dijo.

Denunció también que se le revocaron las medidas de protección y que la jueza habría ordenado la prescripción de la acción penal, dejándoles vulnerables ante cualquier retaliación y teme por la vida de su hija.

Denuncia del agresor

A pesar de los antecedentes y evidencias comprobadas de agresión, el demandado también ha presentado una denuncia por violencia psicológica, la cual indicó que avanza más rápido que sus propios procesos.

Un llamado de atención al sistema de justicia

La madre escribe: “esto es lo que una víctima de violencia y su familia deben enfrentar, una justicia altamente revictimizante. Una justicia que privilegia a los agresores, que los protege.

Nosotros hemos hecho las cosas bien, como manda la ley y aun así nada ha funcionado. Mi hija sigue siendo agredida y nosotros junto a ella. ¡Ya basta! Martínez pide justicia para su hija. (M.W.S)

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El Congreso peruano declaró el viernes(17.02.2023) persona non grata al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en rechazo a sus declaraciones contra la Policía Nacional del Perú (PNP) y pidió a las autoridades que garanticen que «no ingrese al territorio nacional».

La decisión recibió 72 votos a favor, 29 en contra y 7 abstenciones del pleno legislativo. La moción que planteó esta medida se refirió a unas declaraciones que hizo Petro el viernes pasado, cuando mencionó el amplio despliegue de la PNP en el centro histórico de Lima el día anterior, en respuesta a una manifestación antigubernamental.

«En Perú, (los policías) marchan como nazis, contra su propio pueblo, rompiendo la Convención Americana de Derechos Humanos», señaló el presidente colombiano.

Petro resaltó que dicha convención «no se aplica solo a gobiernos de izquierda». «Doble moral el que hace eso. Se aplica a todos los gobiernos y esa es nuestra postura», agregó el mandatario.

La moción que planteó esta medida fue aprobada el pasado martes por la Comisión de Relaciones Exteriores, que preside la diputada conservadora María del Carmen Alva, quien consideró en ese momento que las expresiones de Petro eran «lamentables, realmente vergonzosas».

Este viernes, Alva remarcó ante el pleno que el Congreso peruano está «defendiendo a la Policía Nacional», tras lo cual enfatizó que «nadie puede ofenderla diciendo que son tropas nazis».

También pidió declarar a Petro persona non grata y exhortar a los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores a realizar «las gestiones necesarias» para garantizar que el mandatario colombiano «no ingrese al territorio nacional».

En enero pasado, el gobierno peruano expresó mediante una carta diplomática su «enérgica protesta por un nuevo acto de injerencia» de Petro en asuntos de política interna, luego de que este se pronunciara sobre el desalojo de cientos de manifestantes en una universidad de Lima.

Redacción: DW Español

(EFE, La FM, W Radio Colombia) 

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«Voy a centrarme en nuestros personales y plurales aportes y recomendaciones desde nuestro testimonio colectivo y familiar, exponiendo la situación diaria y cotidiana que atravesamos, más allá de lo que ordenan en teoría la Constitución, la ley y las normativas secundarias sobre el tema. Para ello expondré lo que de veras sucede en la mayoría de los núcleos familiares desde el nacimiento de una niña con discapacidad intelectual en adelante. El caso de mi hija, Tahís Micaela, de 21 años, con DI calificada con el 82%, y que cumplirá 22 el 17 de mayo de 2023, es el que me permite solicitarles estas medidas en las leyes y las instituciones estatales, públicas, privadas y sociales.

PROTECCIÓN Y ASISTENCIA DESDE EL EMBARAZO Y NACIMIENTO:

Urge una política pública de Prevención de las discapacidades desde la gestación y el nacimiento de los niños y niñas en el Ecuador.

CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS PÚBLICOS DE D.I. / EVITAR DESDE LA DETECCIÓN, VIA CRUCIS DE POR VIDA POR FALTA DE CENTROS

• Hay no solo déficit de centros de atención integral diario, no solo en el sector público, sino en el privado en Ecuador.
• Debe legislarse para atribuir al Estado, los poderes locales, la empresa privada y el sistema financiero, que genera espectaculares tasas de ganancia a sus dueños, que coparticipen y colaboren en la construcción, mantenimiento y funcionamiento de centros dignos y de calidad integral con estándares internacionales para las Discapacidades Intelectuales.
• Reflexionemos: solo en el año 2022 la tasa de ganancia de los bancos privados aumentó un 48%, es decir $98 millones de dólares. ¿Saben cuántas “Castellanas” (el mejor centro de atención integral de Cuba, país con menos recursos que Ecuador, se llama ‘La Castellana’: es totalmente gratuito) se construirían en un año, con la mitad de esa ganancia? Piensen que en Ecuador se construyeron mega-cárceles, que hoy son infiernos penitenciarios, pero ni un solo mega-centro de discapacidades.

ES IMPRESCINDIBLE TRANSPORTE GRATUITO O SUBSIDIADO PARA PACIENTES DE FAMILIAS VULNERABLES CUIDADORAS Y CENTROS DE DI:

Así hay en Cuba o Europa. No solo tenemos carencia de centros especializados gratuitos o de bajo costo en el país, solo aptos para aquellos que pueden pagar en los privados; sino carencia estructural de transporte, con efecto negativo en la economía.

Actualmente, en el desempleo, he debido conseguir recursos por casi todo el año 2022 para pagar una pensión de $600 mensuales, logré a la muerte de mi esposa que dialogando se disminuyera a $450 y finalmente en enero de 2023, a $340, yendo el 70% del costo al tema taxi, porque no hay transporte. Este tipo de personas no pueden ser trasladadas en buses públicos desde distancias extensas.

• No es una discapacidad solo física, requieren una persona terapista que la acompañe. Y eso cuesta. Que la ley señale como asunto de Estado la gratuidad compasiva del transporte en los centros privados y públicos es fundamental, y quienes deben costear los recursos para esa atención y centros de una población tan vulnerable, son: el Estado, la empresa privada, los poderes locales, los tenedores de deuda, el sistema financiero nacional y un 5% del costo total las familias vulnerables cuidadoras.

(Vídeo resumen y PDF completo de la presentación hecha en la Comisión Legislativa de DDHH de la Asamblea (aquí PDF) (aquí video)).

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Los comuneros denunciaron sobrevuelos de la Fuerzas Armadas en zonas prohibidas dónde existen pueblos con aislamiento voluntario y amenazados por la militarización. En un boletín de prensa, la comunidad expresó que desde 1985 que empezó la explotación petrolera en Dicaro, ninguna de las empresas respetaron su derecho a una consulta previa e informada.

Además, desde el 1 de enero del 2023 entró a la explotación del  bloque 16 Petroecuador sin una consulta previa y en reemplazo de Petrolia. “El 77 % de la población Waorani en el bloque 16 tiene patologías asociadas a la contaminación del agua”, resaltaron.

Otros pronunciamientos

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos y la Fundación Alejandro Labaka emitieron una alerta sobre la situación que atraviesa Dicaro. En un comunicado manifestaron que Petroecuador los amenazó con cortarle el suministro de energía eléctrica.

Por su parte, la petrolera estatal manifestó que debido a las protestas hubo una dificultad en el abastecimiento de insumos. Como consecuencia registran una reducción del 4 % en la producción de barriles diarios. (A.G.M).

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Zárate cuestionó la falta de preocupación de los Derechos Humanos y a la Defensoría Pública con los policías asesinados. Expresó el empeño que tienen diferentes sectores por cuidar los derechos de los reos, mientras dejan de lado los derechos de los agentes. “Nadie ha preguntado al comandante de la zona 8 qué ha pasado con los policías, si pueden o no visitarlos en el hospital de la Policía. Hay que tener una membresía especial con derechos humanos o por qué para un bloque sí y para otros no”, criticó.

Enfatizó que pese a ser los policías quienes se juegan la vida todos los días por hacer cumplir la ley están desprotegidos en cuanto a sus derechos. “Hay que tomar en cuenta que los que tomar en cuenta que los de adentro (los reos) son gente mala, están purgando una condena porque han violentado los derechos de los ciudadanos de bien”, señaló.

Atentados en Guayaquil y Durán

A las 16:30 del 1 de noviembre de 2022, la Policía a través de su cuenta de Twitter confirmó el fallecimiento de dos policías en la zona 8, en Guayaquil. También en el suburbio dos policías fueron asesinados a los 02: 00 mientras patrullaban la zona. Acontecimientos similares surgieron en Durán, dos policías dentro de una patrulla fueron acribillados en la cooperativa María Piedad. Los uniformados habrían recibido al menos 15 disparos. (N.J.C)

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Bermeo viajaba junto a su hermano en un grúa por el sector de San Pedro de Yumate. Durante el recorrido, fueron interceptados por un vehículo. Un sujeto les pidió remolcar un camión que al parecer contenía material aurífero. Bermeo y su hermano se negaron. De repente salieron hombres armados y dispararon contra la grúa. La defensora recibió un impacto de bala en el pecho, lo que provocó su muerte.

Según denunciaron colectivos, dos vehículos se dirigían a la concesión de la minera china Ecuagoldmining S.A. para sacar oro el 21 de octubre. Un camión fue retenido por la Policía, y por decisión colectiva de la comunidad solicitaron que devuelvan el material extraído a Molleturo. En el camino, por el control Tamarindo vía Naranjal-Cuenca, se encontraron con la grúa de Bermeo y ocurrió el fatídico desenlace.

La Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos denunció los constantes y violentos ataques que sufren las personas defensoras de las comunidades del Azuay. Durante el mes de octubre, todas las víctimas han sido mujeres. Sin embargo, ni la Gobernación de la provincia, ni la Policía o la Fiscalía actuaron oportunamente frente a las agresiones que han recibido las comunidades que rechazan la minería ilegal y legal.

Más ataques…

El 1 de octubre, la casa de otra defensora fue atacada. El GAD de Molleturo habría encargado a Mónica Guarango maquinaria para el mantenimiento de una vía. En la noche, antisociales dispararon contra su hogar mientras ella descansaba junto a su hijo.

El mismo día, se presume que los mismos hombres quemaron la casa de la comuna en la montaña. Allí los moradores realizaban labores de monitoreo y restauración ambiental.

Una semana después, el 8 de octubre, la defensora Dina Chillpi recibió un disparo en su pierna cuando estaba en el Frente de Resistencia de San Pedro de Yumate.

Exigencias

«En 2018 se ordenó que la empresa china suspenda las actividades mineras en el lugar, sin embargo, la mina no ha tenido un cierre técnico definitivo. Los pobladores denuncian que la empresa estaría fomentando estos conflictos», reza la denuncia pública de la Alianza.

Las comunidades exigen que las autoridades tomen cartas en el asunto. Además, que dejen sin efecto las licencias de la minera china y que el Estado ecuatoriano implemente las medidas adecuadas para salvaguardar la integridad de las personas defensoras de la naturaleza.

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Las personas acudieron a la Asamblea Nacional para revelar los actos delictivos que se registran en los centros penitenciarios. El maltrato por parte de la Policía es una de las principales acusaciones. En redes sociales se han viralizado estos actos de violencia en los últimos acontecimientos.

El Defensor del Comité de Derechos Humanos (CDH), Fernando Bastidas mencionó que también existió un ataque a periodistas y miembros de la organización. El lanzamiento de bombas lacrimógenas, los golpes y sobre todo las burlas fueron parte de las agresiones por parte de la Policía en Guayaquil.

Además, recalcó que no se brindó ningún tipo de información a las familias y no hubo acompañamiento de alguna institución pública. El delegado anunció que suspenderán sus funciones en territorio, debido a que no hay las garantías de seguridad necesarias.

Por otro lado, un familiar anónimo de los carcelarios manifestó que las madres se organizaron en turnos para hacer guardias en las inmediaciones de los centros penitenciarios. Cuando requieren información sobre la situación interna son víctimas de la represión policial, sin importar que existan mujeres embarazadas y niños.

Sin inclusión a la diversidad sexual

La coordinadora de Gestión de Fundación Dignidad, Vianca Gavilanes, denunció la vulneración de derechos de Mónica, una mujer trans en la cárcel de Latacunga. La reclusa fue ubicada en el pabellón masculino sin importar su identidad de género.

La mujer fue herida con un arma de fuego en la octava masacre carcelaria del 3 de octubre del 2022. Después del impacto fue traslada a la cárcel Regional 8 en el Guayas, sin recibir atención médica. Ante la situación, la Fundación envió una solicitud de habeas corpus a un juez el 6 de octubre. Como respuesta, se ordenó el traslado inmediato de la víctima a un hospital, sin embargo, recién recibió asistencia médica.

La periodista de GK, Karol Noroña dijo que las municiones ingresan través de los camiones de alimentos, según un agente penitenciario anónimo. Estas acciones delictivas son de conocimiento de algunos altos mandos, que tienen amenazados a los d6emás servidores públicos.

La respuesta de las autoridades

El director del Centro de Inteligencia (CIES), Fausto Cobo, mencionó que la crisis carcelaria no es un tema político, sino estructural en la lucha contra el narcotráfico. También hizo una diferenciación en el rol del CIES, encargado de la inteligencia estratégica, puesto que se le atribuyen responsabilidades de otras áreas.

El viceministro el Interior, Fredy Ramos, expuso que recientemente se han incautado 107 armas, 32 kilos de droga, 24 tacos de dinamitas y cerca de USD 17 mil. Además, un aproximado de cinco mil funcionarios, entre aspirantes y policías, fueron destinados a dar asistencias a los Centros de Rehabilitación Social (CRS).

Sobre la corrupción

Ramos afirmó la «cero tolerancia a la corrupción» y que hasta ahora no hay indicios de protección a personas vinculadas con este tema. «No podemos hacernos los ciegos y si hay casos de corrupción, pero son cometidos de manera individual y sí existen destituciones y sanciones», dijo Ramos.

Otra de las iniciativas para combatir el problema de la crisis carcelaria es el censo penitenciario, que tiene como objetivo la redistribución de los privados de libertad. En este sentido, la secretaria de Derechos Humanos, Paola Flores, informó que hasta el momento se ha logrado realizar el proceso en 30 de los 36 centros de rehabilitación en el país. (A.G.M)

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“Por lo menos por sentido común debería haber invitado a la secretaria de derechos humanos, Paola Flores, aquí esta una mujer (…) coloca a un uniformado, lo lógico habría sido que las autoridades civiles se hagan cargo y no incluir a ninguno de la institución que está siendo cuestionada”, mencionó.     

Pésima comunicación gubernamental

El docente explicó que el tratamiento comunicacional sobre los temas que aquejan al país han sido escasos. Asimismo, aseguró que las declaraciones de Lasso carecen de sentido. Al respecto, ejemplificó el caso de María Belén Bernal. Durante la crisis, la madre de la abogada sufrió linchamiento mediático y las formas de reparación integral del gobierno fueron inadecuadas.

Resaltó la diferencia del tratamiento de la información en los medios tradicionales y los medios digitales. Elizabeth Otavalo recibió críticas por seguir buscando justicia para su hija. Distintos medios han dejado de lado la investigación sobre el caso y se han centrado en buscar el perfil de Cáceres mencionó Hernán Reyes. (A.M.B)

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“Invitamos a su excelencia y por intermedio a los Miembros de la CIDH para que, en aplicación del artículo 41. letra e) de la Convención Americana de Derechos Humanos y en garantía de los mismos, solicitamos formal y expresamente a la Comisión, para que realice las observancias y asesoramiento necesarias en el caso, en especial para que las investigaciones se realicen de forma transparente, efectiva e imparcial con respecto a los derechos humanos con enfoque de género”, publicó la Secretaría a través de Twitter.

En el caso Bernal se encuentran detenidas dos cadetes de la Escuela Superior de la Policía por supuesto encubrimiento. En cambio, Germán Cáceres, presunto autor del asesinato, aún está prófugo de la justicia.

La Organización de Naciones Unidas (ONU) frente al caso

La ONU instó al gobierno de Guillermo Lasso a tomar medidas frente a la escalada de violencia contra las mujeres en el Ecuador. Asimismo lamentó la muerte de la abogada y el alto índice de femicidios del año en curso.

“El Sistema de las Naciones Unidad en Ecuador lamenta profundamente el femicidio de María Belén Bernal (…) según los últimos datos oficiales de la Función Judicial, en lo que va del 2022 se han reportado 264 homicidios intencionales de mujeres, 59 registrados como femicidios, instamos a las autoridades del Estado a reforzar sus esfuerzos para la protección de las mujeres, y la respuesta contra todas las formas de violencia”, mencionó la ONU.

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En un video que se viralizó en redes sociales se evidencia como el hombre le da un primer golpe en el rostro a la mujer. Posteriormente la fémina se acercó a dos mujeres que se encontraban en el lugar y este continuó con la agresión. Ante este suceso los espectadores no ayudaron a la joven.  

Sanciones

La Policía Nacional confirmó que el agresor pertenece a la institución y que se realizarán las respectivas sanciones contra el uniformado. Según el informe se dispuso judicializar el caso ante la Fiscalía General del Estado (FGE).  

“La Policía ratifica su compromiso permanente de velar por la seguridad ciudadana y orden público en todo el territorio ecuatoriano”, reza el comunicado. Además, la policía ordenó al Departamento de Asuntos Internos que realice acciones administrativas al agente para que este caso no quede en la impunidad.  

La Secretaria de Derechos Humanos se pronunció “ante los hechos de violencia en contra de la mujer en la provincia de Los Ríos, activamos nuestros servicio de protección integral (…) nuestro eje fundamental es la protección de los derechos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes”. (A.M.B)

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El organismo publicó los siguientes datos:

Existen 39 vulneraciones de derechos humanos que han resultado en:

• 79 detenciones del 13 al 19 de junio del 2022

• 55 personas heridas del 14 al 19 de junio del 2022

Hasta el 19 de junio no se han registrado muertes, sin embargo, existe una cantidad considerable de personas heridas durante las manifestaciones.

A continuación, se detallan las provincias donde han sucedido las detenciones y se han registrado heridos:

• Azuay:  4 detenidos

• Cotopaxi: 19 detenidos

• Pichincha: 50 detenidos

• Sto. Domingo: 4 detenidos

• Sucumbíos: 2 detenidos

Personas heridas según provincia:

• Chimborazo: 11 heridos

• Cotopaxi: 20 heridos

• Imbabura: 5 heridos

• Pichincha: 8 heridos

• Sto. Domingo: 6 heridos

• Sucumbíos: 5 heridos

Durante estos siete días de movilizaciones se evidenció la fuerte represión con la que actuaron los miembros policiales en contra de los manifestantes y se exhorta al Gobierno para que detenga estas constantes violaciones a los derechos humanos.

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