La primera en desaparecer fue la de asuntos políticos a cargo de Aparicio Caicedo, quien pasó a conformar la nómina de Lasso como consejero presidencial con rango de ministro de Estado.

Posterior a ello, el 12 de agosto, mediante el Decreto Ejecutivo No. 526, el mandatario anunció la derogación del Decreto 213 que designó a Rafael Cuesta como consejero honorífico para la gestión y estrategia comunicacional del presidente.

En la disposión a diferencia de otras en donde se agradece los servicios prestados y consta el nombre de la persona a cargo, Lasso solo informó de la derogación del cargo.

Tras esta segunda derogación, el 16 de agosto, se conoció de la renuncia de Roque Sevilla como consejero de Gobierno Ad honorem para el medio ambiente.

En este caso, mediante el Decreto Ejecutivo No. 530, Lasso agradeció a Sevilla por sus servicios prestados y derogó el Decreto 364 que lo puso en el cargo.

Hace pocos minutos se conoció que en una carta dirigida al presidente de la Comisión de Transparencia de la Asamblea, el ad honorem en la lucha por la desnutrición infantil, Luis Coloma renunció al cargo y que no comparecerá en la investigación que realiza la Comisión.

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Con 109 votos a favor, la derogatoria dejaría sin efecto las reformas laborales que se establecieron entre empleadores y trabajadores para mantener los puestos de trabajo a través de una flexibilización.

Además, se estableció una disposición general en el Código de Trabajo. Se dispone que todas aquellas personas contratadas bajo un contrato emergente y a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, hayan superado los 90 días del período de prueba, esos contratos tengan el carácter de indefinido.

Lo que si se mantiene de la Ley Humanitaria son las reformas a la ley del sector público. Se compensa a los trabajadores del sector médico que laboraron desde el inicio de la crisis sanitaria hasta julio del 2021. En caso de postularse a un concurso de méritos y oposición tendrán un 25% adicional a su puntaje final.

Además, se reformó el Código Monetario y Financiero en el cual se reprograma el pago de cuotas por obligaciones con entidades del Sistema Financiero y no Financiero. Siempre y cuando, hayan sido generadas desde el 16 de marzo de 2020 hasta diciembre de 2021.

Las reformas del Pleno deberán pasar al análisis del Ejecutivo, quien tiene un plazo de 30 días para emitir sus observaciones. Sin embargo, desde la Asamblea se adelantan a opinar que el Presidente, Guillermo Lasso, vetará la derogatoria.

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Toapanta dice que la Corte debería dar las pautas para el alcance de los derechos laborales en un contexto de crisis, lo que epresentaría un ‘paraguas’ para las futuras reformas laborales. También sostuvo que la Corte, apenas conoció el caso, decidió tratarlo como ‘preferencial’, no obstante, eso no ocurrió y solo se convocaron a dos audiencias que no significaron un mayor avance.

Añade que se van a cumplir ya dos años de estas demandas sin respuesta. Pero, también hay otra vía para declarar la inconstitucionalidad de la «Ley Humanitaria»: la Asamblea Nacional. Cuando se implementó la ley, se determinó que su derogación era solo a través de la decisión del Pleno Legislativo.

Sin embargo, ello no sería tan factible ya que se trata de decisiones políticas y no técnicas, como las de la Corte por lo que su resolución no sería inmediata ni óptima. Aunque, Toapanta expresa que a pesar de haber presentado más de 20 demandas de inconstitucionalidad a la «Ley Humanitaria» y no haber recibido sentencia, la Asamblea no podría impartir estándares de derechos laborales.

Es decir, podría derogar o modificar la norma, mas no definir las pautas de derechos, lo que sí puede hacerlo la Corte. «La Asamblea trata otros temas de mayor prioridad debido a la coyuntura actual», acotó.

¿Cómo trata la Corte la inconstitucionalidad de la Ley Humanitria?

«Hay jueces y juezas de la Corte que en su libre ejercicio profesional también representan al sector empresarial. O que cuando estaban en instituciones públicas, tuvieron una inclinación al sector empresarial», afirmó refiriéndose al ‘temor’ de que la votación de la sentencia se podría ver limitada.

El colectivo exige que no solo declare inconstitucional a esta ley, sino que sea «un fallo reparador para las miles de personas que en este momento se encuentran precarizadas por esta ley». Pero, explica que si la Corte emite un fallo negativo, volverán a acudir a la Asamblea «con menores posibilidades de actuar».

Dijo que en casos puntuales que lo requieran, acudirán a instancias internacionales, pero que esto tarda mucho más tiempo.

La ley humanitaria

En 2015 se eliminó la norma de contrato a plazo fijo en el Código Laboral, pero esta se volvió a implementar en 2020, con la excusa de la pandemia y el mantener las plazas de trabajo. Esta vez se denominaron «Contratos Especiales Emergentes».

Esto significa que el empleador puede reducir la jornada laboral junto con la remuneración correspondiente. Actualmente, hay al rededor de 100 mil personas que cuentan con este contrato.

Toapanta explica que incluso los microemprendimientos y negocios que recién empiezan se acogen al uso de estos contratos de plazo fijo. Ella explica que ninguno de estos negocios puede justificar el uso de los contratos especiales emergentes ya que se deberían usar en un caso de crisis económica como el de la pandemia de COVID-19 en el año 2020.

La coordinadora del colectivo aseveró que a dos años de la implementación de esta ley, se han perdido más de un millón de empleos estables. Muchas personas fueron obligadas a firmar ‘renuncias voluntarias’ para luego, en el mejor de los casos recontratarlas con un contrato de plazo fijo, según explica.

El empleo precario alcanza el 30%; miles buscan trabajo y otros abandonan el país

Con ello, dice Toapanta, se perdió estabilidad y antigüedad de los trabajadores y, actualmente, el contrato especial emergente es el segundo más usado en el país. .

¿Quienes son los beneficiarios de la Ley Humanitaria?

Toapanta revela los sectores en los que se encuentran la mayoría de este tipo de contratos: sector agroindustrial, florícolas, empresas de lácteos, comercio y floricultoras. Estos sectores se han visto beneficiados por estos contratos que ni siquiera contemplan una diferenciación o focalización de qué tipo o qué empresas pueden incorporarlo.

«Nos preocupa que no exista ningún control por parte del Estado, porque no es necesario que el empleador alegue que está pasando por una crisis de cualquier tipo. Sino que la ley se convirtió en una facultad de cualquier empleador en cualquier momento sin necesidad de que atraviese una crisis», manifestó Toapanta.

Mencionó que el Estado también resultó beneficiado con la Ley Humanitaria, pues la Corte declaró al artículo 25 de esta ley -que ratificaba el nombramiento permanente del personal médico- inconstitucional. Por ello, gran parte del personal público de la salud fue desvinculado a pesar de su derecho al nombramiento permanente expuesto en la norma.

Ante esta situación se han presentado numerosas demandas y el sector empresarial no se ha quedado atrás durante estos años, pues logró que se apruebe esta ley que les ha convenido en cuanto a sus ganancias. No obstante, buscan más retrocesos laborales, advierte Toapanta.

Con ello se refiere al impulso de la reforma Laboral por parte del Ejecutivo, la cual es «altamente precaria», en cuanto a derechos laborales y favorece al sector empresarial.

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«Una vez que asuma la Presidencia, enviaré un proyecto de ley que derogará los siguientes tributos». Entre ellos el anticipo del Impuesto a la Renta, salida de divisas, activos en el exterior, vehiculos, ingresos extraordinarios y consumos especiales, entre otros.

Dos de los cambios más significativos son la salida de divisas y la reducción de restricciones a importaciones. Ambas medidas ponen en riesgo la dolarización.

De cara a las elecciones de 2021, Lasso aún mantiene esta línea en alianza con el Partido Social Cristiano (PSC). Así, mientras Lasso apunta a derogar cuanto impuesto beneficie a los más ricos. El PSC tiene una consulta popular en la mira, una que allane el camino para la libre empresa.

Guillermo Lasso gasta USD 50.000 mensuales en campaña electoral en Facebook

La campaña por el tan anhelado sillón de Carondelet ya empezó para el banquero Guillermo Lasso. De hecho, solo desde el 8 de agosto, el precandidato destinó USD 50.000 para que los ecuatorianos reciban su feroz propaganda electoral resumida en 624 anuncios pautados en la red social Facebook.

De acuerdo a las propias cifras que maneja la red social, solo el 8 de septiembre, el banquero invirtió USD 1.466 para tratar de cumplir su sueño: la Presidencia de la República. El monto fue invertido en 78 pautas publicitarias cuyo dinero sale del Ecuador directamente a California, EE.UU., donde se encuentran las oficinas centrales de la red social.

En cada anuncio, el banquero se encuentra rodeado de niños y madres de escasos recursos. La única promesa: empleo y más empleo; aunque no falta la rara oferta de solucionar los problemas del país en 100 minutos.

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