El desastre, ocurrido el 13 de marzo tras la rotura del Sistema Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), dejó al descubierto las falencias del Estado para gestionar emergencias ambientales y proteger a las poblaciones más vulnerables.

Vicko Villacís, alcalde de Esmeraldas, no ha dudado en calificar la situación como una «catástrofe» y criticó fuertemente la descoordinación entre las autoridades locales y nacionales. «Esto no es una emergencia, es una catástrofe. No tenemos cómo manejarla», declaró Villacís, quien aseguró que el Gobierno Nacional ha dejado a las comunidades afectadas en el abandono.

Por su parte, Ronal Moreno, alcalde de Quinindé, ha denunciado la inacción de las instituciones gubernamentales y ha recordado que este es el tercer derrame de petróleo en los últimos ocho años en la zona. «Este es el peor evento de derrame que hemos tenido en el último tiempo», afirmó Moreno, quien criticó la falta de presencia y apoyo del Ministerio de Agricultura a los trabajadores que perdieron sus cultivos.

Descoordinación y mensajes contradictorios

Villacís denunció que el Comité de Operaciones de Emergencia (COE) provincial no incluyó a representantes del cantón Esmeraldas en sus deliberaciones, lo que ha dificultado la gestión de la emergencia. «Nosotros no fuimos parte de ese COE provincial, a excepción de una mesa», explicó el alcalde.

Además, Villacís señaló que las declaraciones del presidente, Daniel Noboa, sobre la restitución del servicio de agua potable en Quinindé fueron erróneas, ya que la contaminación no afectó directamente a esa localidad. «El derrame es después de Quinindé, y por geografía, los ríos nacen en la sierra y desembocan en el mar. Nunca va a haber un contraflujo», aclaró.

Por otro lado, el alcalde de Quinindé, Ronal Moreno, criticó la falta de presencia de instituciones clave en la zona afectada. «Lamentablemente, hasta el momento, no hemos visto presencia de estas instituciones. Criticamos cierta inacción de las instituciones del Gobierno», expresó Moreno, quien exigió una investigación inmediata para determinar las causas del derrame y sanciones para los responsables.

Crisis humanitaria y ambiental

El derrame de crudo contaminó los esteros Achiote y Caple, así como los ríos Viche y Esmeraldas, avanzando 52 kilómetros río abajo hasta llegar a la parroquia San Mateo. Este desastre ha afectado gravemente los ecosistemas locales y ha dejado sin sustento a cientos de familias de pescadores y agricultores que dependen de estos recursos para su supervivencia.

La empresa de agua potable Epmapse suspendió la captación de agua del río Esmeraldas, dejando a miles de habitantes de Esmeraldas, Rioverde y Atacames sin acceso al líquido vital por al menos siete días. Richard Nazareno, jefe de producción de Epmapse, explicó que la decisión se tomó para evitar la contaminación de pozos y lagunas de presedimentación, pero esta medida ha generado una crisis humanitaria en la región.

Falta de apoyo y raciones insuficientes

Villacís también denunció que las raciones de ayuda enviadas por el Gobierno Nacional son insuficientes para cubrir las necesidades de las familias afectadas. «La gente siente que se levanta información, pero no llegan las raciones«, expresó el alcalde, quien aseguró que las comunidades afectadas necesitan apoyo inmediato para enfrentar la escasez de agua y alimentos.

«Estamos mal. No podemos cometer una irresponsabilidad de captar agua contaminada para procesar y enviar a nuestras familias», agregó Villacís, quien explicó que la restitución del servicio de agua potable podría tardar al menos 15 días, según estimaciones de Petroecuador.

Un llamado a la acción

Ante esta crisis, los alcaldes de Esmeraldas y Quinindé han hecho un llamado urgente al Gobierno Nacional para que asuma su responsabilidad y brinde el apoyo necesario para mitigar los efectos del desastre. «Emeraldas es la provincia que da el 60% del petróleo pero cuando hay una contaminación, parece que no existiéramos», lamentó Villacís.

Moreno, por su parte, insistió en la necesidad de una respuesta coordinada y efectiva para evitar que este tipo de desastres se repitan en el futuro. «En los últimos ocho años ya tenemos tres derrames de petróleo. Esto no puede seguir pasando», afirmó el alcalde de Quinindé.

Mientras tanto, las comunidades de Esmeraldas, Quinindé y Rioverde continúan lidiando con las consecuencias de un desastre que no solo ha contaminado sus ríos y playas, sino que también dejó al descubierto las profundas desigualdades y la falta de preparación del Estado para enfrentar emergencias de esta magnitud.

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Según Petroecuador, la rotura no ha afectado las exportaciones de crudo ni el abastecimiento de combustibles a nivel nacional. La empresa estatal aseguró que, aunque el bombeo del SOTE está suspendido, el transporte por líneas secundarias continúa operando sin interrupciones. Sin embargo, el derrame ha provocado una emergencia ambiental que ha alarmado a las autoridades y habitantes de la región.

Impacto ambiental y social

El crudo derramado ha contaminado los esteros Achiote y Caple, así como los ríos Viche y Esmeraldas. La mancha de petróleo avanzó 52 kilómetros río abajo, llegando hasta la parroquia San Mateo, en el cantón Esmeraldas, a las 13h30 del viernes 14 de marzo. Este desastre ha afectado gravemente los ecosistemas locales, incluyendo la playa Las Palmas, e impactó a comunidades de pescadores y agricultores que dependen de estos recursos.

Además, la empresa de agua potable Epmapse suspendió la captación de agua del río Esmeraldas, dejando a miles de habitantes de Esmeraldas, Rioverde y Atacames sin acceso al líquido vital por al menos siete días. Richard Nazareno, jefe de producción de Epmapse, explicó que la decisión se tomó para evitar la contaminación de pozos y lagunas de presedimentación.

Respuesta de las autoridades

El Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Cantonal de Esmeraldas declaró la emergencia ambiental y exigió una investigación inmediata para determinar las causas del derrame, así como sanciones para los responsables y medidas de compensación económica y ambiental para las comunidades afectadas.

Mientras tanto, brigadas de emergencia y equipos de contingencia del SOTE y del poliducto Esmeraldas-Santo Domingo trabajan en labores de contención y limpieza en los kilómetros 442, 445 y 448, en la zona de Viche. Se han implementado diques de contención, barreras y métodos manuales para recuperar fluidos y suelos contaminados.

Denuncias sobre la magnitud del derrame

Fuentes extraoficiales señalaron a La Calle Habla, medio local de Esmeraldas, que el volumen del derrame superaría los 200.000 barriles de crudo, lo que lo convertiría en uno de los peores desastres ambientales en la historia reciente del país. Ante esta situación, las comunidades afectadas exigen respuestas urgentes y acciones concretas por parte de las autoridades locales, provinciales y nacionales.

El incidente ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura petrolera y la necesidad de reforzar medidas de prevención y respuesta ante emergencias ambientales. Mientras las labores de mitigación continúan, la población espera soluciones inmediatas para enfrentar las consecuencias de este desastre.

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El equipo técnico de Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) señaló que se reinyectaron 5.300 barriles de petróleo al sistema de transportes. Dicha cifra representa el 84,13% del derrame de crudo que afectó a la reserva amazónica.

El material fue recuperado luego de la rotura de un ducto en el sector de Piedra Fina, en la provincia de Napo. La tubería derramó crudo el viernes por la caída de una roca de dos metros.

El Ministerio de Ambiente se pronunció para informar que la rotura afectó a 21.000 hectáreas de la Amazonía. De ese total, 16.000 metros cuadrados se encuentran en la zona protegida del Parque Nacional Cayambe – Coca. Sin embargo, los daños van desde la Refinería La Pampilla hasta la playa Peralvillo, en el Municipio de Chancay.

Sanciones a la empresa

Ante ello, el Gobierno anunció una sanción para la empresa por dejar a cientos de comunidades indígenas sin agua limpia por los últimos tres días. De manera en que, el OCP anunció la entrega de agua en buenas condiciones y de kits alimenticios a las comunidades afectadas.

La empresa aseguró que el sistema de detección automática identificó la rotura a tiempo, por lo cual se detuvo el bombeo de petróleo. Asimismo, mencionó la activación de un dispositivo de emergencia para mitigar el daño y recolectar gran parte del crudo perdido.

Por su parte, el presidente ejecutivo de Oleoductos de Crudos Pesados, Jorge Vugdelija, comunicó que la empresa asistirá a la zona hasta lograr la reparación integral del sitio. No obstante, representantes indígenas exigen una penalización contra la empresa. A causa de que existen 300 kilómetros de afectación comunitaria.

«Esto es el resultado de la tecnología de punta que el Gobierno quiere desarrollar en la explotación petrolera. Venimos a este lugar donde nuestros hermanos se bañan y pescan. No es justo que un Gobierno diga que esto no es contaminación», aseveró el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Marlon Vargas.

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