«Declarar el estado de excepción por grave conmoción interna en las provincias de Chimborazo, Tungurahua, Cotopaxi, Pichincha, Pastaza e Imbabura», dice el primer artículo del decreto.

El decreto mantiene a Quito como «Zona de Seguridad» y vuelve a disponer la movilización de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Nuevas reglas

El artículo 6 limita el derecho de asociación y reunión, con una excepción. «Se exceptúa de la limitación aquí detallada, la protesta pacífica y toda actividad pacífica». Esas protestas se realizarán con la garantía del derecho de asociación y reunión.

El artículo 12 indica que los ciudadanos extranjeros que protesten «serán puestos a órdenes de las autoridades competentes para los trámites de ley». Es decir se coordinará con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

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«He presentado una petición de medidas cautelares para que no se trate la revocatoria del Estado de Excepción, hasta que se dé la mediación anunciada por el presidente de la Asamblea Nacional», escribió Guarderas en un tuit.

«Esta petición de medidas cautelares tiene por objeto evitar que se consume una grave vulneración de derechos constitucionales. A través de esta medida no se pretende que usted señor Juez, se pronuncie sobre la legalidad o ilegalidad de los actos que amenazan con violar los derechos constitucionales», dice parte de texto de la petición.

El pasado 18 de junio, Guarderas se reunió con Saquicela para solicitarle que la Asamblea no trate en una sesión de Pleno la derogatoria del estado de excepción. No obstante, el presidente del Legislativo anunció que la sesión del Pleno para analizar el tema se llevaría a cabo este 20 de junio a las 17:15. MIB

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“Finalmente la ley de Desarrollo Económico pasó por el Ministerio de la Ley, a pesar de que en el bloque Pachakutik tuvimos una iniciativa para su archivo. […] Desde la bancada presentamos un proyecto de ley de derogatoria de la Ley de Desarrollo Económico y se promulgó en el Registro Oficial», indicó la legisladora Patricia Sánchez.

“Esta ley no favorece a las familias ecuatorianas, favorece a los grandes empresarios que llevan su dinero a paraísos fiscales y con ese dinero quieren evitar pagar los impuestos que deben pagar como todos nosotros”, indicó el legislador Salvador Mailla.

Por su parte, Salvador Quishpe dijo que no pueden quedarse cruzados de brazos viendo como entra en vigor una ley que por un lado aplica impuestos a quienes ganan USD 2.000 y por otro lado se perdonan los USD 30 millones que el Estado cobraba a las telecomunicaciones”.

Sobre la votación del 30 de noviembre añadió que «nosotros cumplimos con nuestra obligación. Algunos sectores votaron por el archivo. Otro sector dijo que fue un error involuntario, les tomamos la palabra. Con este proyecto pueden remediar el error que cometieron».

El proyecto de ley seguirá el procedimiento ordinario. La bancada no descarta recursos ante la Corte Constitucional que presentarán el 1 de diciembre. «La democracia está siendo pisoteada. El único que salvará al país es el propio pueblo».

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