Desde que ocurrió la emergencia, Petroecuador no había proporcionado públicamente el dato oficial del volumen derramado, a pesar de los constantes pedidos realizados por medios de comunicación. Tanto la entidad como distintas autoridades habían sostenido que aún no contaban con la cifra definitiva.

Cifras contradictorias: ministra dijo 3.800, Petroecuador confirmó 25.116

Sin embargo, en días recientes, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, declaró en entrevistas que presuntamente un sabotaje provocó la rotura del SOTE. En ese momento, indicó que se regaron 3.800 barriles de crudo, una cantidad significativamente menor a la que luego expuso el informe técnico y confirmó la petrolera estatal.

En el comunicado difundido este martes, EP Petroecuador detalló que se han recolectado 30.257 barriles de crudo mezclado con agua, mediante 179 tanqueros, que han sido trasladados a la Refinería Esmeraldas. Allí se realizarán los respectivos procesos de separación en tanques especiales conocidos como slop.

La empresa señaló que “la rápida respuesta de EP Petroecuador permitió la contención en los diques construidos de manera inmediata, tras la alerta”. Además, se han desplegado tareas de limpieza en las riberas, orillas y vegetación de los ríos Caple, Viche y Esmeraldas, zonas afectadas por el derrame.

En el marco del convenio con el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), la estatal destinó hasta la fecha aproximadamente USD 4 millones para la implementación de medidas de contingencia.

El informe aseguró que, respecto a la producción petrolera, “todos los pozos que fueron apagados por el evento ambiental se encuentran operando normalmente y se han retomado las exportaciones de Crudo Oriente”.

Despliegue de ayuda y refuerzo en el control en playas

Se destacó el despliegue de atención a las comunidades. Se instaló un sistema de bombeo para captar agua del río Esmeraldas, y con el apoyo de la Armada del Ecuador, Termoesmeraldas y la Cruz Roja Ecuatoriana, se distribuyeron 4’227.521 litros de agua potable. Además, se entregaron 8.607 raciones alimenticias, kits de purificación y tanques para almacenamiento. A través de brigadas médicas, se brindaron 1.238 atenciones de salud en comunidades, recintos y parroquias.

Las acciones de limpieza también alcanzaron las playas, donde se mantiene el monitoreo constante de trazas de hidrocarburos y restos de petróleo arrastrados por la marea. Actualmente se ejecutan tareas en Musine, Tonsupa, Peñas Blancas y Cabuyal. Por otro lado, inspecciones junto al Ministerio del Ambiente (MAATE) en las playas Piqueros, Tongora, Cabo San Francisco, La Galerita y el Refugio de Galeras San Francisco no detectaron presencia de hidrocarburos.

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El hecho ocurrió el 19 de julio a las 04h30 debido a un fallo durante el proceso de reversión de crudo liviano y empaquetamiento de línea desde un buque a través del Terminal Esmeraldas.

Hasta el momento, la empresa no ha cuantificado el volumen de crudo arrojado al mar. El Cuerpo de Ingenieros del Ejército y personal de la petrolera trabajan en las labores de control y limpieza de la zona afectada.

De igual manera, la empresa movilizó maquinaria pesada y camiones de vacío para succionar el producto. Además se inició la construcción de cubetos de contención. Pese a la magnitud del accidente, no se paralizarán las actividades de exportación y abastecimiento de combustibles.

»La prioridad es precautelar el bienestar de la población y mitigar el impacto ambiental, garantizando el cumplimiento de todas las acciones de limpieza y remediación necesarias», dijo por su parte el Ministerio del Ambiente. (A.G.M).

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Camacho denunció que una superintendenta encargada anuló a, través de oficio simple, una matriz de seguridad del Ministerio de Transporte avalada internacionalmente. Esta matriz precautela la salud de quienes descargan el crudo. Y además regula las horas de carga o descarga dependiendo del oleaje.

Según la activista, la matriz de seguridad fue implementada con carácter jurídico, a través de una resolución en enero del 2021, la cual, por medio de un oficio simple, fue anulada por la superintendenta encargada en septiembre del mismo año. Camacho afirma también que no han recibido respuesta del Ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, ante los reclamos por esta inusualidad.

Sin embargo, tampoco han podido realizar la queja respectiva al Ministerio de Ambiente. «El Ministerio de Ambiente, aunque suene absurdo, tiene potestad el momento en que haya un derrame. Mientras tanto, la única potestad es la del Ministerio de Transporte», puntualizó.

Consecuencias ambientales de los controles de seguridad anulados

Camacho señaló que el punto crítico de esta problemática es el tipo de remolcadores empleados. Estos vehículos movilizan el buque cargado de petróleo hasta la bomba de descarga. Según ella, si existiese algún malfuncionamiento de ellos o no fuesen los indicados, podrían causar un accidente rompiendo el casco del buque y generar otro nuevo derrame de crudo.

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La activista indica que esto podría suponer nuevas amenazas para la biodiversidad del país pues, el derrame alcanzaría rápidamente lugares como las Islas Galápagos. Explicó que por alguna razón desconocida, no emplean remolcadores aprobados y mas bien lo hacen a necesidad, sin ningún requisito o control «a dedo».

Además indicó que no existe responsabilidad ni prevención por este tipo de desastres ambientales. Explicó que arreglarlos toma años y que estos no solo significan la pérdida del crudo y mortalidad de flora y fauna. Sino también, representa pérdidas económicas en materia de recursos, comercio y turismo. La activista afirmó que los controles de seguridad anulados son necesarios para evitar todo ello pero que, aparentemente, no hay procesos internos del Gobierno para auditar este tipo de situaciones.

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En este mismo año se produjo otro derrame petrolero. El pasado 28 de enero el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) que transportaba el petróleo del Ecuador se rompió, provocando un derrame en la zona de Piedra Fina, al norte de la Amazonía.  El derrame contaminó el Rio Coca, Quijos y Napo incluyendo la zona del Parque Nacional Cayambe – Coca. Esta contaminación afectó a las fuentes de agua que abastecen a las comunidades indígenas de la Amazonía.

Tras este suceso la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador se pronunció en contra de los derrames petroleros que han perjudicado al medioambiente. También llevan a cabo la iniciativa Acciones por la Amazonía que busca garantizar los derechos y medios de vida sostenibles de los pueblos indígenas y comunidades locales, por medio de soluciones climáticas naturales.

Otros derrames en la Amazonía

En abril de 2020, se produjo una rotura de los oleoductos y el sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote) que transporta al petróleo ecuatoriano, esto debido al proceso de erosión regresiva del rio Coca. Se derramaron más de 15.000 barriles de petróleo y afectó a más de 27.000 pobladores indígenas de la Amazonía.

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Afirmó que en todas las tragedias ocurridas no han existido procesos de reparación para las comunidades afectadas y solo se ha promovido el desarrollo económico y productivo.

Aseguró que lo que sucede a nivel ambiental es fruto de «la acción del hombre». Al mismo tiempo, criticó la deforestación y a la explotación petrolera en la Amazonía.

«Solo en el Ecuador, se deforestan más de 160 mil hectáreas al año». Según él, en las convenciones petroleras y energéticas el gobierno nacional dijo que habrá seguridad jurídica para los derechos ambientales y de las comunidades que habitan estas áreas protegidas. «Si no se garantiza el derecho a la defensa de la madre naturaleza, no va a haber seguridad jurídica», dijo el dirigente.

El apoyo solidario

«Saludo al compañero alcalde del cantón Cayambe (Guillermo Churuchumbi) que no vino un momentito para la foto sino que estuvo todo el día ayudando», expresó.

Además, analizó el temor de la privatización de recursos naturales. «Con cualquier excusa tratarán de privatizarlo todo», dijo a la vez que criticó los eufemismos empleados por el Gobierno para la ejecución de estas ventas al sector privado.

Iza aprovechó para recalcar que si no se respetan las leyes de aguas y tierras habrá movilizaciones de reclamo al gobierno. Por último punto, Iza recalcó la situación inestable del brazo político de la CONAIE y rebeldía en la que se encuentran muchos asambleístas de Pachakutik.

El presidente Iza definió su posición contraria del «grupo importante de compañeros» que es afín al gobierno y las políticas del FMI. Aseveró que están del lado de quienes respetan el derecho a la democracia comunitaria y la organización.

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A propósito de la rotura del Oleoducto de Crudo Pesado (OCP), y el consecuente derrame de petróleo, provocado por el desprendimiento de tierra y rocas a causa de las fuertes lluvias la tarde del 28 de enero en el sector Piedra Fina, provincia de Napo, Granizo aseguró que es necesario controles del Estado.

«Hay cuestiones que no se pueden evitar porque son accidentes», dijo. Pero «lo menos que debe garantizar el Estado es que esa operación (explotación petrolera) se haga de la manera más limpia posible», aseguró en entrevista con Radio La Calle.

«Lo que ha pasado con el oleoducto de crudos pesados hace pocos días es la crónica de una muerte anunciada. Siempre hay este peligro sobre los oleoductos ecuatorianos que no tienen todas las garantías para operar con seguridad», dijo.

Para el especialista, estamos ante un problema sistémico que exige un cambio de modelo, porque no se puede explotar petróleo con seguridad. «Hay que repensar ese modelo productivo y empezar a pensar en otras alternativas económicas para el país».

¿Hay alternativas?

En este escenario, el exministro comentó que una de las alternativas económicas para el país podría ser la bioeconomía. Mediante la gestión sostenible de recursos renovables y consideraciones socioambientales, hacer un uso directo de la biodiversidad. La idea es lograr una economía circular, incluye el reverdecer los commodities destinados a la exportación y el ecoturismo para generar ingresos.

Asimismo, enfatizó que el Estado debe reestructurarse para que esta iniciativa pueda tornarse en una verdadera alternativa económica para el país.

Afirmó que la verdadera transición ecológica es sentar las bases para un cambio de modelo de desarrollo.

Granizo hizo hincapié en la necesidad de una política pública para remediar los accidentes. «Si bien existe una política que se ha aplicado, como el programa de Remediación Ambiental y Social (PRAS) del Ministerio de Ambiente, este se ha quedado corto ante la cantidad de problemas ambientales que ha generado la actividad petrolera», dijo.

¿Se pudo prevenir la tragedia ambiental?

«Si nos metemos a ser un país petrolero, debemos tener la tecnología, las salvaguardias para enfrentar estos temas. Si no tengo la capacidad para controlar, cuidar y manejar una actividad petrolera, no nos metemos en eso. Empiezo a hacer otras cosas», afirmó Granizo.

Además, manifestó que «es imposible que con las limitaciones del Estado y con el desmantelamiento que sufrió el Ministerio del Ambiente en el Gobierno anterior se pueda cumplir con un control, vigilancia y remediación adecuado para estos casos».

Ssugirió que el Gobierno debe retomar el programa “Reverdecer Ecuador”. Este formó parte del Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021 y que tenía como objetivo garantizar el derecho a la naturaleza. De este modo, preveía reducir al máximo las tasas de deforestación, contaminación, mitigar el cambio climático, y promover el reconocimiento por los servicios ecosistémicos.

«Mientras no tengamos la sostenibilidad como política del Estado, entendiendo la sostenibilidad como un cruce entre pilares económico, ambiental y social, no vamos a tener un país económicamente rico, ni socialmente justo ni ambientalmente seguro» señaló el exministro.

¿Y la empresa privada?

Igualmente, comentó que uno de los roles del Estado y de la empresa privada a cargo del OCP es explicar claramente a la ciudadanía qué está haciendo, cómo se está haciendo, cuándo y dónde se está haciendo la remediación y el control para evitar una contaminación mayor. Y que las comunidades afectadas por el derrame tienen que exigir la reparación al Estado.

Por otro lado, también se pronunció respecto a las declaraciones realizadas anteriormente por el Gerente General de Petroecuador, Ítalo Cedeño.

«El preocuparse por los derrames en términos de barriles perdidos, es una parte del problema, pero no es la más importante. La más importante es la afectación ambiental y sobre todo la afectación social, económica, la soberanía alimentaria de decenas de miles de personas que viven en la Amazonía. Mientras no entendamos e involucremos como Estado vamos a seguir teniendo estas declaraciones que piensan solamente en el valor económico del petróleo perdido», manifestó Granizo.

Viaje a China de Lasso

Respecto de la visita del Lasso a China, el exministro también manifestó que el presidente debe aprovechar ese viaje para exigir algunas cosas al gobierno chino.

Primero, la retirada de los barcos pesqueros chinos presentes en mar territorial y aguas protegidas del Ecuador, también respecto a temas mineros y petroleros. Asimismo, el condonar parte de la deuda y hacer un canje de esta para ayudar y apoyar, financieramente, a las áreas protegidas.

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La noticia se hizo eco rápidamente en las redes sociales. Desde ahí, gran cantidad de usuarios compartieron las imágenes del incidente. Según algunos moradores, la causa de la ruptura fue la caída de una roca sobre la tubería del OCP. Otros sostienen que se debió a un fuerte deslizamiento de tierra como efecto erosivo del río Coca.

En el 2020, se empezó a registrar el proceso de erosión regresiva en la zona del volcán El Reventador. En este lugar pasa el río Piedra Fina. Desde entonces, Petroecuador y OCP han construido algunas variantes para reconducir la tubería y evitar posibles incidentes. 

Fuertes imágenes

En las imágenes se observa la magnitud de catástrofe que dejó el siniestro con la  gran cantidad de petróleo que era expulsada de la tubería. El derrame contaminó absolutamente toda la fauna que se encontraba en la zona. “Miren cómo se va el petróleo, se va a diestra y siniestra, todo el petróleo se va al río”, se escucha en videos compartidos en redes sociales.

Roberto Grijalva, Gerente de Operaciones de OCP, sostuvo en un comunicado que ha dispuesto todas las medidas de seguridad para precautelar a la ciudadanía, sobre todo cualquier daño ambiental causado por este derrame de petróleo. Asimismo, recalcó que este compromiso estará acompañado con la aplicación de todos los recursos necesarios para solucionar este inconveniente.

La empresa señaló que ha activado su protocolo de emergencia y de inmediato ha iniciado las acciones de contención orientadas a evitar daños ambientales, e igualmente a evaluar la magnitud del daño en la infraestructura, así como el inicio de las reparaciones. 

Según OCP,  el problema se produjo en un sector donde el tubo no se encuentra expuesto directamente con los ríos, por lo que mencionó que todo el flujo de petróleo fue controlado y que seguirán trabajando constantemente para evitar cualquier riesgo con el entorno ambiental.

Ítalo Cedeño, gerente de PetroEcuador, en una comparecencia en la Asamblea Nacional, admitió que el problema de los derrames de petróleo  “es recurrente, cualquier momento tenemos otro problema, otra interrupción de oleoducto sería otro problema económico para el Ecuador. Hay que buscar soluciones para no tener asiladas a provincias como Sucumbíos y demás»,  sostuvo.

Medidas contra daño ambiental

Desde el 2005 hasta el 2020, el Ecuador registra alrededor de 899 derrames de petróleo, según datos del Ministerio de Ambiente. Las autoridades niegan que sean peligrosos para la  contaminación del agua, plantaciones de cacao y salud de las personas. Es evidente que el derrame de miles de barriles de crudo, tanto de empresas privadas como estatales sigue siendo un descuido gubernamental. (FP)

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El derrame se extiende por cuarto día consecutivo en región Callao, costa central del país. Según el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el crudo afecta a unos 18.000 kilómetros cuadrados en el mar. 

El ministro de Ambiente, Rubén Ramírez, aseguró la noche del martes que el derrame sería de 6.000 barriles de petróleo, y que la multa que podría recibir la subsidiaria de Repsol ascendería a 138 millones de soles, unos USD 35 millones.

Desgracia Ambiental

El incidente se produjo el 15 de enero en una terminal de la refinería La Pampilla, operada por la petrolera Repsol. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp) reportó que el derrame de crudo ha puesto en riesgo la Zona Reservada de Ancón. También parte de la reserva nacional Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras.

El lugar es una zona de refugio de aves marinas que producen guano, un abono natural cuya demanda creció en 2021 ante el incremento del precio de los fertilizantes importados.

Grupos de expertos y veterinarios del Servicio de Fauna Silvestre empezaron las labores de rescate de los mamíferos y aves que habitan en las reservas. Las lavaron con detergente antigrasa y las secaron en un ambiente cálido para evitar la hiportemia. Las aves muertas tenían restos de petróleo en los picos, lo que sugiere que consumieron el crudo, lo que causó la muerte.

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Quito 24 de mar (La Calle).- ¡Impunidad! La Corte Provincial de Orellana negó la apelación a 27.000 kichwas afectados por el derrame de 15.800 barriles de petróleo en sus territorios.

La sentencia se produjo después de cinco meses de retraso injustificado. “Pese a que la vulneración de derechos humanos y de la naturaleza fueron comprobados durante el proceso de primera instancia y su sistematicidad ha sido denunciada públicamente en constantes ocasiones -la Corte se negó a escuchar a las víctimas en audiencia-, la sentencia de apelación se limita a transcribir el fallo de la primera instancia con un agravante», sostuvo la Alianza de Organizaciones por los
Derechos Humanos en un informe.

De acuerdo al organismo a esta decisión se suma un proceso de criminalización y de persecución contra los accionantes y sus abogados defensores. Los miembros de la entidad aseguran que constituye un uso indebido del derecho penal y una forma de obstaculizar y silenciar la labor que realizan los defensoras y defensores de derechos humanos.

De acuerdo al documento, las empresas OCP Ecuador y Petroecuador, los Ministerios de Ambiente y Agua y de Energía y Recursos No Renovables no demostraron que previnieron un derrame desde el 2 de febrero de 2020, tras el desplome de la cascada de San Rafael. El Estado ecuatoriano y las empresas tuvieron 65 días para tomar acciones.

«Las víctimas continuarán en su búsqueda de verdad, justicia y reparación integral en todas las instancias nacionales e internacionales para que los daños sufridos tras el mayor desastre ambiental de la década no queden en la impunidad», añadió.

Declaraciones de representantes indígenas

Carlos Jipa, presidente de la federación indígena Kichwa (FCUNAE) mencionó: “Las comunidades indígenas rechazamos la sentencia emitida por la corte de Orellana. Nos indigna y nos genera impotencia que la justicia ecuatoriana no reconozca el daño causado a nuestras comunidades. Nuestros ríos están contaminados y las empresas y el Estado no cumplieron con sus obligaciones. Tenemos niños enfermos con manchas en su piel para toda la vida , no hay peces, chacras contaminadas y los jueces dicen que no hay daños. Lo que no hay es justicia para los indígenas”.

“La demanda de las comunas Kichwas de Orellana ha desnudado el deficiente sistema de justicia del Ecuador que se mueve solo por cálculos y presupuestos políticos; agilizan o aceleran casos de acuerdo a conveniencias de las agendas nacionales, pero cuando se trata de impartir justicia en favor del pueblo en un caso tan evidente de vulneración de derechos como el derrame en los ríos Coca y Napo. Un año ha transcurrido sin respuestas y sin justicia a nuestros hermanos”, declaró Andrés Tapia, dirigente de comunicación de la organización indígena amazónica CONFENIAE.

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El ministro compareció ante la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Allí comunicó que realizará visitas a los lugares afectados el próximo 8 de octubre. Esto con el objetivo de constatar el trabajo de reparación ambiental y para compensar a las comunidades afectadas.

Los gerentes de Petroecuador y Petroamazonas, el presidente del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) . Así como autoridades del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables, señalaron que se establecieron 189 puntos de limpieza y remediación en las zonas del río Machacuyacu, Puerto Madero y Providencia en la Amazonía. La inversión fue, según las autoridades, de USD 20 millones.

René Ortiz mencionó que la ruptura del sistema de oleoducto fue fortuita y tuvo atención inmediata tanto en lo físico como en lo social. El funcionario de Moreno dijo que 108 comunidades tuvieron atención, 30 de ellas en la provincia de Sucumbíos y 78 en la provincia de Orellana.

Abandono del Gobierno Central

Sin embargo, las autoridades locales no están de acuerdo con la versión del ministro. Darwin Camacho, presidente del GAD San José de Guayusa, y Jaime Bedón, director de riesgos del Cantón Orellana, mencionaron que las autoridades no se preocuparon por prevenir el derrame de petróleo.

Ambos citaron que, tras el hundimiento de la cascada de San Rafael, las entidades correspondientes debieron anticiparse a lo que iba a suceder después con el sistema de oleoducto.

De igual forma, las autoridades locales desmintieron los logros que el Gobierno y las empresas petroleras confesaron haber realizado en favor de las comunidades.

Camacho y Bedón expresaron que a las comunidades solo les entregaban 4 botellones de 6 litros de agua para 8 días. El gobierno no tomó en cuenta que la población en cada comunidad es numerosa.

Para la entrega de kits de alimentos, según los directivos locales, los pobladores del sector debían firmar un documento. En este renunciaban a poner cualquier denuncia en contra de los responsables del daño ambiental.

Respuesta de la Comisión

Al finalizar la comparecencia en la Comisión de la Asamblea, los legisladores Edy Peñafiel, Juan Cárdenas, Fredy Alarcón y Alberto Zambrano señalaron que la denuncia expuesta por las autoridades locales tiene plena validez.

Peñafiel dijo que la postura del ministro y de los gerentes de las petroleras es válida, pero que cuando se contrasta con el dolor y sufrimiento de las comunidades, ambos lados distan mucho entre sí. (DR).

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La demanda también involucra a las empresas petroleras responsables del derrame de crudo el pasado 7 de abril.

“La acción planteada no cumple con lo que establece la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La sola afirmación de que se está produciendo una violación a sus derechos no es suficiente elemento para el acceso a la vía constitucional”, sentenció el juez Oña.

Además, negó las medidas cautelares “al no haber justificado la gravedad como la inminencia de las vulneraciones de los derechos constitucionales, que son materia de la pretensión, y al no cumplirse con los requisitos”.

Sin embargo, la misma autoridad reconoció que “es innegable que se produjo un derrame de crudo por la ruptura de los oleoductos. Además,se que produjo un derrame de petróleo que ha originado afectaciones en las poblaciones de los ríos Coca y Napo”.

Los hechos

Las comunidades afectadas señalaron que desde abril los ríos están contaminados y no han podido acceder a agua y alimentos. Se presentaron también 60 pruebas documentales, 17 amicus curiae y declaraciones de expertos científicos.

El derrame de crudo afecta a 27 mil indígenas de 109 comunidades y se lo considera uno de los peores en los últimos 15 años.

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