El propósito de la propuesta enviada como tercera Ley con calificación económica-urgente es incentivar el turismo ecológico, la investigación científica, los servicios ambientales y otras formas de “inversión privada responsable” para generar empleo y ampliar las economías locales en territorio catalogado como reserva natural del país. Así como lo mencionó la Secretaría General de Comunicación del Gobierno mediante un comunicado oficial en sus redes sociales:

TUIT PRESIDENCIA:

¿A quién favorece, realmente, esta ley?

Desde una mirada crítica, esta nueva propuesta del Ejecutivo levanta serias dudas sobre las verdaderas intenciones del actual Gobierno ¿Realmente se busca generar empleo e inversión, o es otro mecanismo para favorecer a las élites económicas del país? La propuesta no es aclara en quién controlará los recursos ni cómo se distribuirá la riqueza, lo que abre la puerta a una gestión poco transparente y excluyente. Aunque se anuncia la condonación del 100 % de intereses en las deudas del sector pesquero artesanal, esto solo beneficia a un grupo reducido, mientras miles de comunidades siguen sin un plan integral que garantice mejoras reales en sus condiciones de vida. En lugar de atender al pueblo, parece que una vez más se legisla para proteger intereses privilegiados.

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¿Por qué es tan urgente?

Debemos tener claro que, aunque este proyecto se presenta como algo positivo, podría ser solo un disfraz para avanzar en la privatización de lo público. Detrás del discurso de inversión y desarrollo, se esconde el riesgo de entregar nuestros recursos al sector privado, poniendo en peligro a la naturaleza y a las comunidades locales. En lugar de convertir la tierra, el agua y la biodiversidad en mercancías, se debería proteger la naturaleza como un bien común, no como un negocio.

Sin embargo, este proyecto es la tercera ley urgente que emite el Presidente Daniel Noboa eso significa que la Asamblea tiene solo 30 días para aprobar, y si no lo hace, el presidente puede imponer directamente como en situaciones anteriores ya lo ha hecho.

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Según la información de la Asamblea, la mesa parlamentaria de Régimen Económico tiene 52 proyectos de ley acumulados para revisión. 29 proyectos para conocimiento, 22 a la espera del informe de primer debate y uno para la construcción del informe de segundo debate. Entre esos cuerpos normativos están: Proyecto de Ley Orgànica Reformatoria a varios cuerpos legales para garantizar el alivio financiero a los deudores de la banca pública. Proyecto de Ley para el Refinanciamiento y Facilidades de Pago en Créditos con el Sistema Financiero y No Financiero Nacional, Entidades Emisoras de Tarjetas de Crédito; y, Casas Comerciales Acreditadas en el País. También un proyecto para establecer rentas del Estado a favor de Azuay, Cañar, Morona Santiago, Tungurahua y Santo Domingo por la venta de energía eléctrica.

En el caso de Desarrollo Económico, los proyectos suman 51, de los cuales, 13 todavía no son avocados, 35 están a la esperanza de informe del primer debate y 3 esperan el informe para segundo debate. Proyectos como: Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica de Servicio Público de energía eléctrica para superar la emergencia eléctrica, Ley Reformatoria a la Ley de Hidrocarburos para el Control de la Seguridad Jurídica en los Contratos Petroleros, Ley de Economía Naranja, entre otras.

A poco más de un mes para que este período legislativo culmine sus labores, las comisiones continúan su trabajo de fiscalización y legislación. En el período 2023 – 2025, se aprobaron 55 leyes.

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“La propuesta de Ley es, principalmente, un intento de desregularización financiera para debilitar los controles de fuga de capitales, empresas offshore, corrupción y evasión tributaria. Es una reforma tributaria regresiva que pone la carga de la crisis en los hombros del contribuyente común y la clase media”, señala el documento.

La organización explica que el Proyecto de Ley no contempla el fortalecimiento de regullaciones para las operaciones de residentes con los paraísos fiscales. “La publicación de los Pandora Papers vinculan al presidente Guillermo Lasso con empresas fantasmas: la evasión tributaria y el crimen organizado mundial operan mediante fideicomisos y compañías con responsabilidad limitada (LLC) ubicados en paraísos fiscales; sobre esto la Ley de Lasso no propone nada”, puntualiza.

La CONAIE indica que, al contrario, en el título sobre Régimen Impositivo, Voluntario, Único y Temporal para la Regularización de Activos en el Exterior, se busca repatriar capitales que se encuentran en el exterior, incluyendo el blanqueo y el lavado de los activos de personas que tienen su riqueza en fideicomisos offshore, empresas fantasmas y paraísos fiscales (Art. 20.b); y abriendo la posibilidad de regularizar activos de origen ilícito que forman parte de entramados de corrupción, crimen organizado y evasión tributaria. (Art. 20.b y c).

También pone en evidencia la Disposición General Segunda, donde se reconoce que el blanqueo puede dar lugar a la intervención de grupos ilegítimos o ilegales.

Entre otras aristas, la CONAIE expresa su preocupación por la parte de la reforma que apunta a cobrar más impuestos a la clase media, antes que a los sectores de ingresos altos.

«De esta manera, con la reforma del impuesto a la renta, una persona que gana USD 2.000 mensuales, tendrá que pagar 16 veces más de lo que pagaba antes; mientras que una persona que gana USD 10.000 mensuales, solamente tendrá que pagar 0.5 más de lo que pagaba antes», indican.

Reiteran que al incrementar el impuesto a la clase media, diminuirá el consumo, las ventas y habrá menos incentivos para la producción y la recuperación económica, lo cual afectará a la sostenibilidad de las industrias y los comercios con intereses nacionales.

La CONAIE considera que este Proyecto de Ley no responde a las necesidades de recuperación económica y generación de empleo tras la pandemia. Sostiene que en realidad es una legislación que pretende cumplir con las condiciones impuestas por el FMI para desembolsar USD 700 millones de dólares hasta el final de este año, que serán usados para pagar más deuda externa, apoyar las importaciones del negocio de los grandes comerciantes y para apoyar la fuga de divisas de los grupos financieros.

«En general, el Proyecto de Ley no corresponde con el momento de grave crisis económica que requiere de incentivos para generar un crecimiento económico con generación de empleo digno e inclusión social. El Proyecto de Ley es un intento por brindar mayores privilegios al capital financiero en contra de toda la economía real. Los más afectados son las personas y los pueblos históricamente empobrecidos, pero también está en juego la salud del sistema económico nacional y sus posibilidades de desarrollo», aseveran.

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“La información relacionada con la identidad de sujetos pasivos que se acojan al régimen impositivo regulado en el presente libro, así como la información proporcionada por éstos en la declaración juramentada tiene carácter reservada. No se divulgará por el Servicio de Rentas Internas, salvo por orden judicial”, dice el artículo 27 del proyecto.

Además, indica que el Servicio de Rentas Internas (SRI) deberá crear las directrices para proteger la información de estos sujetos.

Reserva

De manera que, si se quiere investigar sobre la actividad de pago de impuestos de una persona. Eso incluye a los funcionarios, se deberá tener la orden de un juez para acceder. En caso de que esas personas tengan nexos con paraísos fiscales, tampoco se podrá recabar esa información.

En el caso del presidente, la ley indica que una vez asumido el cargo debe presentar una declaración juramentada de su pago de impuestos. La ley no especifica si el mandatario como sujeto pasivo también tendrá sus movimientos bajo la llave del SRI.

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