El 26 de agosto de 2024, Loor fue detenido junto a su acompañante, Juan Daniel Santillán, por efectivos del Grupo de Fuerzas Especiales N. 25 Base Sur en Ventanas. Un video expone el momento en que los militares armados los requisaron y subieron al balde de una camioneta sin identificación.

Según un informe militar al que accedió La Periódica, la fuerza pública liberó a los jóvenes el mismo día a las 18h30, afirmación que la institución aún no ha logrado sustentar.

El documento también vincula a Loor con una supuesta banda criminal y asegura que él mismo se identificó como «alias Chino», algo que su familia rechaza categóricamente. “Robin no pertenece a ninguna banda. Lo llaman ‘Chino’ desde niño por sus ojos rasgados”, dijo Diana Roca, tía del desaparecido.

Acciones legales en marcha

El 28 de agosto de 2024, los abogados de la familia, Mauricio Villagrán y Jazmín Bermeo, presentaron una acción de habeas corpus instructivo ante la jueza constitucional Hipatia Rodríguez. La jueza declaró la presunción de desaparición forzada y ordenó varias medidas, incluyendo la entrega de informes detallados de las operaciones realizadas por las Fuerzas Armadas en Ventanas.

Sin embargo, tanto el Ministerio de Gobierno como las Fuerzas Armadas apelaron esta decisión. La audiencia de segunda instancia, celebrada el 13 de enero de 2025, estuvo marcada por tensiones, con reclamos de los abogados sobre las limitaciones en sus intervenciones. Hasta el momento, el tribunal no ha emitido una resolución definitiva.

Una búsqueda incansable

Según el reporte de La Periódica, Lorena Roca, madre de Dave, recorre el país buscando pistas sobre el paradero de su hijo. En cada viaje lleva consigo las únicas pertenencias que le quedan de él: un pantalón negro, una camiseta blanca, una gorra y un par de chanclas. “Por si Robin aparece, aquí le tengo lista su ropita para que no tenga frío”, expresa con esperanza.

La familia también se ha movilizado con camisetas y afiches que muestran el rostro de Loor, buscando mantener la presión pública sobre el caso. “No descansaremos hasta saber qué le hicieron y por qué”, dice su madre.

La desaparición de Dave Loor no es un caso aislado. En Ecuador, la cifra de desapariciones forzadas sigue en aumento, con familias que enfrentan obstáculos en la búsqueda de justicia. Organizaciones de derechos humanos han instado al gobierno del presidente Daniel Noboa a garantizar investigaciones transparentes y sancionar a los responsables.

La madre de Dave concluye con un mensaje para las autoridades: “Queremos justicia, queremos a Robin de vuelta”.

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Es 2 de enero de 2025 y Luis Arroyo y su familia celebran en su casa en el barrio popular de Las Malvinas, en el sur de Guayaquil, el cumpleaños de su hija.

La niña cumple 9 años, pero el ambiente no es festivo. Hace días que no come, está triste. Extraña a sus hermanos mayores, Ismael y Josué, a quienes vio por última vez el 8 de diciembre.

Su papá se esfuerza para darle, aunque parezca un imposible, algo de normalidad. Compra un pollo asado y comen todos juntos.

Arroyo afirma que a ratos quisiera estar viviendo una pesadilla de la que va a despertar. «Pero no es una pesadilla, es real (…) me arrebataron a mis hijos de la peor forma», dice en conversación telefónica con BBC Mundo.

Sólo horas antes había enterrado a Ismael (15) y Josué (14), cuyos cuerpos incinerados y con signos de tortura le tocó reconocer.

Sus hijos son dos de los «4 de Guayaquil», los menores de edad ecuatorianos que fueron víctimas de una presunta desaparición forzada tras ser detenidos por miembros del ejército, un caso que ha conmocionado a Ecuador y que pone en entredicho la política de seguridad del gobierno y el papel que está teniendo el Ejército.

Además de Ismael y Josué, las otras víctimas son Nehemías Arboleda, de 15 años, y Steven Medina, de 11.

Los cuatro salieron a jugar fútbol el 8 de diciembre, pero nunca regresaron.

«Papi, ven, sálvame»

La noche del 8 de diciembre Luis Arroyo salió a comprar y cuando volvió a su casa, a eso de las 8:40 de la noche, le pareció raro que Ismael y Josué no hubiesen regresado.

«Como la luz se va acá a las 9 de la noche, antes de esa hora ellos siempre estaban en casa. Le pregunté a mi mujer: ‘¿Y los bebés?’. ‘Se fueron a jugar a la pelota, ya vienen’, me dice.

Entonces, pensé que debían de venir en camino. Pero no llegaban y luego me empecé a preocupar, los salí a buscar y no los encontraba. Yo decía: ‘¿Qué pasó? ¿ Dónde están’? En eso fueron pasando las horas y mi mujer recibió una llamada a las 10:40 de la noche».

El padre de los adolescentes cuenta que un hombre que nunca se identificó contactó a su esposa para decirles que sus hijos habían sido detenidos por militares, que estaban desnudos y necesitaban ayuda, pero que él no podía protegerlos porque temía meterse en problemas.

«Y ahí me pasa a mi hijo Ismael, el mayor. Y me dice: ‘Papi, ven, sálvame que estamos por aquí en Taura [un barrio de Guayaquil], botados, los militares nos cogieron por supuestamente haber estado robando, pero nosotros no estábamos haciendo nada, papá, ven acá a rescatarnos por favor. Estoy asustado'».

Luis Arroyo intentó calmarlo. «‘Hijo mío, quédate tranquilo, que yo ya te voy a rescatar’. Y ahí este sujeto le quitó el celular y dice: ‘Espérate que aquí viene pasando la mafia en una moto’. Y yo le digo que por el amor de dios no le haga nada a los niños, que tenga misericordia. Él me dice: ‘Tienes 45 minutos, una hora para venir a verlos (…) Si tu quieres a tus hijos, tienes que venirlos a ver ya'».

El padre de los menores asegura que el hombre le envió su ubicación y efectivamente estaban a la altura del kilómetro 26 de Taura.

«Yo no tenía cómo movilizarme, yo no me iba a arriesgar a ir allá solo. Entonces corté la llamada y dije: ‘Mis hijos están secuestrados, dios mío santo protégelos’. Ahí llamé a un familiar para que reportara la novedad al cuartel de Taura y a los policías con la ubicación que yo le doy. Con la foto de este tipo y el número».

«Pero cuando los policías llegan al punto no encuentran a nadie. Y ahí mi familiar coge y me llama y me dice: ‘Primo, no están los bebés’. Desesperado le corto la llamada y llamo a este sujeto de nuevo y le digo: ‘Barón, dios te bendiga, ¿por qué no entregastes a mis hijos si yo los mandé a ver? Y él me dijo, disculpe la mala palabra: ‘Eres como la verga porque me mandaste a la policía. Se ve que no quieres a tus hijos (…) vino la mafia como en 10 motos y se los llevó'».

«Ahí me cortó la llamada y no supe nada más de mis hijos».

No recibió una llamada, ni un mensaje. Se enteró por las redes sociales, en vísperas de Nochebuena, que cuatro cuerpos habían sido encontrados incinerados y con signos de tortura cerca de una base militar.

«Ahí nos pusimos mal, porque nosotros hasta ese día seguíamos orando, confiando en el señor… Pedíamos: ‘Que no sean nuestros hijos'».

«Ellos los encontraron el martes y el viernes nos llamaron a nosotros desde criminalística para ir a dar unas características de nuestros hijos. Y ese mismo día hicimos una prueba de ADN».

A esas alturas una jueza había solicitado que el caso se investigara como una presunta desaparición forzada y 16 militares fueron detenidos.

«Mamitas, papitos, son sus hijos»

Pero fue el 31 de diciembre, cuando los familiares participaban de la audiencia de formalización de los 16 militares envueltos en la detención de los menores de edad, cuando tuvieron plena confirmación.

«Cuando se acabó la audiencia, el fiscal llegó donde nosotros, a la sala en la que estábamos reunidos. Vino con el otro fiscal de derechos humanos de Quito y preguntó: ‘¿Ya les dijeron?’

Y nosotros dijimos que no y él dijo: ‘Bueno, papitos, mamitas, yo les dije que yo iba a ser transparentes con ustedes, que no les iba a mentir en nada, y lamentablemente los cuerpos que fueron hallados en Taura sí son sus familiares, son sus hijos'», recuerda Luis Arroyo.

«Eso fue horrible, ahí mi mujer casi se muere. Fue espantoso».

La próxima parada sería la morgue.

«Sólo les dejaron sus pies»

«Yo vi a mis dos hijos, solamente les dejaron sus pies, debajo de los dedos, y como Ismael tenía sus callos, sus juanetes, de pie de futbolistas, (pude) distinguirlo por eso, porque la cabeza tampoco estaba. Al otro le habían dejado una manito, un dedito y su pelo, parte de su cráneo, y de la cara».

«Mi esposa no quiso verlos, ella estaba enferma y la dejé en casa. Yo preferí que ella no los viera, pero ahí el papito del niño de 11 años, Steven, vio a su hijo también. Al chiquitito también yo lo vi, sus piececitos pequeños, pobrecito, me da mucha pena de ver todo lo que han hecho. Al niño Nehemías lo vio su tío, y él lo reconoció por los brackets y el pelito. Porque él estaba más completo que los otros».

El padre de Ismael y Josué dice que como familia quiere pedir la exhumación de los cuerpos, pues aún no tienen la información completa de qué fue lo que pasó con ellos.

«Nosotros quisiéramos sacar los cuerpos y llevarlos internacionalmente a que les hagan el examen de ADN. En eso quisiéramos que nos ayuden, porque queremos justicia. Esto no se puede pasar por alto, eran cuatro niños indefensos, imagínese hacerles todo esto, con esta saña, con esta maldad», dice.

«Ellos nos entregan los cuerpos pero no nos dicen de qué murieron, si fueron torturados, baleados, sacados sus órganos. Nos entregaron el esqueleto, en estado de descomposición, quemados totalmente, sin cabeza mi hijo, es algo aterrorizante. El forense de criminalística no nos ha dicho las causas, sólo nos hicieron llenar una ficha para poder retirar los cuerpos para darles cristiana sepultura».

«¿Dónde dejo esos goles que disfruté con él?»

Luis Arroyo llegó este lunes hasta el cementerio Ángel María Canales con las medallas ganadas por su hijo Ismael en las competencias de fútbol colgadas en el cuello. Era un homenaje al que fue su sueño de toda la vida: convertirse en futbolista profesional.

«Mis hijos eran muy amorosos, amigueros, ellos no tenían problema con nadie».

«Eran unos hijos excelentes, amaban a su mamá, a su papá, a sus hermanos. Ellos siempre estaban dedicados a sus estudios, a la pelota. Nos decían: ‘Papá, mamá, yo voy a llegar a jugar fútbol profesional, voy a viajar por el mundo, te voy a comprar una casa, mamá… Yo los voy a sacar de aquí’. Ese era el sueño de mi hijo».

«Y a mi otro hijo, Josué, a él le encantaba la pelota, pero le gustaba más el estudio. Y él también decía: ‘Mamá yo te voy a comprar una casa, yo te la voy a comprar primero que Ismael, ya vas a ver'».

«Yo hacía un esfuerzo por verlos bien, porque ellos se sintieran bien, de pagarles sus estudios, que no les hiciera falta su comida. Todas las semanas llevaba a Ismael a jugar, porque él entrenaba de lunes a viernes y los días sábado y domingo le tocaba ir a jugar los partidos. Imagínese ahora, ¿a quién voy a llevar al fútbol? ¿Dónde dejo esos goles que yo disfruté con él? Mi hijo Josué…¿A quién voy a llevar al colegio? Con todo ese vacío que dejan en nosotros, en esta familia».

«Yo los amo con mi vida, siempre los voy a tener en mi corazón a Ismael Arroyo y Josué Arroyo, son mi vida. Ellos están en un nuevo lugar, porque yo sé que dios los tiene arriba en el cielo, son unos angelitos, siempre los voy a amar y no voy a descansar hasta que se haga justicia. Eso sí yo se lo prometo, mis amores. Sus muertes no van a quedar impunes. Ellos eran todo para mí, eran mi motor, mi pieza fundamental».

Un llamado de justicia

Arroyo sostiene que sus hijos fueron discriminados por su color de piel y que no son los primeros ni serán los últimos niños que desaparezcan ante la estrategia de seguridad militar del gobierno de Daniel Noboa.

«Esta es una mala estrategia por parte del gobierno: mandar a esta gente a matar a las calles, porque eso es lo que hacen, salir a matar… ¿En qué mundo estamos, en qué país estamos? El presidente apoya la sinvergüencería que hacen estos militares, tapando las cosas y discriminando a nuestros hijos, poniéndolos por los suelos», critica.

«Ellos quieren dejar mal a nuestros hijos, quieren incriminarlos como terroristas, ladrones, delincuentes, cuando nuestros hijos jamás… Mis hijos no eran delincuentes, ellos tampoco estaban robando, no hay ninguna evidencia de que ellos hayan estado robando nada», dice en alusión a lo que dijo inicialmente el Ministerio de Defensa sobre el caso, que sugirió que los menores habían estado involucrados en un robo antes de ser detenidos.

«El presidente los declaró héroes nacionales antes del 24 de diciembre y ahora él no se ha manifestado, no nos ha ayudado, nosotros no hemos recibido ninguna ayuda por parte del gobierno», se queja.

Luis Arroyo dice sentir miedo y hace un llamado a las autoridades ecuatorianas a darles protección a él y a su familia. «Estoy aterrorizado con esto, quisiera salir corriendo de Ecuador. Nos sentimos solos, sin protección, pueden atentar contra nuestras vidas».

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Lastimosamente en Ecuador eso parece un sueño lejano. A los cuatro de Guayaquil le siguen otros casos de violación a los derechos humanos, humillación, persecución y otras acciones que atentan contra la seguridad de los ecuatorianos. El 10 de enero de 2024, el presidente Noboa, que llevaba dos meses en el cargo, decidió decretar «conflicto armado interno», una figura que refiere a dos o más partes beligerantes en un mismo Estado. Los cambios llevaron a que las Fuerzas Armadas realicen operaciones en conjunto con la Policía Nacional.

Caso Carlos Vega

Resulta paradójico que las fuerzas del orden que deben velar por nuestra seguridad y protegernos, sean quienes pueden infligir un daño potencial. El 3 de febrero, un grupo de militares abrió fuego contra Carlos Vega, le dieron cuatro disparos. Iba con su primo Eduardo Velasco a vender un cachorro. Las Fuerzas Armadas dijeron que los tomaron por presuntos terroristas ¿por qué asumir en vez de preguntar? ¿porque atacar en vez de dialogar?

Para la Fiscalía procesó a un miembro activo de la Armada del Ecuador por su muerte. El uniformado será investigado por el delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio con resultado de muerte. Su familia, con dolor pide que lo procesen por ejecución extrajudicial. Carlos soñaba con ser marino y su vida terminó a manos de un miembro de las Fuerzas Armadas.

Con el caso de los 4 de Guayaquil, las dos sentencias de habeas corpus ponen la mirada en las extralimitaciones de los militares y la nula capacitación que tienen en Derechos Humanos. A ello se suma la formación que tienen, destinada a los conflictos externos ¿Por qué militarizar el país sin entender las consecuencias que pueden tener para los ciudadanos?

Caso Aidita Ati

El 29 de junio, encontraron a la subteniente Aidita Ati muerta en su habitación del Fuerte Militar Napo. Lo que en un inicio se dijo era una muerte accidental se convirtió en un caso de femicidio al descubrirse en la autopsia que la asfixia fue por estrangulamiento. Su padre se preguntaba el día de su velorio y entierro «¿Quiénes nos están defendiendo, si ellos están matando a nuestras hijas?».

Deberíamos preguntarnos lo mismo ¿quiénes nos están cuidando? En septiembre, la Fiscalía se abstuvo de acusar a los 6 militares involucrados y quedaron libres. La Comisión Ocasional que investigó este caso en la Asamblea Nacional indicó que hubo omisiones y negligencia por parte de la Fiscalía. A las inconsistencias de la autopsia se suman una cadena de custodia deficiente y la presunta falta de perspectiva de género en la investigación. No hay justicia ni verdad para la familia de la subteniente ni para el país.

¿Qué nos queda?

Estos casos no son los únicos. Gente en redes sociales denuncian extralimitaciones por parte de las Fuerzas Armadas. Es indignante que el discurso de las Fuerzas Armadas y el Gobierno sea culpar a los ciudadanos asesinados. Que los niños de Las Malvinas estaban involucrados en un presunto robo, que Carlos Vega y su primo eran presuntos terroristas, que la subteniente Ati había acudido a una fiesta no autorizada y bebió demasiado alcohol.

¿Dónde está la responsabilidad del Gobierno? Un discurso que no culpe a las víctimas ¿los ciudadanos tenemos la culpa de ser asesinados en este país? Es el momento de preguntarnos ¿qué nos queda? Verdad, justicia y reparación son palabras muy gastadas en el país. Debemos utilizarla casi todo el tiempo porque no son visibles. Porque vivimos en un país indefenso y sin certezas.

Nos solidarizamos, desde la Calle, con las familias que han perdido a sus seres queridos de una forma grosera y horrorosa y sin respetar ninguna condición. En nuestras manos está como ecuatorianos exigir respuestas. Mañana puede ser cualquiera de nosotros, por ello debemos recuperar el respeto a los Derechos Humanos en el Ecuador. Depende de nosotros pasar de un país indefenso a un país respetuoso de los derechos y los ciudadanos.

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Un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia sentenció a 26 años de cárcel a 4 expolicías Erick Salinas, Mario Cevallos, Aurelio Chila y Marcos Villacrés, el rosto de Salinas quedó plasmado en una fotografía de diario El Universo llevando detenido a un hombre, cuyo rostro lo cubría su propia camiseta. El expolicía vestía de civil en el operativo y luego se supo que no pertenecía ya a las filas de la Policía Judicial.

Los desaparecidos

El hombre era Johnny Gómez, a quien su esposa reconoció en la fotografía del diario. Desde que recibió la llamada de su esposo diciendo: «mija, estoy en los patios de la P.J metido en un carro rojo, ven entra hasta el fondo. Me van a matar», la vida de Dolores Guerra se convirtió en un vía crucis buscando respuesta del paradero de su esposo, a quién no volvió a ver. Estudió derecho en ese proceso para entender los periplos del juicio en contra de los expolicías.

26 años es la máxima pena que da el Estado ecuatoriano por el delito de desaparición forzada. Los culpables deberán pagar a Guerra y su hijo USD 237.000 por los daños causados y pagar el tratamiento psicológico por 5 años. La misma multa se estableció para la madre y hermano de César Mata. En el carro rojo iban Gómez, Mata, Erwin Vivar y  Seydi Velez, única sobreviviente de este caso.

No es la primera vez que hay un proceso judicial por este caso, mientras la Policía mantenía la versión de inocencia para los exagentes, las inconsistencias reabrieron el caso en 2014. Allí el peritaje determinó los argumentos para determinar que lo sucedido el 19 de noviembre en la farmacia Fybeca no era un operativo sino una masacre cruel.

Los hechos

Durante los años 90, el poder de la Policía Nacional creció en Guayaquil ante el aumento de los casos de delincuencia en la ciudad, así lo explica la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH). Programas como “Más Seguridad” terminaron siendo tapadera de abusos, torturas y violaciones a los derechos humanos.

En ese contexto, la primera versión del caso habla de un intento de robo a la farmacia Fybeca de La Alborada, miembros del Grupo de Intervención y Rescate (GIR) de la Policía, bajo el mando del mayor Eduardo René González Flores (que aún continúa prófugo) abrieron fuego contra los presuntos asaltantes.

Como resultado ocho personas murieron Carlos Germán Andrade Almeida, que fue a comprar pañales a la farmacia; el mensajero del establecimiento Guime Elisandro Córdova Encalada, José Vicente Cañar Reyes, Jasmany Alexánder Rosero López, Raúl Javier Salinas Chumacero, Miguel Ángel Quispe Portilla, Richard Gonzalo Tello Jácome, y Genry Germán Aguiar Vargas (presuntos delincuentes).

Los vacíos

Aparecieron las inconsistencias, el jefe de Criminalística indicó que los registros de balística revelaron que no hubo disparos de los supuestos asaltantes. Asimismo, un informe del Ministerio Fiscal Distrital de Guayas y Galápagos determinó que no hubo dicho enfrentamiento.

A eso se suma que las autopsias indican que por el lugar de los disparos, estos se realizaron de adelante hacia atrás o por la espalda. Según los testimonios que recoge la Comisión de la Verdad, Carlos Andrade suplicó que no lo maten que él era pastor evangélico. Al mensajero le dieron tres disparos estando en el suelo boca abajo, el de la nuca le produjo la muerte.

El caso se llamó las Dolores, por el nombre de las viudas de Andrade y Córdova, a las que se suma la viuda de Gómez. Erwin Vivar apareció en Venezuela en 2016, según su testimonio recibieron torturas y luego los arrojaron a un estero, donde les dispararon a él y a Gómez. Sin embargo, ni los restos de Gómez o Mata han sido encontrados. (MIB)

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Según la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Institucional, la figura aplica en casos de desaparición forzada cuando se desconoce la ubicación de la persona y hay indicios de la intervención de un agente estatal.

¿Qué dice la ley?

El procedimiento de habeas corpus entrega 24 horas de plazo para otorgar una audiencia y conocer el estatus del caso. Se convocaría a la máxima autoridad competente, en este caso, el ministro del Interior o el comandante general de la Policía.

El juez asignado al pedido es Willian Roman, él dispondrá a las diferentes funciones del Estado las acciones necesarias para encontrar a la víctima. En caso de que no se acaten, podría terminar en la destitución de las autoridades.

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“(…) La Corte Interamericana de Derechos Humanos declara, por unanimidad, que:

1. El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la Convención Americana, en relación con lo dispuesto en el artículo 1.1 de ese Tratado y en el artículo I.a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, este último a partir del 26 de agosto de 2006; en perjuicio del señor César Gustavo Garzón Guzmán, en los términos de los párrafos 62 a 64 de la presente Sentencia.

2. El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento y el artículo I.b) de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada, este último a partir del 26 de agosto de 2006, en perjuicio de sus familiares Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en los términos de los párrafos 66 a 89 de la presente Sentencia.

3. El Estado es responsable por la violación derecho a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Julio Garzón, Clorinda Guzmán de Garzón, Luis Alberto Garzón Guzmán, Rodrigo Garzón Guzmán, Luis Lascano y Ana Julia Lascano, en los términos de los párrafos 90 a 94 de la presente Sentencia…”

¡Por fin, algo de justicia!, a la madre Coraje Clorinda Guzmán Viuda de Garzón, y a toda la familia Garzón Guzmán. El pueblo del Ecuador tiene la obligación ética de conocer y no olvidar este drama, de aplaudir con el corazón y reconocer a esta dignísima familia sufriente.

Por fin se concreta esta nueva histórica sentencia condenatoria contra el Ecuador. Así que, aunque sea tarde, los últimos y actuales gobiernos y las autoridades responsables de gravísimas violaciones de derechos humanos, sepan que tienen que pagarla muy caro: recuerden esta sentencia condenatoria por hechos ocurridos en 1990, los ahora “ausentes” Moreno, Romo y otros muchos más de estos últimos treinta años.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de dictar sentencia condenatoria este primero de septiembre contra el Estado ecuatoriano, por un imprescriptible delito de lesa humanidad: la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón, ocurrido entre la noche del 9 y la madrugada del 10 de noviembre de 1990.

La desaparición forzada se dio en las presumibles manos del SIC-10, la estructura secreta de la Inteligencia policial creada en el régimen de Febres Cordero, que luego se llamó Unidad de Investigación de Actividades Subversivas UIAS, y después Unidad de Investigaciones Especiales, UIES, como se denominó al final del período el temible aparato de aniquilación y terrorismo fundado en 1985, y que siguió funcionando tras el fin del Febrescorderato, durante el gobierno del Dr. Rodrigo Borja, quien a pesar de haber cerrado la torturadora estructura policial SIC (Servicio de Investigación Criminal, o “Camal Humano”), no logró desmantelar todo el resto mayor del aparato de tortura y terror del SIC-10.

Fui testigo de la impunidad más infame desde esas épocas hasta el presente. Conocí a doña Clorinda, la madre de Gustavo, en la Plaza Grande, junto a Luz Helena y Pedro (los padres de los desaparecidos hermanos Restrepo), cuando un manojo cada vez más creciente de madres de desaparecidos, empezaban a llegar a la plaza y a juntarse a la nueva generación de defensores de DDHH y a la familia guerreramente heroica.

Todos los ministros de Gobierno, subsecretarios, fiscales y agentes fiscales, comandantes de policía y autoridades en tres décadas, desde el luego prófugo César Verduga en adelante, taparon el caso, no hicieron nada por indagar, ensuciaron a la víctima y dieron largas (¡por 31 años!) a su desconsolada, luchadora y ya anciana madre: Doña Clorinda. Verduga, con la ayuda de su propio aparato de derechos humanos oficial del que provino: la ALDHU, elucubraron la canalla tesis inicial de que Gustavo Garzón, autor de varios libros, el que más recuerdo: “Brutal como el rasgar de un fósforo”, dizque había desaparecido ‘por ingresar a las guerrillas de Colombia’.

Gustavo desapareció a poco de salir del Penal García Moreno de Quito, donde permaneció tras ser torturado y acusado de “sedición subversiva” como “guerrillero” de las Montoneras Patria Libre, MPL, una organización armada que nació como escisión de Alfaro Vive Carajo, AVC. Garzón es el ocultado espejo nacional del testimonio dado por otros intelectuales, poetas y escritores asesinados o desaparecidos al haber optado por la vía armada, que fue la opción de los jóvenes y los poetas sensibles en los años 60, 70 e incluso en las postrimerías de los 80.

Gustavo es, pues, el espejo desconocido por el Ecuador y el continente, del asesinado poeta y guerrillero peruano Javier Heraud, del intelectual argentino y militante montonero Rodolfo Walsh, o del también argentino y militante del PRT Haroldo Conti; o del poeta y guerrillero del ERP salvadoreño Roque Dalton, o del poeta y guerrillero guatemalteco de las FAR, Otto René Castillo.

Al salir libre, acudió en la noche del 9 de noviembre al legendario y ya extinto bar – salsoteca, donde pululábamos los jóvenes de entonces y muchos militantes de izquierdas: el “Son Candela”. Sus amigos y amigas íntimos que estuvieron con él aquella noche, cuentan que se despidió y salió, solo, a la muy noche entre el 9 y 10, de aquel lugar cálido hacia la calle, para San Juan, su barrio tan popular y emblemático, donde vivía con sus hermanos y su madre, a la que llamó para decirle que no se preocupara, que volvía esa noche. Nunca regresó y desapareció, para siempre.

Tras Verduga y el régimen de Borja, callaron este crimen de Estado y entrabaron y dilataron toda investigación y sanción, los gobiernos de: Sixto, Bucaram, Alarcón, Mahuad, Noboa, Lucio Gutiérrez, Palacio, Correa, Moreno y Lasso. En total once gobiernos ocultaron el crimen y nada hicieron por dar a la madre una certeza. La policía y la fiscalía probaron que, pueden pasar décadas, que siguen teniendo un enorme poder en gobiernos de todas las tendencias.

En el gobierno de Moreno, jugaron un rol vergonzoso, el procurador Iñiguez Salvador (por desgracia, hijo de uno de los mejores ecuatorianos y amado amigo personal: el eximio historiador Dr. Jorge Salvador Lara), así como la cancillería y el ministerio de gobierno del Morenismo. Se comportaron como los anteriores, expertos en dilatar, mentir, manipular y ensuciar a la familia, al igual que los gobiernos previos que nada hicieron por Clorinda y Gustavo. Estuve en la Secretaría de Derechos Humanos un corto tiempo en el año 2018 y me indigné cuando supe que la carpeta del caso de Gustavo, ¡31 años más tarde!, llevaba la etiqueta infamante: “Confidencial – Secreto de Estado”.

Recuerdo que les mandé a la mismísima recontra a los “kikuyos” del Estado que, tres décadas después, seguían dilatando y manchando al muerto desaparecido. Era como si tantos sinvergüenzas funcionarios civiles en treinta y un años, tuvieran solo la misión de tapar el vil crimen y ensuciar al fantasma.

Tres años más tarde, cuando era insostenible para el Estado seguir mintiendo, se supo que la representación oficial del Ecuador aceptó el 28 de enero del 2021, en el cierre de la audiencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la responsabilidad estatal e internacional por la desaparición forzada del escritor Gustavo Garzón.

“El Estado ecuatoriano acepta que en el presente caso se ha configurado una desaparición forzada y en consecuencia reconoce su responsabilidad internacional por la violación a los derechos, en relación a la familia del señor Garzón, el Estado ecuatoriano reconoce sus responsabilidades”, sostuvo entonces la representante del Estado, María Fernanda Álvarez.

La demanda contra el Estado, presentada años antes por el abogado defensor de DDHH César Duque, sostuvo que el caso fue documentado en el Informe estatal de la Comisión de la Verdad en el año 2008, como una desaparición forzada cometida por la Policía Nacional y que existirían elementos suficientes para concluir que Garzón fue privado de su libertad por agentes estatales.

Más ahora, la Corte sostuvo con frontalidad: “Luego de presentado el informe final de la Comisión de la Verdad, en septiembre de 2011, se inició  una indagación previa en relación con este caso. En mayo de 2013, los familiares del señor Garzón Guzmán interpusieron una denuncia que dio inicio a una nueva indagación. El proceso aún continúa abierto, sin haber tenido avances significativos, por lo que los hechos permanecen en la impunidad”.

“Con tinta roja del corazón” fue el título del evento a lleno completo que organizamos un 10 de noviembre por Gustavo Garzón, con mi antigua hermandad de la ya yerta APDH y su corajuda militancia de entonces, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde él tantas veces pasó en sus talleres literarios.  A la madre Clorinda, la llamé “la mujer de negro perpetuo” en el único editorial (“Anatomía de la impotencia”) que, desde ese 1991, me publicara el diario “La Hora” en tres décadas. Y Jimmy Coronado, mi entonces hermano de la APDH fue por esa época el “Hijo Adoptante” de Doña Clorinda Guzmán de Garzón, cuando el sábado 28 de agosto de 1993 creamos el programa “La Adopción de la Ternura” y dimos una pareja de jóvenes entrenados en derechos humanos a todas las madres de desaparecidos de entonces.

Así vivió aquella generación de madres y de hijos adoptantes, que amaron el amor y lucharon la lucha. Nunca olvido el rostro de Doña Clorinda y su bello testimonio al periodista Cristóbal Rodríguez de Diario La Hora en 1996, cuando fui sentenciado a prisión. Qué palabras tan generosas tuvo entonces. Y nunca olvido, tampoco, la calculadora y rastrera actitud de tantos presidentes, ministros, subsecretarios, políticos, comandantes de policía, fiscales y procuradores desde aquel 1990.

La madre coraje, doña Clorinda, puede por fin descansar un poco. Porque su lucha la siguieron sus dignos hijos y nietos. Gustavo Garzón aún señala con su índice, ensangrentado y desaparecido, al Ecuador entero.

(Gracias a mi amigo y hermano Ernesto Pazmiño, abogado de DH, por compartirme la sentencia)

Anexos:

Sentencia de la Corte:

https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_434_esp.pdf

Vídeo Corte:

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«Estamos hablando de una desaparición forzada. Esta problemática no se está investigando por parte de las autoridades. En el caso de Guachalá no se sigue una línea clara de investigación. Las diligencias son escasas luego de 16 años», dijo durante una entrevista con Radio La Calle.

Luis Eduardo Guachalá desapareció en el Hospital Julio Endara en el año 2004, durante el gobierno de Lucio Gutiérrez. «La madre nos cuenta episodios dolorosos. El caso no se toma como prioridad. Nos llama la atención que adulta mayor es revictimizada después de muchos años», añadió.

El mal uso del Habeas Corpus

La jurista manifestó que el recurso de Habeas Corpues no fue usada de manera eficiente por parte de las autoridades. «Identificamos que siendo una garantía jurisdiccional era reconocida por alcaldes y a pesar de tener otra autoridad se debe cumplir a cabalidad con este recurso», indicó.

Villacís aseguró que la responsabilidad se mantiene sobre las personas que tuvieron en sus manos la posibilidad de cuidar a Guachalá. La familia de Guachalá y la abogada a cargo del caso esperan respuesta en instancias internacionales. (GG).

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En 2007, las autoridades ecuatorianas conformaron la Comisión de la Verdad. El objetivo, resolver las violaciones de derechos humanos sucedidos entre 1984 y 2008. El informe de 2010 registró 17 desaparecidos forzados y produjo la Ley de Reparación a las Víctimas. Sin embargo, desde 2012, el gobierno ha sido fuertemente criticado por incumplimientos y por no manejar un registro único oficial sobre el número de desaparecidos en el país. Así mismo, organizaciones de la sociedad civil han cuestionado estas cifras.

Según la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas en Ecuador (Asfadec) en 2018 la cifra de casos sin resolver era de 4.000. La mayoría ocurridas en Pichincha y Guayaquil, siendo los jóvenes entre 12 y 17 las principales víctimas.

Son 2.287 desaparecidos desde enero a mayo de 2020; el 58% de casos son mujeres, según datos del Ministerio de Gobierno. De este número, 100 personas continúan desaparecidas. Ellos se suman a las 1392 desapariciones reportadas hasta 2018.

Las familias de una víctima por desaparición forzada viven el dolor e incertidumbre de la ausencia de un ser querido. Sentimientos que recorren el camino de la esperanza, no sin tropezar en la impotencia de la negligencia de las autoridades. Cada caso sin resolver no es solo una desaparición, sino también la desaparición de la justicia, de la verdad, del sentido comunitario…y el sentido común.

Alexandra no desiste en su búsqueda

Alexandra Córdova, madre de David Romo recuerda que son siete años de la desaparición de su hijo y que hasta el momento nadie da respuestas sobre dónde estuvo su hijo a las 22:22 del jueves 16 de mayo del 2013.

Si esa parte no la tienen investigada y no la conocen cómo pueden iniciar una investigación, reclamó a las autoridades

Hoy, Alexandra recibe amenazas de la Fiscalía por exigir justicia y que se busque a su hijo.

“Te seguimos buscando Luis”

El 25 y 26 de noviembre de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instalará la audiencia en la que será juzgado el Estado ecuatoriano por la desaparición de Luis Eduardo Guachalá, sucedida el 10 de enero de 2004, en las instalaciones del Hospital Psiquiátrico Julio Endara, en Quito, informó Inredh.

“Luis E. Guachalá desapareció mientras se encontraba en un hospital psiquiátrico de Quito, en manos de funcionarios públicos que estaban encargados de cuidar su vida y su seguridad” declaró para Radio La Calle, Efrén Guerrero, abogado asociado del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.

Zoila Chimbo, madre de Luis Eduardo, no ha parado de buscar a su hijo. En 2016, tras 12 años sin respuestas efectivas de las autoridades, llevó el caso a instancias internacionales. En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe en el que estableció la responsabilidad del Estado y su reparación integral a la familia. De igual forma, en 2019, la CIDH concluyó que el Estado fue el responsable por esta violación de derechos hacia Luis Eduardo. Sin embargo, el Estado no ha logrado esclarecer los hechos, determinar responsabilidades ni identificar el paradero de la víctima en más de una década y media.

El 25 y 26 de moviembre, la CIDH llevará a cabo la audiencia en la que será juzgado el Estado ecuatoriano. Además de las demandas iniciales, su familia y defensa esperan que el Ecuador modifique su política de salud y asuma sus obligaciones internacionales en el tratamiento de los casos de personas desaparecidas.

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“La revista contiene historias que hemos escrito para denunciar la falta de acceso a nuestros derechos como familiares de personas desaparecidas. Además, por los derechos de las víctimas de la desaparición”, explica Néstor Salazar, compilador de la publicación.

Su presentación se realiza con el apoyo de Fondo Ágil y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) a través del evento “Desapariciones en Ecuador: una herida abierta” que será transmitido por redes sociales.

El evento contará con varias actividades:

• 10:00 a 10:45: presentación de la revista «Memoria Colectiva»
• 10:45 a 11:00: instalación artística “Arte clamando en la calle por los desaparecidos” (grupo Huber Mon’s) en la Plaza Grande.
• 11:00 a 12:00: conversatorio “Rastros y memoria: las secuelas y desapariciones”

¿Qué es la desaparición forzada?

La Convención Internacional para la Protección de todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas, define la desaparición forzada como: “El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra privación de la libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o el consentimiento del Estado”.

Casos sin resolver

Hasta 2019, se registra un total de 1.392 casos de personas desaparecidas sin resolver en Ecuador. Según datos de la Dirección Nacional De Delitos Contra La Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión Y Secuestros (Dinased).

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