Quito, 27 jun (La Calle).- Entre el ruido mediático de Fito, Fede y las cárceles, una reforma silenciosa está golpeando el corazón del servicio público en Ecuador: la eliminación de la compensación por jubilación a los 60 años. El artículo 81 de la LOSEP fue modificado por la nueva Ley de Integridad Pública, y aunque pocos lo notaron, miles de docentes, médicos y funcionarios ahora tendrán que esperar hasta los 65 años para retirarse con compensación.

El cambio es significativo. Antes, la ley permitía acceder a la jubilación desde los 60 con todos los requisitos del IESS cumplidos, accediendo a una compensación que podía alcanzar hasta 150 salarios básicos unificados. Pero ahora, esa posibilidad ha sido aplazada cinco años. Para muchos, eso equivale a una vida entera de proyectos rotos.

¿Qué dice la reforma?

Quien tenga 65 años, cumpla los requisitos del IESS y solicite retirarse voluntariamente, podrá hacerlo y recibir una compensación. A los 70, el retiro será obligatorio. Se exceptúa a docentes universitarios, quienes podrán continuar hasta los 75. Así consta en el nuevo texto aprobado por la Asamblea y pendiente de publicación en el Registro Oficial.

¿Y qué implica?

Pierden quienes planificaron su vida para acceder a la jubilación a los 60 con dignidad. Pierde el sistema educativo, porque la renovación generacional se posterga. Pierde el sistema de salud, porque muchos profesionales deben seguir trabajando más allá de sus capacidades. Pierde la institucionalidad, porque se rompe el principio de progresividad de derechos consagrado en la Constitución.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) ya anunció que presentará una acción de inconstitucionalidad en cuanto la norma sea publicada. “Este retroceso es inaceptable”, declaró su presidenta, Isabel Vargas. “No solo afecta a los servidores, sino al funcionamiento del Estado”.

¿Quién gana?

No es difícil adivinarlo. Mientras los servidores públicos se ven obligados a esperar cinco años más para una jubilación digna, los grupos empresariales ligados al poder siguen siendo beneficiarios de condonaciones tributarias y silencios legislativos. La narrativa oficial habla de integridad, pero en los hechos se consolidan los privilegios para unos pocos y se recortan los derechos de la mayoría.

¿Qué podemos hacer?

Informarse. Organizarse. Resistir. La jubilación no es un regalo: es el resultado de décadas de trabajo. Y modificar sus condiciones de forma unilateral, sin diálogo, sin transición, sin evaluación del impacto social, es una traición a quienes sostienen el Estado todos los días.

Mientras tanto, entre leyes troleadas y titulares sensacionalistas, nos van despojando sin que nos demos cuenta. Pero no es tarde para alzar la voz.

Porque jubilarse con dignidad no debería ser un privilegio, sino un derecho.

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Ecuador, en la lista negra laboral mundial

Esta clasificación forma parte de un listado anual que evalúa a 151 países según 97 indicadores sobre violaciones a los derechos de los trabajadores. El resultado para Ecuador fue contundente: una puntuación de 5 (la peor calificación posible), lo que significa que no se garantizan los derechos laborales básicos. En la lista negra de 2025, Ecuador comparte deshonor con países como Egipto, Esuatini, Filipinas, Myanmar, Nigeria, Túnez y Turquía, todos señalados por un grave incumplimiento de las libertades sindicales y condiciones laborales mínimas.

Un informe que revela la crisis de derechos laborales

El informe de la CSI, conocido como Índice Global de los Derechos, califica el cumplimiento de derechos laborales colectivos como la libertad de asociación, la negociación colectiva y la huelga. Ecuador ha venido apareciendo recurrentemente en los últimos años entre los peores puestos de este índice, evidencia de un retroceso sistemático en materia laboral.

“Si este ritmo de deterioro continúa, de aquí a diez años no quedará ni un solo país con la calificación máxima en respeto a los derechos de los trabajadores. Estamos ante un escándalo mundial”, advirtió Luc Triangle, secretario general de la CSI, al presentar el informe.

La radiografía global es preocupante, pero la situación ecuatoriana destaca negativamente incluso en la región: América obtuvo en 2025 su peor promedio histórico (3,68/5), siendo la región más peligrosa del mundo para los sindicalistas –con 16 asesinatos documentados en el último año–, y aun así Ecuador logró estar por debajo del ya crítico promedio regional.

El Índice Global de Derechos 2025 se anunció durante la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT, y expone con datos la realidad que las y los trabajadores ecuatorianos vienen denunciando: un clima generalizado de violaciones a sus derechos.

El estudio documenta casi 90% de países a nivel mundial que vulneran el derecho de huelga, y cerca del 80% que niegan la negociación colectiva. Ecuador, al figurar entre los peores, refleja una combinación letal de factores internos que explican este pésimo desempeño.

A continuación, examinamos esas causas: el debilitamiento deliberado de los derechos laborales vía reformas regresivas, la represión al movimiento sindical y el auge de la informalidad y precarización del trabajo.

Reformas regresivas y debilitamiento de derechos de los trabajadores

Detrás de la mala calificación de Ecuador subyace un marco jurídico cada vez más restrictivo para los trabajadores. La CSI advierte que en el país los empleadores pueden interferir libre e impunemente en la formación de sindicatos, aprovechando leyes y prácticas que obstaculizan la organización laboral. Las autoridades rechazan sistemáticamente las solicitudes de registro de nuevos sindicatos, tanto en el sector público como en el privado, sin justificación legal.

Esta política de Estado, sumada a cambios normativos regresivos, ha ido minando los derechos conquistados tras décadas de lucha obrera.

Un ejemplo claro fue la propuesta de “Ley Creando Oportunidades” impulsada por el gobierno de Guillermo Lasso en 2021. Bajo el argumento de modernizar el mercado laboral y generar empleo, el proyecto planteaba medidas polémicas: ampliar el período de prueba de 3 a 5 meses, instaurar la “recuperación” de horas no trabajadas y hasta exigir una indemnización del trabajador al empleador en ciertos casos de ruptura contractual.

Los sindicatos rechazaron enérgicamente esta visión. “Esto representa una regresión total a los derechos, el trabajo debe darse en condiciones dignas y con un sueldo justo”, denunció Ángel Sánchez, presidente del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), al evaluar dicha propuesta. La iniciativa finalmente no prosperó en la Asamblea Nacional por su evidente contradicción con principios constitucionales, pero marcó la pauta de las intenciones gubernamentales.

Otra arista fue la llamada Ley Humanitaria aprobada en 2020 durante la pandemia, que permitió reducciones de jornada laboral de hasta 50% con la consecuente merma salarial.

Aunque se justificó como medida de emergencia, organizaciones laborales la tildaron de “ley antiobrera” que institucionalizó la precarización bajo la excusa de la crisis sanitaria.

Asimismo, en 2023 el gobierno intentó mediante referéndum introducir el contrato por horas como modalidad general. El FUT y otras centrales sindicales calificaron esa pregunta de consulta popular como “regresiva y atentatoria a los derechos”, alertando que legalizar el trabajo por horas abriría la puerta a la explotación y la inestabilidad crónica.

La ciudadanía finalmente rechazó esa propuesta en las urnas, reflejando un amplio rechazo social a la flexibilización extrema del Código de Trabajo.

Estas reformas (tanto las consumadas como las intentadas) han tenido un efecto tangible: la pérdida de protección para el trabajador común. Hoy es más fácil despedir sin consecuencias, contratar bajo figuras temporales o tercerizadas, y desconocer contratos colectivos.

Todo ello erosiona el poder de negociación de los empleados y desequilibra a favor del capital, como han señalado analistas laborales. No es casualidad, remarcan los sindicatos, que Ecuador esté en la lista negra: cuando las leyes retroceden, los abusos avanzan.

Represión sindical y criminalización de la protesta de los trabajadores

El otro gran factor que explica la pésima clasificación de Ecuador es la represión sistemática al movimiento sindical y social. El propio informe internacional lo destaca: en Ecuador existe un “clima antisindical generalizado y peligroso”, donde los trabajadores que intentan formar o unirse a un sindicato se enfrentan a amenazas de muerte y despidos.

La CSI documentó casos estremecedores: en una empresa procesadora de palma africana, los empleados recibieron amenazas de muerte por el solo hecho de querer sindicalizarse, mientras que en una entidad pública 26 trabajadores fueron despedidos tras intentar crear un sindicato. Estas prácticas antisindicales buscan infundir miedo y desactivar cualquier reclamo colectivo, violando flagrantemente convenios internacionales suscritos por el Ecuador.

La situación se agrava cuando las y los trabajadores deciden salir a las calles a protestar por sus derechos. El informe de la CSI recuerda lo ocurrido en junio de 2022, durante el Paro Nacional convocado por organizaciones indígenas, sindicales y sociales contra las políticas económicas del gobierno.

“El Gobierno reprimió brutalmente las protestas masivas en favor de la democracia y los derechos colectivos… Las fuerzas policiales actuaron con violencia desmedida contra los manifestantes, deteniendo, hiriendo e incluso matando a muchas personas”, denuncia el reporte.

Aquella jornada dejó un saldo trágico de al menos siete fallecidos y decenas de heridos, además de una oleada de detenciones arbitrarias y procesos judiciales contra dirigentes sociales, según documentó Amnistía Internacional. Esta respuesta estatal punitiva envía un mensaje escalofriante a la clase trabajadora: alzar la voz puede costar caro.

Los líderes sindicales de los trabajadores señalan que la persecución no terminó allí.

José Villavicencio, presidente del FUT, ha denunciado recientemente una cacería de brujas contra dirigentes sindicales en distintos sectores. “Hay persecución de dirigentes que denuncian la incapacidad del Gobierno… Vemos empleadores públicos y privados desatando represalias, buscando despedir o enjuiciar a quienes defienden los derechos laborales”, afirmó Villavicencio en septiembre de 2024.

La presidenta de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL), Marcela Arellano, respaldó esas declaraciones y rechazó la “persecución desatada por empleadores” contra activistas laborales, solidarizándose con sindicalistas sancionados en empresas eléctricas y del sector petrolero.

En la práctica, esto significa que un trabajador en Ecuador no solo enfrenta obstáculos legales para organizarse, sino que arriesga su sustento, su libertad e incluso su vida al exigir condiciones dignas.

La criminalización de la protesta también ha tenido un efecto amedrentador en la base trabajadora. Tras las movilizaciones de 2022, muchos empleados públicos fueron advertidos de no participar en huelgas bajo amenaza de despido. Se han registrado casos de maestros y personal de salud sumariados o separados de sus cargos por apoyar paros y reclamos gremiales.

Todo esto configura un entorno hostil para la acción sindical, donde el derecho a huelga –garantizado en la Constitución– queda en papel mojado. No sorprende, entonces, que la CSI catalogue a Ecuador entre los peores del mundo: un país donde protestar por mejores salarios o condiciones puede terminar en represión violenta o despidos masivos.

Auge de la informalidad y trabajo precario

A la par del retroceso en derechos formales, Ecuador enfrenta una explosión de la informalidad y la precarización laboral. Los propios datos oficiales confirman la magnitud del problema. Al cierre de 2024, solo 4 de cada 10 ecuatorianos tenía un empleo formal, con plenos derechos, mientras que el 58% de los trabajadores estaba en la informalidad.

Se trata del nivel de informalidad más alto de los últimos años, indicador de que más personas deben sobrevivir sin contrato, sin estabilidad y sin protección social. La tendencia se ha agravado: el empleo formal disminuyó de 41,8% a 38,4% entre enero de 2022 y diciembre de 2024, mientras la informalidad saltó de 53,1% a 58% en ese período. En otras palabras, en lugar de avanzar hacia trabajos decentes, Ecuador está retrocediendo hacia la precariedad generalizada.

Detrás de las cifras de trabajadores hay rostros humanos.

Significa que millones de ecuatorianos trabajan en la calle, en la venta ambulante, en la economía gig o en empleos temporales sin ninguna garantía. El Frente Unitario de Trabajadores estima que más de 6,5 millones de personas en el país se hallan en situación de desocupación, subempleo o trabajo precario, una proporción escandalosa en una fuerza laboral total que ronda los 8 millones.

Especialmente cruda es la realidad de los jóvenes, mujeres y poblaciones rurales, quienes sufren tasas aún mayores de empleo informal. En zonas rurales la informalidad supera el 77%, reflejando décadas de abandono y falta de oportunidades.

Esta precarización del trabajo no es un fenómeno aislado, sino la consecuencia directa de políticas económicas y laborales que han desprotegido al trabajador. Con la flexibilización de contratos y la ausencia de controles, muchas empresas optan por figuras informales o por tercerizar responsabilidades laborales. Al mismo tiempo, la falta de empleo adecuado fuerza a la gente a aceptar condiciones indignas por necesidad.

“El Ministerio de Trabajo se ha convertido en cómplice de la política antiobrera, de una explotación moderna”, acusó José Villavicencio, señalando que el propio gobierno reconoce que subempleo e informalidad han trepado del 70% al 78% de la fuerza laboral en el último año.

Esto implica que casi 8 de cada 10 trabajadores en Ecuador no encuentran un empleo pleno, ya sea porque están desempleados, subempleados o en la economía informal. La dignidad del trabajo, pilar del desarrollo social, se ve socavada por esta realidad.

“Basta ya”: clamor sindical y social por un cambio de rumbo

El sombrío panorama que pinta el informe internacional ha resonado con fuerza entre sindicatos y organizaciones sociales ecuatorianas. Lejos de sorprenderse, muchos lo ven como la confirmación de denuncias que llevan años realizando. En redes sociales y medios locales se multiplicaron las reacciones. “Ecuador es el tercer peor país para los trabajadores” publicó un medio en X (antes Twitter), difundiendo la lista de la CSI y subrayando las “leyes regresivas y violencia policial contra huelguistas” detrás de esta calificación.

La etiqueta #DerechosLaborales estuvo presente en decenas de publicaciones que exigían atención urgente a la crisis laboral nacional.

Para los dirigentes obreros, este informe debe servir como llamada de atención contundente. Mesías Tatamuez (antes de su reciente fallecimiento en 2024), junto a otros históricos líderes sindicales, venía advirtiendo que las políticas neoliberales y los pactos con el FMI estaban “eliminando derechos sociales y laborales” y empujando al país a un colapso en estándares laborales.

Las centrales sindicales –FUT, CEOSL, CEDOCUT, UGTE, entre otras– han ratificado un frente unido para frenar cualquier nueva regresión. “No aceptaremos más precarización ni abusos. Este informe de la CSI confirma lo que vivimos día a día los trabajadores ecuatorianos”, declaró públicamente el dirigente Villavicencio, convocando a la unidad y la movilización.

De hecho, el FUT llamó a manifestaciones frente al Ministerio de Trabajo en Quito, exigiendo respuestas al gobierno de turno y el cese de la persecución a dirigentes sindicales.

El objetivo de estas voces críticas es generar conciencia en la ciudadanía y presión sobre las autoridades. Insisten en que el modelo económico debe ponerse al servicio del ser humano y no al revés. Eso implica, por ejemplo, derogar las normativas regresivas, reforzar la inspección laboral para evitar abusos, garantizar el libre derecho a sindicalización y destinar inversión a la creación de empleo digno. Organismos internacionales como la OIT han instado a Ecuador a cumplir sus compromisos en materia de derechos laborales, pero la voluntad política interna es crucial.

En última instancia, la lucha por los derechos de las y los trabajadores es una lucha por la justicia social y la dignidad humana. Cada contrato estable ganado, cada sindicato que logra inscribirse, cada jornada de protesta que evita un recorte de derechos, es un paso hacia un Ecuador más justo.

El informe que hoy nos sonroja ante el mundo puede convertirse en una hoja de ruta de lo que debe cambiar. Desde una mirada crítica, social y profundamente humana, la consigna es clara: no hay desarrollo posible con trabajadores explotados y silenciados.

Ecuador enfrenta el reto impostergable de reconstruir su tejido laboral con respeto, equidad y esperanza, para que nunca más sea considerado uno de los peores lugares del planeta para quienes viven de su trabajo.

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El acuerdo ministerial sobre las jornadas de trabajo desfigura la jornada de 8 horas y cambia su estructura:

Artículo 3.- De los horarios o jornadas ordinarias o regulares. Se consideran horarios ordinarios o regulares, y por tanto no sujetos a la autorización por parte del Ministerio del Trabajo, aquellos que se encuentren enmarcados en las siguientes circunstancias:

a) Jornada ordinaria diurna de ocho (8) horas diarias.

b) Jornada ordinaria nocturna de ocho (8) horas diarias.

c) Jornada ordinaria mixta de ocho (8) horas diarias, esto es, la que inicia en jornada ordinaria diurna y termina en jornada ordinaria nocturna o viceversa.

d) Jornada de cuarenta (40) horas semanales transcurridas en cinco (5) días consecutivos. e) Jornada parcial permanente de menos de cuarenta (40) horas semanales ocurridas en cinco (5) días a la semana.

f) Jornada de cuarenta (40) horas semanales distribuidas en hasta cinco (5) días de la semana, sin exceder de diez (10) horas diarias, según acuerdo escrito entre las partes registrado en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto, de acuerdo con lo determinado por el artículo 47.2 del Código del Trabajo.

g) Jornada parcial de menos de cuarenta (40) horas semanales distribuidas en cinco (5) días de la semana, sin exceder de diez (10) horas diarias, según acuerdo escrito entre las partes registrado en el sistema informático que el Ministerio del Trabajo designe para el efecto.

h) Jornada ordinaria en la que implique un descanso de hasta dos (2) horas en la mitad de la jornada.

i) Jornada regular de las diferentes modalidades contractuales emitidas por el ministerio del ramo de conformidad al artículo 23.1 del Código del Trabajo.

Por tanto, en el artículo 4 se habla de jornadas dinámicas de trabajo, es decir, la distribución de las 40 horas semanales de trabajo que podrán llegar hasta las 12 horas diarias. Si bien tendrá que tener la autorización del empleador, permite al empleador dividir las cuarenta horas diarias según mejor le parezca.

La jornada continua de trabajo se colocó por 70 días. «Si las actividades desarrolladas requieren la prestación de servicios ininterrumpidos, las partes de la relación laboral podrán pactar por escrito la ejecución de jornadas consecutivas de trabajo que podrán acumularse hasta por un máximo de setenta (70) días continuos, previa autorización de la autoridad competente. Las jornadas continuas de trabajo se podrán ejecutar durante los siete (7) días de la semana, en jornadas diarias de hasta ocho (8) horas que serán distribuidas en función de las necesidades de la actividad».

Más precariedad

Además el contrato productivo, que data del gobierno de Lenín Moreno, subirá de uno a tres años.

Artículo Único. Sustitúyase el artículo 5 del Acuerdo Ministerial MDT-2020-220, por el siguiente texto:

“Art. 5.- De la duración del contrato productivo.- La duración del contrato productivo, en forma continua o discontinua, será de hasta un año, pudiendo renovarse en dos ocasiones por el mismo período, por lo que no podrá ser superior a tres (3) años en total.

Se podrá acordar un periodo de prueba de hasta noventa (90) días. Si al cumplirse este plazo las partes acuerdan continuar con la relación laboral, se entenderá a partir de ese momento, para todos los efectos legales, como un contrato indefinido. El contrato indefinido mantendrá las condiciones establecidas en los términos de la contratación inicial.

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La “Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano”, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente de Francia el 26 de agosto de 1789, fue un documento limitado a 17 artículos, cuya proclama central reconoció “los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. Además, consideró: “La fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación”; “La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás”; “La ley es expresión de la voluntad de la comunidad”; “Todo hombre es considerado inocente hasta que ha sido declarado convicto”; “Ningún hombre debe ser molestado por razón de sus opiniones, ni aún por sus ideas religiosas”.

Fruto del racionalismo y del pensamiento ilustrado, esa Declaración significó una revolución humana en la concepción sobre los derechos individuales. En la región que hoy llamamos América Latina, la primera traducción de aquel trascendental documento la hizo el bogotano Antonio Nariño en 1793, uno de los próceres de la independencia de la actual Colombia. También la Ilustración y los Derechos del Hombre guiaron los conceptos movilizadores de los criollos independentistas hispanoamericanos, convertidos en próceres y patriotas. Pero no siempre suele distinguirse que en los procesos independentistas, América Latina forjó dos principios de magnitud humana universal: la soberanía de los pueblos, de una parte y, de otra, la independencia, que son los conceptos que fundamentaron la lucha anticolonial y  cuya vigencia se extiende hasta el presente.
 
Paradójicamente, los derechos individuales no fueron proclamados de una vez por todas al nacer las republicas latinoamericanas. Lo impidieron la dominación oligárquica, una democracia censitaria que excluyó del poder y de la ciudadanía a la gran mayoría de la población, la conservación de la esclavitud, la hegemonía política inicial de los conservadores aliados con la Iglesia católica y la larga vigencia de las economías precapitalistas, caracterizadas por el rentismo de élites primario-exportadoras. Todo ello explica que durante el siglo XIX correspondiera al liberalismo y sus partidarios la tarea histórica de implantar, en forma definitiva, los derechos individuales generales y, además crearan las instituciones que los consagraron. México es el país que mejor ejemplifica ese proceso con una sucesión de leyes: Ley Juárez (1855), Ley Lerdo (1856), Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos (1859), Ley de Registro Civil y de Matrimonio Civil (1859), Ley Sobre Libertad de Cultos (1860) y, sin duda, la Constitución laica de 1857 nacida con La Reforma. En Ecuador, los derechos individuales fueron ampliamente consagrados por la Constitución de 1896 y, sobre todo en la magna Carta liberal de 1906. Gracias a la Revolución Liberal ecuatoriana (1895-1911) se consagró la educación pública laica, la separación de Estado e Iglesia, se implantó el registro civil (1900) y leyes de matrimonio civil y divorcio (1902).
 
Los derechos de primera generación, nacidos de la Revolucion Francesa, reflejaron el ascenso de las burguesías en los países capitalistas centrales; sin embargo, inspiraron las conquistas logradas por los liberales en América Latina, que lucharon por décadas, contando con enorme apoyo popular. Sin embargo, la consecución de los derechos laborales, requirió, en cambio, de luchas permanentes de los trabajadores en la Europa del siglo XIX, así como en la América Latina del siglo XX. Esas luchas se dirigieron directamente contra las burguesías, que siempre se resistieron a su reconocimiento. Tomando en cuenta esa trayectoria, si bien se lograron algunas leyes aisladas sobre salarios o jornadas, fue la Constitución de México aprobada el 31 de enero de 1917 por el Congreso Constituyente de Querétaro y expedida por Venustiano Carranza el 5 de febrero, la que marcó el inicio del derecho social latinoamericano y sus principios se extendieron en la región al compás del desarrollo sindical y, además, por el influjo que adquirieron la Revolución Rusa de octubre 1917 y las ideas socialistas.
 
La Constitución mexicana dedicó un amplio y detallado título a los derechos laborales, reconociendo: salario mínimo, jornadas máximas, horas extras, limitaciones al trabajo femenino y de menores, maternidad, participación en utilidades, condiciones materiales del trabajo, equipamiento, accidentes y enfermedades profesionales, higiene y salubridad, sindicalismo, huelgas, indemnizaciones e incluso cajas de seguro populares. La influencia de esa Constitución y además de la Revolución Rusa llegó tempranamente a Ecuador con la Revolución Juliana (1925-1931) y durante el gobierno de Isidro Ayora se expidió la Constitución de 1929, primera en proclamar derechos laborales, principios de reforma social, la función social de la propiedad y el reconocimiento del voto femenino. A menudo se ignora que los derechos laborales se implantaron en América Latina para favorecer y, sobre todo, proteger a seres humanos que, sin leyes laborales, estuvieron sujetos a salarios miserables y jornadas extenuantes. Además, ninguna legislación laboral ha impedido el desarrollo económico y peor aún el de las empresas. Lo que hicieron es impedir la explotación a los trabajadores y promover mejores condiciones de vida para ellos y sus familias.
 
Estos procesos sociales son los que ignoran o quieren desconocer los empresarios neoliberales, los políticos, académicos o profesionales que defienden sus intereses y últimamente los libertarios/anarco-capitalistas, cuya ignorancia sobre la historia económica de América Latina resulta alarmante. Con la idea de promover la “libertad” de las empresas, del mercado y liquidar el Estado interventor, en toda la región avanzaron la flexiseguridad laboral y la precarización de las relaciones de trabajo. Pero el cuestionamiento a los derechos laborales conlleva al reconocimiento casi exclusivo de los derechos individuales de primera generación que nacieron con la Revolución Francesa. Es un retroceso histórico de siglos. Aún así, el libertarianismo desconoce la educación, la salud y la seguridad social públicas, que fueron conquistas liberales-radicales en varios países de América Latina.
 
Los ataques a los derechos laborales se han renovado con el argumento de su inevitable “modernización” ante el avance de nuevas relaciones con la robotización, la electrónica, el trabajo autónomo, la “uberización” o la migración permanente. Es un planteamiento que falsea las realidades, porque esos procesos son desafíos para avanzar en nuevos derechos laborales, sin necesidad de afectar los derechos históricos ya conseguidos. Y corresponde, ante todo, a las organizaciones de trabajadores la urgencia de modernizar su visión sobre el mundo laboral en América Latina, que exige no solo contemplar a los sectores vinculados al sindicalismo tradicional, sino lograr incorporar a la tan variada gama de trabajadores de clases medias y populares, que forman parte de los trabajadores asalariados tanto del sector privado como del público.

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La resolución se tomó tras una reunión del 5 noviembre en donde los empleados manifestaron su preocupación por los sueldos atrasados. Para ellos la creación de este sindicato simboliza la lucha por salvaguardar sus derechos laborales.

«¿Cómo es posible que una compañía mantenga impagos, cerca de seis meses, a sus trabajadores y el Ministerio de Trabajo ni siquiera haga una inspección integral para establecer multas y sanciones a sus directivos o accionistas?», dijo el abogado de los empleados, Washington Andrade.

Además, señaló que el medio de comunicación aún mantiene las concesiones de frecuencias a las radios y un canal de televisión relacionados con el dueño del periódico Ángel González, conocido como El Fantasma.

En los próximos días continuará la presentación de varias acciones judiciales para salvaguardar los activos de la empresa, así como exigir el cumplimiento de las obligaciones laborales tanto para los trabajadores activos como para los que fueron despedidos. Ellos exigen el pago de sus salarios y también las liquidaciones de los que fueron despedidos.

La caída de El Comercio

El 6 de junio, el diario dejó de circular definitivamente su edición impresa, por lo que su único soporte sería la versión digital. Sin embargo, las deudas a los trabajadores persistieron hasta el 7 de julio un grupo de ellos paralizaron actividades.

“Nosotros, la mayoría de trabajadores de El Comercio, comunicamos a nuestros jefes, editores y gerentes que ya no podemos seguir trabajando debido a la falta de recursos económicos, derivados de los incumplimientos de la empresa”, rezó el comunicado.

En el mismo escrito, criticaron la promesa vacía del presidente Guillermo Lasso, quien había asegurado que haría respetar los salarios y liquidaciones de los empleados el 2 de enero de 2022.

“Señor presidente, dirigimos esta carta para recordarle que ha incumplido con su palabra de exigir el pago de los salarios a los trabajadores y las liquidaciones a los excolaboradores del diario El Comercio”, lamentaron. (AGM).

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Quito, 06 jun (La Calle).- Grupo El Comercio regresará a publicar contenidos para la página web. Sin embargo, después de 107 años de fundación la edición impresa del diario dejará de circular definitivamente.

“Lamentablemente, los cambios de modelos económicos y la pandemia complicaron aún más la crisis financiera de la empresa”, dijo el medio de comunicación en un comunicado.

Sin embargo, no se expusieron las acciones a realizarse respecto a las protestas de sus trabajadores por los sueldos impagos y despidos repentinos.  

“Entendemos también las críticas y cuestionamientos que se nos hacen. Pero esta es nuestra casa editorial y queremos ratificar nuestro compromiso para seguir trabajando en pos de lograr un mejor periodismo multimedia”, resaltó el anuncio.

Despidos masivos

Diario El Comercio despidió a 100 trabajadores de diversas áreas, entre ellos 50 personas de producción, 20 de distribución y 30 de distintas unidades, entre ellos 10 periodistas.

El 5 de junio gran parte de los trabajadores del medio de comunicación fueron despedidos. Una fuente confirmó Fundamedios que fueron notificados a través de llamadas telefónicas. La razón sería una ”reestructuración”.

Por otro lado, les informaron que ya no se venderá la versión impresa del diario, sino que solo permanecerán en el ámbito digital. La empresa está atrasada con el pago del IESS y con cuatro salarios.

¿Y los sueldos impagos?

A los empleados que se mantienen en el medio de comunicación les informaron que los últimos cuatro sueldos impagos les entregarían poco a poco. Hasta el momento el correspondiente al mes de febrero en los próximos días y el salario de marzo en aproximadamente 3 semanas.

Sin embargo, esta ”solución” no implicaría ningún tipo de alivio, al contrario se incrementa la incertidumbre. A inicios del 2023 llegó un representante y reunió a los trabajadores en un auditorio.

En la reunión manifestó que el medio de comunicación no quebraría, y ofreció ponerse al día con las obligaciones laborales en tres meses pero no se cumplió. (A.G.M).

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“Tras muchos años sumando apoyo y dialogando, hoy por fin podemos celebrar la aprobación de este proyecto que reduce la jornada laboral, un proyecto pro-familia que apunta al buen vivir de todas y todos”, celebró el presidente Boric. La alegría del oficialismo también era evidente en la Cámara de Diputados y Diputadas. “Es una buena noticia para la política. Hoy demostró que puede estar a la altura de los desafíos que plantea el pueblo de Chile”, dijo la portavoz de Gobierno, Camila Vallejo, emocionada hasta las lágrimas.

Vallejo, militante comunista, presentó el proyecto de ley cuando era diputada en 2017. Durante su campaña, Boric se comprometió a sacar adelante la iniciativa. La ministra del Trabajo, Jeannete Jara, lideró las negociaciones con la oposición y con los distintos sectores empresariales afectados, donde se realizaron varias modificaciones para lograr un acuerdo transversal. “Es un gran día para las personas que viajan en las micros [autobuses] y dejan a los hijos dormidos porque se van muy temprano en las mañanas o vuelven muy tarde. Este es un proyecto que va a contribuir enormemente a nuestra calidad de vida”, sostuvo Jara, también comunista.

La reducción de la jornada ordinaria de trabajo pasará de 45 a 44 horas al primer año de publicada la ley, a 42 horas al tercer año y a 40 al quinto año. Estos son plazos máximos, pero un empleador puede anticiparse. En junio del año pasado, el ministerio del Trabajo creó el sello 40 horas, una certificación que reconoce a las empresas que ya aplican la jornada laboral reducida. Más de 500 –sobre todo pequeñas y medianas– lo han obtenido.

Con esta ley, que está prevista que se promulgue el 1º de mayo, con motivo del Día Internacional de los Trabajadores, Chile se sumará Ecuador y Venezuela como los únicos países de América Latina en lograr las 40 horas semanales de trabajo, el promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hasta ahora, el país sudamericano era el tercero con más horas del organismo, solo detrás de Colombia y México, donde la ley establece 48 horas. El Gobierno colombiano de Gustavo Petro presentó una reforma laboral que incluye reducir la jornada a 42 horas -gradualmente, una hora menos por año-.

América Latina es una de las regiones con jornadas laborales más extensas: Brasil, El Salvador y Guatemala trabajan por ley entre 42 a 45 horas semanales, mientras que Argentina, Bolivia, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, además de los ya mencionados México y Colombia, 48 horas, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), informa AFP.

En la discusión del proyecto, el Gobierno cedió ante varios puntos relacionadas a la flexibilidad laboral. La futura legislación, por ejemplo, permite que una vez que las empresas implementen las 40 horas puedan, en acuerdo con los trabajadores, implementar jornadas de cuatro días de trabajo (10 horas diarias) por tres de descanso. También compensar las horas extraordinarias por hasta cinco días feriados y jornadas especiales para quienes trabajan en minería, transporte o en el mar. Sobre la opción de que las modificaciones impulsen a los empleados a buscar un segundo trabajo en vez de priorizar el descanso, la ministra Jara afirmó: “No solamente tenemos que avanzar en la reducción de la jornada laboral, sino también en mejorar la distribución salarial de los trabajadoras y trabajadores”.

La normativa incluye medidas de corresponsabilidad, que apuntan a conciliar la vida laboral, personal y familiar, con lo que se espera, en particular para las mujeres, ampliar las posibilidades de empleo y con mayor estabilidad. Contempla bandas horarias que permitan un ingreso y salida diferenciados al trabajo, adaptables en una ventana de hasta dos horas. Ese tiempo podrá utilizarse por madres o padres con hijos o hijas que tengan menos de 12 años, y también por la persona que tenga a su cargo el cuidado personal de estos últimos. También establece el apoyo directo de la Dirección del Trabajo y del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) a las micro, pequeñas y medianas empresas para la implementación de las 40 horas.

Redacción: El País

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Desde esa época, el país estaba sumido en graves escenarios de explotación, como pésimas condiciones para trabajar, disminución de salario, sobrecarga en las horas de trabajo y no se reconocían los derechos laborales, comentó Mauricio Chiluisa, presidente de la FEUE.  “Las jornadas laborales iban más allá de 10 o 15 horas y por todas esas condiciones los obreros se levantaron”.

No todo se ejecutó de manera correcta dentro de la movilización, pues entre los objetivos de este levantamiento se infiltraron los intereses de los grupos acomodados, refirió Marcela Arellano, presidenta del FUT. “No hubo una autonomía de clases, los objetivos del movimiento de trabajadores no estuvieron claros”, señaló.

Solicitudes de los obreros en Guayaquil

Con el lema “pan, techo y un lugar digno para trabajar” los obreros en Guayaquil exigían el respeto a las ocho horas de jornada laboral, ocho horas de descanso, ocho horas recreación, incremento salarial, beneficios de ley y mejoras de condiciones laborales.

Arellano apuntó que solicitaban la creación de un documento que reconozca los derechos laborales, el acceso a salud y el respeto a los grupos sindicales como representantes de los trabajadores.

Papel de los medios de comunicación

Los medios tradicionales de ese entonces cumplían un solo rol, beneficiar a la oligarquía de la Costa y Sierra y encubrir los crímenes de Estado.

“Los grandes medios como El Comercio y El Universo buscaban minimizar lo que sucedía en las plantaciones de banano, caco y azúcar. Pretendían callar la voz de los trabajadores que exigían respeto a su condición laboral”, mencionó Chiluisa.

Para Arellano, los medios de comunicación y la Iglesia justificaron la masacre de cientos de ecuatorianos. “Ellos decían que la gente que murió estaba vinculada a delincuentes o vándalos, igual que ahora”, detalló.

Logros de la movilización

A partir de la movilización del 15 de noviembre de 1922, se reconoció la necesidad de los grupos sindicales, su organización y la importancia de una representación laboral. Según la presidenta del FUT, esta lucha es la expresión más alta de los trabajadores frente a la injusticia laboral y social.

“De allí tuvimos varias enseñanzas como organización. Entendemos que el movimiento de trabajadores no debe ser infiltrado por los intereses de otras clases, debe mantenerse la autonomía y la independencia de clase”, enfatizó.

Para Chiluisa, esta masacre se consagra como el “Bautizo de sangre del movimiento obrero”. Además, mostró los verdaderos intereses de un Gobierno que protegía los intereses de la banca y promovía la injusticia social y laboral. (N.J.C)

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«Dicen que no creemos en la democracia y estamos aquí demostrando al país. Aquí el que no ha dado la cara al país es el Presidende la República y por eso quiero saludar la presencia del ministro Jiménez», señaló el líder indígena.

Hasta la última reunión del 14 de octubre, el Gobierno Nacional y el sector indígena lograron 199 acuerdos y 21 desacuerdos. La mesa de focalización de subsidios a los combustibles no tuvo consensos, mientras que la mesa de derechos laborales obtuvo 17 acuerdos, pero el sector indígena no firmó el acta.

El evento tuvo su fin simbólico en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Contó con la presencia de los delegados del régimen, especialmente el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez. En la contraparte, estuvo la Conaie liderada por su presidente Leonidas Iza. Finalmente, representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana actuaron de intermediarios.

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Toapanta dice que la Corte debería dar las pautas para el alcance de los derechos laborales en un contexto de crisis, lo que epresentaría un ‘paraguas’ para las futuras reformas laborales. También sostuvo que la Corte, apenas conoció el caso, decidió tratarlo como ‘preferencial’, no obstante, eso no ocurrió y solo se convocaron a dos audiencias que no significaron un mayor avance.

Añade que se van a cumplir ya dos años de estas demandas sin respuesta. Pero, también hay otra vía para declarar la inconstitucionalidad de la «Ley Humanitaria»: la Asamblea Nacional. Cuando se implementó la ley, se determinó que su derogación era solo a través de la decisión del Pleno Legislativo.

Sin embargo, ello no sería tan factible ya que se trata de decisiones políticas y no técnicas, como las de la Corte por lo que su resolución no sería inmediata ni óptima. Aunque, Toapanta expresa que a pesar de haber presentado más de 20 demandas de inconstitucionalidad a la «Ley Humanitaria» y no haber recibido sentencia, la Asamblea no podría impartir estándares de derechos laborales.

Es decir, podría derogar o modificar la norma, mas no definir las pautas de derechos, lo que sí puede hacerlo la Corte. «La Asamblea trata otros temas de mayor prioridad debido a la coyuntura actual», acotó.

¿Cómo trata la Corte la inconstitucionalidad de la Ley Humanitria?

«Hay jueces y juezas de la Corte que en su libre ejercicio profesional también representan al sector empresarial. O que cuando estaban en instituciones públicas, tuvieron una inclinación al sector empresarial», afirmó refiriéndose al ‘temor’ de que la votación de la sentencia se podría ver limitada.

El colectivo exige que no solo declare inconstitucional a esta ley, sino que sea «un fallo reparador para las miles de personas que en este momento se encuentran precarizadas por esta ley». Pero, explica que si la Corte emite un fallo negativo, volverán a acudir a la Asamblea «con menores posibilidades de actuar».

Dijo que en casos puntuales que lo requieran, acudirán a instancias internacionales, pero que esto tarda mucho más tiempo.

La ley humanitaria

En 2015 se eliminó la norma de contrato a plazo fijo en el Código Laboral, pero esta se volvió a implementar en 2020, con la excusa de la pandemia y el mantener las plazas de trabajo. Esta vez se denominaron «Contratos Especiales Emergentes».

Esto significa que el empleador puede reducir la jornada laboral junto con la remuneración correspondiente. Actualmente, hay al rededor de 100 mil personas que cuentan con este contrato.

Toapanta explica que incluso los microemprendimientos y negocios que recién empiezan se acogen al uso de estos contratos de plazo fijo. Ella explica que ninguno de estos negocios puede justificar el uso de los contratos especiales emergentes ya que se deberían usar en un caso de crisis económica como el de la pandemia de COVID-19 en el año 2020.

La coordinadora del colectivo aseveró que a dos años de la implementación de esta ley, se han perdido más de un millón de empleos estables. Muchas personas fueron obligadas a firmar ‘renuncias voluntarias’ para luego, en el mejor de los casos recontratarlas con un contrato de plazo fijo, según explica.

El empleo precario alcanza el 30%; miles buscan trabajo y otros abandonan el país

Con ello, dice Toapanta, se perdió estabilidad y antigüedad de los trabajadores y, actualmente, el contrato especial emergente es el segundo más usado en el país. .

¿Quienes son los beneficiarios de la Ley Humanitaria?

Toapanta revela los sectores en los que se encuentran la mayoría de este tipo de contratos: sector agroindustrial, florícolas, empresas de lácteos, comercio y floricultoras. Estos sectores se han visto beneficiados por estos contratos que ni siquiera contemplan una diferenciación o focalización de qué tipo o qué empresas pueden incorporarlo.

«Nos preocupa que no exista ningún control por parte del Estado, porque no es necesario que el empleador alegue que está pasando por una crisis de cualquier tipo. Sino que la ley se convirtió en una facultad de cualquier empleador en cualquier momento sin necesidad de que atraviese una crisis», manifestó Toapanta.

Mencionó que el Estado también resultó beneficiado con la Ley Humanitaria, pues la Corte declaró al artículo 25 de esta ley -que ratificaba el nombramiento permanente del personal médico- inconstitucional. Por ello, gran parte del personal público de la salud fue desvinculado a pesar de su derecho al nombramiento permanente expuesto en la norma.

Ante esta situación se han presentado numerosas demandas y el sector empresarial no se ha quedado atrás durante estos años, pues logró que se apruebe esta ley que les ha convenido en cuanto a sus ganancias. No obstante, buscan más retrocesos laborales, advierte Toapanta.

Con ello se refiere al impulso de la reforma Laboral por parte del Ejecutivo, la cual es «altamente precaria», en cuanto a derechos laborales y favorece al sector empresarial.

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La víspera, Quito, Guayaquil, Cuenca, Ibarra, Loja, y otras ciudades del Ecuador fueron los escenarios para exigir al gobierno el cumplimiento de los derechos laborales.

La Gran Marcha contó con la presencia de sectores sociales y sindicales de todo el país.

Entre ellos estuvo el Frente Unitario de Trabajadores (FUT), la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), la Unión Nacional de Educadores (UNE), el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Central, Trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social (IESS), la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), movimientos feministas y trans, además del Frente Obrero Nacional.

Así también, médicos, estudiantes, artistas, servidores públicos despedidos y familias enteras se dieron cita a la marcha. El descontento de la ciudadanía frente a la gestión del Gobierno en estos 11 meses fue evidente.

Consignas como «Fuera Lasso, fuera», «Abajo las políticas neoliberales», «Las calles son del pueblo«, «Lasso escucha, el pueblo está en la lucha» y «Guarderas y Lasso, los dos son un fracaso», acompañaron a la movilización.

Los pedidos

El cumplimiento de los derechos laborales, mayor seguridad para el país, no a la privatización de los recursos públicos, presupuesto para la salud y educación, equiparación salarial para los maestros, estaban entre las demandas de los manifestantes.

Temas como el pago de pensiones jubilares, subsidio para los combustibles, entre muchas otras; fueron los pedidos que las y los ecuatorianos salieron a exigir a las calles.

La marcha fue masiva y pacífica, no se presentaron mayores altercados en el país.

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Las cruces sobre el agua, Joaquín Gallegos Lara (1946)

Quito, 15 nov (La Calle). – El 15 de noviembre de 1922 ocurrió la matanza más grande de la historia de la República ecuatoriana. En la ciudad de Guayaquil, las fuerzas del orden asesinaron a cientos de ciudadanos durante las huelgas de trabajadores que solicitaban al Gobierno cumplir con los derechos básicos para el trabajo.

El Estado no reconoció oficialmente al 15 de noviembre como una efeméride. Fueron las generaciones de obreros y ciudadanos que recuerdan el baño de sangre que el proletariado guayaquileño sufrió en manos de batallones Constitución, Zapadores del Chimborazo, Montúfar, Marañón, Artillería Sucre No. 2 y Cazadores de los Ríos del Ejército ecuatoriano.

El 15 de noviembre de 1922 fue la primera vez que las clases medias y bajas del pa{is conocieron la violencia del Estado. Como una máquina que destruye todo a su paso, así actuaron las fuerzas del presidente José Luis Tamayo, quien no tuvo ningún reparo en dar la orden a los Generales en Guayaquil.

“Los trabajadores, el 15 de noviembre de 1922, expresaron el despertar de las reivindicaciones laborales en el Ecuador, justas, en un medio atrasado en los derechos laborales ya conquistados en otros países. Sin embargo, las reivindicaciones reclamadas se califican de «comunistas» y «excesivas». Y la matanza obrera de Guayaquil, de la que fuera responsable el gobierno de José Luis Tamayo (1920-1924), incluso fue justificada con el argumento de que se había disparado contra «saqueadores» y «delincuentes». Todo para esconder la responsabilidad compartida de los capitalistas de la época”, explica en un artículo el historiador Juan Paz y Miño.

La historia nunca termina

Uno de los principales pedidos de los obreros era determinar la jornada laboral en ocho horas. Esta solicitud ya se cumplía en otros países tras la protesta del 1 de mayo de 1886 en Chicago. Hecho que después se marcaría como el Día Internacional del Trabajo.

Sin embargo, en nuestro país, donde la influencia capitalista y exportadora ya se había imbricado, donde los grandes exportadores de cacao y la clase plutocrática imponían su ley, hacían oídos sordos a este pedido. Mucho de los obreros trabajaban 10, 12, 14 horas seguidas.

Con el paso del tiempo en Ecuador empezó a regir la jornada de ocho horas. Sin embargo, el último proyecto de ley del presidente Guillermo Lasso, que no cumplió con los requisitos para su tratamiento en la Asamblea Nacional, proponía el cambio de ocho horas a un máximo de 12 horas que podría ser discutida entre trabajadores y empleadores.

Todavía no se ha enviado un nuevo proyecto de Ley laboral, no obstante, propuestas como el pago de indemnización de un trabajador despedido a su ex empleador atentan contra los derechos laborales de los ecuatorianos. A esa problemática hay que sumarle el desempleo que en 2021 ha aumentado. Los empleos adecuados han devenido en empleo informal y ha precarizado la vida de las personas de clase media y media baja.

Recordar el 15 de noviembre

A un año que conmemorar el centenario de tan importante fecha, hay que recordar la importancia de la lucha obrera en el Ecuador. Sin las protestas que comenzaron en 1922 no hubiera sido posible conseguir el Código del Trabajo en 1938 o las reformas en las Constitución de 1929. Las cruces sobre el agua son todavía un acto infame de un gobierno consumido por la codicia y el sentido de explotación. La violencia estatal no se detuvo y continúa hasta nuestros días. Recordar el 15 de noviembre es recordar la deuda que el Estado todavía tiene con nosotros.

Si quiere leer Las cruces sobre el agua, descárguelo aquí:

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Durante una entrevista, en Radio Rumba, el funcionario explicó que lo “lógico” es atender primero a los jubilados y destinar recursos para cumplir con el plan de vacunación. Pues este si fue un ofrecimiento de Guillermo Lasso.

Explicó que los jubilados tienen serios rezagos en los pagos. “Hay una crisis de 4.000 millones de dólares, de hueco fiscal heredado. Primero debemos poner en orden las finanzas para pensar en los temas que estamos abordando”, mencionó.

Respecto a la coexistencia de dos códigos laborales, Donoso enfatizó en que “ya es hora de que empecemos a preocuparnos por los no trabajadores, por los dos tercios de ecuatorianos que no tienen empleo, están en el subempleo o viven en la informalidad”

Según expuso, la Ley de Oportunidades Laborales es la herramienta para generar empleo. Dijo que estará enfocada en brindar seguridad jurídica. A su criterio, la seguridad jurídica incentivará a los empresarios a integrar a más trabajadores a sus nóminas; a invertir o reinvertir utilidades, para que los emprendimientos crezcan.

Asimismo, dijo que la Ley establecerá “menos rigideces” para que puedan contratarse más trabajadores. “Miente aquel que dice que se genera empleo con las mismas recetas de siempre”, aseguró

Señaló que el gobierno de Guillermo Lasso no está dispuesto a hacer lo mismo que hicieron anteriores gobiernos. “Vea el resultado, las cifras son dramáticas. O hacemos algo nuevo o seguiremos con esas cifras. Hablamos de casi 6 millones de ecuatorianos que no tienen empleo”, indicó. También mencionó que muchos empleos se lograron resguardar gracias a la Ley Humanitaria.

Donoso sostuvo que ha conversado con casi todos los dirigentes sindicales, los representantes de los emprendedores y con varios legisladores. “Hay temas en los que estamos de acuerdo y otros no. Estamos de acuerdo en generar empleo (…) Que me digan como se genera empleo, porque el Estado ya no contrata, ya no se contrata en los ministerios, en los GAD, en las prefecturas. Son las empresas privadas las que contratan más gente”, aseveró.

Finalmente, dijo que la Ley de Oportunidades Laborales va a respetar todos los derechos de los trabajadores, pero que lo primero es que la gente consiga empleo. “Nada es más precario que no tener empleo”, afirmó.

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La sentencia, expedida el 4 de abril de 2017, ordena que «el Banco de Guayaquil en las personas de sus representantes legales, paguen a la actora, además de la indemnización que se ordena pagar en la sentencia de segunda instancia, la cantidad de VEINTE Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO DOLARES, (USD 26,394). Valor al que asciende la indemnización que se ordena pagar en esta sentencia».

El Banco y sus representantes se negaban a pagar y apelaron la sentencia hasta que en junio de 2017 el caso llegó a la Corte Nacional de Justicia.

¿Qué pasó?

En 2016, María Bernal, una empleada del Banco de Guayaquil en Azuay fue diagnosticada con cáncer. Solicitó licencia por enfermedad en el trabajo para empezar el tratamiento. Dos días después de reintegrarse a sus labores, el Banco la despidió. Ella aún estaba con quimioterapia.

De acuerdo con el juicio que siguió para el pago de la indemnización, el Banco de Guayaquil le dijo que a pesar de sus años de servicio no iba a recibir ningún pago. «Confundir amistad, humanidad con institucionalidad, políticas que deben regir en toda empresa es un error. […] Nada es indefinido cuando el cargo que representa es delicado y de responsabilidad limitada. […] En empresas donde los sentimientos lastimosamente no juegan y sobretodo nadie es dueño de ellos para mantener debilidades por ausentismos».

¿Qué dice la ley?

El artículo 179 del Código Laboral dispone: «Si el empleador se negare a recibir al trabajador en las mismas condiciones que antes de su enfermedad, estará obligado a pagarle la indemnización de seis meses de
remuneración, aparte de los demás derechos que le correspondan».

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Exigen que se cumpla el Artículo 25 de la Ley Humanitaria. “Exhortamos a las autoridades que cumplan con el compromiso que hicieron en las mesas técnicas que hemos trabajado”, dijo el doctor José Jácome, vicepresidente de la Comisión Médica Voluntaria del Ecuador.

Jácome dice que no existe un documento oficial del trabajo y los compromisos establecidos en las mesas técnicas. Por esa razón, el personal de talento humano está haciendo “las cosas a su antojo”.

El Artículo 25 de la Ley de Apoyo Humanitario establece

Por su parte, el Colegio Nacional de Técnicos en Atención Primaria en Salud (Taps) presentarán una acción de protección en la Corte Constitucional. “El ministro de Salud Juan Carlos Zevallos nos planteó realizar una mesa técnica la semana pasada. Lamentablemente no cumplió con el tiempo, por eso presentaremos esta acción”, dijo a Radio La Calle,  Víctor León, asesor jurídico del Colegio Nacional  de lo Taps.

“El Ministro de Salud no los considera como profesionales, aun cuando tienen un título de tercer nivel. Se están vulnerando derechos de igualdad”, añadió León.

La mañana de este martes, el presidente de este gremio discutirá el tema en una mesa técnica de la Asamblea Nacional (AN). Son 2.500 técnicos afectados a nivel nacional que esperan respuestas por parte de la Asamblea, de lo contrario tomarán acciones legales.

Concentración Deportiva de Pichincha

La Concentración Deportiva de Pichincha (CDP) también salió a exigir sus derechos. Jaime Ruiz, presidente de la CDP explicó a Radio La Calle que “la Comisión de Salud, sin el debate suficiente, envió un informe para tratar la Ley Orgánica del Deporte en el país”. Ruiz afirma que se trata de una ley que “ha destrozado el deporte ecuatoriano, ha desparecido las asociaciones provinciales por deporte y ha fortalecido la manipulación en el deporte de los gobiernos de turno”.

Según Jaime Ruiz, los afectados son alrededor de 200.000 profesionales del deporte, 3.000 deportistas en Pichincha en proceso formativo; además de organizaciones, trabajadores y clubes de deporte parroquial, barrial y estudiantil.

Los trabajadores de la CDP permanecen tres meses con sueldos impagos. Entregará una demanda de pago inmediato y un amparo para los deportistas, entrenadores y trabajadores del deporte ecuatoriano en el Ministerio de Economía y Finanzas.

“No podemos estar al arbitrio de una propuesta gubernamental que pretende usar el deporte para fines políticos”, finalizó Ruiz.

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La página Google publicó un doodle en homenaje al natalicio de la que fuera defensora de los derechos de los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, Dolores Cacuango.

Conocida también como Mamá Dulu, Cacuango nació en Cayambe un 26 de octubre de 1881. Promotora de la creación de escuelas bilingües (quechua-español), luchó siempre por la visibilización de la explotación que sufrían pueblos indígenas bajo el abuso de los terratenientes.

Con su carisma, en 1926, a la edad de 44 años, Cacuango conformó un grupo de mujeres que promovieron la paralización de actividades en varias haciendas de Cayambe.

En 1944 participó activamente en el desarrollo y creación de la primera organización indígena del Ecuador: Federación Ecuatoriana de Indígenas (FEI). Cacuango se desempeñó como Secretaria General de esta organización.

Vida de “mamá Dulu”

El latifundio fue la forma de administración agraria en el Ecuador desde la época de la invasión española. Consistía en una vasta extensión de tierra y cierta cantidad de indígenas que la trabajaban. Esta tierra estaba bajo la administración de un terrateniente. El derecho a la tierra pertenecía a las élites, por lo general vinculadas al poder político y económico de la época.

Cacuango nació en una de estas extensiones de tierra cercana a la Provincia de Cayambe. Juan Albamocho fue una de las influencias en el pensamiento político de Cacuango. Albamocho se disfrazaba de mendigo para pedir caridad al pie de los despachos de los abogados donde escuchaba atentamente. Un día regresó a su comunidad con la noticia que: “Si ha habido ley para los indígenas”.

A los 15 años de edad fue obligada a ir a la ciudad de Quito para trabajar de empleada doméstica. En la Capital palpó de primera mano la brecha social y la desigualdad que sufría el pueblo indígena.

Tuvo nueve hijos con su esposo, Luis Catucuamba. Tras las duras condiciones de salubridad, ocho de ellos perdieron la vida. Esto fortaleció la lucha de Dolores Cacuango. Su único hijo se dedicó a la docencia, como fue deseo de su madre.

Cacuango falleció a la edad de 89 años, un 23 de abril del año 1971, junto a su esposo y su hijo.

“Nosotros somos como los granos de la quinua, si estamos solos, el viento lleva lejos. Pero si estamos unidos en un costal, nada hace el viento. Bamboleará, pero no nos hará caer” Dolores Cacuango (E.Q.)

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